Aires de La Parra

Evaluación de funcionarios

Bajo el título aterrador de “Bochornosas declaraciones Mtro. Sevilla”, recibe el editor de nuestros aires un correo electrónico que, literalmente, afirma:

Impresentables declaraciones del Ministro Sevilla sobre los empleados públicos.

¿Las conoces?

Si tienes curiosidad puedes ir a la página “ http://WWW.map.es y buscar iniciativas/mejora_de_la_administracion_general_del_estado/funcion_publica/estatuto_funcion_publica.html.

Y si quieres escucharlas en su propia voz vete a “http://WWW.map.es y busca:

prensa/archivo_multimedia/audios/2006/03/2006_03_29.html.

Quienes estamos disconformes y “cabreados” con el trato de vagos que nos adjudica, estamos enviando mensajes pidiendo su dimisión a :estatuto.empleadopublico@map.es

¡Pásalo!

Bueno, no es para tanto, se dijo el editor, funcionario por vocación y genes (está en la cuarta generación familiar con rama directa y con un padre superado por muy pocos en la prestación honrada de servicios administrativos al Estado, al que se dedicó entre 1946 y 1990, sufriendo tantas o más zancadillas que le pondrían a su hijo, estando él en activo y después también). Entonces repasó los apuntes que elaboró para impartir un curso de formación complementaria sobre el Estatuto de la Función Pública, encomienda que realizó en 1999, cuando el hoy líder de la Oposición, Mariano Rajoy, quiso aprobar ese proyecto pendiente mientras ocupaba el cargo que hoy desempeña el ministro Sevilla, o sea, la cartera de Administraciones Públicas.

Hizo éste el miércoles pasado, 29 de marzo, un anuncio que, de llevarse a la práctica, podría ser un cambio radical en la administración pública, pero no en la línea, ni hasta el punto de poderse tachar de impresentable. Más bien, al contrario, entendemos cuantiosos funcionarios de cuerpos superiores y con una antigüedad de decenios, que prevemos, si esas evaluaciones periódicas se hacen “con método” para comprobar si se desempeña bien el trabajo –y la pareja pérdida de retribuciones si se comprueba que no-, que la introducción de dicho régimen puede ser bastante eficaz y justo.

"Se acabó el pensar que ser funcionario garantiza un puesto de trabajo de carácter vitalicio, hagan lo que hagan", señaló Sevilla en la presentación del proyecto de estatuto de la Función Pública. Por supuesto, no sabemos aún si el ministro Sevilla podrá llevar hasta el final ese anuncio, porque lleva muchos años pendientes por exigencia de la propia Carta Magna, sin que tampoco la inepcia y las reacciones iniciales de los sindicatos nos quiten las dudas a la vieja guardia de la Administración, haciéndonos temer que, por un lado u otro, su iniciativa acabe descarrilando. Pero los Aires de La Parra se ven obligados a decir que en los últimos tiempos han oído en boca de un político pocas decisiones tan afanosas y, al mismo tiempo, tan ineludibles.

La administración en España ha padecido históricamente múltiples problemas que sólo la paciencia de los ciudadanos y el trabajo bien hecho de una minoría han conseguido ir sorteando. Pero a nadie se le escapa que es una asignatura pendiente y eso sirve también para las administraciones autonómicas, que han repetido vicios que se podían haber corregido. Por eso la iniciativa de Sevilla merece todo el apoyo, objetivamente.

«La continuidad de los puestos dependerá de lo que se haga en éstos», con lo que desaparecerá «la presunción de estar obteniendo un puesto para toda la vida, se desempeñe éste como se desempeñe», indicó el titular de Administraciones Públicas en estos momentos.

Esta es una de las novedades incluidas en el anteproyecto de Ley del Estatuto de la Función Pública, que también impedirá a las comunidades autónomas y ayuntamientos tener una tasa de empleo temporal superior al diez por ciento frente al treinta por ciento que existe actualmente. Sevilla, al presentar dicho anteproyecto en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, añadió que se dispondrá de mecanismos de evaluación del desempeño de la actividad de los funcionarios, pero, matizó, «se descarta su despido». Además, el texto recoge mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones, «para motivar» a los funcionarios y «dignificar» su profesión, dijo.

Las retribuciones básicas serán iguales para todas las administraciones públicas, mientras que las complementarias -que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo- serán fijadas por cada administración. El anteproyecto también propone la creación de la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión. ¡Olé ahí! Esto es lo que llevamos más de treinta años demandando algunos.

Sin embargo, como siempre, nos asaltan las “dudas razonables”. Para empezar, sigue perdurando el temor, como apuntó el portavoz del PP, Francisco Villar, de que no pueda aplicarse en todo el Estado dado que el Estatuto de Cataluña «lo dejaría fuera», al tiempo que acusó al Gobierno de negociar sólo con los grupos nacionalistas y le advirtió de que si no se aprueba por consenso, corre el riesgo de «convertirse en una oportunidad perdida». Respecto al rechazo «rotundo» del PP al proyecto, y al abandono, el pasado día 23, de las seis comunidades gobernadas por este partido y de las ciudades de Ceuta y Melilla de la Comisión de debate, Sevilla afirmó que la situación le provoca «una gran desazón». Añadió que la negativa del PP al proyecto forma parte de «la campaña del PP contra el Estatuto catalán», aseveró que cualquier normativa se aplicará «en todo el territorio nacional» y recordó que el anteproyecto tiene «grandes similitudes» con el elaborado por el anterior Gobierno, que finalmente no fue aprobado. Lo ha dicho Villar y Juan Andrés Buedo, al repasar las lecciones de sus clases, ratifica que esto es totalmente cierto.

Durante el debate, Villar recordó que, cuando el PP presentó en 1999 la última propuesta de Estatuto, el entonces portavoz socialista de Administraciones Públicas en el Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero, era partidario del texto. En este punto, espetó a Sevilla que si Zapatero mantuviera su postura favorable al texto del 99, los populares estarían dispuestos a firmarlo.

Según el principal grupo de la oposición, el Estatuto debe ser una «cuestión de Estado», pero el anteproyecto del Gobierno no cuenta con el «consenso deseable», ya que «no satisface» a la Federación de Municipios y Provincias, no está consensuada con los sindicatos y no tiene el apoyo de una parte de las comunidades autónomas.

Sevilla replicó a Villar que el nivel de coincidencias entre el texto del 1999 y el elaborado por el Gobierno socialista es «elevado». Tras su intervención, al ministro le preguntaron los periodistas si el Gobierno aprobaría el Estatuto sin el voto del Partido Popular, a lo que contestó: «Confío en sacarlo con el mayor apoyo posible, pero no estoy dispuesto a que el PP boicotee iniciativas esenciales». ¡Cómo semos! ¡Cómo cambian los intereses, según se esté en el gobierno o en la oposición! ¡Y cuánto nos fastidia esto a los funcionarios profesionales, desengañados de políticos y sufridores de estos! ¡Abajo “el dedo”! Por una Administración más profesionalizada, menos “libre designación” y menos sindicatos de chirigota y pandereta.

Aires de La Parra

Renovación de la vida política en Cuenca

La reacción inmediata del medio “oficialista” conquense del PSOE a la legítima defensa del PP a no ofrecer a la quema libre y al desgaste personal del candidato cabecera a la alcaldía de Cuenca, ha estado en la línea de ese diario, con editorial dedicada. Algo que denota el potencial beneficio que quiere obtener, a la par que la contrastada penuria de omnisciencia política de ese periódico y de sus abanderados principales, de los que huelgan nombres.

Ante el contenido de ese mezquino interés, junto a la concomitante incultura en asuntos de sociología electoral que reporta, nuestros aires van a sacar a la luz –guardando el anonimato que el caso requiere, puesto que arranca de un carteo privado entre ese militante del Partido Popular y nuestro editor- la respuesta que le dio éste a tres preguntas hechas por uno de los afiliados populares conquenses con mayor formación politológica. Determinaba el afiliado:

Sigo con tremendo interés todas tus reflexiones y de manera especial la que haces en tu artículo "Candidatos y mercadotecnia política". El problema que yo veo en la aparición del Sr. Pulido como candidato se resume en las siguientes cuestiones: ¿Cómo ha aparecido en el espacio público el nombre? ¿Responde simplemente a la publicación de un rumor o ha habido filtración interesada? Si ha habido filtración, ¿de dónde ha partido?

Las respuestas me parecen importantes porque de ahí podríamos saber si es un movimiento controlado por el PP o no. Yo sinceramente pienso que no. ¿Qué opinas? Un saludo.

Y el editor, con los recortes (por determinismos de Ley, 15/1999) en el texto que son procedentes, le dijo:

Hola, (nombre del afiliado del PP):

Yo también me alegro del interés que demuestras a los Aires de La Parra, un blog de opinión política y sociológica que, habiendo empezado como un apoyo de las nuevas tecnologías a los alumnos que imparto clase desde el Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público en la UCLM, a través de la metodología ECTS (créditos europeos), paulatinamente ha tomado cuerpo y se ha asentado en la opinión pública, no ya solo conquense, sino castellano-manchega y hasta nacional (en Cataluña, a la que tengo muy abandonada ahora, se sigue con atención asimismo).

Respecto a las preguntas y coetáneas cuestiones que te plantea el artículo "Candidatos y mercadotecnica política", debo decirte que son muy coherentes, tremendamente razonables; y, además, siguen una línea lógica de respuestas para entender el por qué está ahí ese presunto candidato.

Me cuesta dar una contestación fidedigna a la "presunta" filtración del rumor, pues no me hallo dentro -como afiliado- del PP, pero si estuviera en él, puedes estar seguro que lo plantearía internamente y por los cauces reglamentarios que este tipo de asuntos se mueven en un partido (consulta a los órganos de comité local o provincial, etc.), el cual, en el supuesto que el problema atañente al Sr. Pulido fuera un simple rumor, debería trasladarlo a los medios de comunicación por aquí ubicados (prensa, radio y Tv local), para cerrar cualquier comentario equívoco y hasta perjudicial para el normal desenvolvimiento de la acción electoral del partido. Pues, si acudimos a la mercadotecnica electoral, en efecto, la "pre-presentación" no oficial de candidato, sólo sirve para desgastar, primero, a cuantas personas salgan a la luz previamente "ofrecidas", y después, puede utilizarse por los contrincantes de otros partidos -que lo harán- para debilitar al candidato que encabece finalmente la lista. Y tiene, paralelamente, el desacierto de crear en el votante un punto de referencia personal también, que arrastre el movimiento de voto fuera de la oferta del partido por causas diversas (decepción ante un nuevo candidato al que estima peor que el del rumor, etc.)

