Aires de La Parra

La eficacia política

Los “progres” de los años 70, de estilo Zapatero, empiezan a repeler por su petulancia –escondida en sus risitas- y la altanería, seguramente producto de su vivir en el palacio monclovita. Menos mal que detrás no todo es igual, como podrían creer, y de hecho así lo manifiestan, los conservadores populares picados por las avispas del neofranquismo aznarista. Concretamente me refiero al ministro Pedro Solbes, que, invitado a su redacción por El Mundo, propuso que el modelo de financiación de Cataluña sea aplicable a todo el mundo. Por eso y por su gestión en la economía, que va bien, le alaban y editorializan, demostrando que es en estos momentos la columna vertebral de la credibilidad del ejecutivo español.

Entre toda clase de polémicas, agravios, Opas, manifestaciones, trabajo en la sombra oculto, estreno de nuevas líneas en el AVE (con diferencias de precios y servicios según lugares), aviones y vuelos ilegales de la CIA en España –dice ABC que la respectiva investigación fue parada por la fiscalía-, orquestaciones contra la COPE y Federico Jiménez Losantos, palos de Luis del Olmo contra la Cadena Ser, rutinarios mensajes de los gobernantes socialistas autonómicos, provinciales y locales –de los nacionales no hablamos, porque lo hace suficientemente RTVE-, inestabilidad social en Francia, oscilaciones en la “gran coalición” alemana, endurecimiento del discurso de Bush contra los demócratas, etcétera, podríamos colocar a Pedro Solbes como la excepción en el equilibrio político.

Nuestro ministro, frente a los cachivaches antedichos, parece tener un proyecto orientado hacia el porvenir, desde los horizontes de una sociedad que debe ser cada vez más justa. En cambio, el debate publico que deriva de los nombrados acontecimientos remite invariablemente a las preocupantes imágenes del declive de la noción de lo social. Esta última situación determina que los analistas políticos de nuestros medios de comunicación adopten unos puntos de vista poco optimistas. A escala planetaria esto podría ser lógico, puesto que la guerra, el terrorismo, la violencia de los estados así como de los líderes militarizados de las sociedades que llamamos civiles –y que lo son en escasa medida– ejercen actualmente una influencia mucho más decisiva que la diplomacia, la negociación de los conflictos o la regulación de las cuestiones importantes por parte de las instancias supranacionales. Pero a escala nacional, española, es más difícil de admitir, sobre todo si hablamos en términos relativos y poniéndonos comparativamente con la situación de otros muchos países.

Para entender la coyuntura e ir soldando estructuras, que es lo que hace en su día a día el equipo del ministro Solbes, frente a las nimiedades y contraventuras de otros ministros, como el de Defensa, el señor Bono, que frente a la obligación de regir una administración moderna y eficaz se dedica a dar publicidad a su nombre y asentamiento político personal –aunque sea a costa de la estrategia de su propio partido-, aquél ha comprendido muy bien que es imprescindible abandonar el inquietante auge de las categorías conceptuales que prescinden de lo social.

Esto me traslada a cuanto determinó allá por 2003 Michel Wieviorka, sociólogo y profesor de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, quien resaltó que no podemos olvidar la historia social a la hora de buscar los orígenes y las causas de cualquier acontecimiento con repercusiones políticas. Esto significa que debemos darnos cuenta de que hace aún apenas treinta años nos hallábamos en condiciones de concebir la vida colectiva estructurada por un conflicto esencial: el que enfrentaba al movimiento obrero con los dueños del trabajo. La articulación política giraba en torno a este conflicto, como también los debates ideológicos. Y, en esta oposición, afirmaba Wieviorka, la esperanza en el futuro encontraba su lugar propio y específico: “la lucha social no era únicamente una lucha limitada, de carácter defensivo o categorial; permitía a los agentes sociales proyectarse hacia el porvenir y hablar de progreso, concebir una sociedad más justa. Podía articular y formular un sentido general de las cosas así como reivindicaciones concretas”.

No puede decirse que actualmente las luchas sociales hayan desaparecido. Sin embargo, han perdido toda capacidad de proponer un mundo mejor. O han quedado reducidas a un carácter puramente defensivo –carentes, en ocasiones, de esperanza– o se han convertido en luchas por estamentos o de tipo corporativo, incapaces de superar los intereses limitados de sus protagonistas para conferir a su lucha una dimensión universal. Además, personas o grupos, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, se ven impotentes para transformar sus dificultades y expectativas sociales en conflictos, ya sea por hallarse excluidos o sumidos en una gran precariedad o –en caso de tener un empleo– por hallarse expuestos a condiciones que les cierran toda perspectiva de movilización: ausencia o prohibición de sindicatos, brutalidad patronal, aislamiento de los trabajadores, represión policial omnipresente, racismo, etcétera.

Esto significa que nuestras sociedades parecen abandonadas a las lógicas de fragmentación cultural (la alianza del socialismo español con los nacionalistas de ERC y demás ralea cantonal son un ejemplo evidente), las cuales –a su vez– dificultan el debate público, la negociación, la gestión política de las diferencias. ¡Qué absurdo! Si la justicia es un vehículo de recorrido universal, construyendo éste, más que levantando paredes a cada diez kilómetros, se trabajará políticamente mejor por mantener y aplicar lógicas de integración. En este kilométrico teatro descubren en su seno la existencia de nuevas religiones, mientras el cristianismo parece perder velocidad; ven a las jóvenes generaciones hablar y pensar en términos que las de más edad apenas comprenden; constatan que el racismo se despliega bajo renovadas formas.

¿Qué quiere decir esto? Principalmente que las instituciones tradicionales se hallan cada vez en menor disposición de garantizar, por una parte, sus funciones socializadoras y, por otra, el mantenimiento del orden vigente. Además, y de forma creciente, el debate público “interno” sobre los problemas “de la sociedad” se articula a partir de categorías de hecho “exteriores” a la propia sociedad, ya se trate de cuestionar las lógicas económicas planetarias (la globalización), de desentrañar e interpretar los problemas de integración y los desafíos lanzados por la inmigración a la luz de las tensiones y de las guerras de Próximo y Medio Oriente o de aprender a reconocer la presencia, en suelo nacional, de grupos que simbolizan espacios transnacionales, diásporas y mecanismos de intercomunicación constante entre dos e incluso varios países.

En estas condiciones de declive de lo social y de fragmentación cultural que cuestionan el marco del Estado nación (la reforma sui generis del Estatuto catalán conlleva otro ejemplo más), es difícil que funcione la democracia representativa. Y así los partidos, los parlamentos, las elecciones, suscitan desinterés y crítica. Unos se abstienen y se apartan de la política, que juzgan, en el mejor de los casos, impotente y, de forma más plausible, corrompida.

En medio de esta marea, nadan también los que refuerzan las posiciones extremas entregadas a sospechar y a denunciar, a veces de manera odiosa, sin llegar nunca a proponer cambios realistas.

Y, tomando lo más positivo de los unos y los otros, nos hallamos los defensores de LA POLÍTICA (sí, con mayúscula), que hacemos continuos llamamientos a la democracia participativa –donde resulta tentador ver, como esquematizó Michel Wieviorka, una solución a esta crisis–. Aúna esta perspectiva dos dimensiones. La primera, constructiva, antepone el deseo de los ciudadanos de influir, a escala local, sobre decisiones que les afectan, de debatir con el poder político y deliberar con los expertos en “conferencias destinadas a alcanzar un consenso” a propósito, por ejemplo, del riesgo que pueden entrañar ciertas innovaciones científicas como los organismos genéticamente modificados (OGM). La segunda, más bien contestataria, considera que la política se hace en la calle, en manifestaciones o marchas, con ocasión de iniciativas espectaculares, mediáticas, incluso cercanas a la violencia; exige la democracia directa, por ejemplo la de los referendos, y desconfía de los actores políticos y la visión de los partidos, todos mezclados... lo que puede hacer el juego a los demagogos, siempre dispuestos a denunciar, más o menos justificadamente, la corrupción de las elites.

Este blog traerá en el futuro, pues en los libros y las investigaciones del editor de los Aires de La Parra se ve anchamente, el abecedario de la democracia participativa, que se presenta en ocasiones como lo contrario de la democracia representativa; también, en ocasiones, como su complemento o incluso su aguijón. Pero la médula de su comprensión se halla en centrar la cuestión, viendo que ambas democracias tienden a alimentarse siempre de sus respectivas crisis o de sus carencias. Sin embargo, el quid para hilvanar la nueva dinámica que se prevé está mejor en sus aspectos constructivos; ya que también es verdad que parece hallarse en condiciones de desplegar ante sí todos los desafíos de la política contemporánea, condenada a encastillarse en cuestiones de menor importancia o de alcance local; y, en sus aspectos contestatarios, adquiere más bien una dimensión inquietante, ya que es un factor de populismo.

Por estas razones, regresando al quehacer del equipo del ministro Solbes, la alta puntuación que a éste le otorgamos es porque ha tomado muy bien la conducción de la “glocalización” en España. Por esto siempre, se encuentre donde se encuentre, en esta época de grandes incertidumbres, sabe echar mano de la buena política y, de esta forma, se le ve capaz de aportar los principios y formas de abordar los problemas que se plantean en todos los niveles a escala española, del más global al más local.

                                                                              

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¿Resurge el mito de las dos Españas?

Las movilizaciones producidas durante el sábado 13 de marzo  de 2004 en todo el territorio del Estado español, muchas de las cuales terminaron bien entrada la madrugada, tuvieron como consecuencia el “efecto llamada” de un notable volumen de votantes que permanecen a menudo en la abstención. Sociológicamente está comprobado que en España existe una bolsa de abstención muy alta y que está analizada en sus perfiles sociales desde hace años. La mayoría de ellos son abstencionistas progresistas que, por las razones que fueren, no se ven representados en los partidos políticos existentes.

De este sector salieron los varios millones de votantes que, no sólo pusieron término al Gobierno de José María Aznar, sino también a un tipo de gobernantes “convertidos” (a la democracia parlamentaria) durante la Transición democrática del país.

Las movilizaciones se produjeron porque era evidente que estaban en peligro las libertades civiles y que se pretendía imponer un modelo neo franquista que tenía como eje lo que algunos han denominado un "estado de excepción global" y que, en España, se reflejaba en una recreación del discurso de las dos Españas y del mito del separatismo como el mayor peligro de seguridad nacional.

Con la Historia ya en la mano, y con la demagogia partidista desmontada, sabemos hoy que esta iniciativa había partido de Cataluña y se había extendido por medio de "radio macuto", pero utilizando esta vez los teléfonos móviles e internet. Dio origen así a una noche del sábado muy larga –tanta y con tan denso contenido que no fue recogida por la prensa- y con la dificultad añadida de hacerse una idea los miles de personas que se movilizaron frente a las sedes del Partido Popular en toda España.

