Alternativa General para el Progreso de Cuenca

Tangentopoli en España

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Las prevenciones, salvedades y cláusulas de descargo que han acompañado durante años a todas las protestas y denuncias contra la corrupción, suenan ya francamente ridículas. Hace mucho tiempo que nadie tiene la osadía de afirmar que los delitos probados o investigados son "casos puntuales" o "aislados". La reprimenda de Rajoy a Rosa Díez por pedir que se actuara contra los corruptos durante el debate de investidura de 2011 suena hoy a declaración de complicidad. Porque lo cierto es que los viejos partidos están podridos de corrupción. Y lo que es peor: no demuestran ningún interés en regenerarse. Ahora que, por fin, los españoles les están castigando en las urnas por sus abusos, su estrategia es la de una autoritaria huida hacia adelante: modificar leyes para mantener el poder aunque pierdan, como van a perder, casi todas sus mayorías absolutas.

Ante el castigo electoral por la corrupción, los partidos viejos optan por una autoritaria huida hacia adelante

 

El caso de CiU, la coalición que ha patrimonializado (y rentabilizado) el poder en Cataluña durante las últimas tres décadas, está en todas las portadas gracias a un hecho casi milagroso: la confesión de Jordi Pujol, el Patriarca. Por más que, tras los gestos de compasión, estemos a las puertas de su linchamiento por parte de los propios nacionalistas para minimizar el impacto, hablamos de corrupción de partido. Los cargos de CiU investigados, condenados y, en algunos casos, indultadosformarían un grupo parlamentario muy nutrido. La propia coalición ha sido condenada, aunque al carecer de responsabilidad penal (hasta que se estableció gracias a la iniciativa de UPyD) su resposnabilidad no ha pasado de lo civil.

¿Qué decir del PP? Hoy es el día en que el juez Pablo Ruz ha concluido una parte de la instrucción (sólo una parte) del caso Gürtel. Tres tesoreros del partido (que lo fueron durante lustros) están imputados, además de otros cargos públicos como alcaldes, diputados y un consejero autonómico. El juez da por hecho que los delitos fueron posibles gracias a que el PP llevaba una contabilidad B y a que el propio partido se enriquecía de forma ilícita. Pues bien, esta es la ocasión aprovechada por Esperanza Aguirre e Ignacio González para defender una vez más al alcalde de Brunete, cogido in fraganti cuando intentaba comprar a una concejal de UPyD. Al mismo tiempo, el diputado Martínez Pujalte lamenta que Jaume Matas vaya a la cárcel. Lo único que parece preocupar a Aguirre, Pujalte y a González de la corrupción es que pueda terminar algún día.

Lo único que parece preocupar a Aguirre, Pujalte y a González de la corrupción es que pueda terminar algún día

 

El PSOE renacido de Pedro Sánchez se parece asombrosamente al de Rubalcaba. Todavía no han movido un dedo contra la corrupción. En el Congreso, han sido hostiles con propuestas de UPyD como la eliminación del aforamiento. Como el PP madrileño y CiU en Cataluña, el PSOE andaluz ha aprovechado sus largos años en el poder autonómico para tejer redes clientelares que arrastran lo que se encuentran para alimentar a muchos de sus cargos. La corrupción en la Junta es tan insoportable como la del caso Gürtel. Si la de Madrid está asociada a ciertos empresarios, los socialistas andaluces dieron cabida a los sindicatos, concretamente a UGT. Susana Díaz, aparte de lamentarlo, todavía ha hecho bien poco al respecto.

Este es, muy resumidamente, el panorama. Cada cual podrá sumar los casos que conoce en Valencia, Murcia, Galicia, País Vasco, Aragón, Canarias, Baleares, etcétera. O las decenas de procesos a alcaldes, concejales o diputados provinciales. ¿Cómo definir esta situación? ¿Qué palabra utilizar que sea justa? Institucionalizada, desde luego. La corrupción tiene raíces en las leyes e instituciones de las que nos hemos dotado. Pero, ¿sigue siendo injusto hablar de corrupción generalizada? No es sólo por el número de casos, sino por cómo afecta a todos los viejos partidos y cómo tratan de ocultarla y, cuando esto ya no funciona, de proteger a los corruptos.

El que haya cometido, consentido o callado un solo caso de corrupción debería saber que no tiene futuro político en España

 

Si hay algo que podemos dar por seguro es que en España no se ha administrado bien el dinero público. Los controles han fallado, los órganos supervisores han fracasado. De hecho, estaban diseñados para fracasar. ¿A cuánto asciende el saqueo de las arcas públicas? ¿Tenemos que conformarnos con lo que sabemos ahora? La situación es tal que cada Administración española debería revisar sus cuentas, analizarlas, desmenuzarlas hasta encontrar cualquier indicio. Si fuera posible, el Estado necesitaría una auditoría completa. La situación recuerda a la Italia de Tangentópoli.

Pero más allá de lo que lleguemos a saber, es imprescindible que termine la impunidad. Si Aguirre y González, Sánchez y Díaz, Mas y Duran pueden proteger a los corruptos es porque siguen creyendo que el precio a pagar les compensa. Los ciudadanos españoles deben imponerles un castigo disuasorio. Deben enseñarles la puerta de la calle para no volver jamás. El que haya cometido, consentido o callado un solo caso de corrupción debería saber que no tiene futuro político en España.

Cambio de época y nueva política en Cuenca (por Juan Andrés Buedo)

Los procesos en curso de globalización y de localización en sus dinámicas frecuentemente contradictorias han generado nuevos problemas en varios campos de la reflexión sociológica y en particular en las definiciones de las identidades individuales y colectivas. Se ven éstas terciadas por las malas noticias, que se suceden a la velocidad de la luz; y principalmente una catástrofe acalla la anterior. Como aclaró Alfons Calderón, del departamento de estrategia y dirección general de Esade (URL), nos sobresaltamos al conocerla, pero ya nadie se acuerda de la primera. Excepto en los culebrones judiciales, tan aireados y cuya contumacia llega a aburrir, a no ser por el morbo del que a menudo se abusa.

Sin duda, existe desproporción entre las buenas noticias, aparentemente escasas y efímeras (aunque de verdad no lo sean), y las malas, con un impacto magnificado. “Será que hacen menos ruido mil árboles que crecen que uno que cae”, aduce con perspicacia Calderón. Implica un bombardeo informativo que se ve favorecido por la telemática y su majestad internet, gran acicate de la globalización, palabra de moda representativa de nuestro tiempo. En términos concisos, se puede definir como un proceso de dilución de fronteras que tiende a crear una mayor interrelación. No sólo en la comunicación, sino también en la economía y, a la postre, en diversas esferas humanas. Depende de cómo se oriente, tendrá unas consecuencias u otras. Sin embargo, esa realidad no lleva pareja una gobernanza global. He ahí un punto débil.

Sumida en los avatares de la Europa Occidental, Cuenca sufre asimismo la erosión de la democracia causada por el mal gobierno. En el conjunto español el desenvolvimiento del proceso degenerativo ha sido de naturaleza fundamentalmente política, y ha provocado un divorcio perfectamente justificable entre la opinión pública y la clase política, con el efecto inmediato de quebrar la adhesión de los ciudadanos a la democracia representativa.

