Alternativa General para el Progreso de Cuenca

Primarias: UPyD muestra el camino

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Dentro de unos años, no demasiados, la gente se preguntará cómo es posible que los líderes políticos de la transición no fueran elegidos en primarias. Verán como un señal de la falta de tradición democrática que unas camarillas cerradas eligieran de forma opaca a todos los cargos importantes, de modo que se perpetuara a costa de los deseos de los afiliados y de los intereses de la ciudadanía. Si en este futuro cercano un candidato no cuenta con el apoyo de sus propias bases, si no ha tenido que superar una primera prueba en su organización antes de someterse a la decisión de los ciudadanos, se verá seriamente deslegitimado.

La forma en que los partidos políticos nombran a sus cargos o a sus candidatos no es una cuestión privada, sino que interesa a todos los ciudadanos, estén o no afiliados, sean o no votantes. De hecho, así lo entendieron los padres de la Constitución, que establecieron respecto a los partidos que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos" (artículo 6). Es evidente que esta formulación deja un amplio margen a las organizaciones, pero en una sociedad moderna la gente tenderá a exigir cada vez más participación en la toma de decisiones. De hecho, ya está sucediendo.

En medio de una gran crisis política, cuando los españoles desconfían más que nunca de sus representantes, las primarias refuerzan la legitimidad del candidato y futuro cargo público. Esta realidad ya no se puede negar, y explica los esfuerzos - hasta ahora más bien desatinados - de algunos partidos viejos por transmitir cierta impresión de democracia interna. Estos movimientos fracasan por el inmovilismo de los aparatos tradicionales que aún controlan los mecanismos del poder, pero es probable que terminen por fructificar cuando la crisis de liderazgo se agudice.

La democracia no garantiza que se vaya a elegir al mejor candidato - entre otras cosas porque primero habría que ponerse de acuerdo en qué define al mejor -, sino que lo legitima para tomar decisiones y responsabiliza a los ciudadanos de su elección. Esa es la otra cara de las primarias: la necesidad de que las personas se hagan responsables de sus decisiones. Esto exige sustituir la apatía por el compromiso. Un partido político abierto en el que todos puedan presentarse y todos puedan votar, será mucho más atractivo y, por tanto, un antídoto contra la desafección. El afiliado tendrá una capacidad de influencia mucho mayor que el ciudadano sin carnet: elegirá dos veces, y la primera en un ámbito más reducido en el que su decisión tendrá más peso.

Por otra parte, la falta de democracia - interna o del tipo general - tampoco asegura una designación acertada, más bien lo contrario. Sin duda, las elecciones primarias tienen un coste en dinero, esfuerzo y cierta inevitable tensión, pero es ridículo en comparación con el coste de no celebrarlas: enquistamiento, opacidad, alejamiento progresivo de la realidad y deslegitimación. Al final, la tensión aparecerá igualmente y estallará cuando menos intereses.

Francisco Sosa Wagner ha sido elegido como número uno en la lista de Unión Progreso y Democracia para las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo. Son casi 400 los procesos de este tipo que su partido ha celebrado en sólo seis años de vida. La democracia interna no es un adorno ni un lujo para UPyD, sino un pilar de su proyecto. Sosa Wagner ya ha ganado unas elecciones, y ese es un aval con el que en este momento sólo cuenta él. Esta es una ventaja indudable con la que contará frente a los que sólo puedan acreditar haber sido señalados por el dedo mirífico del líder supremo. No sólo es un candidato preparado, con experiencia y vastos conocimientos sobre el funcionamiento de Europa, sino que a la pregunta de "quién te ha puesto ahí" puede contestar con orgullo que personas libres y comprometidas que se afiliaron a un partido político.

Francisco Sosa Wagner se impone en las primarias y será el candidato de UPyD a las elecciones europeas

Nota de prensa UPyD (Ver aquí)

• Un 60,27% de respaldo. El actual eurodiputado de la formación se ha impuesto a los 39 candidatos restantes con un 60, 27% de respaldo de los afiliados.
• UPyD dará la batalla.- Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha felicitado al eurodiputado y ha destacado que la formación ha sido la primera en elegir al cabeza de lista al Parlamento Europeo y seremos también los primeros en dar la batalla para defender los valores de esa Europa política y social que tanto nos ha costado ir construyendo y que los jóvenes temen perder.

 

Francisco Sosa Wagner, el actual eurodiputado de Unión Progreso y Democracia (UPyD)en el Parlamento Europeo, será el cabeza de lista de la formación a las elecciones europeas al imponerse al resto de los 39 candidatos que se disputaban hoy la candidatura a los comicios europeos en unas primarias a las que estaban convocadas 5276 afiliados y, por primera vez, los simpatizantes, tal y como se decidió en que el II Congreso, siendo 39 los que lo habían solicitado. 

Francisco Sosa Wagner ha logrado un respaldo del 60,27% con los 1.100 votos logrados de los de 1.837 emitidos, de los que 12 han sido nulos. Le sigue José María Larrea con 268, José Antonio Cortés con 53, Manuel Feliciano con 47 y, en quinto lugar, José Luis Fernández con 35 votos. 

Rosa Díez, portavoz de la formación, ha felicitado a Francisco Sosa Wagner por el respaldo obtenido para encabezar la lista de UPyD al Parlamento Europeo. "Nuestro partido ha sido el primero en elegir al cabeza de lista al Parlamento Europeo y seremos también los primeros en dar la batalla, con Paco Sosa al frente, para defender los valores de esa Europa política y social que tanto nos ha costado ir construyendo y que los jóvenes de hoy temen perder", ha explicado.

También ha querido mostrar su agradecimiento a todos los afiliados y simpatizantesque han participado en el proceso, entre otros a los 40 afiliados que han presentado su candidatura y han permitido visualizar a toda la sociedad que UPyD es un partido diferente, en el que todos los que lo desean pueden postularse sin ningún tipo de filtro o aval.

