El portavoz de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), Jesús Montero, aseguraba el pasado día 8 de abril que, de no cambiar las cosas en materia de persecución de fraude, "habrá más Marbellas" e insinuó que, de hecho, en España hay otros casos como el de Marbella.
Todos los Ayuntamientos tienen problemas de financiación y acaban especulando con lo único que tienen, el suelo público. Lo hace el de Barcelona igual que el de Marbella, o el de Cuenca. Transformar suelo rústico o zona verde en edificable ha sido, junto al cobro de las plusvalías, la forma de financiación más importante de todos los municipios de España.
Igual problema tienen los partidos políticos que oscurecen sus fuentes de financiación, y son ellos quienes gobiernan los Ayuntamientos. Es como dejar a los lobos que vigilen las gallinas y esperar que no se coman ni una.
En los últimos tiempos ha sido sonado el caso del alcalde de Orihuela, que conduce otro Rolls Royce al “estilo Gil”, propiedad de un promotor inmobiliario que ha construido 5.400 chalets en su término municipal; así como también se ha comentado el suceso de la Ametlla de Mar, cuyo alcalde, Joan Font, aceptó construir 80 viviendas de lujo a un constructor asociado con la mafia ucraniana, a cambio de un generoso «donativo» al Ayuntamiento.
Metidos en esta franja de arenas movedizas –nunca mejor dicho-, Montero aseguró que Marbella puede ser sólo "la punta del iceberg". "No estamos en contra de que los constructores ganen dinero, no estamos en contra de que lo ganen los promotores, estamos en contra de que gane dinero alguien que no añade ningún valor a la economía", afirmó en referencia a los implicados en la 'Operación Malaya'.
Para GESTHA, fraudes de las proporciones del ocurrido en Marbella ponen de manifiesto "una poderosísima falta de medios o de diligencia de las instituciones públicas, de la actuación judicial, de la agencia tributaria y, en fin, de los propios ayuntamientos que deberían vigilar estos asuntos". En este sentido, añadió que "posiblemente", detrás de tramas como la ocurrida en Marbella, "hay un problema de financiación de los ayuntamientos que hay que arreglar". Esto no justifica, a juicio de GESTHA, fuentes de financiación fraudulentas como las de Marbella, pero sí puede ser "una tentación añadida que hay que erradicar financiando adecuadamente a los ayuntamientos".
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que, con un plan eficaz en la lucha contra el fraude, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria podría reducir en un 10% las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, en línea con los países de la Unión Europea, y recaudar, sólo vía impuestos, cerca de 21.000 millones de euros adicionales.
"Los países modernos de Europa tienen un nivel de economía sumergida del 13%, sólo si consiguiéramos reducir el nivel de economía sumergida del 23% al 13%, podríamos hacer aflorar 90.000 millones de euros que podrían producir algo así como 10.000 millones más de Seguridad Social", afirmó Montero.
Un problema decisivo en materia de vivienda radica en el precio del suelo y en este tema los ayuntamientos, junto a las administraciones autonómicas, tienen mucho que decir. Los ayuntamientos en este punto son los que tienen que promover los planes de ordenación, que son los que delimitan suelo para que luego se puedan construir las viviendas. Si no lo hacen se bloquea la situación. El segundo problema es que cuando se desarrolla un sector urbanístico el ayuntamiento en cuestión recibe suelo por parte del promotor y ese suelo teóricamente tiene que ir destinado a finalidades sociales y se tiene que vender a un precio tasado y por concurso, nunca por subasta. Ha de quedar muy claro que los problemas de financiación de los ayuntamientos no pueden tener la solución en el suelo, que en España siempre ha estado muy intervenido desde los poderes públicos y, según las estimaciones de los expertos, ese coste supone cerca del 60% del precio final de la vivienda.
Todas las causas que se buscan a la subida del precio de la vivienda en España se centran en la carestía del suelo para edificar, algo que depende en gran medida de la administración que los ayuntamientos hagan de ello. Esa es, a juicio del notario José Aristónico García (cfr. Las Provincias Digital, 30.10.2004), una de las claves que hay que analizar para solventar el problema de la escalada del precio de la vivienda en España en la última década. A su entender, suelo hay, la cuestión está en cómo ordenarlo y urbanizarlo de la forma más rápida y menos costosa posible, algo que ahora no se hace. ‘‘En el precio, el factor más importante es el suelo. Si nos fijamos, hay suelo en las afueras de las ciudades. Si se liberalizara todo ese suelo y se urbanizara con rapidez, sería mucho más barato a la hora de venderlo’’, explica.
A juicio de este notario, que vive cada día los problemas que los ciudadanos tienen, el problema de fondo del precio de la vivienda está en la financiación de los ayuntamientos. ‘‘El terreno está en los ayuntamientos, y si se tienen que seguir financiando a base de subastar suelo lo más caro que pueden para ingresar la mayor cantidad de dinero, no se puede resolver nada. Hay que buscar otra fórmula de financiación de los ayuntamientos, y que el suelo se liberalice más. Los ayuntamientos tienen en el suelo sus ingresos económicos, su fuerza y su poder, y no van a querer soltarlo si no es a cambio de algo’’, señala José Aristónico, consciente de la dificultad que existe en la actualidad para modificar o pactar un nuevo modelo de financiación que evite que los ayuntamientos se financien, sobre todo, con suelo. Ese es un diagnóstico en el que coinciden muchas voces en la actualidad, conocedoras de la falta de suelo urbanizado en España y la lentitud burocrática que se sufre para generarlo.