Resulta además sorprendente comprobar hasta qué punto menosprecian los dos partidos mayoritarios (el PP y el PSOE) las demandas bien precisas provenientes de la sociedad. “Solo cuenta para los líderes, con particular incidencia catastrófica sobre el PSOE, llegar a las siguientes elecciones. Del PP, qué decir, salvo que únicamente rectifica —privatización de la sanidad— ante las incesantes movilizaciones”, señaló el profesor Antonio Elorza de manera innegable.

Desde una óptima que concuerda con varias de las consideraciones expuestas en la amplia introducción del último libro, recién terminado, del que somos autores Antonio Ortiz y yo (JAB), que lleva por título el significativo testimonio de Gobierno Abierto, Transparente y de Progreso para Cuenca, nos trasladan las consideraciones previas anteriores a admitir que la sociedad española apuesta muy mayoritariamente por un compromiso de regeneración democrática, pues le va en ello, no ya el bienestar, sino incluso su misma persistencia como nación. Y aunque los políticos sean el blanco central de las críticas, ese empeño tiene que ser encabezado por ellos, con el presidente del Gobierno y el líder de la oposición al frente, contando con el respaldo de la Jefatura del Estado. Todos deberán demostrar altura de miras y generosidad. La alternativa vendrá constituida por otros políticos capaces de ello.

El reto que tenemos por delante es interpretar el estado de ánimo de los españoles, como ha indicado el profesor Ignacio Urquizu, revelando que arrojar luz sobre este estado de ánimo no es fácil. “Un análisis detallado de las encuestas a lo largo de los últimos años muestra a una ciudadanía en estado de confusión. Por un lado, no entienden lo que está pasando. Este desconcierto es fruto de la ausencia de un diagnóstico compartido sobre las causas que nos han traído al actual estado de depresión. Así, no existe un consenso sobre el origen de la crisis y las medidas a adoptar. Algunos culpan a Europa, otros a la ausencia de un proyecto de país. Seguramente todos tienen razón, pero no hay un relato coherente y compartido”.

Urquizu extiende la crisis de liderazgo a todos los ámbitos (económico, político y social), provocando la ausencia de referentes sólidos. Si miramos a las formas de asociación más tradicionales (partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales), vemos que no existen líderes creíbles ante la opinión pública. Este problema se agudiza porque los elegidos por los ciudadanos para representarnos son en quienes se focaliza la desafección. La ciudadanía ha interiorizado que los políticos actuales son parte del problema. Prueba de ello es el creciente porcentaje de personas que así lo señalan en las encuestas del CIS.

El estado de confusión y desconcierto conectado a la ausencia de líderes sólidos han provocado también la caída del bipartidismo. La ciudadanía ha buscado nuevos referentes políticos que propicien un cambio, y lo ha hecho mirando a la izquierda. Pero no un cambio cualquiera. La etapa histórica que estamos viviendo no es una época de cambios, sino que estamos ante un cambio de época. Es una transformación de gran profundidad que debe llevarnos a revisar muchas ideas, con nuevos patrones de análisis social, al igual que la política y sus actores necesitan de una profunda transformación.

El problema de los liderazgos ahora mismo no es de personas ni de ideas, es de personas con ideas, concluye Urquizu al reflejar la necesidad de cambios profundos en la interpretación del estado de ánimo y en las formas de representación. No quiere decir que estemos ante un fenómeno nuevo, pues ya hemos pasado antes por situaciones similares, pero esta última reflexión no debería llevarnos al conformismo. Si las formaciones políticas más tradicionales de nuestro país (el PPSOE) no entienden qué está pasando, la desafección política se quedará una larga temporada entre nosotros y España será un lugar cada vez más difícil de gobernar.

Entre las grandes reformas estructurales que urge abordar se halla la misma Constitución, pese a haber cumplido un papel esencial para construir y afianzar la democracia en España. Pero el modelo bipartidista que diseñó, afianzado en una ley electoral profundamente injusta, ha ido degenerando en una partitocracia asentada en un bipartidismo imperfecto donde PSOE y PP se alternan en el poder, sea con mayoría absoluta o sea con apoyo nacionalista a cambio de nuevas concesiones a sus interminables exigencias.

Hace falta mucho descaro e insolencia para creer que la traición a los votantes sólo pasa factura al adversario y que la corrupción sólo la pagan los demás. Escuchar esto a Benjamín Prieto y el oficialismo “pepero” conquense sólo dan para huir lejos de las demarcaciones donde gobierna el PP.

Mejor sería que se dieran cuenta los dirigentes del PP y del PSOE conquenses de la extinción del bipartidismo en España. PP y PSOE se han creído intocables y eternos, siendo incapaces de recordar para qué sirven los partidos políticos. En su endiosamiento, “han mentido, les han pillado y quieren arreglarlo con una campaña de marketing y un par de frases ingeniosas. Su descrédito es total. Todavía habrá quien apele a su suelo electoral, pero la impresión que da es que están cavando en él su propia tumba”, afirma con rotundidad un editorial de UPyD el 27 de mayo de 2014. Alcanzado este momento, y observado que los españoles –todos, los conquenses incluidos- no quieren el bipartidismo, ni por separados el PP y el PSOE, ni mucho menos juntos, nuestra democracia induce que, frente a lo que hagan esos dos partidos, lo más importante radica en lo que piensen y reparen los ciudadanos. En unas circunstancias completamente nuevas, serán más conscientes que nunca de su poder. El derrumbamiento del bipartidismo expresa que todo es verosímil, aunque no todo igual de apetecible. Los españoles tendrán que decidir a lo largo del año entrante con qué quieren colmar el espacio que dejan los viejos partidos. Si vivimos en una sociedad plural y por tanto llena de opciones, a la hora de representar la lealtad a los ciudadanos, el respeto a las instituciones democráticas y la defensa a ultranza de la igualdad, los habitantes de Cuenca deben saber que UPyD es el partido ideal para forjar la nueva e imprescindible política. Para demostrarlo se ha elaborado ese libro, que se ajusta a la pedagogía política que trasciende de la sistemática de actividad del partido magenta desde el primer día de su nacimiento.

Juan Andrés Buedo

La marca Sánchez (por Pedro G. Cuartango)

PEDRO G. CUARTANGO

(Publicado en El Mundo, aquí)

Fue Naomi Klein quien acertó a describir la decadencia de los productos y la primacía de la marca, que supone un estilo de vida o, por decirlo de otra manera, una forma de entender el mundo. Lo que vende ahora la industria de la moda no es una mercancía, sino una historia.

Esto lo hemos visto en los pasados días en el congreso del PSOE en el que Pedro Sánchez ha sido elegido secretario general al frente de una nueva dirección del partido. He seguido las intervenciones de los ponentes y el discurso del nuevo líder y confieso que no me he enterado de cuales son las propuestas y de si el PSOE va hacia el Ártico o hacia el Sahara.

Dice Sánchez que no le temblará el pulso para luchar contra la corrupción, pero no para de fotografiarse con barones que jamás la han combatido, asegura que va a renovar el partido pero elogia a Felipe González, afirma que con él viene un nuevo soplo de aire pero pacta la Ejecutiva en los pasillos mediante los viejos métodos, subraya que quiere integración pero le da una patada a Madina. Y así hasta el infinito.