La portavoz también ha destacado que para UPyD las elecciones al parlamento Europeo no son en modo alguno un "mero trámite" porque, a su juicio, existe en el horizonte un claro riesgo de que lleguen al PE partidos populistas y antieuropeos que puedan ralentizar aún más el reforzamiento de la unión política y económica de Europa, requisitos imprescindibles para garantizar y mantener el modelo social europeo, la única seña de identidad que nos importa.

Díez ha añadido que quienes creemos en la Europa política y social estamos obligados a multiplicar nuestros esfuerzos para evitar que esos malos augurios se cumplan. "Frente a nosotros se alinearán todos los populismos banales, esos que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos y nos proponen una vuelta a las fronteras, a los recelos y al cabo a los odios, es decir los populismos que nos llevarían al territorio donde acabarían anidando las más clamorosas injusticias y las peores violencias", ha asegurado. 

Los estatutos de UPyD fijan que todos los cabezas de lista de las elecciones deben ser escogidos mediante primarias. La única condición que debían cumplir los afiliados era estar al corriente del pago de las cuotas y en plenitud de sus derechos, sin la necesidad de ningún aval ni firma.

Elegido el cabeza de lista, el resto de la candidatura se confeccionará en base a criterios de "mérito y capacidad, representatividad y proyección social", tal y como marcan los estatutos del partido y se aprobará con el programa electoral el 8 de marzo.

Los afiliados han votado en una jornada de absoluta tranquilidad hasta las 19.00 horas de hoy en las urnas dispuestas en las 71 mesas electorales constituidas para ello en toda España.Una vez cerrados todos los colegios electorales, las diferentes mesas han hecho llegar sus resultados a la Comisión Electoral, que se ha encargado de hacer el recuento total con absoluta independencia en un ejemplo de democracia.

  Resultados provisionales Elecciones Primarias Europeas 2014

El Gobierno cede a Bildu los impuestos revolucionarios

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Todos los días, al abrir el diario, el ciudadano español encuentra noticias que le recuerdan el país en el que vive. Unas tratan sobre corrupción, otras sobre la incompetencia de los gobernantes, otras sobre las mentiras y la hipocresía, otras sobre decisiones injustas. Pero cada cierto tiempo - no demasiado, por desgracia - aparece una noticia que lo reúne todo. Normalmente no ocupa la primera plana. Los detalles más vergonzosos no suelen destacarse, aunque tampoco se ocultan. Da la impresión de que el propio periodista no se da cuenta de hasta qué punto lo que está contando resume el grado de degeneración al que ha llegado España. Es más, cómo esta degeneración está muy lejos de detenerse. Hoy encontramos una de estas noticias.

No hace todavía una semana de la manifestación promovida por PNV y Bildu a favor de los presos terroristas, que terminó siendo a favor de ETA y de su historia de crímenes y terror. Unos días antes se habían reunido públicamente un grupo de etarras excarcelados que sumaban cientos de asesinatos entre todos, sin que el Gobierno hiciera nada para impedirlo. Y hoy los españoles nos enteramos de que el gobierno vasco recibirá la transferencia de otros cinco impuestos, lo que le supondrá aumentar sus ingresos en 70 millones de euros. De ellos, 35 los gestionará la Diputación de Giupúzcoa, gobernada por Bildu. Aunque ha firmado el acuerdo, el bildutarra Martín Garitano exige otros 1.000 millones al Estado. El impuestazorevolucionario.

El acuerdo cuenta con la firma del Gobierno de España, del vasco y de las tres diputacines forales. Y por tanto lo firman representantes de PNV, PP y Bildu. El PNV ya ha demostrado que considera a los testaferros de ETA como sus hermanos en la fe nacionalista y que está dispuesto a hacer un frente común. El PP vasco critica el acto de los presos (aunque la responsabilidad de que se produjera fue del Ejecutivo de Rajoy), pero a estas alturas ya han demostrado que consideran a Bildu un partido más. A esto hay que sumar que es un partido foralista que defiende a muerte el concierto vasco. A muerte y con poca vergüenza.

Los conciertos económicos vasco y navarro son la forma práctica en la que mejor se expresan los hechos diferenciales. Son sistemas de financiación al margen del general, y por tanto una excepción imposible de justificar. En sí mismos son un privilegio, pero es que además la forma en que se calculan es fraudulenta. Hasta el punto de que tanto Euskadi como Navarra, dos de las comunidades con renta per capita más alta de España, son receptoras netAs de fondos provenientes del Estado. Es decir, en lugar de contribuir a la solidaridad entre territorios, ambos territorios reciben dinero de las regiones con menos recursos. Esto lo sabe todo el mundo, motivo por el cual los argumentos para su defensa se limitan a fábulas ancestrales.

El resultado, en cualquier caso, es que el Gobierno de España cede impuestos (y por tanto dinero) a una de las Comunidades Autónomas que goza - precisamente gracias al concierto - de mejor salud económica, y donde el paro está muy por debajo de la media nacional. Privilegia así a los ya privilegiados, aunque olvídense los vascos pobres de recibir parte de estos fondos: ahora lo prioritario será el soberanismo. Mientras tanto, tres millones de parados no cobran ya subsidio alguno. En la hoguera de la desigualdad, Cristóbal Montoro siempre está dispuesto a echar un leño más.

Miremos atentamente el panorama: el PP vasco firma un acuerdo con uno de los comandos políticos de ETA y con el PNV apenas unos días después de la manifestación más vergonzosa que se recuerda en años; el Gobierno de los recortes se suma al acuerdo para ceder 70 millones a una comunidad rica, sin importarle que la mitad vaya a manos de Bildu; se acrecienta la injusticia histórica que supone el concierto vasco mientras aumenta la pobreza de los españoles. Por más que busquemos, nadie podrá encontrar en este asunto nada que se parezca mínimamente a un principio, a un valor, a un asomo de decencia. 

Unión Progreso y Democracia no callará ante hechos como éste. Insistirá cuantas veces sea necesario en las reformas legales necesarias para acabar con aberraciones democráticas como los conciertos, y no mirará para otro lado mientras se trata a los amigos de ETA como a un jugador más de la partida. Como escribió el pasado lunesRosa Díez, vivimos tiempos de infamia y cobardía. Justo aquellos en los que más merece la pena dar la batalla.

