El Consejo de Europa es un órgano que se esfuerza por crear un espacio jurídico común en todo el continente y que presta especial atención a la situación de los derechos humanos. Acaba de advertir a España de que es ilegal retirar servicios sanitarios a los inmigrantes, tengan o no tengan la documentación en regla. De todos los recortes que el Gobierno ha practicado sobre los servicios esenciales, el de la atención sanitaria a los extranjeros es uno de los peores. Tal y como ha denunciado en numerosas ocasiones la portavoz de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, en nuestro país se ha sustituido el concepto de sanidad universal por el de aseguramiento.Tras el reciente fracaso de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, el informe del Consejo de Europa es un nuevo varapalo a las políticas del PP en esta materia. Ambos casos demuestran algo que debe dar seguridad a los ciudadanos: existen unas normas y unas instituciones que impiden - o al menos dificultan - que los gobiernos locales, regionales o nacionales puedan hacer cualquier cosa. Europa, además de un proveedor de dinero para los países como España, es también un marco que define unas líneas políticas concretas. En muchos aspectos hay que reformarlo precisamente para que proteja mejor a las personas, pero siempre conviene destacar lo que funciona bien y recordar a los gobernantes su deber de respetar ese marco. Precisamente, a raíz del informe del Consejo, se preguntaba Rosa Díez si el Gobierno de España se daría tanta prisa en dar marcha atrás en su recorte sanitario como se dio en aplicar la sentencia que acabó con la aplicación retroactivade la doctrina Parot.
¿En qué aspectos habría que reforzar las instituciones europeas, sin dejar ni por un momento de presionar al Ejecutivo de Rajoy? Un ejemplo sería la lucha contra la pobreza infantil. Aunque Europa ya provee de cuantiosos fondos destinados a políticas sociales, es obvio que no ha sido capaz hasta la fecha de obligar a los Estados a tomarse la miseria de los niños como una prioridad. Un estudio de Save the children demuestra que uno de cada tres menores españoles está en riesgo de caer en la pobreza, y ya hay dos millones y medio por debajo del umbral. Son niños que, tal y como señala la ONG, no pueden comer fruta ni verdura a diario, no estrenan ropa o no cuentan con un lugar adecuado para hacer los deberes, asuntos que van a afectar a su desarrollo y va a dejar la igualdad de oportunidades en papel mojado. Por supuesto, es responsabilidad del Gobierno poner en marcha un plan contra este mal, pero también hay que exigir a la Unión que tome cartas en el asunto como lo hace en tantas asuntos de menor relevancia.
Otro ejemplo que traen los periódicos de hoy es la economía sumergida. Su crecimiento en España es visto por los cínicos como una vía de escape a la recesión, como la constatación de que la cosa en realidad no está tan mal como parece. La economía informal, sin embargo, es una lacra. No sólo escamotea a la sociedad la contribución que le correspondería pagar como impuestos, sino que favorece condiciones laborales de semi-esclavitud y está en muchas ocasiones vinculada con el crimen. Es la máxima expresión de la precariedad económica y laboral. La lucha contra el fraude, tanto como la política fiscal, debería ser objeto de una regulación europea. No sólo porque es justo, sino también porque genera graves desequilibrios entre países.
Al mismo tiempo que exige a las diferentes administraciones españolas que actúen contra la pobreza, el fraude o la desigualdad, UPyD defiende y defenderá en las instituciones comunitarias un mayor protagonismo en estos ámbitos, de modo que el avance en la construcción europea sea el avance de la Europa social, de la igualdad y de la ciudadanía.