Alternativa General para el Progreso de Cuenca

María Dolores de Cospedal y su gestión de piedra (por Juan Andrés Buedo)

Mal que les pese, los comisionados y mandatarios del PP castellano-manchego (esos que no tardan ni cinco minutos en afirmar que “gracias al Gobierno de Cospedal” se ha conseguido cualquier repunte o mejora en la intervención pública de esta Comunidad autónoma) han ocultado cuanto han podido que “su” presidenta –Doña María Dolores- fue nominada al I Premio Nacional “Corazón de Piedra”.  Un inspirado galardón, pergeñado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que vino a reconocer al fin "la trayectoria y actuaciones más destacadas por su falta de sensibilidad en materia social y su desprecio hacia las personas más necesitadas" durante el último año en España. Junto a ella estuvieron Ana Mato, Luisa Fernanda Rudi y Rafael Hernando, todos alzados en la cúpula del Partido Popular con diversas funciones.

Se trató de una iniciativa de la citada Asociación (AEDGS, creada en 1994, aglutina a más de doscientos profesionales repartidos por todo el país, entre psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, educadores y abogados, con experiencia contrastada en la gestión de viviendas tuteladas, centros de personas mayores, de acogida a inmigrantes, de atención a personas con discapacidad…), quienes, tras casi dos décadas otorgando su Premio anual a instituciones, personas y medios de comunicación comprometidos con la labor social (comprometidos a favor), se han visto moralmente empujados a hacer justicia también con un sector flagrantemente ninguneado en este tipo de eventos: el de aquellos que ponen toda su fe, desvelos y energías en "desmantelar" el sistema de asistencia pública español. "Es necesario –argumentan en el anuncio de su web– que se reconozca a las personas que muestren mayor insensibilidad y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo".

Cospedal, que ya fue la candidata más votada del I Premio "Gente sin Alma" que había instaurado la Plataforma por la Defensa de la Ley de Dependencia, fue designada por su obsesión por desmontar políticas sociales, con especial dedicación a aquellas dirigidas a los sectores más vulnerables (personas en situación de dependencia, familias con graves necesidades...). Por ser la mejor exponente de la demolición de la Acción Social en una Comunidad Autónoma, y por hacerlo desde la arrogancia y la soberbia de quien no tiene dificultad alguna para cobrar un buen sueldo (o unos buenos sueldos). Por querer que la sociedad castellano-manchega vuelva a tener que recibir por compasión lo que en un Estado Social y Democrático son y deben ser derechos subjetivos. Por su dedicación y eficacia en demoler las estructuras de servicios sociales que se han ido construyendo a lo largo de tres décadas en esa Comunidad. Por eso y por mucho más, “el Gobierno de Castilla-La Mancha y al frente del mismo, su Presidenta, María Dolores de Cospedal, han dado muestras más que suficientes de insensibilidad y falta de valores humanos, para merecer sobradamente el premio Corazón de Piedra 2013”.

Finalmente, el 25 de octubre de 2013 se otorgó este premio a Ana Mato, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales  e Igualdad. Concesión más que meritoria al asentarse en una perspectiva neoliberal y conservadora, evidentemente, donde todas las actuaciones de una Ministra de Servicios Sociales se han limitado a “recortar, destruir y demoler políticas sociales, sin un solo impulso o sin ni si quiera una innovación. Sencillamente, no hay precedente alguno, no ha habido, y ojalá que no haya jamás, Ministro alguno con tal bagaje. Ella sola, en menos de dos años, se ha cargado las políticas sociales más básicas (el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Entidades Locales); está a punto de lograr, golpe a golpe, la demolición del Sistema de Atención a la Dependencia con recortes tan acusados y de una crueldad inaudita, como retrasar dos años la atención a una persona en situación de dependencia la que se le reconozca el derecho a recibirla. Y por si fuera poco, va a permitir sin mover un dedo, que la Reforma de Régimen Local que ha propuesto el Gobierno del que forma parte, se cargue la mayor parte de los servicios sociales municipales, tan necesarios en momentos como los actuales, y que constituyen el último recursos para cientos de miles de personas y familias”. 

Cospedal tan solo le fue a la zaga a su compañera. Pero es obvio que no ha pasado del ámbito gestor de Castilla-La Mancha, y, como corearon los votos obtenidos en el citado premio por esta señora –nunca presidenta de todos los castellanomanchegos-, la siniestra realidad de su política asistencial (¡cuántos profesionales se han preguntado si debió poner al frente de la Consejería responsable a quien la ocupa!, y es que ¿acaso no debería haberse ido muchos meses atrás?) ha cooperado firmemente a la derogación "silenciosa" de la Ley de Dependencia, un punto clave revelado por José Manuel Ramírez, presidente de la AEDGS. Supone una amputación administrativa esencial del austericidio pepero, que está causando ya un atormentado mal a miles de personas: "La dependencia se muere por inanición con el decreto-ley de julio del año pasado", asegura Ramírez. "Se trata de un cambio de modelo global, de eliminar un sistema de seguridad y servicios sociales y derivar a la beneficencia a la gente que no pueda permitirse un seguro privado". Algo que acabará provocando, calculan, que "más de dos millones y medio de usuarios" dejen de recibir estos servicios.