Europa merece confianza

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Uno de los problemas que tiene Europa es que cede el protagonismo de muchas de sus políticas a terceros que no siempre hacen bien su labor. Por poner un ejemplo, hace apenas dos días la Comisión Europea desveló - en respuesta al eurodiputado de UPyDFrancisco Sosa Wagner - que no sólo estaba investigando a la Unión General de Trabajadores por las más que posibles irregularidades en la gestión de fondos europeos para formación, sino que además le había cerrado el grifo del dinero mientras tanto. La primera reflexión debe ser respecto a la silenciosa influencia de la UE en nuestos asuntos diarios. Bruselas destina fondos para políticas clave como empleo o servicios sociales, aunque el mérito se lo lleven ayuntamientos, comunidades autónomas o sindicatos que, en ocasiones como ésta, realizan una gestión que va de lo incompetenente a lo delictivo.

Pero además, la administración europea ha reaccionado en este asunto de forma mucho más decidida que la Junta de Andalucía o el Gobierno de España. Al contrario de lo hecho por Bruselas, ni Madrid ni Sevilla han suspendido cualquier cesión de fondos públicos a UGT, cuando parece una medida cautelar elemental ante los claros indicios de corrupción. Aunque no había hecho públicas las medidas contra el sindicato, el comisario de Política Regional las ha dado a conocer en una respuesta a Sosa Wagner más ágil de lo que acostumbra, por ejemplo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando a él se dirigen los parlamentarios españoles. Otra diferencia.

Las instituciones europeas están muy lejos de ser perfectas, pero en modo alguno son el nido de burócratas parasitarios con el que algunos interesados pretenden indentificarlas. Bruselas ha sido un puntal del Estado del bienestar durante décadas. Sus fondos han permitido el desarrollo de programas sociales, de infraestructuras, la conservación del paisaje rural o el impulso a la investigación científica, y esto sin entrar en la legislación: hay muy pocos ámbitos en los que las normas que nos obligan y que nos protegen no tengan su origen en la Unión Europea.

Uno de los problemas de diseño de Europa es que no logra sacar partido de lo mucho que hace por los ciudadanos. Los grandes carteles junto a las obras públicas señalando el origen de los fondos no pueden competir con la propaganda de los que las ejecutan. Paradójicamente, las instituciones europeas han colaborado en cierta regionalización del continente, al otorgar el dinero público a las regiones saltándose al Estado. Algo parecido pasa con el caso de la UGT: ellos gestionan, pero el dinero lo ponen otros. Sin embargo, la Comisión ha reaccionado, mientras que Gobierno y Junta han hecho lo posible por mirar para otra parte. ¿Por qué? Porque al estar a cientos de kilómetros y al ser una realidad política continental, no existen los lazos ni los intereses cruzados que sí existen entre sindicatos, partidos y gobiernos en España. Europa es relativamente ajena al establishment bipartidista.

Europa es nuestro futuro. En su seno tendremos muchas más probabilidades de salvar esta crisis, conservar lo ganado en las últimas décadas y afrontar cualquier reto de los que ya conocemos y de los que todavía no podemos imaginar. Como todas las instituciones, debe ser reformada en lo que no funciona y supervisada para evitar cualquier abuso. Debe ser más democrática y eficiente. Pero todo ello exige nuestra participación y nuestro compromiso. Las cosas no se van a arreglar solas, y si cedemos al populismo nacionalista que hace bandera de la xenofobia, si el miedo y la desconfianza se apoderan de nosotros, pondremos en riesgo el más asombroso proyecto político puesto en práctica por el hombre. Es el momento del europeísmo.

Europa tiene la obligación de combatir el secesionismo

Editorial de UPyD (Ver aquí)

El truco del independentismo es actuar como si la secesión ya se hubiera producido al mismo tiempo que llevan a cabo su chantaje en favor de la consulta. El ejemplo más evidente es que dan por hecho que sólo una parte de la ciudadanía - concretamente los residentes en Cataluña - pueden opinar sobre la independencia. De ahí que el mejor argumento en contra no sea el legal, sino el de la soberanía: sólo al conjunto de los españoles corresponde decidir sobre una parte de su territorio.

Otra forma de actuar como si Cataluña ya se hubiera independizado es promover y mantener las embajadas autonómicas, para lo cual el gobierno nacionalista se ha gastado al menos 1,2 millones de euros, a sumar al dispendio de años anteriores. También forma parte del mismo truco que Artur Mas se dirija a las personalidades europeas como si fuera su igual ("querida canciller..."). En respuesta a su carta, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha recordado (y no es la primera vez) que la parte de un Estado que se independiza del resto queda al margen de los Tratados, es decir, fuera de la Unión Europea. Ya pueden Mas,Junqueras o quien sea empeñarse en lo contrario: es evidente que al día siguiente de la secesión Cataluña estaría fuera de Europa con todas las consecuencias.

Sin embargo, Barroso también ha dicho que el asunto del posible referéndum es una cuestión española en la que las instituciones europeas no pueden inmiscuirse. Y esto es algo que han repetido otros dirigentes. Estos dirigentes deberían comprender queuna operación política como la planteada por el nacionalismo no es un problema español, sino europeo. De hecho, no es un problema distinto del que plantea la extrema derecha francesa u holandesa. Por más que CiU o Esquerra estén integrados en grupos parlamentarios europeístas, el impulso que les guía es contrario a la integración continental.

Al margen de las vicisitudes de la construcción europea, su origen está en el paisaje desolador que se extendía por todo el continente tras las dos guerras mundiales y la depresión económica que hubo entre ellas. Contra los nacionalismos enfrentados de la primera parte del siglo XX, se planteó la alternativa de un gran espacio de ciudadanía común. Es evidente que este espacio está todavía en desarrollo, pero nadie puede negar que se ha avanzado de forma que habría resultado impensable hace 70 años, y que se ha logrado un objetivo esencial: evitar que los nacionalismos europeos vuelvan a entrar en guerra, con la triste excepción de las guerras de los Balcanes (producidas a raíz del desmoronamiento del comunismo en un Estado que no pertenecía a la UE).

