Editorial de UPyD (Ver aquí)
Lo mejor que puede decirse de la presidencia de Ignacio González en el gobierno autonómico madrileño es que está fracasando en sus principales objetivos. Ayer tuvo que dar por muerto su proyecto de privatización de la sanidad de la región tras desestimar la justicia los recursos del ejecutivo autonómico contra la paralización cautelar de las actuaciones. Además, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, se hizo responsable de lo sucedido y sacrificó su posición para amortiguar el golpe sobre el presidente.Tal y como explican hoy los diputados autonómicos de UPyD Ramón Marcos y Enrique Normand, la decisión del gobierno madrileño no se justifica por las medidas legales, sino que es puramente política. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha declarado ilegal el proceso, sino que ha pedido su paralización mientras se investigan aspectos muy sospechosos del mismo. Por tanto, y como hemos visto tantas veces, hubiera sido posible seguir adelante a la espera de una sentencia firme que bien hubiera podido tardar en llegar más de un lustro. Una eternidad, tal y como entiende la política el bipartidismo miope.
UPyD siempre se opuso a este proceso. Sus principales argumentos eran políticos: existía un alto riesgo de que la privatización deteriorase un servicio público esencial para la igualdad de los españoles. Esto es lo que ha movilizado a decenas de miles de ciudadanos que han ejercido una presión pública muy notable que sin duda ha tenido su peso en el reciente desenlace. Pero no era esto lo que la justicia estaba investigando, sino posibles irregularidades en el proceso de privatización: la Comunidad cambió ciertos criterios económicos al final del plazo a la vista de la falta de ofertas para los seis hospitales que salieron a concurso. Sólo se habían recibido tres ofertas, por tres hospitales diferentes y todas muy cercanas al precio de partida, lo que hace sospechar que pudo haber prácticas anticompetittivas.
El asunto estaba pésimamente planteado desde el principio. Fue Esperanza Aguirre la que construyó hospitales públicos mal dotados sin una justificación suficiente en cuanto al número de pacientes o el nivel general de salud. Le sirvió, eso sí, para hacerse la foto de la inauguración (o inauguraciones, que en algunos casos hubo tres). Una vez hinchada la burbuja hospitalaria, la propia Aguirre advirtió de la dificultad de sostener con fondos públicos estos hospitales, abriendo la puerta a la privatización. Por motivos todavía poco claros, dimitió y dejó la tarea a Ignacio González, que fue quien realmente la puso en marcha. Como hemos visto, lo ha gestionado de forma nefasta.
La secuencia es muy reveladora: se construyen hospitales que no se necesitan, se constata la mala situación de las finanzas públicas regionales, se procede a privatizar hospitales, se hace un discurso facilón a favor de bajar impuestos, se pide la reforma de la financiación autonómica (o sea, que se suban los impuestos a otros) y mientras tanto se ofrecen todo tipo de facilidades a un magnate del juego para que construya unos casinos. Como paisaje de fondo, el caso Gürtel y un ático en Guadalmina. El PP sin duda comprenderá que ante esta falta de respeto a la lógica, a la verdad y a los ciudadanos la dimisión de un consejero de Sanidad sepa a poco. Claro, que sabrá a menos si, como sus predecesores, termina asesorando a alguna gran compañía de servicios hospitalarios.
Una vez superado este temporal, quizás puedan suscitarse los dos debates fundamentales: uno es cómo mejorar la sanidad pública, tal y como planteó ayer el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco. Y el otro, más difícil y todavía más importante: la necesidad de devolver la competencia de sanidad al Estado como forma de garantizar la igualdad de todos los españoles. Porque aunque la privatización haya fracasado en Madrid, lo cierto es que existe en otras comunidades, abriendo o ampliando diferencias sociales que una democracia como la española debería tender a eliminar. Y esto es algo que, a día de hoy, sólo pide Unión Progreso y Democracia.