Es cierto que a Sánchez le han elegido las bases y eso es un gran avance en la política española. Y también es verdad que el nuevo dirigente no está manchado por la corrupción ni el pasado. Por ello, sería insensato no concederle un margen para constatar hasta donde puede llegar.

Pero tampoco se puede discutir que todo lo que ha dicho, que es nada, y lo que ha hecho hasta ahora recuerdan demasiado los viejos métodos y las prácticas imperantes en nuestros partidos, ese continuo nadar y guardar la ropa de los políticos profesionales que ponen una vela a Dios y otra al diablo.

Si de verdad Sánchez está contra la corrupción, que pida que se vayan del partido todos los imputados en el caso de los ERE. Eso le daría más credibilidad que estar todo el día haciéndose fotos con Susana Diaz, de cuyas virtudes políticas no dudo pero que es producto de un sistema basado en el clientelismo y la aparatocracia.

El PSOE nos ha vendido la marca Sánchez como si fuera un anuncio de Dior o de Benetton. Eso está muy bien, pero ahora hay que quitar el envoltorio y los lazos de color rosa y ver si funciona el producto.

Se acabaron los días de vino y rosas y se acerca un durísimo otoño político en el que Sánchez va a tener que tomar posición en asuntos como el reto secesionista de Artur Mas que le obligaran a romper esa indefinición que tan bien le ha funcionado.

La guerra de la miseria

Editorial de UPyD (Ver aquí)

El economista catalán y profesor en la Universidad de Edimburgo José Vicente Rodríguez Mora explicó en la presentación del libro A favor de España (coordinado por UPyD) el motivo por el que la mayoría de los países de Europa ni se les pasa por la cabeza publicar las balanzas fiscales. Aunque lo explicó con otras palabras, aquí lo resumiremos de una forma menos coloquial: para evitar el enfrentamiento entre regiones. Pero esto es España, y aquí ya nos hemos acostumbrado a que se explique qué CCAA salen ganando y cuáles perdiendo en el reparto de la financiación pública.

Tras las balanzas fiscales aparecen siempre las falacias fiscales

Tras las balanzas fiscales aparecen siempre las falacias fiscales. El cálculo está adulterado contra Cataluña, Madrid no recibe ni para baches, la Comunidad Valenciana está en quiebra por culpa de Extremadura, el País Vasco está sobrefinanciado porque los romanos no pasaron de Miranda de Ebro y España roba a todos pero nadie sabe dónde va el dinero. Cada barón regional, cada Ignacio González, Artur Maso Alberto Fabra llama a los suyos a sentirse estafado. Todo el mundo tiene motivo de queja, salvo vascos y navarros.

Lo cierto es que los que pagamos impuestos somos los ciudadanos. Y tal y como explicó ayer el diputado madrileño Ramón Marcos, "los ricos madrileños aportan lo mismo que los ricos asturianos o andaluces". Otra cosa es que esto sea mucho o poco. UPyD defiende que las clases medias son las más castigadas por el sistema fiscal español. En cualquier caso, no sería un problema entre un canario y un riojano, sino entre los que tienen ciertos niveles de ingresos y los que tienen otros. La reforma tributaria es una de las piedras angulares de las propuestas económicas del partido magenta.

Después está la financiación autonómica. Es evidente que las regiones con rentas más altas tendrán eso que equívocamente se llama déficit fiscal. En conjunto, los ciudadanos de Madrid o Baleares aportarán más de lo que luego les retorna. Lo mismo ocurriría se se analizara una ciudad por barrios o calles. ¿Tendría sentido que los habitantes del distrito de Salamanca o de Pedralbes se quejaran de contribuir más que los de barrios más pobres de Madrid o Barcelona? Sólo si se cuestiona la redistribución de la renta y el Estado social.

En España, el sujeto principal de la política es la comunidad autónoma, y no el ciudadano

 

Dicho esto, hay dos excepciones ya mencionadas: las comunidades forales. País Vasco y Navarra sí tienen privilegios fiscales. No tanto porque gestionen sus propios tributos como por el fraude de sus respectivos cupos. En teoría, estos se calculan para que ambas CCAA contribuyan como les corresponde a la solidaridad entre españoles, pero en la práctica se negocian de forma siempre ventajosa para ambas y perjudicial para el resto del país. He aquí una injusticia fuera de la agenda política. Apenas se habla de ella. Resulta incómoda. Pero nadie la niega, ni siquiera los beneficiados, aunque ellos la justifiquen en ese pasado mítico que es el último refugio de los nacionalistas y de los aprovechados. Sólo UPyD lo explica, lo denuncia y exige su reforma, tanto en Madrid como en Vitoria y en Pamplona.

En España hay algo que todavía no ha cambiado: el sujeto principal de la política es la comunidad autónoma, y no el ciudadano. Por eso se publican las balanzas fiscales y de ahí la avalancha de falacias. Y esto es algo común a la izquierda (renqueante o populista) y a la derecha (nacionalista o seminacionalista). No es así en otros lugares. Francia acaba de aprobar -y sin reforma de la Constitución- la reducción del número de regiones y de municipios para ahorrar 12.000 millones sin tener que recortar en derechos. ¿Cosas de la Francia jacobina? No, Italia también ha unido provincias y Alemania ha revisado competencias. Y la mayoría de los países europeos han fusionado ayuntamientos en los últimos 70 años. Sólo España sigue encastillada en un pensamiento ancestral que la debilita como comunidad política y condena a sus ciudadanos a pelear entre ellos para obtener la mayor porción de una tarta hecha de miseria.

La máquina de fabricar extranjeros

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Los escoceses votarán el próximo 18 de septiembre si quieren seguir siendo parte del Reino Unido o no. Lo harán por un motivo muy claro: la ley contempla la posibilidad, como también lo hace la Constitución de Canadá. Son dos excepciones. Lo abrumadoramente mayoritario entre los países del mundo, incluso los más descentralizados, es que la secesión de una región sea algo sobre lo que tienen que decidir todos los ciudadanos del Estado. Así ocurre en Estados Unidos -el lugar donde se inventó el federalismo-, Suiza o Alemania. ¿Es mejor la alternativa minoritaria o la mayoritaria? Si uno cree sinceramente en la igualdad entre ciudadanos siempre preferirá lo que integra que lo que separa. En cualquier caso, es la ley y hay que cumplirla.

El Estado autonómico nos ha acostumbrado a que hay asuntos que no nos conciernen dentro de nuestro país

 

En España, como ya se ha recordado hasta la saciedad, corresponde a todos los ciudadanos decidir sobre su modelo de Estado y, por supuesto, sobre la secesión de cualquier parte de su territorio. Lo que hace la Constitución del 78 es considerar que cualquier rincón del país pertenece al conjunto de los españoles. Dicho de otro modo: Cataluña es tan de los catalanes como de un murciano o un gallego. Y viceversa, cuando un catalán se desplaza a Zaragoza no viaja al extranjero. El Estado autonómico nos ha acostumbrado a que hay asuntos que no nos conciernen dentro de nuestro país. Esto es falso. A un leonés le puede ofender -y tiene todo el derecho a expresarlo- que el alcalde de Vitoria exhiba su xenofobia con todo desparpajo, por poner un ejemplo. El hecho de que no vote al alcalde no le excluye del debate ni de las acciones legales que entienda pertinentes.