Apoyo esto en lo que denominamos en Psicología Social la "Economía de la Atención", que hoy está más dispersa que nunca a consecuencia de Internet -mira, si no, el paulatino incremento de los blogs que están naciendo ahora mismo en Cuenca, que le están quitando lectores a los medios de comunicación tradicionales-, que viene facilitando el acceso masivo a una ingente cantidad de contenidos y servicios, muchos más de los que estábamos acostumbrados a digerir antes de la explosión puntocom. Es tan grande el volumen de recursos a nuestra disposición que empiezan a surgir especialistas en el tratamiento de una patología que podríamos definir como "exceso de consumo mediático", y cuyos síntomas se manifiestan en superabundancia informativa, paralización a la hora de tomar decisiones y dudas perennes al optar por una u otra opción.   

Contra esto último están los politólogos que se conocen como "agregadores", que poseen un denso conocimiento para evitar los restos que marcaba en el citado artículo, y que no deseo para nada que le ocurra al PP, pues no deseo en absoluto que de ellos pueda sacar beneficio alguien ligado a (…).

Hay, al final, un consejo muy simple. Y es el de una entrevista -directa, telefónica o por e_mail- con el Sr. Pulido, para indagar el problema de la aparición de éste. Yo, como comprenderás, no voy a hacerlo, puesto que nada me une al PP. Otra cosa es que hubiese recibido de éste una oferta en forma de gestión de su marketing electoral, o -algo todavía más alejado en estos instantes, por cuantas razones puedes tú mismo deducir- se me ofreciese formar parte de alguna candidatura netamente "centrista" (que, por descontado, yo no encabezaría nunca, porque mi prestigio es más académico que gestor, por culpa de …), que requeriría muchos cambios y que, desde fuera, en estos instantes no veo.

Un saludo.

Observará el atento lector que hemos situado unos puntos suspensivos en aquellas proposiciones que han de guardarse en el salvatorio del individuo –del afiliado y del editor-. Pero es también fácil de adivinar a quién/es se dirigen los adjetivos ocultos. En efecto, van dirigidos al poder político y a las personas que lo encarnan en Cuenca, que esperamos que tomen la oportunidad que les brinda el año electoral de 2007 para abandonar la vida pública de estas tierras.

Contra la irrupción apresurada del diario, esos incapaces demostrados de la gestión pública de los asuntos de esta provincia, deben tomar la puerta e irse con ella a su casa, abriendo paso a una nueva gente, no quemada, con la conciencia tranquila y con una personalidad que augure el triunfo por aquí de una política “activa”, cerrada a imposiciones partidistas –que al final dan su aquiescencia a que se lleven los temas, proyectos y presupuestos de envergadura a las provincias limítrofes, dejando por aquí los “badajos” y maquinaciones de menor entidad, con menos generación de riqueza y producto-.

Los Aires de La Parra sostienen que Cenzano y su séquito, lo mismo que Marina Moya y el suyo, no tienen capacidad política para asumir el papel que los nuevos tiempos reclaman a los representantes públicos de la provincia. Su condición política está más que amortizada, porque han dado cuenta suficiente del bajo posibilismo al que han dado fruto en sus años de poder; han alimentado un caciqueo estamentalista, partidista y fantasioso, sin reflejos para abrir los campos a los muchos emprendedores que se han asentado en Cuenca en los últimos diez años, y se han limitado a forzar un reparto de papeles anclados en el “peloteo” cercano, sin facultades para reforzar el auténtico papel que les corresponde en pleno siglo XXI a las instituciones políticas conquenses.

Desde un renovado Instituto de Estudios Conquenses –que no pide El Día, porque ni entiende de cultura ni sabe de conocimiento progresista-, todos los partidos con cancha en Cuenca han de debatir cinco meses antes de las próximas elecciones municipales, sin candidatos “oficiales” todavía, la estrategia y soluciones más eficaces (copiando al VIII Congreso de Estudios Extremeños, por ejemplo) para introducir nuevos ritmos, nuevo discurso y nuevas formas en la vida política de nuestra provincia, diferentes a los que hoy tiene que padecer el sufrido ciudadano, muy “leído” –hoy hay un bagaje cultural mucho más alto del que se creen los dirigentes políticos aludidos-, sin duda.

Aires de La Parra

Una carta financiera de ERC

Dice el Gran Diccionario de la Lengua Española que es extorsión la “acción y resultado de usurpar una cosa a una persona sirviéndose de la violencia y la intimidación”. Pues bien, el partido de menos devoción de cuantos surcan nuestros aires por las tierras de España, la ERC de Carod y cía, termina de cometerla con los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, al haber enviado cartas a trabajadores de las distintas consellerías que controla en el gobierno tripartito de esa comunidad exigiéndoles una parte de su sueldo para sufragar el partido, bajo la amenaza de despedirlos de su puesto si no lo hacen. Esto ni en tiempos de Franco.

Según publicaron el pasado sábado diversos medios de comunicación, y tal y como ha reconocido el conseller primer, Josep Bargalló, las cartas existen. Estas misivas se han enviado no sólo a cargos políticos, sino a personal sin ninguna relación de militancia con ERC, que trabaja en alguno de los seis departamentos de la Generalitat controlados por Esquerra.

Bargalló ha vinculado estas informaciones con un intento de "amenazar" a ERC para que varíe su voto en el debate del nuevo Estatuto. "Si quieren que varíe la posición de ERC, que hagan ofertas de variación de contenido del Estatut", ha puntualizado Bargalló en un encuentro el sábado con periodistas tras inaugurar unas jornadas sobre cultura audiovisual.

"Estoy orgulloso -ha ratificado- de militar en un partido que sólo se financia a través de las cuotas de sus militantes y las aportaciones de los cargos de responsabilidad". Bargalló, todavía más convencido en su inepcia ilegítima ha subrayado que ERC "no cambiará su posición por amenazas", ya que el partido toma sus posturas por "coherencia, dignidad, reflexión y voluntad de debate interno”. ¡Toma leches! Esto es de cátedra. Menos mal que no eludió referirse a la información sobre la exigencia de cuotas de su partido y ha asegurado que solamente se les pide a los militantes de ERC y a las personas que han accedido a cargo de responsabilidad política por medio de su partido.

Los cargos políticos de ERC deben abonar entre el 4% y el 24% de su sueldo -en función de la cuantía del mismo- a la Fundación Irla, dependiente del partido. También deben pagar una cuota quienes, sin ser funcionarios, quieran mantener su plaza como interino en los departamentos de la Generalitat de este partido.

Las cartas enviadas ahora se han hecho extensivas a otros trabajadores de las consellerías, incluso a alguno que ya trabajaba en ellas con los gobiernos de CiU, que las empezaron a recibir a finales del año pasado. En esas comunicaciones, firmadas por el secretario de Organización y Finanzas de ERC, Xavier Vendrell, se instaba a los trabajadores a ponerse en contacto con el partido para hacer efectivas las cuotas. Quienes no lo hicieron recibieron una segunda carta en la que Vendrell les decía que "me veré en la obligación de dar cumplimiento de la Carta Financiera". Esta última, aprobada por el Consell Nacional de ERC, especifica que "uno de los recursos financieros del partido son las aportaciones económicas de todos sus cargos públicos electos o designados por ERC", y justifica el despido o cese de aquellos que se nieguen a pagar.

Xavier Vendrell justificó esta práctica asegurando que "cualquier persona que trabaje en un departamento de la Generalitat sin ser funcionaria está allí porque tiene la confianza del conseller y por lo tanto es un cargo de confianza, por eso debe pagar al partido". ¡Por favor! ¡Todavía hay funcionarios honrados que han conseguido sus puestos en noble lid! Por el procedimiento reglamentario que establecen los cánones e incluso por vocación de servicio, aunque no le guste a esos apedreadores de la causa honrada, “partidarios” –nunca mejor dicho- del rebuzno incompetente de los siervos de carné. Es de esta estopa la propia mujer del consejero Bargalló, que defiende como “absolutamente ético y legal” que el instituto catalán de la mujer, el Institut Catalá de las Dones, encargase a su mujer un asesoramiento. Pues no, no es trigo limpio ni el aceptarlo.

Por este motivo, los Aires de La Parra están a favor de la sugerencia del portavoz de CiU en el Parlament, Felip Puig, que aconsejó ayer a la Fiscalía investigar si los dirigentes de ERC han cometido delito por la carta financiera enviada a trabajadores no afiliados al partido de sus seis departamentos en el Govern. El cinismo perdura en los republicano-independentistas catalanes, cuyo Secretario General, Joan Puigcercòs, calificó esta polémica de «acto de hipocresía colectiva» y recordó, en referencia a CiU, que «algunos partidos intentan financiarse o se han financiado con las famosas comisiones del 3%». Puig le respondió  asegurando que «lo que sí hay son despidos, gente que ha estado coaccionada y, por lo tanto, actuaciones impropias de un sistema democrático».

El portavoz de CDC, David Madí, reclamó al president, Pasqual Maragall, que «actúe de una vez» mientras que el del PP, Daniel Sirera, pidió la dimisión por «extorsión» del firmante de las cartas y secretario general de presidencia, Xavier Vendrell.

El portavoz del PSC, Miquel Iceta, pidió «una explicación» a sus socios de gobierno. Es lo mínimo de lo menor que puede hacerse en un caso como el contemplado. Fundamentalmente porque la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos es uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico. Independencia, sí, como garantía de la imparcialidad, sin servidumbres, que son en realidad malos hábitos y burladero de objetivos torticeros, cuando no de desidia o ignorancia inadmisible en un Estado de derecho. Y estos vocacionales independentistas ya ponen ante nuestros ojos el Estado que buscan. Nunca se irían con ellos nuestros aires, porque con sus reglas de juego ahora practicadas poco puede esperarse de unos esclavos de ERC, mediavaleros y medievalistas, que quiebran las reglas de juego que amparan el moderno Estado democrático de Derecho, las cuales determinan que las leyes no pueden quedar reducidas a simple retórica.