Es ya un lugar común que Europa necesita con urgencia liderazgo. Este caso lo demuestra más que ninguno. Los países miembros opinan sobre asuntos importantes de sus vecinos, desde el aborto hasta la inmigración. ¿Cómo es posible que estos países y, con más razón, las instituciones europeas, despachen la posible amputación de la soberanía nacional y la consagración de la desigualdad como un mero asunto interno? Europa debe combatir los males que pueden destruirla, y el primero siempre ha sido y sigue siendo el nacionalismo.

Los líderes políticos no pueden explicar Europa como un simple entramado administrativo proveedor de servicios, porque algo así nunca podrá competir con la inflamada retórica del populismo y su apelación a los instintos grupales. A los argumentos de tipo práctico o utilitario (qué servicios o leyes nos da la UE a cada uno de nosotros) hay que sumar la defensa de los valores que sustentan el proyecto mismo. Hay que contraponer la igualdad a la diferencia, la libertad a las nuevas fronteras, la ciudadanía a la tribu. El eurodiptado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, lo ha hecho en sus innumerables iniciativas al respecto, del mismo modo que el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados lo ha hecho en España.

Quizás Merkel, Hollande, Barroso o Van Rompuy crean que este es un problema aislado que no pone en peligro lo ganado desde el Tratado de Roma. La propia actitud del gobierno español hacia la ofensiva secesionista delata que no se ha hecho gestión alguna para explicarles que se equivocan. Los líderes europeos saben tan bien como cualquiera que Europa significa más democracia, mientras que el nacionalismo la pone en riesgo cuando no la aniquila sin miramientos. El Parlamento Europeo necesita con urgencia partidos europeístas sin complejos que pongan de relieve la gravedad de desafíos como el actual. Esto también nos lo jugamos en las próximas elecciones.

Inmovilismo (por Josep Ramoneda)

(Publicado en Domingo de El País-Caffe Reggio, aquí)

OPINIÓN

El PP confía en que el tiempo arregle los problemas y el PSOE no da señales de cambio

El régimen se está cayendo y las élites políticas no se dan por enteradas. El inmovilismo de los dos grandes partidos contrasta con el dinamismo de una sociedad que se mueve e inventa para resistir a las fracturas sociales y al empobrecimiento generado por las políticas de austeridad (los ingresos familiares han caído a los niveles más bajos desde el inicio de la crisis, mientras el Gobierno, a coro con los grandes empresarios, proclama el fin de las penurias).

Con la Corona en su momento de máximo desprestigio, el Rey anuncia, en vigilias de Navidad, que no se separará del cargo hasta la muerte. El PP sigue confiando en que el paso del tiempo arregle los problemas, pero no tiene nada que decir a los ciudadanos sobre la profunda crisis social en que ha derivado la crisis económica y suple la carencia de un discurso modernizador y regeneracionista con un retorno a la tradición nacional-católica. El ministro Margallo expresaba en Barcelona su preocupación por el crecimiento de la extrema derecha y del populismo en Europa. ¿Por qué no se lo cuenta a los suyos? ¿O es que la ley del aborto, jaleada por Le Pen, y la ley de orden público no son de extrema derecha? En fin, el PSOE lleva dos años preparando la renovación sin dar una sola señal de cambio, genuino exponente del destino de la socialdemocracia que, con su alergia al riesgo, se está convirtiendo en toda Europa en el partido del miedo.

Con este inmovilismo político, empieza un encadenado de convocatorias electorales. En mayo hay europeas. Y los dos grandes partidos temen que los ciudadanos las conviertan en las elecciones del “no nos representan”. El 9 de noviembre Cataluña votará pase lo que pase, porque Mas ya ha dicho que si el Gobierno prohíbe el referéndum, convocará elecciones anticipadas. En 2015 tendremos municipales y, a finales de aquel año, legislativas. Los intereses generales y los intereses de partido colisionarán repetidamente en unas convocatorias sobrecargadas de factores añadidos. Y, sin embargo, salvo la ruptura independentista en Cataluña, no hay ninguna novedad en la política española. ¿Es posible que el debate político se reduzca al secesionismo y a la restauración conservadora del PP? Puestos a hacer de la necesidad virtud, la rebelión de algunos alcaldes y presidentes autonómicos del PP contra la ley del aborto Rajoy-Gallardón podría ser un signo esperanzador: los que están más cerca de la calle advierten al Gobierno que vive fuera del mundo. Pero los partidos están muy jerarquizados y la fronda se ahogará pronto. Es la oposición la que ha de salir de su letargo. No basta combatir esta atrocidad que es la ley del aborto. Hay que romper el miedo, ser capaz de proponer un proyecto político diferenciado y con sentido, por mucho que pueda molestar a la autoridad competente, económica o militar. El inmovilismo conduce inexorablemente a la irrelevancia.

El Gobierno y ETA: entre la incompetencia y la corrupción

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior, fue el que explicó en el Congreso que el PP ya no tenía intención de ilegalizar a las formaciones proetarras Bildu y Amaiur - pese a que lo habían prometido en campaña y lo contemplaba su programa electoral - con el cínico argumento de que ahora estaban en el Gobierno. Lo hizo en febrero de 2012, al poco de comenzar la legislatura, en el debate de una moción de Unión Progreso y Democracia que pedía al Ejecutivo, precisamente, que iniciara los trámites legales para ilegalizar a los testaferros de ETA apoyándose en una larga lista de indicios. De este modo, desde el mismo principio, Fernández dejaba clara cuál iba a ser su actitud en relación con el terrorismo.

Más adelante, Interior anunció un cambio en la política penitenciaria que daba más facilidades a los terroristas que a los delincuentes comunes para acceder a beneficios penitenciarios. En el verano de 2012 se produjo la vergonzosa excarcelación del etarra Bolinaga, torturador de José Antonio Ortega Lara, tras un trámite que no se habría iniciado sin el impulso del propio ministro Fernández. Se dijo que al terrorista le quedaba un año de vida como mucho. Han pasado ya 17 meses.