Así pues, la secesión es un desentendimiento. Tú no te metes en lo mío y yo no me meto en lo tuyo. Los independentistas quieren saltarse la ley que establece un interés común para poder ignorar a millones de personas. En realidad, renuncian a mucho más de lo que arrebatan a los otros, pero creen que les compensa. En una palabra, lo que hacen es convertir a compatriotas en extranjeros. Todo esto en un territorio que -habrá que recordarlo una vez más- está entre las regiones de Europa con mayor autonomía política. Una autonomía que ya quisieran los nacionalistas escoceses, por ejemplo.

Volvemos al sufragio censitario: ahora se niega el voto a quien no vive en Cataluña

 

Este desentendimiento se producirá también en Escocia si votan por la secesión. La fabricación de extranjeros, la segregación de la ciudadanía se producirá igualmente, pero al menos lo hará dentro de la legalidad. En España, al peligro de la ruptura se suma el chantaje y la manipulación nacionalistas. "¿Qué hay de malo en que la gente vote?" -preguntan sin cesar-. Lo malo no está en que se vote, sino en quién pretenden ellos que no vote. La supuesta urna por la independencia se disfrazará de democrática, pero no lo es: al negar su derecho a la mayoría de los que lo poseen volvemos al sufragio censitario. Ahora no se niega el voto al desposeído o a la mujer, sino al que no ha nacido o no vive en Cataluña.

Todo esto deberían tenerlo en cuenta los que suspiran por una tercera vía. La equidistancia puede ser muy cómoda para hacer negocios, pero no es justa. La metáfora del choque de trenes es falsa: sólo el nacionalismo puso el motor a toda máquina. El Estado, de momento, se limita a verlo venir. Resulta asombroso que, en estas circunstancias, algunos propongan como solución una independencia en todo menos en el nombre: concierto económico, competencias blindadas en educación y lengua y reconocimiento como nación. El concierto es otra forma de desentendimiento: cada uno se paga lo suyo, da igual si es rico o pobre. Blindar educación y lengua supone tanto como liquidar la diversidad cultural y la libertad de quienes eligen el castellano en Cataluña. Y el reconocimiento como nación es poner a Cataluña donde ya está Escocia, de modo que la ruptura total (si es que la consideran necesaria) se terminaría produciendo en cualquier momento.

Con este panorama, nos vamos acercando al desenlace del espectáculo. No es malo que Rajoy se vea con Mas o con Pedro Sánchez. Lo malo es el legítimo temor a que el presidente del Gobierno termine concediendo a cambio de que no haya consulta mucho más de lo que los nacionalistas escoceses conseguirían si perdieran el referéndum. O dicho de otro modo: que salga más perjudicado el Estado que no contempla la secesión que el que sí lo hace. Significaría que uno de los pocos mecanismos constitucionales para garantizar la igualdad entre españoles ha saltado por los aires.

Neguemos a Cospedal el voto (por Juan Andrés Buedo)

Cuando se ve aún lejana la salida del túnel de la negra legislatura que hemos vivido en Castilla-La Mancha, hay que olvidarse de predestinaciones (del tipo “cada país tiene…”) y apoyemos a los políticos que realmente se lo merezcan y solo a ellos. Consumado elpucherazo electoral de Cospedal, el pueblo de esta Comunidad autónoma debe devolvérselo contundentemente: aplicándose los mismos estándares de conducta que le reclamamos a ella y a todos los suyos; esto es, practicando más democracia y negando al PP su voto. Solo eso concederá a los ciudadanos la mínima autoridad moral para no rebajar su nivel de exigencia y de control sobre ella y demás correligionarios. (Desde la acera de enfrente, por poner un ejemplo bien concreto —y dicho sea con tanta sinceridad como modestia— yo no creo merecerme la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que me está tocando la desgracia política de padecer. No dudo que se lo merezcan quienes la han votado y, sobre todo, quienes tanto han jaleado sus indocumentadas ofertas, pero en modo alguno, desde luego, quienes desde bien temprano nos manifestamos en contra de las mismas. Hasta aquí podíamos llegar, como exclamaba Manuel Cruz, el sagaz catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Barcelona).

La cabildada cospedaliana ha dejado atrás de forma irreversible el tiempo de la laxitud, el posibilismo y el mal menor como criterios a la hora de seleccionar a nuestros 33 diputados en las Cortes castellano-manchegas, que van a ser cualquier cosa menos  fieles representantes de los vecinos de esta región. Llevamos acumuladas demasiadas experiencias de frustración desde aquel ya lejano desencanto de la primera hora de nuestra democracia como para conceder más cheques en blanco a quienes parecen haberse convertido en auténticos profesionales de solicitar en periodo electoral una última oportunidad. Pero, sobre todo, hagámonos nosotros merecedores, si se quiere seguir utilizando tales términos, de otros políticos y especialmente de otras formas de hacer política.

Con esta ley, que ha llegado al Parlamento autonómico sin ninguna enmienda por parte de los dos grupos parlamentarios presentes en la actualidad (PP y PSOE), cada provincia tendrá tres escaños fijos, mientras que el reparto de los restantes, en proporción a la población de cada provincia, no se conocerá hasta que aparezca especificado en el Decreto de convocatoria de elecciones. De acuerdo a la población actual de Castilla-La Mancha, Toledo quedaría con 9, Ciudad Real con 8, Albacete con 6 y Cuenca y Guadalajara con cinco escaños cada una.

Todo lo que huele a Cospedal es atrasado y antidemocrático. Igual que la crisis sirvió de excusa para recortar en derechos y servicios públicos, ahora sirve al Partido Popular para recortar en democracia. La excusa de la austeridad esgrimida por Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, no es más que un simple pretexto. Y la reducción de diputados autonómicos implica al mismo tiempo un golpe mortal al pluralismo en la comunidad, al aumentar de forma dramática el porcentaje de votos necesario para acceder al parlamento autonómico. Todo ello por un ahorro grotesco que en modo alguno compensa el despilfarro público que significa mantener innumerables ayuntamientos en pequeños municipios (que Cospedal ni se plantea fusionar), el saqueo de corruptos como Bárcenas o la quiebra de las cajas de ahorros de la que son culpables el PP y el PSOE.

Si algo ha demostrado el PP (tanto como el PSOE) es que cuando nadie mira, los millones les desaparecen como por arte de magia. Pero eso sí, la medida facilita la supervivencia del bipartidismo cuando más cuestionado está. UPyD –clarividente, informado y cabal, como siempre- rechaza por completo esta nueva tropelía que se suma a la eliminación del sueldo de los diputados autonómicos, dejando en manos de quien no necesita un salario la capacidad para representar a los ciudadanos.