Los autores, en gran parte, fueron el extenso contingente de jóvenes que componen la España surgida de la democracia y que, en su gran mayoría, tienen estudios suficientes para superar el analfabetismo real o funcional de la España que Aznar pretendió manipular. Eran los mismos jóvenes que se enfrentaron a la ley universitaria y que consiguieron las mayores movilizaciones de la democracia, sin el apoyo de los aparatos clásicos de movilización en España e incluso, en algunos casos, en contra de ellos.

La comisión parlamentaria y otra serie de estudios y análisis sociopolíticos han visto claro que lo que provocó estas movilizaciones fue la evidente manipulación del discurso, y no sólo de la información, por parte de una serie de dirigentes de la derecha nacionalista española, representada en el Ministro del Interior, en el candidato Rajoy y en el propio Aznar, que pretendieron emular la manipulación del discurso de la que hizo gala el presidente Bush en su política post 11 de septiembre.

Todo ese ajetreo contó con el soporte de unos medios de comunicación, que, como el diario El País, El Mundo, Televisión Española y otros, se han ido convirtiendo en complementarios al discurso del poder –haciendo volar la ideas según les vaya en la batalla de dominio- y para muchos –entre los que figuran los Aires de La Parra- han perdido toda credibilidad como fuentes de información democrática, puesto que no pasan de ser vulgares bandos mediáticos que se atacan defendiendo intereses contrapuestos. Ellos se hicieron eco de las llamadas del Presidente de Gobierno, José María Aznar, quien ocultando información de en forma deliberada decía tener pruebas, hasta que los hecho policiales desmontaron la tergiversación, de que ETA era la responsable. El problema es que estos medios sabían que era mentira y por más que luego la "defensora del lector" del diario El País tratase de justificarlo, esto no bastaba.

Entre otros dilemas, uno que se va haciendo cada vez más evidente, ante la incapacidad y la falta de inteligencia de algunos dirigentes del partido socialistas, figura el hecho de cómo se representa en su Gobierno la juventud que ha dado lugar a esta movilización social. A ello hay que agregar qué políticas concretas se dan para este sector social que, a partir del 13-M, representaba la mayoría del electorado español y que, principalmente por su edad, ha estado fuera de la agenda política y de la política concreta de los partidos desde la transición.

Al lado de esas disyuntivas, están las políticas concretas adoptadas para permitir la creación de un tejido social que represente a esta España plural, democrática, de libertades civiles, de ética política en transformación, y de derechos humanos, que no vengan marcadas por la cooptación o por las políticas a corto plazo. De cómo se resuelvan estas variables dependerá que los millones de votantes que se movilizaron antes de las últimas elecciones legislativas se vayan consolidando como votos permanentes de ciudadanos y ciudadanas y no como votos de protesta. Y por el bien de la democracia española, así como por un futuro próspero de sus ciudadanos, debemos trabajar entre todos para que no quede como simple sueño de una noche de terror, un anticipo del malestar inmigrante francés, que jamás –como desearían algunos grupos reaccionarios vistos ayer en la manifestación contra la LOE en Madrid- permita sentir a nadie como víctimas humildes de la Masacre de Madrid, instrumentadas a favor de políticas neo franquistas de estado de excepción.

Un año y medio después del cambio de gobierno en España, a su actual presidente, el señor Rodríguez Zapatero, le sacuden los borrascosos tiempos que recorren Europa. Así, el 12 de noviembre ha escuchado en la calle la protesta de los que se oponen a la ley de Educación en plena tormenta del debate territorial que está desgastando enormemente a su Gobierno. Problemas sin duda diferentes, pero al que debe prestarse la atención debida de la forma como nuestros aires se introducen en esta enorme problemática, pues el malestar de las sociedades nunca es producto tan sólo de la manipulación, como nos ha demostrado finalmente el Instituto Noxa Consulting, en el diario barcelonés La Vanguardia. Esta lozana empresa está dedicada a la investigación de la opinión, y publica los sondeos del mentado periódico bajo la dirección de Julián Santamaría, un respetable catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense y ex director del CIS.

El modelo territorial divide profundamente a los españoles. La mejor prueba de ello es que la decisión de admitir a trámite el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña cuenta con el apoyo de un 49% de los consultados y el rechazo da un porcentaje ligeramente menor: un 45%. Naturalmente, en Cataluña las cosas son muy distintas, hasta el extremo de que un 83% de los catalanes respalda la admisión a trámite y sólo un 15% cree que debería haber sido rechazada.

Aun así, el modelo de España que defiende José Luis Rodríguez Zapatero es el que concita mayor respaldo, ya que un 45% de los consultados se identifica con el concepto del presidente socialista, mientras que un 38% lo hace con el que defiende Mariano Rajoy. De nuevo, en Cataluña las posiciones son muy distintas, ya que el modelo de Zapatero cuenta con el apoyo de un 75% de los ciudadanos, frente a un 14% que se identifica más con el que defiende el líder del PP.

Por grupos de electores, un 72% de los votantes del PSOE, un 77% de los de IU, más de un 80% de los de CiU y más de un 90% de los de ERC se sienten más cercanos al modelo territorial de Zapatero, mientras que un 83% de los votantes del PP y un 15% de los del Partido Socialista se identifican con el de Rajoy.

Las clases medias son las que deciden el Gobierno. Durante los mejores años de la democracia española culminada en la Constitución de 1978, servían de puente dialogante y de cojín moderador. Ahora están siendo tentadas por los extremistas. Tensa uno de los extremos el progresismo con memoria libertaria que se enorgullece de liderar todas las carreras de la modernidad, el relativismo moral, el fundamentalismo laicista, el progresismo ilustrado, henchido de superioridad ética, encantado de conocerse, incapaz de reflexionar, siquiera un poquito, sobre la importancia de la tradición católica en España. Tensa el otro extremo el catolicismo español que añora el palio protector del poder, una Iglesia poco acostumbrada a mantener el pulso intelectual con el pensamiento moderno, que se obstina en sus dogmas doctrinarios, aunque flaquea en el testimonio de la caridad, que prefiere la comodidad de la trinchera política a los riesgos del debate, que reclama diálogo, pero exige obediencia.

Como hemos tenido la oportunidad de ver en muchos ámbitos del ancho espacio del país, ha rebrotado esa tentación del anticatalanismo genérico, ante el que cualquier defensor de causas cabales debe mostrar su resistencia para denunciar que el anticatalanismo es la antesala española de la xenofobia, uno de los males antropológicos sobre el que se elaboró el mito goyesco y tenebroso de las dos Españas. Sin ir más lejos, la prensa madrileña está necesitada de una lupa transparente y bien extendida, apta para captar que en el campo del Getafe se oyeron constantes insultos anticatalanes y ningún diario alertó del peligro que encarnan. Luego es liviano denunciar la paja del nacionalismo en el ojo ajeno e ignorar que el propio ojo está infectado del peor prejuicio populista. De ahí que, en el piso de enfrente, el que habitan los catalanes, otra vez más haya que escuchar a estos: son los separadores los que crean separatistas.

Por esta causa, unas palabras que el profesor Santamaría ha hecho de la explicación de su sondeo vienen muy bien en apoyo de esta última prevención. Trasladamos literalmente su lógica: “Lo primero que llama la atención es el alto grado de enrarecimiento que ha experimentado en estos últimos meses la atmósfera política española. La buena percepción de la situación económica no se acompaña de una evaluación semejante de la situación política, que es hoy muy negativa. Cuando se produce esa discordancia es casi siempre porque los ciudadanos aprecian que existe una tensión desproporcionada entre los actores políticos. Y eso tiene siempre una doble consecuencia: de un lado, el deterioro espectacular de la imagen de los partidos, de todos los partidos, de la confianza que inspiran los principales líderes políticos, de la gestión del gobierno y la de la oposición; de otro, la polarización de los ciudadanos en torno a posiciones difícilmente reconciliables que les induce a censurar y rechazar de forma radical las posiciones del otro, con lo que el cuadro resultante es malo para todos”. Perfecto, porque es muy verídico e históricamente comprobado.

La actitud de los partidos ante la propuesta catalana de reforma de su estatuto vendrá dictada por sus intereses electorales a corto plazo. De hecho, a nivel estatal, el PP parece haber encontrado en la estrategia contraria beneficios sustanciales. De esta manera, por vez primera desde marzo del 2004 se sitúa ligeramente por delante del PSOE. Nada sorprendente porque, como destaca Julián Santamaría, frente a la falta de pedagogía del Gobierno y del partido que lo sostiene, el PP ha sabido articular una serie de mensajes muy sencillos y, por eso, muy eficaces que han servido para reagrupar casi a la totalidad de sus seguidores y atraer a una parte de los votantes del PSOE.

¿Pura y simple estrategia? Es posible, porque los resultados cantan y la moral de los populares no perdonará nunca a los socialistas, ni a “la izquierda” –como la llaman- en general, el Prestige ni las manifestaciones ante las sedes del PP. Pero todo esto encierra un gran peligro, que como acaba de decir el periodista Antoni Puigverd, frente a la necesidad de afrontar los problemas del tiempo presente con medidas actuales, por aquí en España cuenta el cronista que seguimos pleiteando a la antigua, regurgitando añejos maniqueísmos. Hace menos de 15 días, reaparecía el fantasma de la España rota. El día después de la presentación del Estatut, el gris de las nubes brillaba en el cielo de Madrid como el metal de una navaja. En este sábado de otoño, más que bullir, revientan las calles más céntricas y espaciosas de la capital, desbordantes de gentes orgullosas y confiadas, con esta prestancia a veces repeinada y lustrosa, a veces elegante y expansiva, siempre vistosa en todo caso, que exhiben las clases medias en Madrid. Se oponen a una ley de la izquierda gobernante. Gritan los niños: "Yo no quiero que me eduque Zapatero". Responden las madres: "Zapatero, De la Vega, con mis hijos no se juega". Se oponen a la ley de Educación, no obedeciendo, al menos en teoría, a consignas políticas, sino eclesiales: "Obispos, sed valientes: no estáis solos". Contra la España roja, la España católica. Contra los herederos del republicanismo anticlerical, el catolicismo español protesta. Corea ripios, se burla del Gobierno, se desahoga. Canta: "Un globo, dos globos, tres globos". Canciones del tardofranquismo, como cita Puigverd, a la vez que clama contra ese baúl de los recuerdos que sigue abierto.

La fábula de las dos Españas que Goya plasmó en aquellos dos energúmenos matándose a garrotazos, lo estamos reviviendo día a día. Y resulta triste el espectáculo que después de tantos siglos o milenios estamos dando a los humanos y poco ejemplar el que damos a nuestros hijos. Siendo los políticos -algunos- quienes se están llevando la palma precisamente. No puede por menos de intranquilizar los ánimos la vista del espíritu revanchista de un Gobierno –el de Zapatero- que ha movido sus uñas para anular lo que hizo el anterior, simplemente porque lo cree sucesor del franquismo y a sus votantes los tacha de cavernícolas, reaccionarios, fascistas y asesinos. (A Aznar le han dejado una honda huella en su equilibrio psicosocial los insultos de los “progresistas” en aquellas manifestaciones “espontáneas” tan bien organizadas).