A lo largo de sus dos años de lamentable gestión, Fernández se ha puesto campanudo en varias ocasiones para describir al submundo batasuno como lo que son: los testaferros, herederos y brazo político de ETA, así como para amenazarles con la ilegalización. Sin embargo, este tipo de declaraciones no pasaban de ser un pésimo camuflaje que ha resaltado aun más su falta de escrúpulos, ya que a la retórica no le han seguido, en ningún caso, acciones concretas. 

A finales de 2012 se supo que la cúpula etarra, con Josu Ternera a la cabeza, estaba en Oslo. ¿Hizo algo el Gobierno para que se les detuviera? ¿Instó a un país amigo como Noruega a tomar cartas en el asunto? ¿Tramitó una orden de detención? No hizo nada, hasta que en marzo se supo que Ternera y sus secuaces habían abandonado Oslo. Siguen libres, para vergüenza del ministro Fernández y de su jefe, Mariano Rajoy.

Ayer, una nota de prensa y un tuit del ministerio del Interior permitieron que ocho presuntos terroristas que fueron detenidos poco después destruyeran pruebas. Los antecedentes de Fernández y de este gobierno permiten contemplar dos hipótesis: la incompetencia y la mala fe. En el primer caso habrían logrado superarse, y parecía difícil; en el segundo estaríamos ante una reedición del caso Faisán, aunque para evitar las consecuencias penales habrían preferido pasar por inútiles antes que por delincuentes. Cada cual que elija la versión que le parezca más probable.

Fernández, antes de ser ministro, jugó un papel importante en el tránsito del PP catalán al nacionalismo light que ha venido practicando Alicia Sánchez Camacho. Esto no fue un inconveniente - probablemente fue un mérito - para que Rajoy lo incorporara a su gobierno. Desde entonces, gestiona la única herencia que el PP aceptó gustosamente de Zapatero: la negociación con ETA. Aunque no ocupe titulares a tantas columnas como el caso Bárcenas o el de los ERE, este es el peor caso de corrupción en el que está envuelto el Ejecutivo.

Un año para combatir la resignación

Editorial de UPyD (Ver aquí)

2013 ha sido un año perdido para España. Ninguno de los grandes retos políticos a los que se enfrentaba nuestro país se ha resuelto satisfactoriamente. Al contrario, la mayoría de los problemas se han agravado. Ahora hay más paro, más pobreza y desigualdad, los terroristas se reúnen públicamente para insultar a sus víctimas y reivindicar sus crímenes, avanza el desafío a la legalidad y a la democracia en Cataluña, la educación sigue estancada, el modelo de Estado sigue siendo tóxico para los ciudadanos, la justicia está todavía más politizada, la corrupción es el pan nuestro de cada día...

Contra estas lacras y muchas otras presentó batalla el año pasado Unión Progreso y Democracia, logrando demostrar que sí existen soluciones duraderas y que lo que falta es voluntad política. Todo el empeño del PP, como antes del PSOE, es lograr que las cosas cambien lo menos posible. Mariano Rajoy está muy orgulloso de que su gobierno no haya caído. Como le dijo en una ocasión inolvidable (hace todavía menos de un año) a su antiguo amigo y extesorero Luis Bárcenas, para él "la vida es resistir". En cambio, otros piensan que se trata de progresar, de mejorar, de avanzar. Entre otras cosas porque hay gente que no puede pasarse la vida esperando.

Hay millones de españoles que viven en la pobreza, muchos en la indigencia. Cada vez hay más personas sin ingresos de ningún tipo. Y la gran mayoría de los ciudadanos ganan menos que hace unos años. En este panorama resulta especialmente obsceno el mal disimulado triunfalismo gubernamental ante los últimos datos del paro. El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ya explicó por qué los datos están muy lejos de ser esperanzadores: el descenso del paro no va acompañado de un crecimiento en el empleo, sino que se debe sobre todo a que mucha gente tira la toalla y deja de buscar trabajo, o bien se van de España. 

El Gobierno está tratando de sacar partido a su propia incompetencia: tras dos años desastrosos de mentiras y errores las expectativas de los españoles son tan bajas que el Ejecutivo espera que se conformen con cualquier cosa. La tasa de desempleo, que ha dado la medida de su fracaso desde que el PP accedió al poder, se les antoja ahora la varita mágica que cambiará su suerte (que no la de los españoles). La trampa no está sólo en que el paro descienda por puro agotamiento, sino en el aumento imparable de la precariedad. Este aumento no es una consecuencia inevitable ni fruto del azar, sino que se explica por la reforma laboral aprobada en 2012. Es su responsabilidad.

Evidentemente, el paro no iba a seguir creciendo toda la vida, ni siquiera en España. Pero la estrategia seguida por Rajoy en este asunto consiste en sustituir paro por pobreza remunerada. Nos dirigimos hacia un país de trabajadores con contratos temporales, a tiempo parcial, mal pagados y sin apenas derechos. La recuperación anunciada para 2014 se parece mucho a la caída en un pozo oscuro y sin salida. Se está privando a los ciudadanos de cualquier horizonte de prosperidad y seguridad. La desigualdad seguirá creciendo, con los efectos letales que tiene para la convivencia y la democarcia. Muchos españoles, sobre todo los más jóvenes, descubrirán que la miseria es compatible con tener un trabajo, o incluso más de uno. Y cuando protesten les dirán: "no te quejes, que hemos pasado de un 27% de paro a un 25,5%". 

Esto no es recuperación: esto es dejar las cosas como estaban o peor. 2014 tiene que ser el año en que los ciudadanos se nieguen a aceptar este relato falaz y esta triste resignación. La política está para progresar, para avanzar, y no para que unos conserven el poder y sus privilegios mientras la mayoría se olvida de que una vez España fue un país con futuro.