Hasta 2012 Castilla-La Mancha tenía 49 diputados autonómicos. La propia Cospedal lo elevó a 53, para reducirlo ahora a 33. Para lograrlo, la número dos del PP reformó el Estatuto de autonomía. Esa reforma es la primera que se realiza en España desde 1978 con los votos de un solo partido; en este caso, del PP. La reforma estatutaria fue recurrida el 21 de julio por el PSOE porque, según el líder regional de los socialistas, Emiliano García-Page, establece un sistema que solo favorece a los intereses del PP y elimina totalmente el pluralismo.

La reducción de escaños limita el pluralismo porque hace casi imposible que entre en el Parlamento regional una tercera fuerza política. En este momento, tras los resultados de 2011, solo hay dos (PP y PSOE), pero las extrapolaciones de comicios como los europeos apuntan a una ruptura de ese bipartidismo que no tendría traslación en escaños.

De esta forma, Cospedal se ha acercado a Venezuela y ha copiado las técnicas del fallecido Hugo Chávez: manejando la ley electoral a su antojo y en beneficio propio. Es decir, del mismo modo como ella acusaba en 2007 a Barreda –por entonces presidente de Castilla-La Mancha-: “en detrimento de la democracia”.

Frente a lo dicho por esta dama, la nueva ley no es "justa, plural, objetiva, representativa, equilibrada y adecuada". Y mucho menos debe intentar sustentarse en los que, por enésima vez, titula “tiempos de crisis”. Por supuesto, y evidentemente, todavía resulta más sarcástico que se atreva a calificar su pirueta de un "paso histórico", que permite a los políticos "tener un comportamiento ejemplar para los ciudadanos" y una medida que acerca la política a la ciudadanía. Es todo lo contrario. Pero no debe extrañarnos porque María Dolores de Cospedal cree que basta tener un rato libre para dedicarse a la política, por lo que no comparte que no pagar a los diputados sea dejar el Parlamento en manos de los ricos. "No entiendo por qué eso va a suponer que se dediquen a la política nada más que los que sean ricos. No entiendo por qué una persona que tenga su oficio y que se gane la vida con su oficio, una persona que tenga un negocio, que tenga un bar y tenga empleados o no los tenga, y pueda sacar un rato libre, o un fontanero, un electricista o una persona que tenga un taller, no entiendo por qué no se pueden dedicar a la política. Estoy radicalmente en contra", proclamó al suprimir el sueldo de los diputados castellano-manchegos.

Sin embargo, los dirigentes del PP cada día se alejan más de sus votantes, descontentos por no meter la tijera en los gastos superfluos, en los coches oficiales, en las comilonas, en los pluses, en los enchufados, en fin, lo que cada uno ve en sus pueblos, en sus ciudades. Es en la micropolítica donde los ciudadanos encuentran alguna explicación a la descomunal deuda del país y es ahí donde quieren que también se actúe, y lo haga mucho mejor.

Entonces, contra el formato de Gobierno de Cospedal, fundado en un cinismo radicalmente desacomplejado, toda una estrategia de engaño enredada que desborda la mera fabricación de embustes, el votante del siglo XXI se enmarca en la necesidad de rechazar ese discurso cuya pretensión pasa por suplantar la realidad, crear un relato alternativo que ha prescindido de todo anclaje con el mundo, en el que ya las palabras no son el vínculo que une nuestra conciencia con el mundo real, sino las muñidoras de una realidad paralela. Al demandar transparencia, el votante castellano-manchego advierte que a pesar de las muchas formas que adopta la mentira, todas ellas se relacionan con la opacidad, la desconfianza, la irresponsabilidad y, en última instancia, la impunidad, rasgos verdaderamente peligrosos en un gobernante. La verdad, por el contrario, con todos sus matices y hasta su merma ocasional, se relaciona –como dijo la diputada de UPyD Irene Lozano- con la transparencia, la confianza y la rendición de cuentas. Pese a la inexistencia de los Reyes Magos, se trata, sin duda, de virtudes muy recomendables para la cosa pública.

Los usos de Cospedal, una vez más, con el retoque de la ley electoral, han incurrido en el cinismo superlativo, ante el cual el ciudadano se pregunta si la negación de la realidad es también una mentira, es decir, una calculada estrategia que desplegar ante los ciudadanos o si realmente el gobernante vive en el engaño que pretende extender.Peter Sloterdijk, en su célebre Crítica de la razón cínica, nos daba una pista al describir a los cínicos: “…Su aparato anímico se ha hecho, entretanto, lo suficientemente elástico como para incorporar la duda permanente a su propio mecanismo como factor de supervivencia. Saben lo que hacen, pero lo hacen porque las presiones de las cosas y el instinto de autoconservación a corto plazo hablan su mismo lenguaje y les dicen que así tiene que ser”.

Frente a esta inclinación, la representación política viene entendiéndose por el Tribunal Constitucional como un procedimiento que permite que los ciudadanos participen a través de cargos electos, directa o indirectamente, en la toma de decisiones legislativas o ejecutivas en las diferentes entidades con autonomía política. A los partidos políticos les corresponde en este procedimiento la captación, formación, selección, y propuesta de los candidatos a representantes, pero sin que en ningún momento puedan interponerse en la expresión electoral periódica sobre las preferencias de los ciudadanos sobre quiénes han de ser sus representantes.

En todo momento el derecho de participación política corresponde a los ciudadanos y no a los partidos políticos, de tal forma que la voluntad popular crea la legitimidad de la titularidad de los cargos públicos. Esta voluntad popular se intensifica en el caso de la participación política a través de representes, debiendo darse entre éstos y la voluntad ciudadana una conexión directa. Lo que no impide que estos representantes actúen bajo el mandato libre.

Por tanto, a los ciudadanos les corresponde en exclusiva la elección de sus representantes, consistiendo en una elección de personas y no de partidos u opciones políticas, sin que puede interponerse ninguna instancia que no sea parte del poder del Estado y que actúe de acuerdo a ley, una vez han sido elegidos los representante por los ciudadanos. Los partidos políticos y sus listas de candidatos serían los medios técnicos con los que se facilita la producción de la representación, pero no elementos propios de la representación per se.

Sea cual sea el concepto de representación que se siga, la conclusión es que no cabe el posicionamiento de ningún tipo de instancia en la relación entre representados y representantes, posición que asumió el Tribunal Constitucional desde un primer momento, y que sigue aplicando hasta sus últimas consecuencias.

El Secretario de Política Institucional de CC OO de Castilla-La Mancha, Juan José González, enmarcaba la deslegitimación de Cospedal y su Gobierno como consecuencia de la reforma electoral, porque su régimen jurídico-electoral carece de la legitimación de base que establecen las urnas, mediante la conexión de la ciudadanía con el sistema representativo resultante de su voluntad. Sin duda, es una posición ventajista del peor estilo pretender justificar la presente reforma en la impopularidad de la "política" en un sentido amplio, y puesta en marcha precisamente por aquellos cuya contestación social y ciudadana acumula enteros por ambos fenómenos. La reforma, además, se ha impuesto sin que formara parte en ningún caso del programa electoral del Partido Popular en el gobierno, abusando de una mayoría absoluta que rompe los más elementales consensos en esta materia y se instala en una deriva con evidentes tintes autoritarios.

