En estos momentos, en los que anda tan diluido e inseguro el Gobierno de ZP, piensan nuestros aires que podrían recobrar la iniciativa a partir de la puesta en escena del nuevo sistema de cobertura por dependencia, puesto que, según anunció el 26 de abril de 2005 el titular de departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en la rueda de prensa en la que hacía valoración del primer año al frente del ministerio, la elaboración de este nuevo modelo de cobertura es "el gran compromiso del Gobierno para 2005". El ministro aseguró que la creación de este sistema será un proceso "complejo", pero que el objetivo es establecer un modelo de cobertura similar al de la Sanidad: “Nuestro compromiso es tener articulada la ley que regulará la implantación del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia a lo largo de esta legislatura. Posteriormente, se requerirá para su puesta en marcha un período de, al menos, otros cuatro años”.
El titular del citado departamento hizo estas declaraciones el mismo día en que representantes del movimiento asociativo de la discapacidad comparecían ante la comisión parlamentaria en relación con el Libro Blanco sobre atención a las personas en situación de dependencia en España.
En un editorial posterior, publicado en la revista Sesenta y más, en su número especial dedicado a esta problemática durante el mes de julio de 2005, el mismo ministro reiteró ese compromiso, sabedor de que son muchas las familias españolas afectadas por el problema. En 1.125.000 hogares españoles se cuida a personas que no se pueden valer por sí mismas para llevar a cabo la mayoría de actividades básicas de la vida diaria (levantarse de la cama, asearse, comer,...). Debido a la estructura demográfica, esta cifra se incrementará significativamente en los próximos años.
Además, agregaba Jesús Caldera, las familias españolas, que han asumido la mayoría de los cuidados que precisan las personas dependientes casi en solitario, tienen actualmente serias dificultades para prestarlos. Si sucede esto es porque las mujeres, principales cuidadoras, se han incorporado progresivamente al mundo laboral. Ante esta situación, la sociedad española demanda a los poderes públicos respuestas eficaces que faciliten la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas y que contribuyan a construir una sociedad más digna y más igual. Es una obligación social y ética.
De ahí que, desde el Gobierno, se venga configurando, subraya el ministro, “un elemento central del cuarto pilar del Estado del bienestar, como es implantar un sistema nacional de protección a las situaciones de dependencia. Queremos hacer posible que las personas que no pueden valerse por sí mismas perciban una serie de servicios (ayuda a domicilio, teleasistencia, ayudas técnicas, plazas residenciales,...) que potencien su autonomía y posibiliten el acceso al mercado laboral de sus cuidadores familiares”.
Esta es la causa central de intentar la ampliación de los derechos de ciudadanía, reconociendo el derecho de las personas en situación de dependencia a ser atendidas por medio de prestaciones que se ajusten a sus necesidades. Este era el pretexto para hacerlo a través del diálogo, negociando con los agentes sociales las líneas básicas del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Además, el Ministerio ha dialogado con las comunidades autónomas y el movimiento asociativo de las personas mayores y de las personas con discapacidad, así como con la comunidad científica. Además el Gobierno ha pretendido contar con las corporaciones locales, que al ser las instituciones más próximas a los ciudadanos, son quienes deben realizar los mayores esfuerzos para atender sus demandas a las que en la actualidad no pueden dar respuesta satisfactoria.
Y, por supuesto, terminaba el ministro, “es nuestra intención recoger las reflexiones, opiniones y puntos de vista del sector privado sociosanitario y asegurador. Además, nuestro objetivo es que esta ley obtenga el máximo consenso en su futura tramitación parlamentaria”.
Sin duda, éste es un objetivo de país. Por ello, la financiación, una cuestión importante y de primera magnitud, debe ser compartida entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, pero también ha de contarse con la participación de los beneficiarios del sistema que, de forma equilibrada y justa, deben contribuir en función de sus rentas y patrimonio.
Así las cosas, el pasado día 7 del mes en curso trascendía a la opinión pública que se ha alcanzado, por fin, el acuerdo global de los interlocutores sociales, lo que posibilita que el proyecto de Ley de Dependencia pueda ser aprobado previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo día 16 de diciembre, según informaba en aquel día La Vanguardia. U.G.T. y CC.OO., los sindicatos mayoritarios, están claramente a favor del SND. Se calcula que su tramitación en las Cortes durará entre seis y nueve meses.
Un dato administrativo tampoco debe pasarnos desapercibido. Sucedió el 14 de octubre, cuando el IMSERSO asume la gestión de las políticas de atención a la dependencia, al publica el BOE de ese día la Norma que recoge la estructura de esta Entidad Gestora de la Seguridad Social. La Dirección General de Servicios Sociales y Dependencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pasa a denominarse Dirección General de Inclusión Social.
En el debate en el Congreso el PSOE admite el 31 de octubre diversas enmiendas que elevan a 200 millones de euros la cantidad destinada en los Presupuestos Generales del Estado para ejecutar planes pilotos del Sistema Nacional de Dependencia. Y ya, de manera encarada en la dirección descrita, en la inauguración del Seminario Internacional Evaluación de la calidad en los Sistemas y servicios de ámbito social, organizado por el IMSERSO en Madrid los días 3 y 4 de noviembre, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad anunció las siguientes medidas: El proyecto de Ley de Atención a la Dependencia incorporará un capítulo sobre la calidad del sistema; se creará una Agencia Nacional de Evaluación del SND y el sistema funcionará bajo los criterios de gestión de calidad.
Posteriormente, el 17 de noviembre, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso diversos partidos políticos han calificado de insuficientes las cantidades dedicadas al SND. En concreto el PP, por boca del diputado Miguel Barrachina, dijo que el Gobierno está congelando las partidas presupuestarios dedicadas a este fin y "que está engañando y falseando la realidad". Esto requiere una pronta y directa contestación del Ejecutivo, que, en lugar de recrearse en el pasado, está obligado a implementar medidas eficaces que abran las puertas del futuro, sobre todo a las personas más necesitadas durante su vida cotidiana: las dependientes.
Aires de La Parra
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