‘‘El suelo hay que liberalizarlo y ordenarlo rápidamente –explica Aristónico–; tiene que haber planes de ordenación, y tienen que ser planes públicos. Pero tienen que intervenir en la urbanización y todo ese proceso los agentes privados, porque se ahorrará mucho dinero y se ganará en eficacia. Los que compran pisos pagan los servicios de toda la gente que vive en el municipio”. Y aquí está la pregunta clave, que se hacía inteligentemente el citado notario: ¿por qué no lo pagan otros consumidores cuando hacen otras compras?
El 14 de diciembre de 2004 anunció Jordi Sevilla, el ministro de Administraciones Públicas, que durante el mes de enero siguiente se celebraría la I Conferencia Sectorial de temas locales para "redefinir" el papel municipal, y, al tiempo, consideró necesario dar "mayor peso y financiación" a los consistorios para resolver los problemas que le son más próximos a los ciudadanos, realizando simultáneamente un llamamiento para que "todas las comunidades autónomas que han anunciado su voluntad de modificar los estatutos de autonomía recojan las demandas de los ayuntamientos, en diálogo con el Gobierno, para redefinir" el papel de la administración local.
Asimismo, comentó que en el primer encuentro sectorial previsto para enero se tratarían temas como el "impulso" que desde el Gobierno central, de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se está dando a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, y la necesidad de lograr que "el espacio de encuentro entre las tres administraciones sea más fructífero" al "redefinir, entre las tres, las competencias y la financiación" de los ayuntamientos.
Los Ayuntamientos, indudablemente, tienen cada vez más tareas y los ciudadanos les exigen servicios cada vez más complejos y costosos. Esto exige, para empezar, una dirección profesionalizada y competente, además de funcionarios numerosos y cualificados, por no hablar de instalaciones e infraestructura. Pero ¿quién paga esto?
Aunque la Constitución reconoce la dignidad de los Ayuntamientos, éstos nunca han recibido una fuente de financiación efectiva. Así como la "primera descentralización" (la creación de las Autonomías a partir de 1978) se ha pagado con transferencias por parte del Estado o con la asignación de un porcentaje de los impuestos (aparte de los casos forales), los Ayuntamientos han visto subir sus gastos sin que se aclarase cómo podía pagarse aquello. La "segunda descentralización" anunciada por José María Aznar no ha llegado. Y esto ha llevado a soluciones de todo tipo, entre el endeudamiento desmedido, la inmoralidad y el fraude de Ley. Tal vez sea más grave y evidente en Marbella, pero no es un caso único. Madrid versus Barcelona: todos lo hacen, aunque no todos lo dicen.
El urbanismo es clave en este problema, como ha explicado en numerosos foros Ramón Parada Vázquez, catedrático de Derecho Constitucional. Así, ha venido a exponer en el Semanal Digital el núcleo de la cuestión en estos instantes:
El urbanismo consiste hoy entre nosotros en convertir en legalmente escaso un bien abundante, como es el espacio, el suelo. Normas jurídicas como los planes de urbanismo definen qué se puede construir y cómo en cada lugar, sometiendo a regulación administrativa los derechos de la propiedad. Esto supone dar a una autoridad administrativa el poder absoluto para definir el precio de un bien.
La particularidad española es que, además de ser un urbanismo muy regulado y constreñido, ese poder regulador no está en un Ministerio y ni siquiera en una Autonomía, sino que reside en los Ayuntamientos. Al mismo tiempo los alcaldes y concejales tienen dificultades para financiar las actividades municipales, y para remunerar su propio trabajo. Con esto la bomba está cargada.
Muchos Ayuntamientos de España sobreviven hoy sin hundirse en su propia deuda gracias a los impuestos ligados a la construcción, y lógicamente tienen el mayor deseo en que se construya mucho, y más aún si se hace en suelo municipal. Hoy, políticamente, sería muy difícil quitar a los Ayuntamientos las atribuciones urbanísticas, porque de hecho esto los arruinaría; pero es evidente que hay una peligrosa tentación en todo esto, ya que un concejal o un alcalde pueden tener la idea de financiar sus propias actividades o las de su partido, además de las del Ayuntamiento, por la fácil vía del urbanismo.
La solución depende hoy de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del gobierno podría cambiar la disciplina urbanística de España, sea en una línea liberal –desregular el urbanismo- sea en una línea de disciplina estatal –buscar una autoridad competente e imparcial en la materia-. Pero antes PP y PSOE deberán buscar dinero para los Ayuntamientos, o generando recursos propios o exigiendo a las Autonomías que transfieran medios a los consistorios, además de obligaciones.
Aires de La Parra
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