La resultante, lamentablemente y con toda seguridad, va a ser la dificultad de acceso a las Cortes de los representantes de diversas fuerzas políticas (IU, UPyD, Podemos) con una estimable base electoral, como ha quedado de manifiesto en las recientes elecciones europeas, en un claro ejemplo de abuso de poder, utilizado por Cospedal para permanecer en el gobierno, ya que la perspectiva de la consiguiente legislación electoral no tiene otro horizonte que diseñarse con este evidente propósito. Es inadmisible una operación como la comentada, cuya razón de ser –frente a la jurisprudencial y doctrinal- no es la de solucionar los problemas de la ciudadanía castellano-manchega, sino la de intentar perpetuarse en el poder. En su cinismo autoritario, constituye sin duda un atentado de la máxima gravedad a los principios más elementales del sistema democrático, vulnerando las más elementales normas de convivencia. Su combate, obviamente, estriba en negarle por completo el voto cuando llegue el momento de hacerlo. 

Juan Andrés Buedo

Empezando por el principio: que no nos mientan

Editorial de UPyD (Ver aquí)

¿Hay pobreza en España? ¿Muere más o menos gente en accidentes de tráfico? ¿Reciben los niños españoles una educación mejor o peor que los del resto de Europa? La única forma de responder a preguntas como éstas es mediante estadísticas. Si queremos que el debate público sea algo más que un combate de frases ingeniosas (en el mejor de los casos) o una mera distracción, necesitamos datos fiables. Si un gobierno va tomar una medida, debería justificarla con estadísticas. Cuando se presente a la reeleción, los votantes deberían manejar algunos datos básicos para juzgar su labor por algo más que las portadas de la prensa amiga o enemiga. Por estos motivos falsear o manipular las estadísticas oficiales debería considerarse como lo que es: un condenable acto de corrupción.

Las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social no miden lo que nos habían hecho creer

En los últimos días hemos conocido dos de estos casos de manipulación, aunque no son iguales. El Gobierno ha reconocido a UPyD que las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social no reflejan personas afiliadas, sino contratos. Dicho de otro modo, si alguien firma dos o más contratos porque está pluriempleado, la estadísticalo cuenta dos veces. ¿Están falsificadas las estadísticas? No exactamente. Lo que ocurre es que no miden lo que el propio Gobierno ha hecho creer que medían. Basta hacer una búsqueda en Google para observar cómo todos los medios hablan de personas afiliadas a la seguridad social, y no de nuevos contratos registrados. La confusión no ha sido aclarada, sino todo lo contrario: alimentada desde el ministerio de Empleo. A la pregunta de cuántas personas están contadas varias veces el Gobierno no ha tenido la amabilidad de responder.

Siendo este caso muy serio, más grave es lo de la Comunidad Valenciana, que ha estado falseando datos de gasto público desde el año 2008. De este modo, el déficit y la deuda de la comunidad y, por tanto, de España, podrían ser mayores de lo que se creía. Resulta desalentador que haya tenido que ser la Comisión Europea la que se haya percatado del engaño y haya abierto un expediente contra el ejecutivo valenciano, cuando era el Gobierno de España que recibía de Valencia la información adulterada. Algo parecido a lo que hizo Grecia con Bruselas durante años y que podría suponer una multa de 2.000 millones para nuestro país.

¿Puede alguien fiarse de un país que se hace trampas en el solitario?

 

Una vez que se tienen datos fiables, se pude discutir sobre si la situación podría ser mejor o peor y sobre las medidas para solucionar los problemas. Pero sin datos no hay más que palabrería. Alguien debería hacerse responsable de las manipulaciones y falsedades. No tanto por los 2.000 millones como por el destrozo -otro más- en la confianza de los ciudadanos y el nuevo golpe a la llamada Marca España. ¿Puede alguien fiarse de un país que se hace trampas en el solitario? Un país en el que -no lo olvidemos- los órganos supervisores carecen de la independencia necesaria para hacer su labor. El país de las cajas de ahorros, Alfredo Sáez o Gowex, por citar sólo tres casos.

Las mentiras más frecuentes y que más polvareda levantan en política suelen tener que ver con lo que el gobierno, los partidos o los cargos hacen o dejan de hacer. Dicen que no han negociado con ETA, que no han robado o que jamás subirán el IVA. Las estadísticas, en cambio, tienen que ver con lo que somos, con nuestra situación. El que las adultera se comporta como un médico que nos ocultara una enfermedad grave. Las víctimas de sus mentiras son, en primer lugar, los ciudadanos. La democracia española ha llegado a tal punto de degeneración que lo primero que hay que reclamar es que no nos mientan.

Capitalismo, desigualdad y democracia (por Antón Costas)

(Publicado en Negocios de El País-Caffe Reggio, aquí)

Necesitamos un contrato social como el acordado tras la Segunda Guerra Mundial. Podemos hacerlo de nuevo

El capitalismo ha vuelto a entrar en línea de colisión con la democracia. Las señales de peligro se acumulan: bajo crecimiento, tendencias deflacionistas, endeudamiento, desempleo, bajos salarios, pobreza. El malestar social va en aumento. Respondiendo a este estado de cosas, la vida política de las democracias comienza a adquirir tintes populistas, xenófobos y autoritarios. Las elecciones europeas han encendido las alarmas.

No es la primera vez que ocurre. Ya sucedió hace cien años, en el periodo de entreguerras. En aquella ocasión, el mal funcionamiento de la economía propició experimentos políticos como el nazismo, el fascismo y las dictaduras. La democracia descarriló en Europa continental. A la vez, quebraron los fundamentos éticos del capitalismo y la civilización europea entró en una profunda crisis moral.

¿Qué tienen en común en estas dos etapas que pueda explicar esta colisión entre capitalismo y democracia? La desigualdad de renta y riqueza. Veamos por qué.

La evolución de la desigualdad en los últimos cien años presenta tres etapas claramente diferenciadas:

La primera, entre 1914 y 1944. Medida en porcentaje de renta y riqueza que acumulaba el 10% más rico de las sociedades, la desigualdad alcanzó sus mayores cotas durante este periodo. Es la llamada gilded age, la “edad dorada” de la acumulación de la riqueza. El capitalismo entró en colisión con la democracia.

La segunda, entre el final de la II Guerra Mundial y mediados de los años setenta del siglo pasado. Las economías de mercado vivieron un valle de relativa igualdad durante esos 30 años. Fue el momento en que el capitalismo inclusivo se reconcilió con la democracia.

La tercera, entre los años ochenta del siglo pasado y el inicio de este siglo. La desigualdad ha vuelto con todo su fuerza. Una nueva gilded age. El capitalismo ha dejado de ser inclusivo y ha entrado de nuevo en línea de colisión con la democracia.

Como vemos, cuando la desigualdad se agudiza, la economía de mercado choca con la democracia.

El motivo es que la democracia tiene una lógica política profundamente igualitaria: una persona, un voto. La desigualdad económica quiebra esa lógica. Hace que en la vida política el voto de los muy ricos sea más influyente que el de los demás. Como dijo en 1932 el escritor norteamericano Scott Fitzgerald, “los muy ricos son diferentes de ti y de mí. Su riqueza les hace cínicos y pensar que son mejores que nosotros”.

La desigualdad tiene una gran importancia. Pero ¿cuáles son sus causas? ¿La origina el capitalismo o las instituciones y las políticas públicas?