Sin embargo, “España no es un mito” como ha declamado el profesor Gustavo Bueno en un libro publicado este año por Temas de Hoy, en una edición que acaba de salir a la calle este mes de noviembre. Este ensayo ofrece una defensa razonada de la esencia y de la existencia de España a través de siete preguntas fundamentales. Su autor, el profesor Bueno, rebate una a una las posiciones y proposiciones de quienes niegan, desprecian o ponen en duda la realidad de España. Con su contundencia habitual no exenta de polémica, Gustavo Bueno desmenuza esas lapidarias fórmulas que sostienen la irrealidad de España para dar cabida y consistencia a fantásticos bucles melancólicos. Una contribución oportuna, interesante y valiosa, tanto en el fondo como en la forma, para esclarecer la confusión reinante a este respecto: “Este libro es uno más de los libros españoles de contraataque, escritos frente a los enemigos de España, los que desprecian su esencia (o consistencia) y los que llegan a poner en duda, y aun a negar, su propia existencia”.

Contra las banderías, los Aires de La Parra se levantan esta mañana nevando en Cuenca, pero con el firme propósito de traspasar toda manifestación de resentimiento o encono, puesto que el camino actual es el de la reconciliación y de la paz. Antes bien, tenemos que olvidar el pasado y, empezando por nuestros políticos, sembrar, con su ejemplo de moderación, la semilla de la convivencia. Esto no implica, como ciertos esnobs proclaman, la pretensión directa, intransigente y absurda de que la Iglesia rectifique y modernice una doctrina que estableció el Dios respectivo –el único para sus respectivos creyentes-; paralelamente estos pregoneros que se autoubican en la izquierda ideológica tampoco pueden encerrarse en el convencimiento incauto y desatinado de que la democracia se practica también con la estúpida opresión –esta es negativa siempre, políticamente hablando- de las mayorías sobre las minorías, sino un modo – dicen que el menos imperfecto- de que tengamos la verdadera paz que el Ser Supremo no niega nunca a los hombres de buena voluntad.

                                                                                  

                                                                                    Aires de La Parra

Transparencia en la financiación de los partidos políticos

Nuestros aires, que pasan por hemerotecas, bibliotecas, archivos de juzgados, bancos de datos de múltiples especies, etcétera, poseen numerosos antecedentes y divergentes que les permiten dudar de aquel sofisma inerme y desalmado de los “100 años de honradez” de los socialistas. Componen estos un túnel, lleno de escollos y barandillas, que todavía dejan traslucir unos oscuros pasillos cuya sempiterna meta sólo se encuentra en lograr el poder. En este objetivo, salido de sus ancestrales orígenes de movimiento proletario bajo los que se escudó la filosofía del PSOE (teóricamente obrero todavía, aunque haga ya decenas de años que se desligó de la filosofía de acción marxista, con unos líderes siempre sujetos a comentarios reservados), de manera intermitente salen a la luz algunos escándalos económicos que dejan en el pueblo llano inquietudes suspicaces de corruptos enjuagues.

Bajo las sombras de esta metodología, inherente al socialismo español y casi crónica en el nacionalismo catalán, nos hemos enterado de las implicaciones en la escandalera del ministro de Industria, ofrecidas por el diario El Mundo. Está situada la irregularidad en el momento en que siendo Montilla secretario de organización del PSC, este partido pidió un crédito que no han pagado a la Caixa desde 1994, y asciende con intereses a 14 millones de euros. Se trata de un crédito de 7,813 millones que venció en 1994 con unos intereses adicionales de, al menos, 6,574 millones. Las razones por las que la Caixa no deja caer la fuerza de su gabinete jurídico sobre los lomos de Montilla, parecen obvias, y más después de conocerse el cariz político de la OPA de Gas Natural y la consiguiente defensa de los intereses de la Caixa por el Ministro de Industria. Parece un episodio más que sucede en esa confusa Cataluña del 3%, donde su ciudadanía y medios de comunicación viven bajo los artificios del nacionalismo, hecho a espaldas del civismo.

Contra este oasis catalán ni España es desértica ni mucho menos inhóspita. Puede serlo a ojos de algunos habitantes, pero la mayoría sabe sobradamente que esos lugares no son un dechado de virtudes cívicas. Como tampoco lo son los medios de comunicación catalanes, que silencian o minimizan la noticia, la  callan o deforman de forma humillante para menoscabo de la libertad del ciudadano honesto, y se muestran copartícipes, una vez más, con todas las tropelías del poder. El PSOE, como no podía ser menos tampoco, al ser un partido en claro holding empresarial con PRISA, una empresa que se parece a un partido, también está tratando de minimizar este episodio de presunta financiación ilegal. A juicios de muchos, sin embargo, esta es la punta del iceberg que indica que el PSOE jamás ha realizado ningún tipo de contrición por la ofensa que supuso para los españoles el expolio generalizado en el “felipismo”.

El Tribunal de Cuentas es quien ha detectado la irregularidad que El Mundo ha hecho pública. En este informe del órgano fiscalizador, éste da cuenta de que, a finales de 2004, se produjo una renegociación del préstamo entre los socialistas y la Caixa y un acuerdo que fijó "un tipo de interés del 3% a un plazo de 180 meses". ¿Un 3%? El tipo de referencia en 1994 -fecha de vencimiento del crédito- era del 7,5%, y en ejercicios anteriores de más del 12%. Según parece el ministro Montilla ha sido el artífice de este acuerdo tan altruista. El Partido Socialista de Cataluña (PSC) no le contó todos los detalles al Tribunal de Cuentas, ocultándole las condiciones del acuerdo.

El partido que preside Pasqual Maragall "eludió informar de que el acuerdo implicaba la condonación del 45% del crédito (6,57 millones de euros de intereses)". ¡Ooooder!, que dicen los Aires de La Parra. Continúa El Mundo diciendo que "según el informe del Tribunal de Cuentas, que preside Ubaldo Nieto, ninguno de los detalles del acuerdo entre el PSC y La Caixa fueron puestas en su conocimiento. En el escrito de alegaciones, el partido informa, sin aportar la documentación acreditativa correspondiente, del acuerdo alcanzado con la entidad financiera a finales de 2004, con efectos económicos en el ejercicio 2005, y que será analizado en el informe correspondiente, una vez facilitada por el partido la documentación justificativa".

Para la Caixa todo esto parece ser muy normal, ya que según declaró el pasado miércoles en la Cuatro –la TV de Polanco- su presidente, Ricardo Fornesa, la entidad "tiene la estrategia" de conceder préstamos a todos los partidos políticos —también CiU, ERC e Iniciativa per Catalunya son clientes— y que lo hace con transparencia. ¡Buena estrategia! ¿Verdad?

El tribunal recuerda que dada la naturaleza de las donaciones anónimas "no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal establecido para las aportaciones procedentes de una misma persona", aunque respetaron con "carácter general" la normas sobre financiación privada que establece la actual ley.

Los partidos que más se han beneficiado de las aportaciones privadas en la última década fiscalizada (1992-2001) han sido el PP, que ingresó 20,4 millones de euros; CiU (federación formada por CDC y UDC), 20,8; y PNV, 15,6. El PSOE recibió en los diez años anteriores al 2001, dos millones de euros. Son cifras astronómicas para un ciudadano de a pie. Así triunfa hasta el menos preparado. ¿Qué daría un empresario por conseguir estas condiciones de financiación? Cualquiera de nosotros quedaría cautivado después de conseguir de su banco que le perdonase la hipoteca durante 11 años o le cobrase un 3 % de intereses en un crédito personal.

Nos encontramos con un caso evidente de financiación irregular de un partido político. Un caso que debería investigar la fiscalía anticorrupción. También la Caixa debería explicar las razones que le han llevado a regalar así sus dineros. Porque, por muy lelos o inocentes que supongan a los españoles, nadie se cree que un banco regala el dinero así porque sí. Si la Caixa ha aceptado financiar gratuitamente al PSC, ha sido a cambio de algo. Tal vez son favores políticos. Porque es una casualidad muy grande que el gobierno esté tan empeñado en que salga adelante el trasunto de la operación de ENDESA.

Los observadores neutrales presumimos en todo esto un tipo de manejos que ponen en entredicho la solidez del edificio que cobija el régimen democrático en nuestro país, debido a que estos corruptos enjuagues entre los poderes económicos y algunos partidos políticos, niegan las reglas del juego limpio a la hora de enfrentarse en la arena electoral. Pero es tan solo uno más, al que el editor de nuestros aires puede sumar el estudio que hizo a mediados de 2005 en el capítulo séptimo de su Recorrido sociológico por la ciudad de Cuenca. Como se dice ahí, la transparencia administrativa está relacionada directamente con la obligación del servidor público a rendirle cuentas a la ciudadanía. El gobernante, elegido por los gobernados para un período de cuatro años, demuestra sus capacidades y voluntad de cumplir sus promesas, informando y permitiendo a los ciudadanos la visibilidad de sus acciones, siendo la transparencia un espejo en el que queda reflejada la pureza de las labores y el conocimiento público de la toma de decisiones ante los ciudadanos. Se trata entonces, a través de esa nitidez y decoro, de mantener permanentemente una estructura administrativa abierta al acceso de la población interesada.

Con este telón de fondo, en el cual se exhiben problemas importantes de gobernabilidad, recursos potenciales y perspectivas algo desleales, llevamos años en Cuenca la ciudadanía viendo el mínimo entusiasmo de la Corporación municipal en el proceso conducente a la elaboración de los presupuestos municipales. Un intervalo y una desidia que es crucial, pues esa ocultación ofrece una imagen de falta de cooperación y de seriedad, como mínimo y entre otras dudas. Carencia y anomalía que se reprodujo el 3 de mayo de 2005, durante la celebración de un Pleno municipal en el que sobrevino la tercera modificación de los Presupuestos Municipales en 2005, aunque, según denunció el portavoz de la Oposición –¡ojo al loro!-, “desde 2000 llevamos cerca de 40 y el Ayuntamiento sigue sin Presupuesto”.

Es un caso insólito entre las capitales de provincia españolas, que delatan al alcalde de esa ciudad, un político que deja muchas dudas sobre su capacidad en materia de gestión pública, para el que nuestros aires quisieron que inhalase un cuadro de adopción urgente de medidas de transparencia, que se reproducen a continuación.