Nuestro sistema, sean las que sean las siglas que gobiernen cualquier rincón de España, tiene que ser capaz en la medida conveniente de castigar, y si es preciso ejemplarmente, la irresponsabilidad de cualquier funcionario cuando se pruebe, y no puede amparar conductas que redundan en perjuicio de todo el colectivo y de la propia función de administrar y hacer ejecutar lo determinado por las disposiciones legales. Y a estos señores de ERC les queda mucho que aprender todavía. ¡No pidan independencia, y sí más cultura político-administrativa!

Los postulados de la legitimación partitocrática y del intervencionismo burocrático pertenecen a la postrera configuración del Estado moderno, se mantienen tópica y acríticamente, y han de ser sustituidos por otros en la forma política que se avecina: tecnificación, despolitización, descentralización, liberalización, y democracia directa.

Tecnificación significa que todos los gestores públicos sean expertos en la materia a ellos encomendada, la erradicación del amiguismo y de la supuesta polivalencia universal, y un reciclaje periódico para adaptar los funcionarios a los problemas sobrevenidos y a los nuevos conocimientos. También valoraciones de operatividad. El Estado no puede exigir a sus empleados menos que cualquier empresa eficiente, ni convertirse en refugio de mediocridades y, menos aún, en receptáculo de parados encubiertos.

Despolitización significa designación de los funcionarios públicos por oposición ante tribunales capacitados y objetivos, ascensos por oposición restringida teniendo también en cuenta la antigüedad, e inamovilidad en los empleos salvo expediente sancionador. Significa autogobierno de los cuerpos de la Administración, especialmente de la judicatura, sin ingerencias políticas.

Significa reducción a un mínimo de los altos cargos de libre designación que, además, deberán ser seleccionados entre las categorías superiores de los respectivos escalafones. Significa el carácter vitalicio de los miembros del Tribunal Constitucional y la creación de instancias independientes como la del Banco Central, y comisiones «ad hoc» de expertos no partidistas. Significa disminución del margen de discrecionalidad administrativa, responsabilidad civil y penal de los funcionarios, y posibilidad de cese o jubilación anticipada en caso de ineficacia o extinción del cometido.

Descentralización significa que el Estado no se adjudique misiones que puedan cumplir los cuerpos intermedios. Significa delegaciones permanentes a los municipios, provincias y regiones con garantías de apelación administrativa y contenciosa. Significa globalización de lo esencial y común, dispersión de lo accidental y privativo.

Aires de La Parra

Candidatos y mercadotecnia política

No se acaba de comprender fácilmente que la organización de un partido modifique sus principios o las características de su oferta política según las preferencias del público al cual van dirigidos. Pero cada día está más demostrado que estas organizaciones emplean a la mercadotecnia para convencer a las masas de que sus principios son los que dan respuesta a sus necesidades.

Entonces sale siempre a colación la pregunta que en una Facultad de Ciencias Políticas es convencional: ¿El uso de la mercadotecnia es positivo o negativo en política? La respuesta a la misma se detiene en tres razonamientos básicos:

-Es mala. Es un instrumento todopoderoso de manipulación, de intoxicación y de alienación de los consumidores. Retoma solamente los aspectos más vistos y chocantes, como la publicidad obsesiva, los procedimientos clandestinos de persuasión o los métodos agresivos de venta. Agudiza sin fin el apetito de los consumidores, vende no importa qué y acrecienta el consumo material y privado en detrimento de las actividades culturales y de las necesidades colectivas.

-Es buena. La mercadotecnia es un instrumento que ha permitido conocer mejor las necesidades, gustos y preocupaciones de los consumidores; en consecuencia ha proporcionado criterios para satisfacerlos de mejor forma.

-Es neutra. Porque sus planteamientos, métodos y técnicas son empleados indistintamente por cualquier organización y están al servicio de cualquier causa. El problema no es cuestionar el instrumento, sino analizar las intenciones con que las organizaciones lo emplean. No contradice la posibilidad de aplicar sus métodos y técnicas para defender los intereses de los consumidores contra los abusos de los productores, para luchar contra males sociales, para aumentar la afluencia a museos o a los estadios; igualmente puede vender ideas extremistas (como en el caso del fundamentalismo islámico, el nazismo alemán, la irrupción de los EEUU a naciones de medio Oriente, etc.).

Instantáneamente enlaza esto con otra razón inaplazable, como es la de la llamada política simbólica. Para entender ésta hay que acudir a la lógica de los mensajes, que se encuentran constituidos por secuencias de signos, los cuales se ubican con respecto de reglas de combinación. Este conjunto de reglas de combinación está formado por un sistema de símbolos que permiten de la representación de la información transmitida. Todo esto forma un todo mucho más complejo y completo que se entiende como simbolismo.

El simbolismo político o política simbólica implica la capacidad de influir en las voluntades mediante el empleo de imágenes, signos y símbolos (muchos de los cuales, rayan en lo demagógico).

El hombre, acostumbrado a las máquinas, dueño y esclavo de ellas al mismo tiempo se ha vuelto adicto a recibir todo previamente digerido. En el caso de la política la situación es la misma. Entre la televisión y el hombre ha surgido una especie de relación simbiótica que no permite a este último, crearse un criterio fuerte por la misma razón, he aquí ejemplos en el supuesto de una votación electoral:

Relación hombre-máquina. Los medios son empleados para informar de los resultados.

Relación máquina-máquina. La información pretende influenciar las tendencias del voto.

Dependencia máquina-hombre. Los electores consultan los resultados de los sondeos para decidir por quien votar.

Esto mismo nos conduce a no poder olvidar nunca el llamado “método del sobrecódigo”. Esto significa que los códigos son lenguaje. Y si queremos utilizar las computadoras o queremos “comunicarnos” con ellas, debemos traducir los diferentes códigos humanos al código de las máquinas. En el interior de los sistemas sociales el problema es mucho más complejo, ya que en términos de sistemas y de subsistemas se puede percibir cada elemento dependiendo de su propio código, el cual corresponde a la racionalidad de su sistema: objetivo, modo de organización, composición social y lugar en el sistema global. Una serie de reglas internas de prohibiciones y de filtros forman la estructura de ese código.

De este modo, contra lo que pudieran pensar quienes se hallan poco bregados en la materia, se comprende en toda regla el rumor del que “va a ser” candidato del PP a la alcaldía de Cuenca, que, según corre a pasos más acelerados, mal que le sepa al señor Cordente, será el actual presidente del Colegio de Médicos de esta provincia. Este hecho lo considerarán, evidentemente, de manera desigual quienes se vean defendiendo las posiciones encontradas. Entonces, el sobrecódigo es entendido como una “interpretación de los diferentes sistemas al nivel de las significaciones, como un paso, un movimiento de código a código”. Son tres las etapas que ayudan a entender el lanzamiento a esta altura de la película (electoral) el lanzamiento de un rumor de esa especie: el tratamiento secuencial del relato, estudio de la información recibida y interpretación de los códigos sobre el conjunto.

Y así es como se puede analizar sin aspavientos el montaje de la estrategia y la organización de campañas electorales. Partiendo siempre de tres ventajas reportadas –a pesar de la incultura en este sentido de la mayoría de los dirigentes políticos locales- por el diseño estratégico de la mercadotecnia en los procesos electorales:

  Posicionar más eficazmente la propuesta en la mente de los electores mediante la política simbólica.

  Transmitir con precisión a todos los niveles del partido político el objetivo de la campaña y las prioridades.

  Indicar a los simpatizantes cuáles son los aspectos realmente importantes para el partido político.

Sin embargo, contra lo aparecido a la luz pública por estos lares, que sólo beneficia al contrincante de turno (para el caso ejemplificado sería el PSOE de Cuenca, por mal que les pese a muchos, a tenor de la incapacidad evidenciada durante los casi tres años de legislatura municipal, con un equipo inservible, que ha ido de regular a muy malo), ya que la estrategia relativa a la mercadotecnia ha efectuarse dentro del contexto del desarrollo de cinco pasos metodológicos –veremos y sabe recomponerse hacia estos el PP-:

•          Análisis de la situación del mercado.

•          Valorización y selección de los segmentos.

•          Diseño de la mezcla que permita atender los diferentes segmentos.

•          Definición de objetivos y metas.

•          Elaboración de un programa de trabajo.

Resulta fundamental la segmentación de los mercados, entendido como el proceso de dividir un mercado total y heterogéneo en varios segmentos homogéneos. Una vez realizado esto, se hacen propuestas de las categorías generales para la segmentación del mercado político-electoral, basadas en:

·         Criterios geográficos

·         Criterios demográficos

·         Criterios psicológicos

·         Criterios relacionados con la propuesta misma

En la tarea de análisis de los segmentos del mercado electoral se debe tener en mente lo siguiente:

ü       Conocer e interpretar los componentes de la población y los factores demográficos.

ü       Identificar los elementos capaces de vincular a los segmentos con la propuesta

ü       Responder a las preguntas: ¿cuáles son sus motivos de identificación?, ¿cuándo, dónde y quién toma las decisiones?, ¿cuáles son los determinantes psicológicos de los comportamientos?, también se habrá de detectar los factores psicológicos y las influencias de los grupos pequeños.

Pues bien, en nada de todo esto esta trabajando el PP de Cuenca en estos instantes. Lo que quiere decir que, como no enderece la ruta, se va estrellar en la subida a la Plaza Mayor.

Aires de La Parra

Un segundo comunicado de la banda terrorista

Retórica calculada

La semántica es la disciplina con la que se obtienen conclusiones más claras de un análisis de los comunicados etarras, como éste de alto el fuego. El resultado es la ambigüedad que acompaña a la buena noticia de ese comunicado.

¿Qué ofrece ETA?

Textualmente, un “alto el fuego permanente” y por dicha expresión, propia de fuerzas militares o e enfrentamientos bélicos, se entiende el silencio de las armas. Por lo tanto, en su literalidad el texto etarra promete que dejan de disparar tiros o de colocar explosivos, pero nada dice sobre si continuarán chantajeando y extorsionando a empresarios y profesionales para recaudar dinero.

