A la vista de cómo está el caso y se mueven las revueltas aguas del acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña al día de la fecha, dudábamos si dedicar hoy unas líneas a traer un poco de luz al complicado tema de la politización de la lengua en esa comunidad autónoma o poner varios puntos y comas más a la cuestión estatutaria. Tras un paseo por Internet, y vistas las amplias crónicas que sobre el asunto ese de la lengua corren ya por Internet, nos hemos decidido a avanzar en la precisión de la reforma del marco estatutario, aún a sabiendas de que es algo que ya cansa en España y empieza a interesar cada vez menos a la opinión de este país. Con todo, ni es una incógnita resuelta, ni supone un tema a olvidar, como consecuencia de los aspectos que aún permanecen en el aire, se mueven entre pasillos y se siguen cociendo en la gran cazuela de la política española.
Contra lo que pueda parecerle a Rodríguez Zapatero, poco enterado del fondo de este asunto y adulterado por los argumentos encubridores de sus socios catalanes, en Cataluña hay una corriente independentista (“soberanista” le llaman ahora sus pronunciadores y defensores para no alterar los ánimos de la parte contraria), cuyos movimientos deben seguirse y cuidarse, para poder darles respuesta al minuto. En este sentido, el presidente del Gobierno de España debería leer un texto de hace muchos años, elaborado por Manuel Vázquez Montalbán, que constituye el prólogo de este honorable escritor a la obra Cataluña. Crónica de una frustración, escrita por Alberto Figueruelo y editada por Guadiana de publicaciones allá por 1970.
Independiente de las alergias que susciten determinadas interpretaciones de Figueruelo, por ejemplo, la de ligar una solución catalana a una solución española ("...una libertad indivisible que afecte a todos los pueblos españoles. Sólo a partir de esta premisa es posible iniciar conjuntamente el esfuerzo que conceda a todos la libertad en la diversidad"), este autor acomete la difícil empresa de resumir una "historia total" de la cuestión catalana: política, social, económica, cultural, a partir de una bibliografía que puede soportar la sublimación de su síntesis, aunque para una profunda tarea científica resultaría, evidentemente, insuficiente. Aún hay inmensos periodos en la vida de este pueblo que, como dice Vázquez Montalbán, “duermen una amplia y honda noche científica, cruzada por los cometas del tópico y la sabiduría establecida. No ya el largo periodo que va desde la Unificación Española hasta la Renaixença, sino incluso en pleno siglo XX por no aclaradas no lo están ni las políticas, ni las figuras, ni los programas de las principales fuerzas históricas de Cataluña”. Pues bien, esto continúa muy cerca de donde se dejó treinta y cinco años atrás, independientemente de la Transición española y de los pactos y convenios de CiU con UCD, primero, y con el PSOE, después. Si hemos de ser objetivos, el problema señalado por Vázquez Montalbán, si acaso, se ha acentuado; porque los inmigrantes en Cataluña ya no son todos españoles, sino que han llegado –y siguen haciéndolo- en los últimos años de todas las partes del planeta. Entonces, hacer una política sesgada y catalanista, como pretenden algunos, aparte de gregaria y desnivelada, será en todo momento injusta. Y donde mejor se ve y se plasma esto es, precisamente, en la política lingüística.
Fuera de ésta –a la que regresaremos en otras ocasiones-, insistimos, el soberanismo se les ha quedado algo “atascado” a los nacionalistas catalanes, como reconoció el pasado día 26 el diario digital tribunacatalana.org, que dijo en su editorial (en catalán por supuesto, que nuestro editor conoce a la perfección, tras haber vivido y estudiado allí casi un par de décadas) lo siguiente:
“Las próximas semanas quedará claro si el soberanismo del país tiene un referente político. Las incertidumbres que quedan del nuevo estatuto no pueden ser aceptadas por el soberanismo consecuente, que, hasta ahora, se ha agrupado alrededor de CiU, ERC y algunos sectores simbólicos de ICV y del PSC. Tenemos sobre la mesa una propuesta de Estatuto que, si se aprueba en los términos que hasta ahora conocemos, significará el sacrificio de, como mínimo, dos generaciones (se refieren los “soberanistas” / independentistas a la consumación de su total separación del Estado español) y que necesita, de manera vital, que haya una revuelta que pueda evitar que la España no plural consolide su mapa territorial e incluya Cataluña y el resto de los Países Catalanes en su proyecto. La dirección de CiU, al margen de las juventudes y buena parte de su militancia, ha optado por renunciar y aceptar la propuesta del Gobierno español. ERC, hoy por hoy, mantiene la dignidad nacional, espoleada por la exigencia de su militancia y de amplios sectores soberanistas huérfanos de referente político. A ICV, los sectores soberanistas tampoco han aceptado de buen grado el pacto de su dirección. De hecho, configura un panorama que da una oportunidad a la fuerza política y a los sectores soberanistas para que cojan la bandera de una opción independentista coherente y digna”.