Medidas de transparencia

- Control ciudadano de las cuentas públicas: bastaría con reflejar en una Web todas las cuentas públicas, convenientemente desglosadas, con justificación de todos los gastos.
- Publicación de todas las reuniones y visitas recibidas por cualquier responsable municipal en el ejercicio de su función, incluidas las cenas y meriendas, con registro público de entradas y salidas, y resumen de los asuntos tratados.
- Publicación del patrimonio y actividades económicas de cualquier persona que tenga facultades de decisión delegadas por el ágora, antes y después de dejar su responsabilidad.
- Convocatoria pública de cargos ejecutivos de la administración, con criterios objetivos de selección y resoluciones razonadas
- Publicación de todos los recursos públicos que existen en la ciudad, como solares, edificios, instalaciones, junto con su uso actual o los proyectos aprobados para su uso futuro
- Publicación electrónica del registro de la propiedad municipal, ordenado por dirección y propietarios
- Publicación del beneficio de las corporaciones privadas que operan en la ciudad, así como del resultado de las auditorías éticas realizadas

Estas medidas, por tanto, dada la serie de suspicacias que generan y se describen en el libro citado, van de la mano también de la demanda de transparencia sobre el origen de esos fondos de financiación de los partidos políticos, ante la cual todos los grupos del Congreso aprobaron el pasado 27 de septiembre comenzar a tramitar la reforma de la ley orgánica de Financiación de Partidos Políticos, vigente desde 1987. Este acuerdo se adoptó a partir de una propuesta de ERC, en la que se planteaba prohibir las donaciones privadas anónimas.

Aires de La Parra

Nueva reforma educativa sin consenso

La jornada de huelga convocada para el 8 de noviembre en los institutos españoles de secundaria y en la universidad por el izquierdista Sindicato de Estudiantes fue la primera jornada de movilizaciones contra la reforma educativa que propone el actual Gobierno. La huelga sacó a la calle a miles de jóvenes, aunque el seguimiento fue muy desigual.

El Sindicato de Estudiantes señaló que "actualmente la educación en el Estado español se sitúa a la cabeza de la OCDE en fracaso escolar mientras que el gasto anual por estudiante está un 18% por debajo de la media de los países desarrollados".  Al respecto, la organización considera que "la LOE no es, ni de lejos, el proyecto que necesitamos para resolver los problemas que sufrimos millones de jóvenes". Por ello, exige al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "que cumpla sus promesas y que gobierne en beneficio de la juventud y las familias trabajadoras". A la par, los estudiantes se desvincularon de la manifestación convocada para el próximo sábado por diversas asociaciones de padres y el Foro de la Familia, que está apoyada por el PP y los obispos.

La Ley Orgánica de la Educación, como demostró el debate sobre las dos enmiendas a la totalidad (del PP y CiU), ha conducido a otra reforma sin consenso amplio. Otro fracaso más. En una sesión sin diálogo y apta para los oídos sordos, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, defendió el 3 de noviembre ante el Congreso la LOE, un proyecto que –según dijo- "no cambia todo el sistema educativo sino que recoge los aspectos estructurales que han demostrado su eficacia". Al tiempo, aseveró que esta reforma, de carácter "progresista", mantiene los acuerdos que desde hace años se habían obtenido sobre "la enseñanza de las religiones y la distribución competencial entre las administraciones". La ministra, que reclamó un “ejercicio de responsabilidad política” de las administraciones para aplicar la LOE cuando se apruebe -ya que el sistema educativo se encuentra descentralizado-, no tuvo empacho en proclamar que “se ha huido de la tentación de pretender cambiar todo el sistema educativo” al entender que, al fin y al cabo, las reformas “deben ser continuadas y paulatinas”.

Frente a las críticas del PP y CiU por lo que consideran un menoscabo del derecho de elección de centro, la ministra afirmó en ese Pleno –marcado por la resaca del estatuto catalán- que la ley acentúa el carácter complementario de la escuela pública y la privada concertada. "Debemos contar con todos los centros públicos y concertados para lograr una educación de calidad, acentuado su complementariedad". Recordó igualmente que el texto reconoce la gratuidad de la enseñanza entre los tres y seis años, fija la repetición obligatoria de curso cuando se suspenden más de tres asignaturas, refuerza la autonomía de los centros y, entre otras medidas, adelanta la enseñanza de los idiomas y las nuevas tecnologías, además de establecer una sola prueba de acceso a la universidad. En su opinión, para cumplir con el objetivo de la calidad, la LOE establece "programas de apoyo y refuerzo, actividades de recuperación para todos los que suspenden asignaturas y fija la evaluación de las competencias básicas" como la comprensión lectora o el razonamiento matemático. Además puso especial atención en que esta reforma basada en "la calidad y la equidad" cuenta con una dotación económica de 6.000 millones de euros hasta el 2010. "Necesitamos un esfuerzo continuado de aportación de recursos", subrayó.

Ana Pastor defendió la enmienda con texto alternativo presentado por el PP, y asoció la reforma socialista a "las deudas contraídas con sus socios". En este sentido, dijo que "la aplicación práctica del Estatut empezará por el sistema de educación. Si se aprueba el Estatut, Catalunya tendrá su propio sistema educativo al margen del español". “La educación no se encuentra ni a la izquierda ni a la derecha del tejido de una sociedad, es patrimonio de toda la sociedad”, afirmó Pastor, quien insistió en que “queremos un sistema que permita reducir al máximo el alto fracaso escolar que tiene nuestro país”, añadió. Respecto a la financiación, la secretaria de Bienestar y Política Social del PP aseguró que la realidad “es muy dura”, ya que frente a los 6. 000 millones de euros que Zapatero prometió destinar a esta ley tan sólo se cuenta con 170. “Esta es una prueba más de la distancia entre promesas y hechos que caracterizan a su Gobierno”, recalcó.

La dirigente popular asimismo puso el acento en un cambio en el porcentaje de las materias comunes, que conllevará a la enseñanza de "17 versiones de la historia y la geografía de España". A esto le replicó Raimundo Benzal (PSOE), interpretando que "es el mismo reparto competencial que el aplicado durante los ocho años del gobierno de Aznar". No obstante, el diputado socialista no tuvo reparo en "tender la mano" al PP para conseguir un acuerdo sobre la reforma educativa.

Es un puente de unión casi imposible, como nos deja entrever la manifestación que está convocada para el próximo sábado por las organizaciones de padres católicos y la Iglesia, que se han cebado ya contra la ministra, como impulsora principal de la LOE. La protesta romperá todavía más los posibles puntos de acuerdo, sobre los que la propia ministra ha manifestado sus dudas en Toledo el 9 de noviembre, durante los actos celebrados en la capital castellano-manchega con motivo de la Semana de la Ciencia. Apeló la alta mandataria a la “generosidad”, para significar que “no se puede conseguir el 100% de las propuestas de partida de cada grupo”, puesto que “las inquietudes son diferentes”. Y verdaderamente lo tiene muy difícil para convencer, en especial, a los obispos.

Nos emplazamos así en otro larguísimo debate, que dan mucho que pensar a nuestros aires al observar que se desarrolla tras 8 Leyes Orgánicas educativas aprobadas en 25 años. Son éstas demasiadas reformas para continuar todavía rezagados respecto a la Europa más avanzada.

El proyecto de LOE presentado para su tramitación en el Congreso ha sido calificado de muchas formas, según la perspectiva de los analistas. Los observadores más neutrales lo califican como un texto reducido, no excesivamente pormenorizado ni intervencionista, que busca soslayar los mayores escollos con los sectores más influyentes sin negar su inspiración “socialista”. Hay quien ha dicho que la LOE vuelve a ser una concreción del “talante Zapatero”, que -con paradojas y contradicciones- busca la máxima mayoría parlamentaria.

Lo peor que delata la LOE es que ni propone mecanismos urgentes de mejora (que obligarían a una mayor inversión), ni menciona las “devastadoras conclusiones del Informe Pisa” que denuncia el Consejo de Estado de Educación, máximo órgano consultivo que en su preceptivo dictamen proclama: “Parece como si el anteproyecto tratara sólo de modernizar el sistema educativo y no de corregir tendencias a la baja calidad que son de dominio público y preocupan a la sociedad…”. Tampoco pueden obviarse ciertas incoherencias, entre las que despuntan algunas. Así, cuando propone el carácter “complementario” de las redes escolares pública y concertada, porque reconocer la “subsidiariedad” sería impresentable en nuestra realidad educativa continental, aunque luego en el articulado separe tajantemente entre centros públicos y centros sostenidos con “fondos públicos” (que incluiría a los privados concertados). Igualmente se pregona la autonomía de los centros docentes, pero no se facilitan instrumentos para ello en la escuela pública. Presume como gran novedad un área de “educación para la ciudadanía”, sin que se sepa quién impartirá tan difuso y discutible contenido.

Y, por ahora, interrumpiremos nuestro análisis en el punto candente –y hecho determinante de la manifestación sabatina- de la espinosa controversia sobre la enseñanza de la religión. La disposición adicional segunda comienza equivocadamente: “La enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede,…”. Parece como si la enseñanza religiosa no fuese una frecuente demanda familiar, de un alto porcentaje de madres y padres que la consideran esencial. Su deseo legítimo, al igual que el de quienes prefieren que sus hijos e hijas no reciban enseñanza confesional alguna, debe ser garantizado, al igual que los derechos de los docentes de estas materias. Al respecto, la opción que se juzga más aceptable es la de una materia de oferta obligatoria en todos los centros en sus versiones confesional (de todas las iglesias con representación significativa) y no confesional, para la aceptación voluntaria por parte de las familias. También debería ser evaluada didácticamente para su notificación familiar, aunque no computable a ningún efecto académico (becas, promoción,…). El apartado 3º, que otorga a la entidad religiosa la condición de empleador y establece el pago delegado, no parece satisfacer ni al profesorado implicado, ni a las jerarquías eclesiásticas, por lo que parece inviable semejante variación unilateral de empleador cuando ni el receptor ni los trasferidos lo asumen. Al mismo tiempo se ve justa la equiparación académica y salarial de este colectivo, que reúne a más de 17.000 docentes en el Estado.

Aires de La Parra

Una nueva política en el caos francés

 

La violencia se ha adueñado de varias ciudades de Francia en los últimos 12 días. Destacan principalmente los sucesos ocurridos en los suburbios de París, que ponen sobre la mesa de debate la política general desarrollada  en materia de inclusión (más bien de exclusión) social en el vecino país. En esos ámbitos llenos de ascuas, que llevan años limándose a base de programas de “demora”, tienen los pies sujetos los desempleados, los pobres o los que sienten que no han podido integrarse convenientemente en su país de residencia.

(Mapa de elmundo.com)

Un acontecimiento accidental, o al menos no buscado por el poder, como es el de la muerte de dos jóvenes (electrocutados) mientras huían de la policía, generó una oleada de manifestaciones en varias comunidades populares (con mayoría de inmigrantes) en el territorio francés, pero éstas encontraron respuesta en los sectores radicales de la derecha en el país.