¿Qué pide ETA?

Ni una palabra sobre los presos. Mucha verborrea y retórica sobre lo que podría entenderse como ejercicio del derecho de autodeterminación y el cumplimiento de unas aspiraciones separatistas respecto al estado español, pero sin decirlo claramente. Esas vaguedades, del tipo “la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas” o “los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro”, las dirigen también los etarras al Gobierno de Francia, el estado más centralista de Europa, que nunca atenderá la mínima reivindicación vasca.

Fernando Gª Romanillos

 

(http://actualidad.terra.es/especiales/fin_de_eta/articulo/eta_superacion_conflicto_posible_797528.htm)

 

Este recuadro, tomado del portal Terra, coloca más en su sitio la expectativas creadas tras el anuncio de la banda terrorista de un “alto el fuego permanente”, hecho ayer según sus usos y acogido instantáneamente por la mayoría de las fuerzas políticas españolas con alegría y prudencia, de acuerdo con los posicionamientos respectivos ante el “conflicto vasco” soportado en España.

Frente a los optimistas por naturaleza, quienes asientan sus razonamientos en hitos de pragmatismo y experiencia, como suele hacer la AVT (la Asociación de Víctimas del Terrorismo), avisaba ésta que dicho anuncio era una nueva trampa etarra para lograr objetivos políticos. Horas después se ha visto corroborada esta opinión, pues en una segunda comunicación remitida esta madrugada al diario Gara matiza su primera declaración de alto el fuego.

ETA ha recordado esta noche en Gara que "ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir de las 00:00 horas del 24 de marzo de 2006". El objetivo de esta decisión, según ETA, es "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para que mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, el pueblo vasco pueda realizar el cambio político que necesita".

En su declaración, ETA afirma que España y Francia "deben reconocer los resultados de dicho proceso democrático, sin ningún tipo de injerencias, ni limitaciones. La decisión que los ciudadanos vascos y ciudadanas vascas adoptemos deberá ser respetada".

Así, hizo "un llamamiento a las autoridades de España y Francia para que respondan de manera positiva a esta nueva situación y para que no pongan obstáculos al proceso democrático, dejando de lado la represión y mostrando la voluntad de dar una salida negociada al conflicto".

La banda abogó por "superando el actual marco de negociación, partición e imposición, construir un marco democrático para Euskal Herria, reconociendo los derechos que como pueblo le corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas".

La organización considera que "corresponde a todos los agentes vascos desarrollar este proceso y adoptar los acuerdos correspondientes al futuro de Euskal Herria, teniendo en cuenta su pluralidad y totalidad", por lo que emplazó a "todos los agentes para que actúen con responsabilidad y sean consecuentes ante el paso dado por ETA".

"Es tiempo de compromisos. Todos debemos asumir responsabilidades para construir entre todos la solución democrática que el pueblo vasco necesita. Es el momento de tomar decisiones de calado, pasando de las palabras a los hechos", sostiene ETA.

La organización, que también llamó a los ciudadanos vascos "en general y a los militantes de la izquierda abertzale en particular" a que "se impliquen en este proceso", reafirmó "su deseo y voluntad de que el proceso abierto llegue hasta el final, y así conseguir una verdadera situación democrática para Euskal Herria, superando el conflicto de largos años y construyendo una paz basada en la justicia".

"Nos reafirmamos en el compromiso de seguir dando pasos en el futuro acordes a esa voluntad y de seguir luchando hasta lograr los derechos de Euskal Herria", asegura ETA, que concluye su comunicado afirmando que "la superación del conflicto, aquí y ahora, es posible".

Por tanto, regresan las dudas por simple o ingenuo que sea el análisis politológico del segundo comunicado. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque las armas siguen estando en la trastienda –no hay una referencia a su abandono total-. Y otra se emplaza en la imposición de “sus” (de la banda terrorista) razones y objetivos a dos Estados soberanos, como son España y Francia, cuando quien debe plegarse a la soberanía de los respectivos pueblos son los terroristas.

Esto no quita que se haya abierto, como dijo el mismo presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un “largo proceso de paz”. Ante el que, como matizó después en el Senado la vicepresidenta De la Vega, hay que ser “más prudente que nunca”.

La vicepresidenta dijo que ese anuncio es "una buena noticia para todos los españoles". "El Gobierno tiene la obligación de ser más prudente que nunca; toda cautela es poca y esperamos que todos nos acompañen en esta prudencia", añadió.

Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno "va a trabajar con todas las fuerzas políticas, de las que esperamos -precisó- su apoyo", al tiempo que insistió en que es "deseo" y "voluntad" del Ejecutivo que "esto sea el principio del fin". Así deseamos todos, pero la última palabra queda en los designios de la banda, que, contra sus propias palabras, si algo no ha practicado nunca son las cadencias democráticas. Mientras no lo demuestre, por tanto, los recelos del pueblo son naturales. Seguiremos a la espera y contemplaremos el desarrollo de los acontecimientos.

Aires de La Parra

Apuntes sobre el `botellón´

Desnudos volvemos a nuestro Dueño,
manchados como el cordero
de matorrales, gredas, caminos,
y desnudos volvemos al abra
cuya luz nos muestra desnudos:
y la Patria del arribo
nos mira fija y asombrada.

Pero nunca fuimos soltados
del coro de las Potencias
y de las Dominaciones,
y nombre nunca tuvimos,
pues los nombres son del Único.

(…)

Y baldíos regresamos,
¡tan rendidos y sin logro!,
balbuceando nombres de “patrias”
a las que nunca arribamos.

Gabriela Mistral, El regreso.

Ha querido quien estos aires expande abrir su retorno a esta página con el “gran poema” de Gabriela Mistral. Y lo ha hecho por un deber moral de que su regreso también le retorne a la fina inteligencia de los vocablos, que, al igual que esa gran escritora, él siempre intenta practicar, recelando de la arbitrariedad, abrazado a los poemas de la vida que hablan por doquier. Por esta causa también ha elegido un tema muy al día: el del botellón, sobre el que muchos opinan y pocos lo hacen con fundamentos bien analizados.

Todo cuanto va ahora a decirse tiene un amplio sustrato sociológico, pues nuestro editor es uno de los cuatro primeros sociólogos –Baigorri y su equipo, Elzo y el suyo, Navarrete junto a sus colaboradores, y J. A. Buedo y el dirigido por éste- que estudiaron ese fenómeno con datos emplazados en extensas investigaciones sociológicas. En concreto, Buedo coordinó el estudio delphi Talavera 2001, cuyo capítulo sexto del informe final lleva por título “Trascendencia y secuelas del `botellón´”. Con leves matices y algunas variantes, casi todas sus conclusiones tienen plena vigencia y son extensibles al conjunto del país.

En Salamanca, de donde volvíamos, no encontramos esa pasión desbordada que se hizo patente en Granada, y lo mismo, según nos hemos enterado al volver a Cuenca, ha sucedido en esta capital. Pero cada ambiente tiene sus laudos y circunstancias. Son situaciones derivadas de una cultura específica, que, como manifestaba Félix de Azúa el 2 de febrero de 2002, tiene su engranaje en una mutación producida en los últimos treinta años.

Resulta que antes se hacía música leyendo una partitura y por medio de la interpretación. Cada artista imponía su estilo personal, de modo que Night and Day, de Cole Porter, cambiaba por completo si la cantaba Nat King Cole o la tocaba Art Tatum. El último caso que conozco es In the ghetto, por el Príncipe Gitano. Ahora no hay partitura que valga, sólo discos. Millones de jóvenes ('gente que no ha llegado a la madurez', según María Moliner) escuchan el mismo disco miles de veces, y luego van al concierto para verlo 'en realidad', como aquel niño que iba al cine para ver a Harry Potter 'en realidad'. Si antes se apreciaba la individualidad del intérprete, ahora se aprecia la identidad masiva del oyente y la repetición.

De modo que hay un problema de alcoholismo entre los inmaduros, pero no tiene remedio mientras lo compartan con sus padres y abuelos. Y también hay un problema de agresión al vecino, pero tampoco tiene remedio porque un inmaduro que se divierte a las cinco de la mañana goza de un valor simbólico muy superior al trabajador que no puede pegar ojo en toda la noche. Sobre todo, para la izquierda.

Sin embargo, el verdadero problema no es ni el alcoholismo, ni la paidofilia política, sino que los inmaduros necesiten juntarse por miles para repetir incansablemente los mismos rituales, con el único fin de comprobar que forman una masa idéntica a sí misma. Que se emborrachen, copulen, defequen, griten, o hablen de Heidegger, es secundario respecto a lo principal: formar una masa, como en los conciertos de rock. Y tampoco tiene remedio porque no hacen sino imitar a los maduros, los cuales se reúnen, compactos e idénticos, a gritar en un campo de fútbol hasta sentirse fundidos en una masa arrebatada por la repetición y la sentimentalidad.

El botellón sólo se acabará cuando regrese el aprecio por la diferencia, la aventura, la experiencia única, el intérprete y las partituras, que es como decir 'los textos respetables'. Si es que alguna vez vuelven a apreciarse y no acabamos todos como en La Meca, juntitos, de blanco, y dando vueltas alrededor de una piedra negra.

         El “botellón” se ha convertido en infinidad de municipios españoles en un problema social y sanitario de primer orden. La “moda” –así la catalogan también los expertos- de comprar alcohol en las tiendas y trasegarlo en plena calle hasta reventar se impone entre chavales cada vez más jóvenes. Con una vuelta por varios lugares de la ciudad los jueves, viernes y sábados por la noche, principalmente, puede comprobarse cómo se forman grandes aglomeraciones de jóvenes bebiendo sin medida y sin control. Las molestias a los vecinos son enormes, las zonas afectadas parecen a la mañana siguiente un campo de batalla plagado de vidrios rotos y vomitonas... y, desde luego, nadie se encarga de hacer cumplir la norma para que no se suministre alcohol a menores de edad.

La cultura mediterránea es inseparable del alcohol; es una cultura alcohólica. La sociedad española es un fiel exponente de esta cultura:

·         Alto prestigio del alcohol.

·         Gran disponibilidad de bebidas alcohólicas.

·         Carencia de restricciones legislativas.