Petición en Chang.org sobre el referéndum de Cataluña (de Luis Rodríguez Abascal)

Queridos compañeros y sin embargo amigos,

importuno vuestro descanso navideño, o vuestra petición de sexenios, o vuestra terminación de esa deuda académica pendiente quizá con el plazo ya vencido (no es por tocar las narices, en todas esas estoy yo) para enviados una petición que he puesto en marcha en Change.org. El contenido es en realidad, mutatis mutandis, el de un artículo que me han rechazado recientemente en El País.

Supongo que no todos estaréis de acuerdo, pero aquellos que lo estuvierais, si os pareciese adecuado difundirla entre quienes pensaseis que podrían estar en sintonía, os lo agradecería mucho. De momento, en estas primeras horas las respuestas que voy recibiendo son muy positivas.

http://www.change.org/petitions/al-gobierno-de-españa-que-celebre-un-referéndum-de-autodeterminación-en-cataluña-y-ponga-todo-su-empeño-democrático-en-ganarlo?share_id=reoPuzIBLI&utm_campaign=share_button_action_box&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition

Aprovecho para desearos un magnífico 2014 con un abrazo enorme,

Luis Rodríguez Abascal

(Luis es profesor de Filosofía del Derecho de la UAM y su tesis fue sobre nacionalismos)

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Yo he apoyado la propuesta, al considerarla sensata y llena de coherencia.  

Juan Andrés Buedo

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De Change.org he recibido la correspondiente comunicación de agradecimiento, así como la

Nota para reenviar a mis amigos:

Hola!

Acabo de firmar la petición "Al gobierno de España: Que celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ponga todo su empeño democrático en ganarlo." en Change.org.

Es importante. ¿Lo firmará también? Aquí está el enlace:

http://www.change.org/petitions/al-gobierno-de-españa-que-celebre-un-referéndum-de-autodeterminación-en-cataluña-y-ponga-todo-su-empeño-democrático-en-ganarlo?share_id=EELAyOvdCT&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition

¡ Gracias!

Juan Andrés

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• Petitioning Al Gobierno de España 

Al gobierno de España: Que celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ponga todo su empeño democrático en ganarlo.

1.  

   1. Petition by

      Luis Rodríguez Abascal

      Madrid, Spain

 Porque celebrar un referéndum y hacer lo posible por ganarlo es la mejor forma de responder al desafío independentista. Esta opción no tiene presencia alguna en el debate político y es urgente que la tenga.

Nada incomodaría más al independentismo y, sin embargo, no habría respuesta más democrática a su reto ni nada le quitaría la razón con más firmeza que una derrota en las urnas. La propuesta independentista nos parece una muy mala iniciativa, no un derecho, pero ha sido planteada desde las instituciones elegidas democráticamente de Cataluña, por medios pacíficos y ha demostrado una capacidad de movilización muy considerable. La respuesta debe estar a la misma altura: debe ser una respuesta pacífica y democrática y respaldada por la ciudadanía de Cataluña. 

Hay muy buenas razones de la razón y del corazón para que Cataluña permanezca en España. Quienes apoyamos esta petición estamos convencidos de que la mayoría de nuestros conciudadanos catalanes pueden verlas y compartirlas con los demás españoles. La celebración de un referéndum nos comprometería a todos a recordarlas, a ofrecerlas, a renovarlas, a reflexionar sobre ellas en un diálogo cívico inaplazable.

La celebración del referéndum de autodeterminación debe cumplir al menos dos condiciones básicas que se derivan de su justificación democrática. En primer lugar, la pregunta debe ser clara, por ejemplo: ¿Desea que Cataluña se constituya en un estado independiente? Sí/No. En segundo lugar, la importancia de que el cambio de fronteras, si se produjese, sea estable y no quede sujeto a la formación en poco tiempo de una nueva mayoría que lo revierta, con el consiguiente coste colectivo de ese tejer y destejer interminable, debe llevar a exigir una mayoría cualificada para considerar que ha ganado la opción independentista.

Apoyamos la celebración de un referéndum con la máxima responsabilidad, conscientes de que si la opción elegida fuese la independentista, el gobierno de España estaría obligado a negociar de buena fe las condiciones de una ruptura que no deseamos. Habría que negociar por ejemplo, la cuantía y forma de pago de una indemnización por los perjuicios que acarrease el cambio de fronteras o arbitrar mecanismos para que ese perjuicio fuese menor. La secesión no debe hacerse a costa de empeorar la situación de los que se quedan y, si así fuera, quienes la deciden y se benefician de ella deben compensar su coste o mitigarlo. Cuando estuvieran pactadas esas condiciones, los demás españoles tendrían que darles su visto bueno final en un referéndum de confirmación de ese pacto.

No hay que confundir esta petición con las propuestas de reforma de la descentralización del Estado. Antes de deliberar sobre esas posibilidades hay que allanar el camino con el referéndum que aquí se propone. La amenaza independentista ha sido lanzada desde las instituciones democráticas de una comunidad autónoma con un considerable apoyo ciudadano y hay que tomarla muy en serio. Ninguna reforma será suficiente para aplacar los anhelos independentistas de quienes los tienen. Sólo una derrota en las urnas tendría ese efecto.

Quienes deseamos que Cataluña continúe en España lo hacemos convencidos de que el proyecto común que construimos entre todos vale la pena, mejora nuestras vidas, nos aporta diversidad, nos dinamiza en la rivalidad, nos une en la colaboración, nos ofrece un país plural en el que vivir acompañados de otras gentes iguales y distintas implicadas en un empeño colectivo de cooperación enriquecedora que nos hace mejores a todos. 

Comencemos por darle un voto de confianza a nuestros conciudadanos de Cataluña, invitémosles a dar su apoyo a ese proyecto de una España común y plural en las urnas, a propiciar que se renueven y fortalezcan nuestros vínculos sociales y políticos; a desactivar la capacidad del independentismo de distorsionar la vida política cotidiana; a demostrar a todos que Cataluña también es plural respecto de esta cuestión, como respecto de tantas otras, y que la única fuerza que mantiene sanos y firmes los lazos que nos unen es la del respeto, el aprecio y el interés mutuos.