(Foto AFP)

Empantanados en esa ideología inmovilista que se mueve por los círculos pulidos –muchos ignorantemente- entre la clase burguesa conservadora (en la terminología de Marx, que, por cierto, la derecha debería leer más para evolucionar y ponerse al día en la historia), vienen creyendo que el empleo de la fuerza acaba con un problema social de esta naturaleza, y esto es falso. 

(Foto AFP)

¡Madre mía, como dejáramos avanzar a la estrategia de Jean Marie Le Pen! El dirigente de la extrema derecha del Frente Nacional, hizo ayer un llamamiento a que interviniese el ejército en la situación. Sus palabras tuvieron eco en otras figuras de esta tendencia en Francia, como Phillipe De Villiers, del partido de derecha Movimiento por Francia, quien señaló que la policía no estaba totalmente preparada para controlar los desórdenes, por lo que era necesaria la presencia de las fuerzas armadas.

La sugerencia, siempre interpretable desde el viejo adagio de "violencia genera violencia", por fortuna no ha sido atendida por el gobierno de Dominique de Villepin, que no ha tomado esta vía para atacar el problema que tiene actualmente encima. En una entrevista de televisión, el jefe de Gobierno francés anunció que "es prematuro" enviar el ejército a las calles de los suburbios, pero anunció un refuerzo de las fuerzas policiales (de más de 1.500 efectivos) en los puntos neurálgicos de los hechos de violencia. Además abrió la puerta para que los mandatarios locales de los suburbios pudiesen implementar toques de queda de considerarlo pertinente.

El centro del problema, el de los reclamos sociales demandados por los sectores reclamantes, parece haber sido entendido por Villepin. En efecto, éste anunció nuevos programas en materia de educación, urbanismo y vivienda para las áreas necesitadas.

Sin embargo, el debate ha ido creciendo, moviéndose entre los polos opuestos de quienes piden la "mano dura" y quienes más bien señalan la necesidad de atender el tema de fondo: las reivindicaciones sociales. Este último problema, como explicó el editor de este blog en el INAP, en su clase sobre “Cambio y desarrollo social en el siglo XXI”, es un tema salido de la globalización y del fracaso, al menos transitorio, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Por tanto, es un tema alejadísimo de una simpleza de análisis político que acaban de divisar estos aires parreños en el editorial del Minuto Digital de hoy. Verdaderamente ni la causa, ni los efectos, ni la solución permiten llevar ésta a “una política de coraje y firmeza se logrará llevar a buen puerto ese proyecto de una nueva Roma que constituye la Unión Europea. Si esto no se efectuara, si no surgen políticas robustas que sustituyan las timoratas filosofías progresistas, una Europa cada vez más decadente quedará a merced de estos nuevos bárbaros”. ¡Por favor! Y luego se llaman cristianos. Son estrictos falangistas.

Primero tienen que escuchar a la población afectada, que, después de varias jornadas de quema de vehículos y choques con la policía, nos muestran a comunidades que manifiestan que ya basta. Y, algo que debe hacer pensar a los defensores de la mano dura, existen algunas voces que han germinado indicando que los autos quemados son de las mismas personas que residen en el área, en las mismas condiciones.

Contra las declaraciones del ministro del Interior francés, Nicolás Sarkozy, torpe donde los haya, al calificar de "mafias" y "bandidos" a quienes protestaban, la inteligencia reclama la otra determinación del gobierno francés, que ha contactado con negociadores dentro de las comunidades para intentar aplacar los ánimos. En esta dirección cobra mayor importancia el papel que han tenido que asumir varios dirigentes comunitarios, figuras deportivas o religiosas, los cuales tratan ahora de volver a tender los puentes con quienes se mantienen en protesta. Es el caso de varias mezquitas de los suburbios de París, como una en Seine Saint-Denis, donde se emitieron mensajes pidiendo el cese de la violencia.

        Pero todavía ayer lunes hubo algunas escaramuzas en Lille, al norte de Paris, y en Toulouse, al sur. Es decir, la imagen de carros y autobuses quemados volvió a aparecer por duodécima noche consecutiva. Al final, en la capital, la fuerte presencia policial buscaba poner fin al caos vivido -que incluso llegó el domingo en la noche al centro de la ciudad-, pero el daño ya está hecho y ahora queda una tensa calma. Es una tregua escondida detrás de las aspiraciones de tipo social que se reclaman, con unos argumentos sobre una justicia social insatisfecha. Pero un vistazo sociológico serio no ve -todavía al menos- ningún escondite hecho, como pulula la derecha reaccionaria, con la clara intención de abatir la sociedad europea, para imponer dentro de la misma una ley y una cultura extraña.

La raíz del problema puede estar en que ninguno de esos inmigrantes, aún después de varias generaciones, se siente francés. Pero de ahí a decir que resulte imprescindible lograr la asimilación de los mismos para lograr la paz social, dista un amplio espacio. Un hondo trayecto que en ningún instante puede desconocer las sólidas bases de la Política Social integradora.

(Foto AFP)

La mejor prueba de esto último la he obtenido de BBC MUNDO.com. Se evidencia ahí que los disturbios son una muestra del descontento que reina entre muchos jóvenes franceses cuyo origen proviene del norte de Africa. Henri Astier de la BBC, aborda el tema de la discriminación, la principal causa de frustración en los ghettos de Francia. Y desde España le doy la razón, desde la experiencia que he ido acumulando desde 1992 (cuando realicé la investigación “Los inmigrantes en los medios de comunicación social españoles” para el IEE, el Instituto Español de Emigración, encargado de esta política por aquellas fecha). Astier, en concreto, nos habla de Sadek, que recientemente dejó su trabajo repartiendo verduras cerca de Saint-Denis, justo al norte de París. El joven estaba cansado de subir escaleras cargando bolsas muy pesadas. Sadek, que tiene 31 años, culminó la educación secundaria y por ello aspira a obtener un trabajo mucho mejor. Sin embargo, él sabe que sus opciones son limitadas. "Con un nombre como el mío, no puedo conseguir un empleo en ventas", dice. El trabajo en telemarketing puede ser una posibilidad - la gente como no lo vería, ignoraría que tiene raíces árabes. Sin embargo, para ello tendría que trabajar utilizando un nombre falso.

La historia de Sadek resume las posibilidades de empleo que tienen los hijos y nietos de los inmigrantes musulmanes en Francia. Puede que ellos tengan papeles que los identifican como franceses, pero estos jóvenes saben que Alí y Rachid progresarán mucho menos en comparación con quienes se llamen Alain o Richard. La discriminación racial está prohibida en Francia, pero una mirada rápida a la gente que trabaja en cualquier tienda u oficina sugiere que es una práctica generalizada en el país. Y las estadísticas oficiales confirman la impresión que se percibe en las calles.

El desempleo entre la gente de origen francés es de 9,2%. Entre aquellos de origen extranjero, la cifra es de 14% - aún después de los ajustes relacionados a la educación recibida por este segmento de la población. El grupo de presión SOS Racisme a menudo denuncia casos de empleadores que descartan a aspirantes que han aplicado a un puesto de trabajo porque tienen nombres extranjeros.

Se dice que la discriminación es particularmente elevada en las industrias de hotelería y ventas a minoristas, pero también se evidencia en aquellos empleos que no involucran contacto con el público. "Las puertas están cerradas cuando eres árabe", indica Yazid Sabeg, un escritor y hombre de negocios. Para muchos jóvenes, la primera vez que experimentan la exclusión es cuando tratan de ingresar a un club nocturno o discoteca. "La primera vez que el vigilante en la entrada te dice: Tú no entras, lo aceptas", dice Nadir Dendoune, un periodista de Saint-Denis. "Pero luego de dos o tres veces, te regresas a casa cargando un bolso de odio sobre tus hombros." Y cuando no puedes conseguir empleo, Dendoune señala que el abatimiento se convierte en paranoia. Alucinaciones y chifladuras que necesita conocer más y mejor el por qué y echar mano de mejores programas sociales y soluciones políticas. Toda una advertencia que, a medio plazo, como admonición destaco ahora para España y sus políticos.

                                                                                  Los Aires de La Parra

 

La violencia se ha adueñado de varias ciudades de Francia en los últimos 12 días. Destacan principalmente los sucesos ocurridos en los suburbios de París, que ponen sobre la mesa de debate la política general desarrollada  en materia de inclusión (más bien de exclusión) social en el vecino país. En esos ámbitos llenos de ascuas, que llevan años limándose a base de programas de “demora”, tienen los pies sujetos los desempleados, los pobres o los que sienten que no han podido integrarse convenientemente en su país de residencia.

(Mapa de elmundo.com)

Un acontecimiento accidental, o al menos no buscado por el poder, como es el de la muerte de dos jóvenes (electrocutados) mientras huían de la policía, generó una oleada de manifestaciones en varias comunidades populares (con mayoría de inmigrantes) en el territorio francés, pero éstas encontraron respuesta en los sectores radicales de la derecha en el país.

(Foto AFP)

Empantanados en esa ideología inmovilista que se mueve por los círculos pulidos –muchos ignorantemente- entre la clase burguesa conservadora (en la terminología de Marx, que, por cierto, la derecha debería leer más para evolucionar y ponerse al día en la historia), vienen creyendo que el empleo de la fuerza acaba con un problema social de esta naturaleza, y esto es falso. 

(Foto AFP)

¡Madre mía, como dejáramos avanzar a la estrategia de Jean Marie Le Pen! El dirigente de la extrema derecha del Frente Nacional, hizo ayer un llamamiento a que interviniese el ejército en la situación. Sus palabras tuvieron eco en otras figuras de esta tendencia en Francia, como Phillipe De Villiers, del partido de derecha Movimiento por Francia, quien señaló que la policía no estaba totalmente preparada para controlar los desórdenes, por lo que era necesaria la presencia de las fuerzas armadas.

La sugerencia, siempre interpretable desde el viejo adagio de "violencia genera violencia", por fortuna no ha sido atendida por el gobierno de Dominique de Villepin, que no ha tomado esta vía para atacar el problema que tiene actualmente encima. En una entrevista de televisión, el jefe de Gobierno francés anunció que "es prematuro" enviar el ejército a las calles de los suburbios, pero anunció un refuerzo de las fuerzas policiales (de más de 1.500 efectivos) en los puntos neurálgicos de los hechos de violencia. Además abrió la puerta para que los mandatarios locales de los suburbios pudiesen implementar toques de queda de considerarlo pertinente.

El centro del problema, el de los reclamos sociales demandados por los sectores reclamantes, parece haber sido entendido por Villepin. En efecto, éste anunció nuevos programas en materia de educación, urbanismo y vivienda para las áreas necesitadas.