Sea como sea, el acceso de los menores a las bebidas alcohólicas resulta alarmante a nivel municipal igual que en todas partes. No sólo porque suele desembocar en algaradas callejeras, sino porque abre el camino hacia una adicción con graves consecuencias para la salud. Que una droga sea legal y convencional no impide que pueda arruinar una vida y las que tenga alrededor.

El consumo noctámbulo de alcohol ha sido estudiado –repetimos- sociológicamente, aparte de ser promocionado por cierta publicidad. Esa que aconseja: “vive la noche, duerme cuando mueras”. Habría que preguntarse quién autoriza semejantes eslóganes. Si no existen pregunta ni respuesta, al menos sí hay encuestas que diseccionan la personalidad de los consumidores adolescentes, como nos informa Eulalia Solé (vid. La movida de las litronas, La Vanguardia, 17 de febrero de 2002).

En su síntesis, dice ésta que en su mayoría son chicos que identifican diversión con movida nocturna, tal como propone el citado anuncio. Su horizonte de ocio no va más allá. “La mayor parte del tiempo libre lo pasan en la calle, sin ninguna actividad, ni siquiera deportiva. El fracaso en la escuela hace acto de presencia, por lo que resulta difícil discernir si se trata de la causa o del efecto. En cuanto a la comunicación con los padres, dista de ser franca. No les interesan las excursiones o el deporte. Ni pensar en coger un libro, lejos de su imaginación escuchar música serena, acercarse a una obra de arte”.

Otro sociólogo, Javier Elzo, siempre ha mantenido que “el botellón favorece la comunicación”. Una vez garantizado el derecho de los vecinos a dormir, el botellón es una vía que evita el estado patológico en el que los jóvenes se divierten hoy, en locales cerrados, con una música ensordecedora y haces de luz que producen una exitación anímica que les lleva a beber compulsivamente y a tomar pastillas para aguantar. ¡Esto es un desastre!”, sostiene el citado sociólogo y catedrático de la Universidad de Deusto Javier Elzo. En opinión de este especialista, en la juventud española el botellón favorece una comunicación más profunda, humaniza las relaciones e incluso “evita que los encuentros sexuales tengan lugar sobre la taza del water de estos antros”.

“Los que no están de acuerdo argumentan que con el botellón los jóvenes beben mucho más. Lo dudo”, dice Elzo, quien ha dirigido casi una decena de investigaciones sobre drogas y escribió un libro sobre violencia juvenil. “Las estadísticas demuestran que los que más beben no son los que dicen haberlo pasado mejor. Hace falta una política preventiva que les obligue a controlar y a evitar que molesten a los vecinos. Superado esto, el botellón les permite poner su música y controlar el nivel de comunicación y el consumo de alcohol. ¿Dónde está el problema? Si es un guateque...”

Según Elzo, el problema del ruido precisa de una política a medio plazo para que la gente se acueste antes. “Este debe ser el objetivo final y no el ruido. Ahora se les saca del recinto urbano, se les ponen autobuses, se les controla el nivel de alcoholemia... es una mera reducción del daño y, si sólo hacemos eso, oficializamos una práctica nefasta. Que me explique alguien que no sea comerciante por qué la gente se divierte más de la 1 a las 6 de la madrugada que de las 10 de la noche a las 2”. Y acto seguido agrega: “Las últimas dos generaciones de jóvenes buscan crear su propio sistema de valores, pero sin ruptura generacional. Es un fenómeno nuevo: son pretendidamente autónomos y su socialización ya no proviene de la política, la fe, los estudios, la familia... esto se ha roto por una gran incertidumbre, y es que el último referente por el que el joven sabe que lo que recibe es bueno o malo es él mismo, y basándose en algo tan etéreo como si es útil o guai”.

Los grupos de referencia son, por tanto, sus compañeros. “No es una influencia mutua de grandes principios, sino de estilos de vida, preferencias, formas de organizar el tiempo libre, moda...”, observa Elzo, que como sociólogo aporta también una voz independiente en el debate sobre el conflicto vasco. “Aun así, los chavales insisten en que la familia es el espacio donde se dicen las cosas más importantes. Se consideran libres y felices, en casa les dejan escoger y no tienen conflictos generacionales. ¡Falso! Están atados. La independización tardía no es culpa de la falta de trabajo ni de la vivienda encarecida. Cuando tienen 18 o 19 años, edad en la que en Occidente la gente busca emanciparse, sus padres les retienen de todas las formas habidas y por haber. Y cuando los padres quieren que se vayan porque tienen sus 25 o 26, han descubierto que se está muy bien en casa, porque al fin y al cabo se han ido de ella quedándose”.

El sociólogo guipuzcoano se muestra escéptico sobre la posible implantación de una ley antialcohol y propone un plan que consiga cambiar los ritmos de diversión de los jóvenes y que los disuada de que no se lo van a pasar mejor porque beban más. Tras la implantación de la ley antitabaco, la ministra de Sanidad anunció la tramitación este mismo año de una ley antialcohol especialmente orientada a frenar el creciente abuso de los jóvenes. Considera que una ley es insuficiente para afrontar un problema con un enorme calado social. Desde la experiencia que le aportan casi 25 años de investigación, aboga por un plan, a largo plazo, a favor de un cambio de los ritmos de diversión -que implique el progresivo abandono de los horarios nocturnos-.

Antonio Gala piensa que toda prohibición es el reconocimiento de un fracaso. La del consumo de alcohol en la calle, dice el escritor, mientras observa que Andalucía siempre ha bebido (en invierno y en verano, al sol o al fresco), y su venta a menores proviene para él de un defecto en la educación secundaria y en la universitaria. Sea un problema de orden público o sanitario o ambas cosas, dice Gala -al comentar la ley antibotellón, a cuyo proyecto de ley se ha intentado dar impulso en varias ocasiones y tanto con el PP como el PSOE gobernando- que siempre beberá, donde sea, el que quiera: “Metiendo la botella en un cartucho o pidiendo a un colega mayor que la consiga. La verdad es siempre una cuestión previa; la imposición, el signo de que no se ha sabido hacer bien lo contrario de lo que se impone. Es tan estúpida como la lucha antidroga. Vendrá de dentro a fuera o no vendrá” (vid. Prohibiciones, El Mundo, 17 de febrero de 2002).

El sociólogo Enrique Gil Calvo introduce el proyecto de ley entre los que denomina falsos problemas: el presunto alcoholismo público de los jóvenes y la supuesta baja calidad de la enseñanza, “a los que culpa (el Gobierno central vigente) de todos los males que aquejan a la juventud. Por eso, remedando a los malos médicos, ha decidido prohibir los síntomas, para que no revelen su manifiesta incapacidad de atajar el verdadero mal” (cfr. Arbitrismo, El País, 18 de febrero de 2002). Para dicho sociólogo prohibir el botellón es una regresiva represión de las libertades urbanas. Su única excusa justificada es la protección del derecho al descanso de los vecinos. Pero fuera de eso parece sustancialmente equivocada, sobre todo en una cultura cívica como la española, centrada en la entusiasta celebración de la plaza pública. Y por lo demás, dice Gil Calvo, “sólo revela clasismo, doble moral e hipocresía, pues el botellón no hace más que democratizar por todas las clases sociales una subcultura del ocio estudiantil que hasta hace poco era privilegio de los acomodados hijos de papá, con tolerancia para entregarse a una semiclandestina dolce vita. Atravesar la transición juvenil incluye celebrar transgresiones rituales para aprender a dominar la cultura del propio límite. ¿Y acaso pretenden que las transgresiones festivas regresen a las catacumbas? Si es que lo intentan por un mal entendido despotismo ilustrado, podrían encontrarse ante motines como el de Esquilache”.

Con los antecedentes y opiniones curtidas que se han apuntado, se han convocado numerosos botellones, destacando el del pasado viernes día 14 de marzo. En varias decenas de ciudades se pretendía que fuese una competición entre ellas para conseguir organizar el mayor macrobotellón de la historia.

Ante las convocatorias, que se preveían masivas y difíciles de controlar, la responsabilidad inmediata de garantizar los derechos del resto de los ciudadanos recaía en los Ayuntamientos; en este sentido, los alcaldes y concejales reunidos en la Convención Municipal del PSOE del fin de semana anterior reclamaron una ley que les reconozca más poderes para combatir este tipo de fenómenos. Una iniciativa que se añade a otra impulsada hace ahora cuatro años, siendo titular de Interior Mariano Rajoy, limitando el consumo y comercio de alcohol en la vía pública, aunque en aquel momento fue objeto de críticas por parte de la oposición socialista, calificando esta normativa de inconstitucional. A raíz de aquella medida se vio la oportunidad de que las Administraciones con más competencias en la materia, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, legislaran para terminar con unas prácticas que corren el riesgo de derivar en actuaciones incívicas. Sin embargo, han sido pocas las Autonomías que han legislado o traspasado atribuciones suficientes a los Ayuntamientos, y menos aún las corporaciones locales que se han decidido a impedir eficazmente la práctica del botellón.

En conclusión, la concentración de jóvenes en espacios abiertos con el único objetivo de beber por beber se ha convertido en un fenómeno que ha sido objeto de análisis por parte de sociólogos y educadores. El uso del alcohol como medio de socialización y desinhibición en una sociedad cada vez más marcada por el individualismo no es, en absoluto, patrimonio exclusivo de los jóvenes, pero sí resulta preocupante comprobar como entre una parte de la juventud prima la tendencia a despreciar los derechos de los demás ciudadanos e incluso la moda de la destrucción de los bienes de uso público. Como denotan los serios argumentos mostrados en estos apuntes, no se trata de aplicar medidas desproporcionadas para reprimir el fenómeno. Ahora bien, hemos de tener muy claro que una sociedad que renuncia a imponer entre sus jóvenes el espíritu cívico y a frenar el consumo masivo e indiscriminado de alcohol en sus calles puede pecar de ser incluso más inmadura que quienes convocan ese tipo de concentraciones masivas.