Más claro imposible, ¿verdad? Y ojo al dato que se ha puesto en negrilla (el de la revuelta), que obliga al señor Bono a dejar de ser ese populista barato y pobre de inteligencia que viene demostrando últimamente, porque deberá poner el oído y la vista –entre las otras técnicas que este tipo de controles exige a nivel de Estado- a controlar los movimientos de esos “revoltosos”.
En definitiva, contra lo dicho por ZP, Carod y demás “esquerristas” de masía y fogón –los que se alimentan ahora de las arcas ufanas del poder-, España debe estar en estos momentos intranquila ante las amenazas de revuelta/revolución detrás de las cuales está Òmnium Cultural, la organización de defensa del catalán más nacionalitaria.
En esta situación, Policronio escribe –henchido de razón- un denso artículo en redliberal.com titulado “Artículo 6.2 del Estatuto: La estampida”. Centra ahí su autor la crítica en el punto de mayor gravedad (en el que se insistirá a menudo) dentro de la propuesta nacionalista catalana para el nuevo Estatuto. Se refiere concretamente al deber de conocer el catalán, según se refleja en el artículo 6.2 aceptado por el presidente del Gobierno ZP: “El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber”. En su versión social de la parte contraria, la que deja en bragas a los “revoltosos”, Policronio es taxativo:
“Es asombroso que se acepte tal cual figura en el Estatuto y que el encargado de velar por los derechos de todos los españoles no haya mostrado el menor reparo. Es más, en la entrevista que concedió ayer en la Cuatro a Gabilondo —uno de los oráculos de la Secta—, Zapatero no tuvo ningún empacho en afirmar que “En Cataluña hay convivencia absoluta en la normalidad lingüística entre el castellano y el catalán” . No sé qué entenderá este hombre por convivencia absoluta. Desde luego la gente no se mata por las calles ni hay riñas continuas —como tampoco sucedía en el franquismo—, pero dudo mucho que pueda ser calificada de normalidad lingüística entre el castellano y el catalán al hecho de que la Generalidad no sólo imponga su aberrante criterio idiomático, sino que haga caso omiso a tres sentencias del TSJC en las que se falla a favor de los demandantes y se impone, de acuerdo con la Ley Lingüística en vigor, que a los hijos de los catalanes que así lo soliciten se les deberá escolarizar en idioma castellano. Pues no, ni con esas, la Autoridad catalana se considera por encima de sus propias leyes y se evade de ellas cuando le conviene, en aras del “progreso” más espantoso.
Por otra parte, me resulta curioso que ninguno de los asesores del presidente Zapatero —en él mismo sería impensable un rasgo de semejante finura política— le haya soplado a la oreja la necesidad de añadir un párrafo al artículo 6.2 en el que se incluya la elaboración de una ley complementaria, o reglamento, para que la obligatoriedad del catalán se adopte gradualmente. No, el 6.2 se ha aceptado a pelo, incluso declarándolo así antes del acuerdo con el convergente Mas. De hecho, aun cuando el 6.2 representa lo más grave y dañino del Estatuto para los intereses de los españoles, fue una de las exigencias nacionalistas que primero se aceptó. Cuando la medida entre en vigor —¡hay que pasmarse!—, a cualquier residente en Cataluña podrá exigírsele de la noche a la mañana que hable catalán. Puede llegar a ser algo así como el cambio de hora de cada equinoccio, sólo que por una vez y no más: A las cero horas del día (el que sea), usted pasará a ser forzosamente catalanohablante”.
Como tendremos ocasión de ver en artículos posteriores, con ángulos diferenciados y comentarios bien descritos, cada día este presidente pide a grito pelado un cambio de asesores rápido y una mudanza inmediata de ministros, pues, tal parece, desde Fernando VII no ha habido en España un gobernante más irresponsable, puesto que, en su ignorancia, desconoce claramente adónde puede llevarnos. Sin embargo, los objetivos y las metas de una política “de izquierdas”, como les gusta decir a él y a los suyos, deben y pueden ser otros, empezando por una política territorial que piense en la mayoría de los españoles y no la entregue en manos de minorías separatistas, al tiempo que separadoras. ZP debe dotarse de otros asesores que conozcan mejor la “particularidad de Cataluña”, de la que hablaremos en días sucesivos.
Aires de La Parra
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