Bajo el título aterrador de “Bochornosas declaraciones Mtro. Sevilla”, recibe el editor de nuestros aires un correo electrónico que, literalmente, afirma:
Impresentables declaraciones del Ministro Sevilla sobre los empleados públicos.
¿Las conoces?
Si tienes curiosidad puedes ir a la página “ http://WWW.map.es y buscar iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica.html.
Y si quieres escucharlas en su propia voz vete a “http://WWW.map.es y busca:
prensa/archivo_multimedia/audios/2006/03/2006_03_29.html.
Quienes estamos disconformes y “cabreados” con el trato de vagos que nos adjudica, estamos enviando mensajes pidiendo su dimisión a :estatuto.empleadopublico@map.es
¡Pásalo!
Bueno, no es para tanto, se dijo el editor, funcionario por vocación y genes (está en la cuarta generación familiar con rama directa y con un padre superado por muy pocos en la prestación honrada de servicios administrativos al Estado, al que se dedicó entre 1946 y 1990, sufriendo tantas o más zancadillas que le pondrían a su hijo, estando él en activo y después también). Entonces repasó los apuntes que elaboró para impartir un curso de formación complementaria sobre el Estatuto de la Función Pública, encomienda que realizó en 1999, cuando el hoy líder de la Oposición, Mariano Rajoy, quiso aprobar ese proyecto pendiente mientras ocupaba el cargo que hoy desempeña el ministro Sevilla, o sea, la cartera de Administraciones Públicas.
Hizo éste el miércoles pasado, 29 de marzo, un anuncio que, de llevarse a la práctica, podría ser un cambio radical en la administración pública, pero no en la línea, ni hasta el punto de poderse tachar de impresentable. Más bien, al contrario, entendemos cuantiosos funcionarios de cuerpos superiores y con una antigüedad de decenios, que prevemos, si esas evaluaciones periódicas se hacen “con método” para comprobar si se desempeña bien el trabajo –y la pareja pérdida de retribuciones si se comprueba que no-, que la introducción de dicho régimen puede ser bastante eficaz y justo.
"Se acabó el pensar que ser funcionario garantiza un puesto de trabajo de carácter vitalicio, hagan lo que hagan", señaló Sevilla en la presentación del proyecto de estatuto de la Función Pública. Por supuesto, no sabemos aún si el ministro Sevilla podrá llevar hasta el final ese anuncio, porque lleva muchos años pendientes por exigencia de la propia Carta Magna, sin que tampoco la inepcia y las reacciones iniciales de los sindicatos nos quiten las dudas a la vieja guardia de la Administración, haciéndonos temer que, por un lado u otro, su iniciativa acabe descarrilando. Pero los Aires de La Parra se ven obligados a decir que en los últimos tiempos han oído en boca de un político pocas decisiones tan afanosas y, al mismo tiempo, tan ineludibles.
La administración en España ha padecido históricamente múltiples problemas que sólo la paciencia de los ciudadanos y el trabajo bien hecho de una minoría han conseguido ir sorteando. Pero a nadie se le escapa que es una asignatura pendiente y eso sirve también para las administraciones autonómicas, que han repetido vicios que se podían haber corregido. Por eso la iniciativa de Sevilla merece todo el apoyo, objetivamente.
«La continuidad de los puestos dependerá de lo que se haga en éstos», con lo que desaparecerá «la presunción de estar obteniendo un puesto para toda la vida, se desempeñe éste como se desempeñe», indicó el titular de Administraciones Públicas en estos momentos.
Esta es una de las novedades incluidas en el anteproyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública, que también impedirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos tener una tasa de empleo temporal superior al diez por ciento frente al treinta por ciento que existe actualmente. Sevilla, al presentar dicho anteproyecto en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, añadió que se dispondrá de mecanismos de evaluación del desempeño de la actividad de los funcionarios, pero, matizó, «se descarta su despido». Además, el texto recoge mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones, «para motivar» a los funcionarios y «dignificar» su profesión, dijo.
Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias -que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas por cada administración. El anteproyecto también propone la creación de la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión. ¡Olé ahí! Esto es lo que llevamos más de treinta años demandando algunos.
Sin embargo, como siempre, nos asaltan las “dudas razonables”. Para empezar, sigue perdurando el temor, como apuntó el portavoz del PP, Francisco Villar, de que no pueda aplicarse en todo el Estado dado que el Estatuto de Cataluña «lo dejaría fuera», al tiempo que acusó al Gobierno de negociar sólo con los grupos nacionalistas y le advirtió de que si no se aprueba por consenso, corre el riesgo de «convertirse en una oportunidad perdida». Respecto al rechazo «rotundo» del PP al proyecto, y al abandono, el pasado día 23, de las seis comunidades gobernadas por este partido y de las ciudades de Ceuta y Melilla de la Comisión de debate, Sevilla afirmó que la situación le provoca «una gran desazón». Añadió que la negativa del PP al proyecto forma parte de «la campaña del PP contra el Estatuto catalán», aseveró que cualquier normativa se aplicará «en todo el territorio nacional» y recordó que el anteproyecto tiene «grandes similitudes» con el elaborado por el anterior Gobierno, que finalmente no fue aprobado. Lo ha dicho Villar y Juan Andrés Buedo, al repasar las lecciones de sus clases, ratifica que esto es totalmente cierto.
Durante el debate, Villar recordó que, cuando el PP presentó en 1999 la última propuesta de Estatuto, el entonces portavoz socialista de Administraciones Públicas en el Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero, era partidario del texto. En este punto, espetó a Sevilla que si Zapatero mantuviera su postura favorable al texto del 99, los populares estarían dispuestos a firmarlo.
Según el principal grupo de la oposición, el Estatuto debe ser una «cuestión de Estado», pero el anteproyecto del Gobierno no cuenta con el «consenso deseable», ya que «no satisface» a la Federación de Municipios y Provincias, no está consensuada con los sindicatos y no tiene el apoyo de una parte de las comunidades autónomas.
Sevilla replicó a Villar que el nivel de coincidencias entre el texto del 1999 y el elaborado por el Gobierno socialista es «elevado». Tras su intervención, al ministro le preguntaron los periodistas si el Gobierno aprobaría el Estatuto sin el voto del Partido Popular, a lo que contestó: «Confío en sacarlo con el mayor apoyo posible, pero no estoy dispuesto a que el PP boicotee iniciativas esenciales». ¡Cómo semos! ¡Cómo cambian los intereses, según se esté en el gobierno o en la oposición! ¡Y cuánto nos fastidia esto a los funcionarios profesionales, desengañados de políticos y sufridores de estos! ¡Abajo “el dedo”! Por una Administración más profesionalizada, menos “libre designación” y menos sindicatos de chirigota y pandereta.
Aires de La Parra
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