Aires de La Parra

Cultura Libre

Llegan unos días para el editor de los Aires de La Parra de obligada salida hacia otras tierras, fuera de su domicilio habitual, pues le esperan en la Universidad de Salamanca unas jornadas de estudio en la materia que constituye en estos instantes su primera línea de investigación. Al lado del profesor Miguel Ángel Verdugo y otra serie de máximos especialistas españoles en esta disciplina, acude a ese indeclinable centro del saber para traerse a nuestra Comunidad autónoma un conocimiento exacto de los aspectos sobresalientes en dicha área, con el fin de implementar los fondos cardinales en los sectores punteros.

Así  que, con todo nuestro pesar, despedimos estas páginas hasta la semana que viene. Nos vamos después de pasar un fin de semana en familia, atrayente y nada cargado de escenas de 'marujas almodovarianas'. Pero al regresar hoy a la oficina, conforme a los usos y costumbres de la “prensa decana” provincial/provinciana, me encuentro el refrito de estas últimas, mezcladas entre los miembros de una sociedad descreída y poco ilustrada en estos menesteres –así lo ratifican las palabras y los hechos de quienes se creen todavía que gobiernan esta región con sede en La Mancha, y, con descaro e ignorancia, todavía piensan que lo hacen bien y de manera insuperable: ¡pobrecitos ignaros! ¡Pobre pueblo sufridor! ¿Por qué no tendrás la perspicacia del madrileño, catalán, sueco y hasta berlinés? Por citar unos mínimos.

La respuesta no es fácil, ni única. Y podemos terminarla sin discusión alguna, con el breve y consabido: “la vida es así”. Es lo que ocurre cuando todo el mundo está de acuerdo. La pregunta es: si todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué no se hace, por qué no se le pone remedio?

Es ante esto último que nos hemos dicho: despidamos estos días como los lectores merecen. Un tema o propósito que nos ha convencido de dejar abierta la reflexión hasta la vuelta y nos ha traído a la mente la cuestión de la Cultura Libre. Esencialmente porque en Cuenca (=C-LM) los esquemas de ésta son pobres, anticuados, gozan de poca prerrogativa y, además, carecen de la autonomía que precisan los tiempos de hoy.

Como que la tarea de este editor no es creerse las noticias sino contarlas, pone a menudo cara de póquer ante cuantiosas explicaciones de la prensa manipuladora/comprada. Algo bastante común entre muchos de los que nos dedicamos a esto de la comunicación, bien directamente –periodistas- o desde los ángulos de los análisis sociológicos. Vemos ambos sectores que todos los responsables políticos, en cuanto ejercen una parcela de poder, quieren ganarse a los medios. La solución suele venir de la mano de una agencia de comunicación, que les cobra un pastón por campañas de escaso valor, y por un menosprecio insultante a las capacidades de los servicios de prensa y comunicación internos. A ellos, ni agua. Sólo sirven para vomitar notas de prensa que los periodistas arrojan sistemáticamente a la basura y para remitir aclaraciones cuya función es apagar incendios. ¡Bonita forma de gastar dinero público!

Habría que cambiar esta folletinesca estrategia. Algo que hoy no es difícil, pero sí que necesita unos cambios estructurales importantes, que pasan por la modificación que Lawrence Lessig describió en su obra Cultura Libre. Es éste un libro fundamental, que en su mismo subtítulo delimita la meta central de su gran propósito: Cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad. Y aquí se incluyen todos, esto es, desde los locales a los de ámbito mundial, pasando por los regionales y los nacionales. Esta obra es una pieza esencial para comprender los problemas y perjuicios que las nuevas regulaciones sobre propiedad intelectual imponen sobre el progreso cultural y la difusión del conocimiento en el contexto de la sociedad digital. Lessig plantea que la forma en que se están articulando las leyes del copyright (o derechos de autor como se denomina en ciertos paíeses, aunque con importantes diferencias en el contenido de ambos conceptos), es una de las principales barreras para el desarrollo de la cultura, particularmente en el ámbito digital, cultura que se ha gestado a lo largo de los siglos, a través de citas, obras basadas o inspiradas en el trabajo de otros. Su autor nos muestra cómo desde la aparición de Internet se está librando una verdadera batalla entre quienes desean controlar este nuevo espacio de creación y difusión del conocimiento mediante mayores y más restrictivas regulaciones sobre derechos de autor, y quienes promueven los principios de la libre circulación del conocimiento y la información.

Este es el motivo de que, en ausencia de nuestro editor, recomendemos la lectura de dicho libro, cuya edición puede ser descargada libre y gratuitamente desde www.derechosdigitales.org.

Al instante leemos ahí que una cultura libre apoya y protege a creadores e innovadores. Esto lo hace directamente concediendo derechos de propiedad intelectual. Pero lo hace también indirectamente limitando el alcance de estos derechos, para garantizar que los creadores e innovadores que vengan más tarde sean tan libres, como sea posible, del control del pasado. Una cultura libre no es una cultura sin propiedad, del mismo modo que el libre mercado no es un mercado en el que todo es libre y gratuito.

Lo opuesto a una cultura libre es una “cultura del permiso” –una cultura en la cual los creadores logran crear solamente con el permiso de los poderosos, o de los creadores del pasado. En este sentido, son esclarecedoras las palabras de Lessig:

Si comprendemos este cambio, creo que podemos resistir contra él. No “nosotros” en la izquierda o “ustedes” en la derecha, sino nosotros que no tenemos ningún interés personal en las industrias específicas de la cultura que definen el siglo XX. Ya estés en la izquierda o en la derecha, si careces de intereses en este sentido te va a preocupar la historia que aquí cuento. Porque los cambios que describo afectan a valores que ambos bandos de nuestra cultura política consideran fundamentales.

Nos encontramos aquí con el punto destacado que está en juego, que es el de la concentración de poder (político, corporativo, mediático, cultural), que debería ser un anatema incluso para los más conservadores –como los dueños de El Día-, los cuales deben ser conscientes en todo instante de la conveniente difusión de poder a través del control local, animando así la participación individual, que es la esencia del federalismo autonómico español y la expresión más grande de la democracia vigente.

Esta última idea es un elemento del argumento de Cultura Libre, aunque su enfoque no es solamente la concentración de poder producida por las concentraciones de la propiedad, sino que, de un modo más importante, aunque sea debido a que es algo menos visible, centra su discusión en la concentración de poder producida por un cambio radical en el campo efectivo de la acción de las leyes:

Las leyes están cambiando; ese cambio está alterando la forma en la que se construye nuestra cultura; ese cambio debería preocuparte, da igual si Internet te preocupa o no, –da igual si estás a la izquierda o la derecha de Safire.

La inspiración para el título y para gran parte de la argumentación de este libro proviene de la obra de Richard Stallman y la Fundación del Software Libre. De hecho, mientras releo la propia obra de Stallman, especialmente los ensayos en Software libre, sociedad libre, me doy cuenta de que todas las intuiciones teóricas que desarrollo aquí son ideas que Stallman describió hace décadas. Se podría muy bien defender que esta obra es “meramente” derivada.

(…)

Como con los argumentos de Stallman para el software libre, una discusión a favor de una cultura libre tropieza con una confusión que es difícil de evitar y aun más difícil de entender. Una cultura libre no es una cultura sin propiedad; no es una cultura en la que no se paga a los artistas. Una cultura sin propiedad, o en la que no se paga a los artistas, es la anarquía, no la libertad. La anarquía no es lo que aquí propongo.

Al contrario, la cultura libre que defiendo en este libro es un equilibrio entre la anarquía y el control. Una cultura libre, como un mercado libre, está llena de propiedad. Está llena de reglas para la propiedad y de contratos, y el Estadose asegura de que se apliquen. Pero de la misma manera que un mercado libre queda pervertido si su propiedad se convierte en algo feudal, una cultura libre puede verse también desvirtuada por el extremismo en los derechos de la propiedad que la definen. Esto es lo que hoy día temo que ocurre en nuestra cultura.

Para combatir este extremismo ha escrito ese libro Lessig. Leámoslo.

                                                                Aires de La Parra

Análisis y comprensión del fenómeno inmigratorio

Tras veinticinco años de demagogia de izquierda (Mitterrand) y derecha (Chirac), Francia se halla en una encrucijada histórica, víctima de un Estado que incrementa las desigualdades y los enfrentamientos étnicos, crea guetos urbanos propicios a la desesperación social, y rechaza reformas esenciales, cuyo aplazamiento es nefasto para la prosperidad y el futuro de Europa.

Ciertos nombres, que representan lo más selecto, independiente e influyente del pensamiento francés de nuestro tiempo, en terrenos tan diversos como la historia, la filosofía, la demografía, el periodismo, las ideas, la sociología y la cultura comentaron y diseccionaron en el diario ABC en el mes de noviembre de 2005 los orígenes, desarrollo y alcance, nacional y europeo, de la crisis de los suburbios franceses. Del liberalismo económico (Sorman) o político (Baverez) al socialismo (Daniel) y la socialdemocracia (Julliard), pasando por la historia de las ideas (Finkielkraut) o la filosofía política (Glucksmann), se desprenden ideas básicas y coincidentes: profunda crisis cultural, que tiene raíces políticas, económicas, sociales, étnicas y escolares.

Más recientemente la revista Sistema dedica su último número (190/191), correspondiente a enero de 2006, a este tema de tanta envergadura: Inmigración y exclusión social. Este volumen debería ser leído obligatoriamente por todas las autoridades que poseen responsabilidades sociales en materia de gestión de este asunto tan complejo, el de la inmigración, que se está convirtiendo en una de las principales cuestiones sociales en países como España. Esto es debido, como afirman el profesor José Félix Tezanos y su hijo Sergio (vid. su artículo titulado La cuestión migratoria en España. Tendencias en inmigración y exclusión social, op. cit., pp. 9-39), al intenso ritmo de crecimiento de la población extranjera y a los problemas de integración que se registran. Demuestran estos sociólogos que la carencia de un modelo adecuado de acogida y la amplitud de los procesos de llegada, más allá de las demandas de la economía española, dan lugar a que muchos inmigrantes se vean abocados a procesos de precarización y exclusión social. En ese mismo artículo se analiza la situación de los inmigrantes en nuestro país y los principales factores exclusógenos que los afectan; asimismo se anticipan ahí algunas tendencias de futuro y se consideran los efectos que sus derivas hacia la exclusión social pueden tener en el propio modelo español de estratificación social.