To: 
Al Gobierno de España 

Que celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña y ponga todo su empeño democrático en ganarlo.

Sincerely, 
[Your name]

Atentado del Gobierno contra el Sistema Público de Servicios Sociales (por Juan Andrés Buedo)

Cuando llegue el momento del voto ningún ciudadano coherente debe olvidar el atropello cometido por el PP, retirando su voto al Gobierno de Rajoy y a su intervención política, porque han conseguido desmantelar el cuarto pilar del Estado de Bienestar, logrando al fin que las políticas sociales desaparezcan literalmente del mapa español, dejando desprotegidos a miles de ciudadanos y acabando materialmente con la autonomía local.

Al menos 14.885 millones de euros, equivalente al 1,5% del PIB, se han evaporado de las cuentas de las Administraciones central y autonómicas desde 2010 —y eso sin contar los presupuestos autonómicos de 2013 en sanidad, ni el recorte total en servicios sociales— según la estimación elaborada por El País. Las tijeras presupuestarias, afiladas con las reformas impuestas por la UE, vienen rebajando y dificultan o encarecen el acceso a los beneficios sociales del Estado de bienestar. Con la excusa de la crisis, el impulso de las medidas se ha extraviado a partir de la ideología, como coinciden varios expertos que ven de trasfondo la batalla entre el modelo tradicional europeo de bienestar y el neoliberal.

Viene justificándose el Gobierno en el déficit público y el ahorro obligado para contenerlo, y así cae otra vez en esa incompetencia que se demuestra más afanada en cortar la hemorragia que en estudiar sus consecuencias. Ha exhibido una apuesta más obcecada por reducir el gasto, según algunos expertos, que por aumentar los ingresos, lo que reduce el peso del Estado.

Para los ciudadanos, con el bolsillo estrujado e inmersos en un mar de incertidumbre y eufemismos —al recorte se le llama ahorro, a la privatización, externalización, como acertadamente explicó Charo Nogueira—, crecen las dificultades. Al debilitamiento del trabajo y las rebajas de los sueldos se añade una mala noticia tras otra: las ambulancias dejan de ser gratis, hay que pagar más por los medicamentos, la escuela pública pierde recursos, la universidad es más cara, los ancianos mueren esperando su ayuda por dependencia...

Los malos anuncios llegan desde 2009, cuando el Gobierno socialista de Zapatero endureció de forma gradual el acceso a las pensiones públicas. Y han arreciado desde 2010, con la  demolición de los ingresos fiscales —mantenedores del Estado de bienestar—, que junto a otros sumandos como el paro, la recesión y la obligación inexcusable de cuadrar las cuentas impuesta por la UE y los mercados financieros están arrastrando el modelo de prestaciones universales e igualitarias.

“Si se necesita cortar, hay que hacerlo, el problema está en por dónde se corta”, afirma uno de los grandes estudiosos a nivel global del Estado de bienestar, el danés Gosta Esping-Andersen. Y en ese terreno España, con una situación “brutal”, suspende. “Es preocupante la falta de una estrategia de prioridades. Me da la impresión de que los recortes se hacen a ciegas, sin pensar en las consecuencias a medio plazo”, advirtió el analista nórdico, profesor en la Universidad Pompeu Fabra. Palabras corroboradas por César Antón, director general del IMSERSO y experto del PP en bienestar social, cuando sin matiz alguno a todo este hachazo afirmó: “No ha habido tiempo para reflexionar. Los objetivos de déficit marcados por la UE han obligado a tomar medidas rápidas”. Y así, con todos estos desaciertos, se vienen obteniendo unos resultados disparatados e inconvenientes.

Las consecuencias del cambio de prototipo se ven próximas: “Vamos hacia un modelo de una mayor desigualdad, gestionado por un Estado asistencial que sobrecarga a la familia y que hace al individuo responsable último de los riesgos de su existencia”, ha avisado Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de la Universidad de Alcalá. Está convencido de que los recortes pueden causar un deterioro “irreversible” de los servicios. Otro catedrático experto en políticas públicas, Vicenç Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra, también es pesimista. Determina que con los tajos presupuestarios “se están desmantelando” los servicios del Estado de bienestar mientras crece el sector privado. Y hay quien se beneficia de la situación: “El capital financiero” y los sectores sociales “con rentas altas”. Al reproducirse la polarización social en España, en detrimento de la mayoría de la ciudadanía que utiliza los servicios públicos, progresivamente  “vamos a unmodelo bipolar sumamente desigual y muy ineficiente”, añade el profesor Navarro.

Las tijeras del austericidio, segúnadvierten las ONG, han provocado una enorme perturbación socioeconómica de la que se tardará 20 años para recuperar lo perdido y acortar la creciente brecha entre ricos y pobres. Dentro de la línea descrita hay cifras absolutamente incontestables, que deja en evidencia cómo la orientación del PP y sus dirigentes no es cuestión de ajuste económico, sino de adelgazamiento de lo público. Y así se ha visto corroborado por la Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Se ha constituido esta ley, más conocida como reforma local, en uno de los proyectos más discutidos de la legislatura y del que se han elaborado una treintena de borradores; el primero, en julio de 2012, hace año y medio. Finalmente, después de un proceso legislativo caótico e improvisado de principio a fin,  ha entrado en vigor el 31 de diciembre del año recién acabado y pone en marcha los mecanismos para que los servicios sociosanitarios que prestan los municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la competencia general en la materia.

En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más corto, de dos años. Los municipios se encargarán solo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social. Sin embargo, en ambos casos las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del sistema de financiación.

Según corrobora Rafael Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Constitucional, la LRSAL es producto de lo que se ha venido en denominar como proceso de “reforma local” y se articula, por un lado, en una “revisión profunda” de la LRBRL y en una serie de modificaciones puntuales (pero de amplio calado en sus previsibles impactos) de la Ley de Haciendas Locales, así como, por otro, en un conjunto de medidas que se incorporan como disposiciones adicionales, transitorias y finales a la propia Ley de racionalización. 