Sin embargo, el debate ha ido creciendo, moviéndose entre los polos opuestos de quienes piden la "mano dura" y quienes más bien señalan la necesidad de atender el tema de fondo: las reivindicaciones sociales. Este último problema, como explicó el editor de este blog en el INAP, en su clase sobre “Cambio y desarrollo social en el siglo XXI”, es un tema salido de la globalización y del fracaso, al menos transitorio, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Por tanto, es un tema alejadísimo de una simpleza de análisis político que acaban de divisar estos aires parreños en el editorial del Minuto Digital de hoy. Verdaderamente ni la causa, ni los efectos, ni la solución permiten llevar ésta a “una política de coraje y firmeza se logrará llevar a buen puerto ese proyecto de una nueva Roma que constituye la Unión Europea. Si esto no se efectuara, si no surgen políticas robustas que sustituyan las timoratas filosofías progresistas, una Europa cada vez más decadente quedará a merced de estos nuevos bárbaros”. ¡Por favor! Y luego se llaman cristianos. Son estrictos falangistas.

Primero tienen que escuchar a la población afectada, que, después de varias jornadas de quema de vehículos y choques con la policía, nos muestran a comunidades que manifiestan que ya basta. Y, algo que debe hacer pensar a los defensores de la mano dura, existen algunas voces que han germinado indicando que los autos quemados son de las mismas personas que residen en el área, en las mismas condiciones.

Contra las declaraciones del ministro del Interior francés, Nicolás Sarkozy, torpe donde los haya, al calificar de "mafias" y "bandidos" a quienes protestaban, la inteligencia reclama la otra determinación del gobierno francés, que ha contactado con negociadores dentro de las comunidades para intentar aplacar los ánimos. En esta dirección cobra mayor importancia el papel que han tenido que asumir varios dirigentes comunitarios, figuras deportivas o religiosas, los cuales tratan ahora de volver a tender los puentes con quienes se mantienen en protesta. Es el caso de varias mezquitas de los suburbios de París, como una en Seine Saint-Denis, donde se emitieron mensajes pidiendo el cese de la violencia.

        Pero todavía ayer lunes hubo algunas escaramuzas en Lille, al norte de Paris, y en Toulouse, al sur. Es decir, la imagen de carros y autobuses quemados volvió a aparecer por duodécima noche consecutiva. Al final, en la capital, la fuerte presencia policial buscaba poner fin al caos vivido -que incluso llegó el domingo en la noche al centro de la ciudad-, pero el daño ya está hecho y ahora queda una tensa calma. Es una tregua escondida detrás de las aspiraciones de tipo social que se reclaman, con unos argumentos sobre una justicia social insatisfecha. Pero un vistazo sociológico serio no ve -todavía al menos- ningún escondite hecho, como pulula la derecha reaccionaria, con la clara intención de abatir la sociedad europea, para imponer dentro de la misma una ley y una cultura extraña.

La raíz del problema puede estar en que ninguno de esos inmigrantes, aún después de varias generaciones, se siente francés. Pero de ahí a decir que resulte imprescindible lograr la asimilación de los mismos para lograr la paz social, dista un amplio espacio. Un hondo trayecto que en ningún instante puede desconocer las sólidas bases de la Política Social integradora.

(Foto AFP)

La mejor prueba de esto último la he obtenido de BBC MUNDO.com. Se evidencia ahí que los disturbios son una muestra del descontento que reina entre muchos jóvenes franceses cuyo origen proviene del norte de Africa. Henri Astier de la BBC, aborda el tema de la discriminación, la principal causa de frustración en los ghettos de Francia. Y desde España le doy la razón, desde la experiencia que he ido acumulando desde 1992 (cuando realicé la investigación “Los inmigrantes en los medios de comunicación social españoles” para el IEE, el Instituto Español de Emigración, encargado de esta política por aquellas fecha). Astier, en concreto, nos habla de Sadek, que recientemente dejó su trabajo repartiendo verduras cerca de Saint-Denis, justo al norte de París. El joven estaba cansado de subir escaleras cargando bolsas muy pesadas. Sadek, que tiene 31 años, culminó la educación secundaria y por ello aspira a obtener un trabajo mucho mejor. Sin embargo, él sabe que sus opciones son limitadas. "Con un nombre como el mío, no puedo conseguir un empleo en ventas", dice. El trabajo en telemarketing puede ser una posibilidad - la gente como no lo vería, ignoraría que tiene raíces árabes. Sin embargo, para ello tendría que trabajar utilizando un nombre falso.

La historia de Sadek resume las posibilidades de empleo que tienen los hijos y nietos de los inmigrantes musulmanes en Francia. Puede que ellos tengan papeles que los identifican como franceses, pero estos jóvenes saben que Alí y Rachid progresarán mucho menos en comparación con quienes se llamen Alain o Richard. La discriminación racial está prohibida en Francia, pero una mirada rápida a la gente que trabaja en cualquier tienda u oficina sugiere que es una práctica generalizada en el país. Y las estadísticas oficiales confirman la impresión que se percibe en las calles.

El desempleo entre la gente de origen francés es de 9,2%. Entre aquellos de origen extranjero, la cifra es de 14% - aún después de los ajustes relacionados a la educación recibida por este segmento de la población. El grupo de presión SOS Racisme a menudo denuncia casos de empleadores que descartan a aspirantes que han aplicado a un puesto de trabajo porque tienen nombres extranjeros.

Se dice que la discriminación es particularmente elevada en las industrias de hotelería y ventas a minoristas, pero también se evidencia en aquellos empleos que no involucran contacto con el público. "Las puertas están cerradas cuando eres árabe", indica Yazid Sabeg, un escritor y hombre de negocios. Para muchos jóvenes, la primera vez que experimentan la exclusión es cuando tratan de ingresar a un club nocturno o discoteca. "La primera vez que el vigilante en la entrada te dice: Tú no entras, lo aceptas", dice Nadir Dendoune, un periodista de Saint-Denis. "Pero luego de dos o tres veces, te regresas a casa cargando un bolso de odio sobre tus hombros." Y cuando no puedes conseguir empleo, Dendoune señala que el abatimiento se convierte en paranoia. Alucinaciones y chifladuras que necesita conocer más y mejor el por qué y echar mano de mejores programas sociales y soluciones políticas. Toda una advertencia que, a medio plazo, como admonición destaco ahora para España y sus políticos.

                                                                                  Los Aires de La Parra

Puntos y comas en el Estatuto de Cataluña (IV)

                          

De acuerdo con lo anunciado en nuestros aires, el Pleno del Congreso ha aceptado tomar en consideración el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña presentado por el Parlamento de esa Comunidad autónoma, con los votos a favor de todos los grupos excepto el popular. Tras más de diez horas de debate, la votación de totalidad del texto arrojó el siguiente resultado: 197 votos a favor, 146 en contra y una abstención (del diputado socialista por Asturias, Celestino Suárez, previsiblemente por error).

Ramón Tamames, en su blog, ha hecho una síntesis, con enunciado incluido (de “chirigotas polisémicas”, en las que incurrió ZP, descubierto rápidamente por el inteligente líder del PP), bastante objetiva de la sesión, que nos ahorra por ahora ciertos comentarios.

Para comenzar, los tres ponentes llegados de Barcelona, hicieron su papel; cada uno a su aire. Carod Rovira exprimió en la tribuna argumentos ya trillados para dirigirse enfáticamente a sus electores actuales o potenciales. Artur Mas se mantuvo en sus trece, con bastante engreimiento. Por su parte, Manuela de Madre, Doña Sonrisas del PSC, hizo una presentación más bien humilde y bonachona.

Como era natural, la parte fundamental del debate fue la que mantuvieron el Presidente del Gobierno y el Jefe del primer partido de la oposición. En ese turno, Rodríguez Zapatero, hizo un discurso-pregón –según matiza el laureado economista- de horizontes más bien cortos, emitiendo no pocas falacias y excesivas citas superfluas con poca información. Además —como luego le subrayó Rajoy—, incurrió en las mentadas “chirigotas polisémicas”. Y se quedó tan satisfecho, al encontrar una expresión para Cataluña (de las ocho fórmulas mágicas que dijo hace días estaban en su repertorio), como “entidad nacional”. Lo cual, recalca Ramón Tamames, la asocia a entidades como las financieras, crediticias y comerciales; rebajando incluso el término del artículo 2 de la Constitución, de nacionalidad. “Para este viaje, no hacían falta alforjas”, pensamos muchos. Así, el invento zetapetista se convierte en un brindis al sol, comme d’habitude, que podría haber dicho Villepin. Por lo demás, el discurso, no tuvo ninguna novedad esencial y, si hubiera que puntuarlo, no pasaría más del aprobado.

Mariano Rajoy estuvo en su deliberación parlamentaria algo más elevado que en el anterior proyecto de Ibarrache. Sus palabras combinaron la precisión jurídica –de un sobrado registrador de la propiedad-, con un sentido del humor cauteloso y sensato, aunque desbordado a veces en una cierta sorna, como buen gallego. Lo principal de su mensaje fue aquello del principio, que traza así el traído profesor Tamames: “Si estamos tan bien como Vd. ha dicho, Sr. Presidente del Gobierno, y todo funciona a la perfección ¿por qué cambiar nada, y aún menos una Constitución que nos ha asegurado treinta años de prosperidad? Aparte de esa clarificación, Rajoy dejó bien en claro la clave del debate: el proyecto de Estatuto encubre una verdadera reforma de la Constitución. Y quedaron muy bien las citas de los Ilustrados, de Jefferson, y de la Constitución de 1787 de EE.UU. Sin olvidar La Pepa de 1812, de donde procede nuestro marchamo de Nación Española”. En suma, Rajoy en esta ocasión -lo quieran o no los periodistas “bienpagados”- obtuvo una puntuación de sobresaliente raspado (un ocho y medio).

Y el resto de la tarde fue más bien tediosa, como casi siempre. Llegándose a la votación con el resultado que ya se sabía de antemano. Ahora cabrá mirar de vez en cuando a la Comisión Mixta Congreso/Generalidad, para ver cómo fabrica sus potingues singulares con los materiales que ya le han llegado, a los que se tendrán que unir las enmiendas que todavía están por producirse. De esta forma, si no hay sobresaltos, no habrá Estatuto hasta el verano del 2006. ¡Ahí es nada!

Ante el amplio tiempo que queda para que el nuevo texto “constituyente” catalán se retoque en el Congreso, vamos a ver cómo Manuel Azaña u Ortega y Gasset van a salir en las nuevas partituras que intenten hacer que se oiga la música estatutaria. Los Aires de La Parra no creen que el repertorio de estos dos grandes políticos españoles sean los que deban escucharse durante los próximos meses. Como tampoco tiene razón de ser la euforia catalana que han registrado algunos editorialistas de los medios de comunicación con base en Cataluña. Contra su parecer pueden leer lo escrito en Madrid por las distintas esferas ideológicas que arropan a los diarios de la capital.