El incremento de la diversidad cultural en los espacios nacional y comunitario es una consecuencia importante de la creciente inmigración extranjera. En la UE concretamente es un fenómeno estructural del que se deben ocupar los estados miembros. En función del modelo de recepción que una sociedad desarrolla y prioriza, la diversidad cultural puede ser una fuente de enriquecimiento mutuo o una fuente de conflictos. En función de las opciones políticas que se tomen, la segregación, la asimilación o la aculturación son riesgos que se pueden provocar o prevenir. Se puede favorecer la integración social, que entiende positivamente la diversidad cultural. Desde esta perspectiva, no debe entenderse una asimilación que conlleve una adaptación unilateral por parte de los inmigrantes, sino una adaptación mutua, que supone un enriquecimiento, una suma, no una resta, a la diversidad cultural europea y de cada estado miembro. Desde la perspectiva de la integración, entendida como se ha explicado, sería posible alcanzar el objetivo estratégico de la cohesión social.

Pero el bloque de imágenes sobre los actos de violencia que tuvieron lugar en un buen número de ciudades francesas durante el último trimestre de 2005 y que se saldaron con incidentes en más de 300 localidades y cerca de cuatro mil coches incendiados, tras un primer momento de conmiseración y tristeza, provocaron hondos sentimientos de preocupación y alarma. Esto, según advierten Tezanos y su hijo, no sólo fue (es) un exponente de los riesgos de tensión y violencia ciega que se encuentran asociados a los problemas de exclusión, la falta de horizontes y la anomia que afectan a amplios sectores de la juventud de los apíses desarrollados, sino que también ponían de relieve graves problemas de integración de las segundas generaciones de inmigrantes, incluso en países como Francia que habían manifestado una tradicional sensibilidad ante estas cuestiones, y en los que se presuponía que existía una razonable voluntad de acogida y de respeto a la pluralidad cultural.

Según Carlos Giménez, profesor de antropología con amplia experiencia en esta materia, son muchas las cuestiones a tener en cuenta en un determinado modelo de integración social de inmigrantes, que se pueden agrupar en torno a:

●        El sujeto de la integración, quién se integra y en calidad de qué.

●        La igualdad efectiva de derechos entre autóctonos y extranjeros.

●        La igualdad o no de oportunidades entre ambos.

●        La participación de los inmigrantes en la vida política y social.

●        La gestión del pluralismo cultural, religioso y lingüístico.

●        La aceptación o no de nuevas minorías o comunidades vinculadas a la inmigración.

●        El cambio en la sociedad receptora.

Otra importante implicación del fenómeno de la inmigración es que ha contribuido a aumentar el nivel de conciencia alrededor de cuestiones ligadas a la discriminación, y en relación no sólo con los inmigrantes, sino también con otras minorías con identidades culturales y estilos de vida diferentes. Aunque si algo caracteriza a la inmigración como factor principal de exclusión es su condición de ilegalidad, que da lugar a que situaciones vitales giren en torno a esa irregularidad.

El déficit de inclusividad del Estado de Bienestar opera como un factor elucidario. Y lo hace en un mínimo de dos planos. Se han ido consolidando, por una parte, fracturas de ciudadanía a partir del diseño poco inclusivo y en ocasiones del fracaso implementador de las principales políticas clásicas de bienestar: por ejemplo, la exclusión de la seguridad social de grupos con insuficiente vinculación al mecanismo contributivo, o la exclusión de sectores vulnerables al fracaso escolar en la enseñanza pública de masas. Se ha ido incrementando, por otra parte, el carácter segregador de ciertos mercados de bienestar con una presencia pública muy débil: por ejemplo, los mercados del suelo e inmobiliario. Hecho que provoca la exclusión del acceso a la vivienda de amplios colectivos sociales, y pautas de fractura social en el territorio.

La inmigración pone en cuestión una multitud de tópicos heredados, contribuyendo a focalizar la atención pública en torno a situaciones que estaban siendo resaltadas en los estudios sociológicos en los últimos años. Resaltan estos que es preciso atajar de raíz las causas que están detrás de fenómenos como los que tuvieron lugar a finales de 2005, y, destacan los Tezanos, “si no se ponen los medios precisos para ello, es posible que sólo estemos al principio de una dinámica de considerable alcance y de importantes efectos societarios”. De ahí que, como agregan, “la cuestión migratoria deba ser considerada como uno de los fenómenos sociales más relevantes que están desarrollándose en nuestras sociedades en este primer tramo del siglo XXI”. Por lo cual, como irán haciendo periódicamente nuestros aires, resulta muy útil el análisis –para su comprensión y subsiguientes propuestas sociopolíticas- de este conjunto de procesos que están teniendo lugar, dentro de una amplia complejidad sociológica y económica.

Aires de La Parra

El Parque Natural de la Sierra de Cuenca

Los Parques Naturales son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente.

La declaración y gestión de los espacios naturales protegidos es competencia de las distintas Comunidades autónomas, siendo declarados conforme a la ley Estatal 4/1989 de Conservación de los Espacios naturales y las diferentes normativas autonómicas. Tanto su extensión superficial como el número de áreas declaradas ha ido aumentando en los últimos años, hasta alcanzar los cerca de cuatro millones de hectáreas repartidas en algo más de 700 espacios. La provincia de Cuenca posee los siete entornos que se presentan en el cuadro siguiente.

ENTORNOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA
MONUMENTO NATURAL
Área de Palancares y Tierra Muerta	<VER FICHA>
Nacimiento del Río Cuervo	<VER FICHA>
PARQUE NATURAL
Alto Tajo	<VER FICHA>
RESERVA NATURAL
Complejo Lagunar de Manjavacas	<VER FICHA>
Hoces del Cabriel	<VER FICHA>
Laguna de El Hito	<VER FICHA>
SITIO NATURAL DE INTERES NACIONAL
Ciudad Encantada	<VER FICHA>

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El consejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, anunció ayer que a este conjunto se uniría uno más, como declaró en la reunión que mantuvo con los representantes de los 11 municipios que integrarán el Parque Natural de la Sierra de Cuenca. Será otro espacio protegido que contará con cerca de 76.000 hectáreas, excluidos los cascos urbanos de los municipios, y que se espera que esté aprobado por las Cortes de la región para finales del presente año.

Es un compromiso muy serio, por el que cabe felicitar, y así lo hacemos sentándolo en nuestra Plaza Buena, a este muchacho (así lo sigue considerando el editor, por causas y diferencias político-administrativas y personales, que no sería elegante describir ahora), que desde ese puesto –hay un cien por cien de probabilidades de no equivocarnos- no ha abandonado Cuenca, para poder dar el salto a la política nacional. Y ello con independencia de su valía real, pues a él sólo le preocupa, como buen “político de la foto” que es, tener bien cogido el mango de la sartén de la secretaría general de esta provincia, y poder así colocarse, como hizo en su día Máximo Díaz Cano, de número uno en la lista del PSOE para el Congreso. Es su estilo y su finalidad última, como sabemos de buenas fuentes.

Esto último es una simple anécdota, importante para el elector, pero secundaria para la orientación de la máquina administrativa, si las metas se van logrando. Siendo un buen fin el que nos presentó ayer este consejero, con el que estamos de acuerdo en que va a ser un importante motor de desarrollo provincial.

En esta dirección, según informó el consejero, ya se ha elaborado el 'Plan de ordenación de los Recursos Naturales', que vendrá a propulsar el parque aludido, puesto que, en palabras del propio Guijarro, “la Serranía de Cuenca tiene los valores naturales y ecológicos suficientes como para contar con esta figura de protección (…) y el futuro parque será un mecanismo para impulsar el desarrollo de la zona que atraerá recursos económicos y en el que se realizarán una serie de infraestructuras de carácter social, y de comunicaciones dentro del espacio natural”.

En ese sentido, se mejoraran las vías de saca que comunican los municipios mediante asfaltado y que facilitarán el tránsito de los cerca de 2.200 habitantes de la zona y de todo aquel turista que la visite.

Otro de los estudios de la consejería es el de la gestión del Parque Cinegético de 'El Hosquillo' para uso turístico, abriendo la posibilidad de regular los accesos al centro emblemático del Parque Natural, para que los visitantes puedan visitarlo sin tantos requisitos. También se está en conversación con otros Ayuntamientos de la zona para optimizar otras áreas y sus recursos. En breves semanas se presentarán los nuevos accesos que se han preparado en el Nacimiento del Río Cuervo, complementado con un Centro de Interpretación.

La referencia del consejero comprendió los 11 municipios que conforman el perímetro del Parque Natural. Entre ellos el término municipal de la capital, el que aporta gran parte de las 76.000 hectáreas y segundo en extensión de toda Europa. Los otros 10 municipios son Villalba de la Sierra, Uña, Huélamo, Arcos de la Sierra, Tragacete, Beamud, Las Majadas, Portilla, Valdemeca y Zafrilla. Fuera del Parque se quedan los municipios de Vega del Codorno, Fuertescusa, Huerta del Marquesado o Laguna del Marquesado. En el caso de Vega del Codorno, se propondrá a los vecinos, ya que son propietarios comunales del monte, para que resuelvan la adhesión al Parque.

Entrando ya en cuestiones neutras de objetividad en la opinión, los Aires de La Parra deben advertir a esa autoridad y a todas las demás implicadas en el evento que, estando de acuerdo en la resolución, vemos volar –como en tanto asuntos- globos que no entran de lleno en la materia del asunto, como para estos casos hace la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña o el Gobierno Vasco. Concretamente es la ausencia sistemática de una elaboración de programas paralelos de desarrollo que primen la creación de capital social. Comprenden todo éste las condiciones que hacen posible la acción colectiva, la búsqueda de objetivos comunes dentro de las comunidades rurales y la puesta en marcha de proyectos de tipo colectivo. Existe evidencia creciente de que la cohesión social que el capital social genera, en forma de confianza, normas y valores, contribuye de forma decisiva al avance económico y el desarrollo sostenible.