El reciente y exitoso libro El capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty, ha dado una respuesta contundente: es el capitalismo. La causa es sencilla: la tasa de beneficio del capital es sistemáticamente mayor que la tasa de crecimiento de la economía, que es lo que beneficia a la mayoría de la gente. El capitalismo tendría una tendencia innata a la desigualdad.

Todo el mundo reconoce la aportación de Piketty al establecer de forma concluyente el hecho de la desigualdad. Es una contribución para el Nobel. Pero no todos están de acuerdo con el diagnóstico de las causas. Para algunos son otras: por un lado, el aumento desproporcionado de las retribuciones de los financieros y altos directivos; por otro, el mal funcionamiento de las instituciones y de las políticas públicas, especialmente los impuestos. La polémica durará.

En todo caso, si la desigualdad importa, ¿qué hacer para reducirla?

El análisis de Piketty tiene en este punto algo de fatalista. Propone un impuesto global y progresivo sobre la riqueza, una solución poco viable. Y lleva el debate sobre el capitalismo a los términos maniqueos de hace cien años. Por un lado, sus defensores a ultranza; por otro, los que sostienen que la única solución es su desaparición.

En circunstancias similares, en los años de la primera gran desigualdad, John Maynard Keynes se preguntó si lo que fallaba era “el motor o la dinamo”. Pensaba que “con una gestión acertada, el capitalismo puede ser más eficaz para alcanzar metas económicas que cualquier otro sistema conocido. Pero en sí mismo tiene graves inconvenientes en muchos sentidos”. Uno de ellos es el desajuste recurrente entre ingresos y gastos privados que lleva a la economía a recesiones profundas, desempleo masivo y desigualdad. Para salir de esas situaciones, Keynes recomendó a los Gobiernos cebar la “dinamo” mediante la gestión de la demanda efectiva.

A esta innovación económica keynesiana se vino a sumar la que es probablemente la mayor innovación social del siglo XX: un nuevo contrato social entre ricos y pobres en el seno de las democracias. En EE UU se le llamó new deal. En Europa, “Estado de bienestar”. La mezcla de esas dos innovaciones creó el pegamento que durante los años centrales del siglo pasado reconcilió capitalismo inclusivo y democracia. Fueron los mejores años de nuestras vidas. Algunos dicen ahora que fue un sueño. Pero no veo razones para este fatalismo.

Hoy, el reto vuelve a ser reconciliar capitalismo con democracia. Se necesita un nuevo pegamento, un nuevo contrato social. Para ello habrá que hacer, al menos, tres cosas: volver a meter el genio financiero en la botella, como se hizo en 1933 con la ley Glass-Steagall; restaurar la capacidad recaudatoria y equitativa de los sistemas fiscales; y definir las prioridades del gasto público para construir una sociedad de oportunidades para los más débiles.

La batalla durará décadas. El resultado es incierto. Pero si se pudo conseguir en el pasado, ¿por qué no se puede lograr de nuevo?

Esa ‘normalidad’ democrática… (por Aurelio Arteta)

(Publicado en El País-Caffe Reggio, aquí)

La democracia es más un ideal que un hecho irrefutable. Supone un desafío diario

Ustedes perdonen, pero siempre es momento de preguntarse si nuestro régimen político resulta en verdad lo bastante democrático. Porque no es suficiente que las leyes se atengan a una Constitución y que los ciudadanos digan acatarla. La democracia es más un ideal que un hecho irrefutable, supone un desafío diario más que un complaciente autorretrato político. De modo que, a fin de no engañarnos, uno colgaría en cada esquina de este país, en cada sede de partido, en cada redacción periodística… un cartel que advirtiera: “No pronunciarás el nombre de democracia en vano”.

Para empezar, porque tal vez no entendemos bien la palabra que pronunciamos. Muchas de las cosas que nos han pasado o están pasando habrían podido enderezarse o atajarse a tiempo si aceptáramos que la democracia no es sólo un procedimiento de elegir gobernantes y adoptar medidas para la cosa pública. Es también, y sobre todo, un sistema político en que los ciudadanos debaten y juzgan las razones aducidas por sus representantes y la justicia de las medidas que adoptan. Pero entre nosotros, en cuanto alguien se aventura a discutir la calidad de alguna ley del Parlamento o decreto gubernamental, se topa enseguida con el mismo muro. Ese órgano y ese gobernante —se le replica— han sido elegidos por la mayoría y por tanto son plenamente democráticos. Aquella disposición legal se aprobó por la mitad más uno de los diputados, así que su carácter democrático resulta incuestionable y no hay más que hablar. Sobra justificar con razones lo que se puede imponer por mayoría. Deben decir “mayoritarios”, pero dicen “democráticos” como si fueran lo mismo, y al aguafiestas le toca bajar la cabeza. Nadie le atiende cuando explica que la mayoría otorga poder, pero no siempre autoridad; que ese método lo mismo puede dar lugar a la democracia que a la demagogia. En definitiva, que nuestra llamada normalidad democrática no ha sido ni es tan normal.

Pocos se ponen a pensar que esa situación que cansinamente se glorifica como democrática pueda no serlo en el grado debido ni por su origen ni por su ejercicio. No lo sería por su origen, pues los profesionales de la política tampoco parecen hoy bastante representativos como para que sus pronunciamientos públicos pasen sin dudarlo por nuestros. Para que así fuera, falta todavía una ley electoral que garantice a todos los ciudadanos el valor idéntico de su voto. Falta asimismo

una ley de partidos que asegure los derechos de participación de sus afiliados; o que ataje su financiación privada para asegurar la igualdad de condiciones en la contienda electoral y su autonomía respecto del mundo del dinero. Se echa de menos la redefinición de unos altos tribunales cuyos miembros no estén sujetos al dictado de quien les designó. Por si no lo hubieran aclarado ya los clásicos, la experiencia enseña que en un Estado de partidos el aparato prevalece sobre el partido y los intereses de cada partido compiten con los del Estado. Y, lo que es peor, que no cabe mejora de los órganos representativos mientras esos partidos sean a un tiempo juez y parte en este pleito, el cirujano y el paciente de su propia regeneración.

Sería cosa de ver después si aquella política se vuelve acaso democrática en su ejercicio. Eso no parece quitar el sueño a demasiados políticos siempre que tal ejercicio no contravenga abiertamente la ley…, aunque cercene derechos. La cháchara ordinaria les presta a nuestros diputados un uso de lo legítimo que se confunde con lo simplemente legal, eso que la ley consagra o al menos no prohíbe; o con lo legitimado, es decir, con cualquier cosa que reciba una amplia adhesión social. Esfumada en todo caso la legitimidad, desaparece con ella la instancia crítica desde la que medir la distancia entre lo que hacemos y lo que el criterio de justicia nos reclama. En correspondencia, el mostrenco recurso a la legalidad vuelve inútil o ridícula la menor alusión a lo justo, salvo de boquilla.