Después de lo señalado, en consecuencia, nuestros aires se dispersan con la opinión medular de que todo cuanto en conjunto se vio el 2 de noviembre de 2005 en Madrid es una muestra evidente –otra más, de las muchas que situarán los puntos y las comas que forjemos- de que España y Cataluña no son dos realidades antagónicas. Esto es lo principal del debate y el gran barco que ha de llevar a buen puerto a los políticos encargados de una reforma demandada por la mayoría del pueblo catalán. En este trayecto se ve un componente dramático que debe ser superado: el de la reforma territorial de España. Todavía estamos con el Título VIII a cuestas, un aspecto que Aznar no supo desarrollar ni adaptar a las demandas de las “entidades periféricas”, y que, sin embargo, como demuestran numerosos estudios, ni es difícil ni rompe con el Estado estructurado desde 1978.

Este no debe romperse ni tampoco alterar la convivencia -¡fuera ya de una vez las encrespadas campañas comerciales de boicot a los productos catalanes-. Mucho mejor, desde la alta perspectiva meseteña de La Parra conquense, podríamos quedarnos –porque la POLÍTICA lo permite- antes con la España idílica pintada por Zapatero que con la España setentayochista de Rajoy. Es preferible una España de libertad, de igualdad y de solidaridad, infraestructura política de ese paraíso plural de culturas que conviven e idiomas que enriquecen. Esto no quita que se omitan los riesgos potenciales derivados de la inquietud temida por Rajoy; esto es, que un Estatuto como el que acaba de entrar en el Congreso sea de verdad la “constitución” de una nación autárquica que se llama Cataluña. En resumidas cuentas, aunque soñemos con la España de ZP, no desdeñemos los recelos y prevenciones de Rajoy.

                                                                                Aires de La Parra

Puntos y comas en el Estatuto de Cataluña (III)

                                                              

El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña empieza hoy, 2 de noviembre de 2005, a partir de las 13:00 horas, su recorrido parlamentario con la celebración del debate de toma en consideración por parte del Congreso, la puerta que debe traspasar el texto para después ser estudiado y, en su caso, modificado y aprobado por las Cortes.

El resultado de la votación ofrece pocas dudas, ya que las posiciones adelantadas por los diferentes grupos -todos excepto el PP han dicho que votarán a favor- hacen seguro que el Congreso aceptará tomar en consideración el texto enviado por el Parlamento catalán. El PP es el único grupo que ha anunciado su voto en contra a la toma en consideración del texto, ya que considera que es en realidad una reforma constitucional encubierta y que debería discutirse como tal.

La sesión debe iniciarse con la intervención de los tres diputados catalanes -el líder de CiU, Artur Mas, el presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep-Lluis Carod-Rovira y la presidenta del grupo socialista Manuela de Madre- elegidos por el Parlamento autonómico para defender el contenido del Estatuto ante el Congreso durante media hora cada uno.

A las 4 de la tarde incumbe dar respuesta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sin límite de tiempo, y al resto de portavoces de los grupos políticos, empezando por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Sesión interesante donde las haya, tiene previsto proporcionar su luz verde a la admisión a trámite del texto, aprobado en septiembre en el Parlamento catalán con un respaldo del 90 por ciento de esta Cámara, que, sin  embargo, recoge puntos considerados anticonstitucionales tanto por PSOE y PP, los dos principales grupos de la Cámara Baja española.

A estas alturas de la controversia, sabemos que mientras el PP ha anunciado que presentará recursos de amparo e inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el PSOE prefiere debatirlo y proponer enmiendas relativas a temas como la financiación, la relación con el Estado, las competencias, los derechos históricos, el poder judicial y la lengua. Concretamente el presidente del Gobierno hará propuestas concretas de una manera “directa e integradora”, según el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Así, respecto al polémico artículo primero del proyecto, que define a Cataluña como una nación, el PSOE pedirá una modificación. Por su parte, el PP estima que la reforma estatutaria planteada, que daría lugar al tercer Estatuto en su historia para Cataluña, supondría una modificación de la Constitución española de 1978, por lo que considera que el trámite parlamentario debe ser diferente. “Es una Constitución que modifica nuestra Constitución”, dijo el martes el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana; incluso dijo más: constituye una "emboscada a la Constitución" que se trate como una reforma estatutaria. Por este motivo el máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy, defenderá en el debate que la única solución para el Estatuto de Cataluña es retirarlo y devolverlo al Parlamento catalán, y pedirá al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que valore si le compensa "romper el consenso constitucional".

Este último planteará ofertas o propuestas concretas para modificar el texto aprobado por el Parlamento catalán y mantendrá una actitud de apostar por el diálogo y el sosiego frente al "tremendismo" de la derecha española. Los ofrecimientos de Zapatero estarán basados en el informe de expertos constitucionalistas realizado a instancias del PSOE y se concentrarán en cuatro aspectos fundamentales: las leyes orgánicas (sólo pueden ser aprobadas por el Congreso), la unidad de mercado (debe conservarse como un precepto constitucional), la financiación (el Estado no puede hacer dejación de determinados impuestos de titularidad estatal) y la bilateralidad de las relaciones entre Cataluña y el Estado. En el instante de hacer esta glosa politológica, Presidencia no ha desvelado si Zapatero planteará en el debate alguna propuesta alternativa al término "nación", uno de los aspectos más polémicos del texto y para cuya sustitución el presidente dijo tener hasta ocho alternativas.

Acabado su turno, tomarán la palabra cada uno de los grupos parlamentarios, comenzando por el PP y siguiendo por los grupos de mayor a menor, a excepción del PSOE, que cerrará la primera ronda de intervenciones. Posteriormente habrá una segunda ronda, en la que también podrán tomar la palabra los representantes del Parlamento de Cataluña, antes de la votación final que se producirá, previsiblemente, ya por la noche.

De aprobarse la toma en consideración del texto, se emprendería una larga tramitación. Primero el texto del proyecto estatutario sería enviado a la Comisión Constitucional y se abriría un plazo para presentar enmiendas. Además se crearán dos ponencias mixtas -compuestas por diputados del Congreso y del Parlamento Catalán- que discutirán conjuntamente los cambios.

Después, el Pleno de la Cámara tendría que votar el texto resultante, que en caso de ser aprobado, se llevaría al Senado y luego de vuelta al Congreso.

Una vez aprobado en la Cámara Baja, se devolvería al Parlamento catalán que, de estar de acuerdo con las eventuales modificaciones, convocaría un referéndum.

Narrado el proceso como acaba de hacerse los tildes dramáticos se rebajan muchísimo, principalmente los voceados entre los individuos, los grupos y las organizaciones emplazadas en la derecha iconólatra española. Ésta tiene que aprender todavía que el patriotismo nunca tiene por qué estar enfrentado a la honestidad personal y el consenso social, y que siempre son muy respetables las ideas contrarias que, razonablemente, pueden poseer otros individuos, pues el pensamiento político nunca ha sido ni será único. Otra cosa es buscar imponerlo al prójimo. Y la defensa de España, por supuesto, ni tiene una sola perspectiva, ni tampoco compone un escenario univalente. A este gran país se le puede concebir y “querer” –esta es la palabra y el concepto esencial- de muchos modos. Lo importante en estos momentos, alejados del desfasado uniformismo del ex presidente Aznar, un Nostredamus inconsecuente en razón de sus tergiversadores análisis divulgados desde la Fundación del PP que ahora preside, el mejor consejo que puede darse es el de “leer el Estatuto nacionalista de Cataluña”, como aconsejó en su blog lleno de argumentos otro popular, el profesor y diputado europeo Alejo Vidal-Quadras.

Que el nuevo Estatuto de Cataluña no es un Estatuto de Autonomía, en sentido estricto y de acuerdo con la acepción constitucional objetiva, es evidente. Antes bien, posee signos directos de ser antes una “pseudo-constitución” cuyo mayor defecto es que la retira (no queremos los Aires de La Parra utilizar aún el concepto de “separación”, hasta no escuchar la intervención en el Congreso de los tres diputados catalanes delegados en Madrid para la defensa de aquél) de España. Y la “aparta” al liquidar la presencia del Estado español en esa todavía Comunidad. A este grave asunto, indelegable y cuya oferta no puede obtener nada más que el simple rechazamiento, hay que sumar el hecho de que por sí solo fragmenta la unidad de mercado en el territorio nacional –y por esto no han de hacerse cruces los catalanes al ver la campaña de rechazo a sus productos en el resto del territorio español, porque es una “respuesta del propio mercado”, que no va a asumir sin más lo que decidan unos líderes nacionalistas marcados por un lucro parcial-. Por si fuera poco, asimismo vulnera el principio de solidaridad y, además, sustrae del pueblo español en su conjunto la soberanía que la Carta Magna de 1978 le atribuye en exclusiva de manera indivisible.

Hemos visto ya en qué ha consistido la estrategia nacionalista, con Maragall a la cabeza. Y sobre la misma volveremos en nuestros aires, porque a lo largo del mes pasado han perdido el tiempo desinformando a la ciudadanía. Una torpeza e impericia sólo apta para encrespar los ánimos de los sectores antiestutarios más radicales, ya que son precisamente los menos dispuestos a entender el borrador como un texto compatible con la Constitución. Era una maniobra mendaz, desmontada rápidamente por los expertos constitucionalistas sabedores muy bien del contenido y el alcance del nuevo Estatuto. A éste, en definitiva, sólo le cabe una severa re-escritura en el Congreso, le duela o no al tripartito catalán y a sus aspirantes a sucederles, CiU.

                                                                                           Aires de La Parra

                                                                                                                                           

El uso partidista de los medios de comunicación

 

Decía el periodista César Alonso de los Ríos en el casi lejano mes de abril de 2004 que los socialistas habían puesto de moda, machacona e insistentemente -desde que pusieron como aspirante al sillón de La Moncloa a ZP-, el término «talante» en la jerga política. Con esta nueva “llegada” el éxito o la derrota política no dependía de la realización de un programa y de la idea que se tuviera de la Nación, sino de la actitud ante la vida. O sea, el talante. Para los socialistas ahí radican las diferencias con las gentes del PP o más concretamente con Aznar, que era en esos instantes el que mejor representaba la sensibilidad colectiva de la derecha española. Según los representantes del desfasado y endeble pensamiento, Zapatero habría ganado las elecciones del mes de marzo anterior por mantener un «mejor talante» ante la realidad nacional.

Ya en el poder, los socialistas han intentado seguir dando importancia a este recurso psicologista, que en la oposición les dio mucho y buen juego. El talante, que es, a falta de ideología, una forma de estar ante el mundo, les resultó muy útil para diferenciarse del PP. Frente al «dogmatismo», la «intransigencia» y el «autoritarismo» de la derecha, ellos se presentaban como «liberales», «pactistas» y «dialogantes». Incapaces de definirse ideológicamente recurrieron a las relaciones públicas, al formalismo, al estado de ánimo. Al talante.