Tiene la ley consecuencias inmediatas, a pesar de que su aplicabilidad se difiere en muchos de sus aspectos. Esto quiere decir que buena parte de las previsiones de la LRSAL se aplazan en su efectividad, pero ello no entraña “bajar la guardia”, pues las obligaciones derivadas de su práctica retardada comportan que tanto Comunidades Autónomas (a quienes afecta notablemente este texto) y entes locales deban iniciar un proceso de adaptación de su cartera de servicios, organización y personal a lo dispuesto en esta norma. 

Nace esta ley suavizada respecto a lo que fue en sus inicios y contiene no pocas previsiones de muy difícil o imposible materialización efectiva. Pero el problema real, directo y preciso es que engloba mandatos inmediatamente aplicables, ante los cuales ni responsables políticos locales ni funcionarios públicos podrán eludir su cumplimiento. Esto llevó a la Comisión de Alcaldes, plataforma integrada por ediles de partidos contrarios a la reforma local, a llamar a los ciudadanos a manifestarse el jueves día 12 de diciembre delante de sus ayuntamientos contra una norma que consideran "privatizadora y recentralizadora". En una rueda de prensa que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, Abel Caballero, alcalde de Vigo por el PSOE y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pidió a los ciudadanos que se sumen a las protestas para tumbar una ley que "tiñe de luto los municipios españoles".

Previamente, el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) denunció a principios de julio de 2013 que el Gobierno había orquestado una campaña para sustituir la red pública de servicios sociales por ayudas puntuales a través de servicios concertados. “Mientras desmantelan el sistema público, dan pasos hacia la beneficencia. Los programas puntuales son parches que ni van a la raíz del problema ni lo abordan en su integridad”, indicaba la presidenta del CGTS, Ana Lima. Además, explicaba, “estos planes tan pronto como se crean, se pueden anular, no son garantía de nada”. El Consejo alertó de la gravedad de la situación, porque supone un cambio de paradigma. “Los y las trabajadoras sociales rechazamos que sea la caridad la que prime sobre los derechos sociales, porque eso va en contra del principio de justicia social”, denunciaba Lima.

La denuncia de la LRSA por los Profesionales de los Servicios Sociales evidencia el atentado cometido por el Gobierno contra el Sistema Público de SS SS. En particular, su Manifiesto se refiere a lo que se ha convertido en el artículo ocho que modifica el artículo 25 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. La nueva Ley genera incertidumbre y preocupación entre los/as profesionales cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

A tenor de este redactado, conviene señalar –afirman los profesionales-, que no se menciona el Sistema de Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales; ignorando la nueva Ley, como se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España, plenamente asentado y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro Estado del Bienestar.

En estas últimas décadas, aclara el reiterado Manifiesto que los Servicios Sociales se han organizado atendiendo a su nivel de especialización; distinguiéndose la Atención Primaria,  de competencia local, y la Atención Especializada, de competencia autonómica. Los primeros constituyen la estructura básica del sistema público de SS.SS., siendo su finalidad conseguir unas mejores condiciones de vida de la población mediante una atención integral y polivalente. Los segundos deben entenderse como aquellos que requieren el desarrollo de una atención específica (nivel secundario) a usuarios/as con circunstancias especiales. Y los Servicios Sociales Comunitarios o Generales, de competencia municipal, son la estructura de gestión pública más cercana que tiene la ciudadanía para garantizar el acceso a sus derechos sociales; son la parte más representativa del conjunto de políticas sociales en el ámbito local. Conocida es la trayectoria de la administración local española en el desarrollo de servicios y programas que garanticen la cobertura de las necesidades sociales más prioritarias de su ciudadanía.

Al componer las corporaciones locales la Administración más cercana a la gente, no se entiende porqué el Gobierno de Mariano Rajoy se ha empeñado en sacar adelante una Ley de Reforma Local con la que se despoja a los consistorios de gran parte de las competencias que han permitido la construcción de un país de derechos y libertades al que nos terminamos acostumbrando. Con la LRSA se han disparado todas las alarmas, una serie de emisiones y descargas que, cargado de razón, entiende el Manifiesto refrendado por los profesionales que debe censurarse “el intento de dibujar un Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía quedan desdibujados, por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a”. Con el nuevo esbozo, “la participación ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece”, persevera dicho documento, para el que “la fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; y deja las personas y familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las que, como en el caso de las Diputaciones, no han votado”.

Para terminar, no podemos olvidar tampoco que la LRSA comprende un nuevo y doloroso ejemplo del empeño que tiene el Gobierno del PP en legislar contra la ciudadanía, según ha demostrado impulsando leyes como la de educación, la reforma laboral; o imponiendo severos recortes en sanidad, dependencia y pensiones. Puestos nuestros electores ante las urnas, ninguno debería perder la cuenta de cómo era este país años atrás, pues el olvido o el atolondramiento desmantela nuestras cercanías e impide mirar al futuro percibiendo que el presente se construye a través del contorno y las necesidades de la ciudadanía, y no desde la prepotencia ni con las tijeras presupuestarias en la mano. De este modo, transcurridos dos años ya podemos trazar los rasgos ideológicos que definen la acción del gobierno presidido por Mariano Rajoy. Sabemos que es muy de derechas, pero en este amplio y sutil espacio habitan visiones políticas marcadas por un gobierno que es cada vez más reaccionario. Su influencia se deja sentir intensamente en el brusco cambio de modelo político y social que se está forzando. El ambiente consensual del presente régimen implica neoliberalismo reaccionario y protección de la oligarquía económica. Con sus medidas y recortes en materias tan sensibles como la sanidad o la educación, el gobierno de Rajoy está acabando con el precario Estado de bienestar que nuestro país a duras penas mantenía. Tocar estas teclas desarbola el tejido social subyacente. Han entrado como elefantes en una cacharrería, y por mucha crisis que se aluda no hay nada que disguste más a un conservador que esta forma de actuar, como advierte Víctor Alonso Rocafort.

Juan Andrés Buedo