Así las cosas, ¿cómo no va a recelar la gente de una actividad (la política) y un régimen (el democrático) que en estos años han multiplicado el batallón de los expulsados del trabajo o de los que no lo encuentran, de los desahuciados de sus viviendas, de los empobrecidos hasta el límite de la subsistencia? Cada uno de estos sombríos capítulos de nuestra vida colectiva contaba con el respaldo de alguna ley que lo ordenaba o permitía. Todos ellos obtuvieron en su momento, directa o indirectamente, el beneplácito de la mayoría parlamentaria. ¿Se atrevería alguien por eso a calificar sin más esta política de democrática?

Es cierto que la democracia postula sólo la igualdad política de sus sujetos, pero se degrada y pone en peligro como se desentienda de su desigualdad económica. Más aun, será sospechosa toda democracia que no contribuya a la equidad social entre sus ciudadanos. Así que, en lugar de tacharla despectivamente de “formal”, la democracia revela su potencia revolucionaria cuanto mejor guarde sus formas. ¿Seguirá siendo el nuestro un Estado social cuando las prestaciones públicas elementales se están dejando en manos de la caridad privada? Allí donde se recorta el disfrute de derechos básicos (o sea, cuando se invade una parte del “coto vedado”), ¿se hace sólo una política de derechas? No, se hace ante todo una política antidemocrática.

Respetando el significado de las palabras, ¿viviremos entonces en un Estado de derecho? Sí, por vivir en un Estado en que todo debe quedar sometido a la ley, pero no como consideremos cuántas conductas escapan todavía a esa ley o lo fácil que para los poderosos resulta burlarla. Indignados al descubrir la brutal rapacería de tantos compatriotas, muchos se habrán preguntado —como en el relato bíblico de Sodoma— si había un solo justo entre nosotros. Pero quizá no sea tan vergonzosa la plaga de corruptos como la corrupción ambiental que los ha alimentado y escondido. Entre nosotros se apela a la ética para encubrir la conducta pública indecente (por ejemplo, la fiscal), se presenta como fallos individuales lo que son clamorosos defectos colectivos y hasta institucionales. Con la mayor desvergüenza se califica de errores a lo que constituyen delitos de libro. Suelen venir después bastantes juristas a echar cortinas de humo, dilatar procesos, recurrir sentencias, recusar jueces, negociar condenas. En demasiados casos ya apenas engaña quien vocea la presunción de inocencia, o el derecho del imputado a guardar silencio ante el juez o, menos aún, eso de que “si tiene pruebas, que vaya a los tribunales”. Uno se teme que nuestra celebrada tolerancia presente sea más bien una mezcla de banal relativismo, indiferencia chulesca y tenaz desprecio de lo público.

Entretanto, seguimos a la espera de reformar una Constitución manifiestamente mejorable. Será un nuevo texto que devuelva al Gobierno del Estado competencias que permitan el disfrute igual de los derechos sociales al margen del lugar donde habite el ciudadano. Si esa norma suprema nos reconoce iguales ante la ley, habrá de anular los anticonstitucionales derechos históricos que humillan y encelan a unas comunidades autónomas frente a otras. Si cree en la división de poderes, que dote de independencia y agilidad al poder judicial… Pero dejemos que los entendidos completen este catálogo.

Más importa ahora recordar que, aunque en vagones distintos, en política todos vamos en el mismo tren. El maquinista puede distraerse y tal vez algún viajero cometa desmanes que hagan peligrar el viaje, sólo que entonces deben saltar los frenos automáticos que eviten la tragedia. También en los regímenes constitucionales es probable que gobernantes y gobernados fallemos, pero los mecanismos de la justicia y las alarmas democráticas están para reducir —no para aumentar— los riesgos de descarrilamiento. El caso es no perder la vía.

El ejército, una habitación cerrada

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Como explicó ayer la diputada de UPyD Irene Lozano, el ejército se ha separado por completo de la sociedad desde que nadie tiene un familiar o un amigo que haya prestado recientemente el servicio militar. Antes, quien más quien menos, todo el mundo conocía lo que pasaba, bueno o malo, en los cuarteles. Ahora, salvo que se conozca a un profesional de las Fuerzas Armadas, y sólo en el caso de que quiera hablar del asunto, el ejército es un cuarto cerrado el que sólo llegan noticias de vez en cuando, y siempre con escasa repercusión.

El teniente Segura pasará dos meses recluido por denunciar despilfarro en el ejército

Sin embargo, lo que está ocurriendo allí debería preocuparnos. En un país donde la corrupción está institucionalizada, donde las administraciones están lejos de ser transparentes, donde se han tejido tupidas redes clientelares, un órgano como las Fuerzas Armadas tiene amplias probabilidades de convertirse en un hátibat perfecto para abusos y trapicheos. Por una parte, la disciplina -un valor incuestionable en cualquier ejército- puede servir de excusa con frecuencia para la arbitrariedad. Los militares, además, son ciudadanos de segunda que tienen restringidos algunos derechos básicos. Y, para cerrar el círculo, se les aplica una justicia particular. Si hay una institución diseñada para la opacidad y para escapar a cualquier intento de fiscalización, es el ejército.

Lozano, que acompañará hoy al teniente Luis Gonzalo Segura al centro disciplinario donde pasará dos meses de privación de libertad, ha reunido una serie de escándalos relacionados con las Fuerzas Armadas en su artículo semanal para El Confidencial. Segura pasará dos meses recluido -sin haber pasado por un juicio- por denunciar casos de despilfarro en los gastos de defensa que apuntan a una negligencia intolerable o, peor aún, a un saqueo más o menos sistemático de fondos públicos. Su caso se une al de la capitán Cantero de Castro, que tras ganar un juicio en el que denunció abusos sexuales por parte de algunos superiores, ha sufrido acoso laboral a modo de represalia. Jorge Bravo, portavoz de la asociación de militares AUME, estuvo un mes privado de libertad por reclamar que Defensa recorte gastos superfluos antes que losexiguos salarios de los soldados.

El despilfarro de millones de euros podría ser la punta del iceberg de la corrupción en las FFAAA

 

A esto hay que sumar los injustificables aumentos de la factura del armamento en un ejército cada vez peor dotado. El ministro Pedro Morenés viene de la industria armamentísitca, lo cual ya es problemático en sí mismo. Pero es que, además, se niega a explicar razonadamente su gestión, por más que lo pida UPyD. Los resultados de todo este despropósito son muy graves. En primer lugar, unos militares entregados a la defensa de los españoles, que se juegan la vida y muchas veces la pierden, que son tratados como ciudadanos de segunda, con derechos limitados como el de la tutela judicial o la libertad de expresión. En segundo lugar, un despilfarro de millones de euros -que podría ser la punta del iceberg- en un país sumido en la penuria. Y, por último, unas Fuerzas Armadas que se están quedando obsoletas, cada vez con más dificultad para cumplir con la misión de escudo que les corresponde, lo que termina repercutiendo en el ya muy ligero peso de España en el orden internacional.

Conviene abrir las ventanas de esta habitación cerrada para que la regeneración democrática alcance también a nuestro ejército. Es muy probable que no nos guste lo que veamos, como no nos gusta la corrupción de partidos, sindicatos o patronal. Sin embargo, si como dijo el juez Brandeis, la luz del sol es el mejor desinfectante, más nos vale que al correr las cortinas haga un día soleado. Porque en las Fuerzas Armadas parece haber mucho que desinfectar.