En este último sentido, nuestros aires demandan una mayor coordinación de los consejeros castellano-manchegos de Agricultura y de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Y, bajo dicho entendimiento, podrían mirar un poco la experiencia de Andalucía, que cuenta con una práctica extensa y consolidada sobre la puesta en marcha de programas de desarrollo rural con enfoque territorial, participativo e integrado. La Iniciativa Comunitaria LEADER y el Programa PRODER, este último puesto en marcha a iniciativa nacional, han consolidado un modelo de desarrollo rural liderado por los Grupos de Desarrollo Rural, estructuras de participación pública privada desde donde se ha llevando a cabo la dinamización, articulación de la población local y la gestión de numerosos recursos en beneficio del desarrollo rural. Como resultado de estos programas, se ha valorado positivamente su capacidad de crear capital social, es decir, de potenciar la iniciativa de la población para poner en marcha iniciativas de carácter colectivo y acceder a nuevos recursos. Por este motivo, las acciones mediadas por el capital social han tenido mayor alcance que aquellas promovidas de forma individual, y por consiguiente, han contribuido a fortalecer la identidad territorial y la cohesión interna de la sociedad rural. Ambos aspectos mejoran la competitividad territorial en el contexto de la globalización. Vamos a ver si pondrán nuestros mandamases a las personas idóneas al frente del proyecto del Parque Natural prometido, para que induzcan y favorezcan la creación de capital social. Si ponen al frente a otro "enchufado" de partido los resultados ya podemos anticiparlos...

                                                         Aires de La Parra

Aspectos cardinales del nuevo Sistema Nacional de Dependencia

Viene anunciando con una bondad estratégica encomiable –ayer estuvo en Cuenca para presentar el respectivo proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ante los mandatarios de su partido y los convidados de ocasión- el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, la puesta en marcha del futuro Sistema Nacional Español de Atención a las Personas Dependientes, que asistirá en 2007 a 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave, y en los dos años siguientes a 373.000 dependientes severos. Constituye un esperado sistema –el PP, aunque lo trabajó en la sombra en el año 2003, desistió por la inminencia electoral- que tiene previsto desplegarse hasta el año 2015. Por tanto, tiempo queda para ver su implementación, pero la problemática es tan seria y difícil que no puede dejarse en manos de la improvisación, y menos de administrativos poco duchos en la materia o con insuficiente formación/información.

Los técnicos esperan que se les deje aplicar ese conjunto de bases que revolucionarán, sin duda, los servicios sociales actualmente en vigor, y que, por lo mismo, necesitan un conocimiento avanzado de la Ciencia Política y de la Administración. Entonces, contra lo que viene sucediendo en Castilla-La Mancha en abundantes ocasiones desde la “inmovilizada” Consejería de Bienestar Social, que ha derivado en unos dejes y manejes poco dinámicos y sin ninguna capacidad de innovación (la I+DT en ese recinto es de las más pobres de toda España), por los determinismos de entregar a los Trabajadores Sociales la conducción casi exclusiva del carro de esta maquinaria, que renquea por muchas partes, diversos especialistas –entre los que figura nuestro editor- en la materia crearon un foro de debate en el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de este territorio. A partir de él celebraron en Toledo unas jornadas profesionales el pasado mes de octubre de 2005, donde se analizaron todas las implicaciones que va a traer la regulación y puesta en funcionamiento de ese sistema.

Para que la aprobación de este texto sea efectiva, según tiene dicho Caldera, "queremos alcanzar un acuerdo financiero" con las comunidades autónomas y "nos gustaría un amplio consenso parlamentario, estoy convencido de que ello es posible". El acuerdo financiero con las comunidades autónomas "es deseable, pero no indispensable, pero no me imagino a una CC AA que no quisiera participar" en el mismo, ha comentado el ministro, quien viene explicando que el 50 por ciento del coste será asumido por la Administración General del Estado y el otro 50 por ciento por las autonomías.

Aunque todavía quedan varias cuestiones por elucidar y reglamentar, piensan algunos técnicos –entre otros los del equipo de investigación social dirigido por nuestro editor- que el Sistema Nacional de Dependencia en Castilla-La Mancha debería ser gestionado por el Sidecam, un organismo nuevo, de estructura o régimen jurídico equivalente a sus homólogos en materia de empleo y salud, es decir, Sepecam y Sescam. Esta fórmula, a parte de romper con las inercias burocráticas de Bienestar Social, podría conectar mejor, por la especificidad de su ámbito de gestión, con el resto de órganos estatales y específicamente con el IMSERSO, núcleo matriz y entidad desarrolladora a nivel de Estado de los planes y programas necesarios. De igual modo, le resultaría más efectiva toda la acción multidisciplinar que reporta la atención de la dependencia.

Ahí queda lanzada la idea desde los Aires de La Parra, que continuamente se expanden por las galerías de la Administración y constatan que, si separamos a los funcionarios o empleados públicos e investigadores o docentes con evidente interés en este asunto, el resto de la ciudadanía no para de oír muchas campanadas –a menudo terciadas por el doblaje partidista electoral- y menos fundamento. Por lo cual hay que ir sacando ya de dudas a los potenciales beneficiarios, al pueblo en general. Por esto mismo es muy loable la labor explicativa que viene realizando el ministro Caldera y todo su equipo.

El sistema público, equiparable a la extensión universal de la educación, la sanidad y las pensiones, atenderá a más de un millón de personas mayores, enfermas o con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas en las actividades básicas de la vida cotidiana.
        "Ya en el primer año, en el 2007, el sistema garantizará la atención a todas las personas más gravemente afectadas, en 2008 empezará a atender a las personas con dependencia severa (grado 2 nivel 1), en total 160.000, y en el año 2009 a 213.000" dependientes del grado 2 nivel dos A partir de ahí y de forma paulatina se atenderá al resto de afectados.    

El anteproyecto de la ley, presentado el 4 de enero de 2006 por el Ejecutivo, establece que los dependientes deberán acreditar cinco años de residencia en España, prevé que los cuidadores familiares perciban un sueldo, crea los órganos de control del sistema y concreta el gasto inicial del Estado para implantarlo: 12.638 millones de euros de 2007 a 2015 (unos 1.400 millones de media al año). Desde esa fecha la ley estrella del Ejecutivo socialista empieza a perfilarse.

Estas personas (más de un millón de españoles, cantidad que crecerá hasta un millón y medio en 2020) son sobre todo mayores de 65 años. Tradicionalmente han sido atendidos por las familias y básicamente por las mujeres (un 83% del total) de mediana edad.

Cualquier español mayor de tres años que necesite ayuda para sus actividades básicas por su incapacidad y que haya vivido cinco años en España, dos de ellos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, tendrán derecho a la protección, en un principio. También los inmigrantes que lleven un tiempo residiendo y trabajando en España, pero no los jubilados de países de la UE, a no ser que sus naciones de origen paguen los servicios, según adelantó el ministro Jesús Caldera. En todo caso, el texto del anteproyecto apunta que se podrán "establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España".

Aunque paulatinamente nuestros aires irán desarrollando el máximo de aspectos que concita este tema, ahora cerraremos éste con una ligera referencia sobre el acceso. El usuario deberá solicitar a su comunidad autónoma que se reconozca su derecho como dependiente por un órgano de valoración (con toda probabilidad los actuales Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad). Habrá un baremo estatal que medirá su situación. Con ello se crea un Programa Individual de Atención en el que se determinarán los servicios que necesite el usuario (desde teleasistencia o ayuda domiciliaria al ingreso en una residencia, pasando por centros de día o de noche, por ejemplo); la financiación del servicio en un centro privado si no es posible acceder a uno público o concertado, o, excepcionalmente, una prestación para que sea atendido en su familia. El cuidador principal estará afiliado a la Seguridad Social.

Atender a todos los dependientes una vez implantado el sistema costará unos 9.000 millones de euros al año, un 1% del PIB, 7.000 millones más que los que se gasta ahora. Entre un 30% y un 35% del coste lo pagarán los usuarios, en función de su renta y patrimonio. El resto, el Estado (la mitad, según las previsiones del Gobierno) y las comunidades autónomas y los ayuntamientos (la otra mitad). Caldera añadió el día de la presentación (4.01.06) que el Estado gastará 12.638 millones de euros hasta 2015 de forma gradual para implantar el sistema. Desde los 400 millones de euros de 2007 a los 2.212,9 millones en 2015. Todo este dinero saldrá de los Presupuesto Generales del Estado y no se tocará el superávit de la Seguridad Social, ni tampoco se subirán los impuestos. No obstante, el anteproyecto afirma que las medidas de protección "podrán ser ampliadas por las administraciones autonómicas y locales, por propia iniciativa y con cargo a sus presupuestos".

El anteproyecto fija la creación del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, integrado por Gobierno y Comunidades autónomas, que fijará los baremos de dependencia, los criterios de renta y patrimonio de los usuarios, la prestación económica sustitutoria o el salario que recibirá el familiar cuidador. Igualmente, fijará los criterios para los convenios con las comunidades autónomas. Además, crea un Consejo Consultivo en el que, junto con las administraciones públicas (también las locales), estarán los agentes sociales. Igualmente, supervisarán el sistema el Consejo Nacional de Discapacidad y el Consejo Estatal de Mayores.

El anteproyecto, de 29 páginas, se discutió con las Comunidades autónomas en la conferencia sectorial el 18 de enero, debiendo recibir el dictamen del Consejo Económico y Social y a continuación se llevará al Congreso. Según los cálculos del ministro Jesús Caldera, la ley estará vigente el 1 de enero de 2007, fecha en la que las personas más imposibilitadas (unas 201.000, las que padecen gran dependencia o dependencia de grado III), recibirán atención ese año. Hasta 2015, se irán incorporando gradualmente el resto de los españoles acreedores del nuevo derecho que establece la ley, en grado inverso de necesidad. El texto introduce dos niveles (1 y 2, siendo éste el más grave) en cada grado. Es decir, que habrá seis tipos de dependencia.

Contra lo afirmado por el ministro, queda sin embargo el debate en la mayoría de los parlamentos autonómicos, cuya palabra ha de ser tenida en cuenta, si como se ha dicho  van a tener que poner dinero los presupuestos de cada una de esas Comunidades autónomas.

Al final, nos queda siempre, ante el valor de este proyecto, tener fe y esperanza en los representantes públicos, puesto que aguarda a los españoles un modelo similar al nórdico europeo de atención a la dependencia, que se financia a través de los impuestos y con alguna aportación del usuario, sin la creación de una nueva cotización, como en el caso alemán.

Aires de La Parra