En un breve recorrido por el pensamiento político español, César Alonso de los Ríos destaca que el término fue un concepto recurrente en la literatura política de los intelectuales falangistas críticos (Laín, Ridruejo, Tovar...) en los años cuarenta y cincuenta, pero quien lo utilizó más y con mayor provecho cultural fue el primer Aranguren (no por eso «joven» si tenemos en cuenta que nació en 1909). Primero lo empleó como una forma de sensibilidad poética: el talante clásico y el romántico («Poesía y existencia», 1949). Posteriormente, en el ensayo sobre «La evolución espiritual de los intelectuales españoles en el exilio» (1953), le da un alcance más político, y en la meditación que sitúa en su finca abulense El Cerezo, Aranguren habla del «talante apocalíptico de este tiempo». Veía amenazas de una nueva guerra mundial. Pero fue en la introducción a «Catolicismo y protestantismo» donde hizo nada más y nada menos que toda «una teoría del talante». Para el ensayista castellano «el hombre, cada hombre, se encuentra siempre en un estado de ánimo» que colorea necesariamente la visión de las cosas de tal modo que la realidad termina apareciendo como un reflejo del talante. Es una inversión del marxismo. El ser personal determina el ser social. El odio, la envidia, el resentimiento, el talante, en definitiva, decide la visión de las cosas. Es «humanamente imposible un talante puro».

En aquellos años de ideología única, la cuestión del talante podía servir para explicar las razones de la discrepancia, incluso para justificar la disensión o la heterodoxia. Se llegó entonces a identificar talante con «temple» y se habló de la «voluntad de estilo» no sólo en relación con la obra literaria, sino con la realización de la persona misma, destaca Alonso de los Ríos. Por eso ha llamado la atención de muchos que el término talante se haya colocado en la vida política como un canon. Y ¿por qué? En gran medida, para disimular el vacío ideológico e incluso el vacío de creencias, como exhiben algunos ministros y ministras del Gobierno de Rodríguez Zapatero todos días. El que lo hace en mayor grado es José Bono, el ministro de Defensa, que no hay día que deje pasar sin aparecer en los medios de comunicación, y casi siempre para hacer cábalas y discernimientos poco emparentados con su ministerio.

Es esa una forma, otra más, de intentar tapar con recursos psicológicos y formas de comportamiento externo unas innegables tendencias al totalitarismo de estos señores. Constituye un nuevo totalitarismo muy usado por los malos gestores públicos, que se “salen del eje” de la Cosa Pública para volcar los regueros de tinta en beneficio propio, a favor de su promoción personal.

La teoría del poder que teoriza Michel Foucault puede ser adaptada al sistema de los medios de comunicación actuales. Con esto, aunque no se pueda hablar de un paralelismo completo entre Foucault y el modelo de propaganda que expone Noam Chomsky en Ilusiones necesarias. Control del pensamiento en las sociedades democráticas, sí podemos establecer algunos puntos en común, que sirven para tomar conciencia de la importancia de releer la historia de nuestros días, que está siendo filtrada por los medios de comunicación y que pasará al futuro como tal, si no se reemplaza por otra, canalizada por la labor de un genealogista, en el sentido nietzscheano y posteriormente foucaultiano del término.

En ese libro Chomsky afirma la conveniencia de realizar un análisis del "control del pensamiento, tal y como se lleva a cabo por medio de la acción de los medios de comunicación nacionales y elementos afines de la cultural intelectual de elite", es decir, analizar la propaganda política en los medios de comunicación, lo que en términos foucaultianos correspondería al análisis de unas prácticas extradiscursivas (instituciones), que, sin embargo, se materializan en prácticas discursivas, si entendemos por ello los mensajes mediáticos en los que se actualiza la información. Es decir, que para poder analizar unas instituciones como los medios, debemos hacer uso del producto que nos ofrecen, porque es en él en donde vamos a encontrar la verdadera manifestación de un control del poder sobre las mentes. Si en Vigilar y castigar de Foucault asistimos a un poder ejercido sobre los cuerpos, aquí estos quedan en segundo lugar, mientras que el control se efectúa directamente sobre el pensamiento.

Para ello existen varias técnicas que ponen de manifiesto una auténtica microfísica o tecnología del poder, muy desarrollada por la proliferación y perfeccionamiento de las prácticas manipuladoras y propagandísticas en las últimas décadas. Como consecuencia, el control sobre las mentes se efectúa de una forma sutil, refinada, que convierte a los manipuladores en auténticos artífices de la desinformación planificada. En esto, desde que se curtió en Fuensalida (palacio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo) Bono, no es que sea un artista, es que engloba su “talante” y su única forma de hacer política. Desconoce otra y así se lo ha enseñado a sus discípulos (comenzando por Barreda, su sucesor en el cargo autonómico).

Con lo fácil que resulta desmontar –con una estrategia permanente y bien curtida- ese proceder, nuestros aires parreños se han preguntado en numerosas ocasiones cómo es posible la incapacidad del PP por sacar del poder a los socialistas en esta Comunidad autónoma, sabiendo que con la manipulación termina siempre una campaña defenestradora de cualquier ideología edificada en la propaganda política que vaya de la mano de la simple promoción personal.

Así nos lo enseña Chomsky al tratar la que él llama ingeniería de la historia. En este sentido, los medios de comunicación hacen una construcción artificial que pretende dar como verdaderos, hechos históricos que no lo son, diseñada para inducir a la conformidad respeto a la doctrina (“oficial”) establecida. Los medios, por tanto, construyen la historia interesadamente. Las consecuencias de esto son incalculables si tenemos en cuenta que el periodismo ejerce la labor del historiador del presente, cuyos documentos serán materia de estudio de los historiadores del futuro, como hasta ahora han sido. La historia que están construyendo, una vez que las técnicas de manipulación, como decíamos, son más sofisticadas, no es más que eso, una construcción, seleccionada del cómputo total de acontecimientos, una construcción por tanto, totalmente arbitraria en el devenir histórico en su conjunto, pero perfectamente adaptada a unos intereses políticos definidos. De aquí la importancia, destacada por Inmaculada Murcia en su trabajo titulado De Foucault a Chomsky: La teoría del poder y los medios de comunicación, de ejercer una labor genealógica en la historia del presente se hace, por tanto, necesaria, ahora que la concienciación en cuanto a la importancia de estudiar la historia en términos asépticos, sobre todo en determinados acontecimientos históricos.

Este es el motivo fundamental de la entrada de los Aires de La Parra en el fenómeno de los blogs, ya que estos, como están demostrando, frenan –al no permitir esas prácticas discursivas subjetivas y parciales, siempre desmontadas después, más pronto o más tarde- las pautas promocionales de orden individual practicadas por determinados medios (sobre todo locales), altamente narradas por los teóricos de la comunicación.

La ingeniería de la historia se fabrica con el uso de ciertas tecnologías del poder como el ocultamiento de hechos, la omisión. Aún nos pone los pelos de punta el hecho de pensar que Sadam Hussein, aquel "monstruo satánico que iba a invadir el mundo", había accedido a negociar con los aliados en aras de evitar la guerra, sin que los medios de comunicación occidentales, orquestados por la batuta estadounidense, hicieran caso alguno de su propuesta.

De todas formas, como bien dice Inmaculada Murcia, la tecnología del poder más importante de los medios de comunicación es la utilización del lenguaje, no sólo verbal, sino también icónico. A un nivel pragmático, los media parecen fomentar el debate y la discusión, pero ocultan que eso se permite gracias a que antes se han delimitado perfectamente unas fronteras, que marcan el tránsito de lo expresable y lo que no lo es. Son las fronteras que impiden un "exceso de democracia" en términos de Chomsky. El resultado es la apariencia de democracia de nuestro sistema mediático, y por extensión, de la sociedad, que lo es, en la medida en que se mantenga dentro de los límites.

Una verdadera ingeniería se ha construido también para controlar las mentes, que creen ser poseedoras de una libertad informativa, como lo dictan la mayoría de las constituciones occidentales, cuando lo cierto es que somos víctimas de una desinformación dirigida desde poder absoluto de los medios. Los "herejes" de la información, aquellos periodistas o comunicadores que se rebelan contra el poder en sus columnas y artículos, no son más que marionetas colocadas en el sitio adecuado que interpretan el papel de provocar un animado "debate". Consiguen un doble efecto: establecen el límite de lo que se puede debatir, cuando ellos mismos se colocan en el extremo opuesto de lo establecido, más allá del cual, es impensable la discusión; y el reforzamiento del propio poder, que se autolegitima como más y más democrático desde el momento en que debe enfrentarse a esos críticos que parecen poner en duda los cimientos de su propia legitimidad. Como consecuencia se produce la paradójica situación de existir un debate dentro de las fronteras de lo expresable, mientras que ellas mismas bordean el contorno de un auténtico consentimiento camuflado en discusión igualmente prefabricado por el poder.

Esta es la causa de volver a Foucault, y en concreto a las relaciones que establece entre saber y poder. Su aportación en este sentido es muy importante en las ciencias de la información, en la medida en que desmontan los mitos propios de la profesión, la ya típica y tópica creencia en la existencia de un cuarto poder. Se parte de la ilusión de que los media nos proporcionaban los conocimientos necesarios para conocer lo que ocurre en el mundo, y más específicamente para estar en guardia, cada uno en su ámbito individual, de los hechos que pueden afectar a nuestras vidas. Por otro lado, existe la creencia de que los medios de comunicación, privilegiados en la medida en que gozan de una independencia absoluta, constituyen un cuarto poder, capaz de provocar el desplome de gobiernos, de denunciar casos de corrupción ocultados, de desenmascarar acontecimientos importantes para la sociedad. Foucault y en nuestro ámbito Chomsky demuestran la falsedad de tal creencia. Los medios no son el cuarto poder, porque como tales no ofrecen el saber-información de una manera independiente. Tal y como responde al esquema foucaultiano de las relaciones poder-saber, es el primero, el poder, el que crea el saber y no al revés. Los medios, una vez comprobado que no constituyen el poder, pasan a ser simples mediadores del verdadero poder, que dicta los contenidos del saber que debe ser publicado. En una sociedad que se enorgullece de ser la más informada deben ponerse en cuestionamiento las garantías de que esa información nos proporciona algún tipo de poder, ya sea en su mínima expresión, cuando mantenemos la creencia de que con dicha información estamos a salvo de cualquier transgresión, ya en ámbitos de mayor transcendencia -acciones políticas, por ejemplo-. Una vez invertidos los términos, es decir, primero poder y después saber, volvemos a estar indefensos.

De ahí la importancia de ejercer un análisis de las estrategias de la microfísica del poder, tal y como lo reivindica Foucault en el caso de la historia de la penalidad, "parásitos de la ley que respaldan el castigo en término de lo normal y patológico". ¿Cómo puede verse esto con ejemplos contantes y sonantes? Pues volviendo a retomar el análisis de los vaivenes, de unos u otros, en el debate del Estatuto de Cataluña. Y concretamente a las presiones sobre la COPE por la Generalitat y los medios allegados al Gobierno de ZP.

                                                                                

                                                                                                Aires de La Parra