Según los datos hechos públicos a comienzos de octubre por la Asociación señalada, entre agosto y septiembre pasados se observaron "150 beneficiarios menos cada día en el Sistema de Dependencia". "Cada diez minutos se deja de atender a un beneficiario de la Ley y cada media hora se despide a una trabajadora del Sistema", aseguran, acusando asimismo al Gobierno de "mentir pretendiendo haber reducido la lista de espera, jugando con los datos y ocultando las restricciones de acceso y el abandono a las personas", algo que consideran "sencillamente vergonzoso". Una mecánica en la que se halla inmersa Cospedal y su gente, por la serie de medidas adoptadas que están teniendo como resultado inequívoco la trágica desatención a las personas en situación de dependencia y a sus familias. Algo que, como ha recalcado el propio Ramírez, “es inadmisible, insultante y cruel al revestirse de eufemismos como mejora o sostenibilidad lo que no es más que la destrucción planificada del sistema".

Frente a lo dicho por Rajoy y Cospedal en sus respectivos niveles competenciales, disconforme con los balances idílicos que han realizado sobre su gestión en el último año, lo único cierto es que éste ha traído más paro, más desigualdad y más recortes sociales, de derechos y de libertades. Sin embargo, Cospedal ha hecho un balance de la gestión política de 2013, tanto en los ámbitos nacional como regional, durante su intervención en la Junta Directiva del Partido Popular en Albacete, donde ha subrayado que su partido ha "garantizado" las pensiones frente a las "mentiras" del PSOE, que es "el único partido que las bajó".

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha ha pedido a los militantes "decir la verdad" (¡ya va siendo hora!) y explicar a los ciudadanos que "en 2014 vamos a crecer, vendrá la generación de empleo, entre todos lo vamos a hacer". A los demás partidos les ha pedido "unidad para fomentar este crecimiento económico, y consolidar las reformas que harán que este país tenga futuro, y podamos recobrar la esperanza". Cospedal ha apelado al "sentido común y la responsabilidad", en la comunidad autónoma y en el país, porque "los españoles merecen que trabajemos por aquello que de verdad es importante". En UPyD nos gustaría que cumpla verdaderamente la directiva del PP con ese sentido e incumbencia, y, con ello, podríamos enseñarles el formulario que en sus manos se convierten en mentiras y en las nuestras alcanzan pautas de estrategia política, regeneración democrática y progreso socioeconómico.

Así, remitimos al portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, a la dirigente popular que ha subrayado medidas como la reforma del sistema de pensiones, afirmando que ha hecho que sea "un sistema sostenible y garantizado, con el que se consigue que "no nos lo vuelvan a quebrar como lo han quebrado en dos ocasiones". En cambio, el recorte tenebroso provocado a los pensionistas es una disminución injusta de su poder adquisitivo pese al aumento del 0,25 por ciento que experimentarán sus pensiones. "Si eso no es un recorte importante, que afecta a 12 millones de personas, que venga Dios y lo vea", ha resumido Anchuelo.

Ante los déficits de Gobierno de Cospedal y su gente, han de aprender estos que hay alternativas directas, que pasan por acometer de una vez la reforma efectiva (con los ceses de asesores, consejeros y directores generales incapaces e inoperantes) de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, haciendo a estas más productivas y cooperantes con la necesaria reforma fiscal pendiente, e incrementando una mayor lucha contra el fraude.

La cosmética política de Cospedal, por el contrario, al desenvolverse en los déficits comentados de gestión, traen al ciudadano medio un mayor malestar y una peor calidad de vida, que vemos en numerosos indicadores sociales y económicos. Por ejemplo, los últimos datos oficiales del IMSERSO sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en España y en Castilla-La Mancha son muy elocuentes, y cabe lamentar que desde que María Dolores de Cospedal está al frente del Gobierno de esta Comunidad, 8.000 familias han perdido sus prestaciones. Esto significa que la tendencia de su Gobierno es a cargarse la Ley de Dependencia de forma acelerada, como lo prueba el que 1 de cada 5 dependientes de los que se beneficiaban de la Ley en la región antes de que llegara Cospedal, ahora han perdido ese derecho. Sobresaliendo también el indicador de los cuidadores en el entorno familiar de los dependientes, puesto que el 80 por ciento de ellos han sido ya expulsados del sistema. Olvidan la presidenta y los suyos a ese alto contingente de familiares que, de cualquier manera, van a tener que quedarse en casa cuidando a un gran dependiente, perdiendo no solo la aportación económica que recibían, sino la cotización a la seguridad social que el Estado hacía por ellos. Este es el resultado directo de su gestión de piedra, cuyo número de beneficiarios atendidos por la Ley se ha reducido cinco veces más de lo que lo hizo en el año 2012. De hecho, en lo que va de año, se ha dejado de atender a más de 2.000 familias castellano-manchegas o se han dejado de pagar prestaciones a 3.000 beneficiarios anteriores de la Dependencia. Mal muy mal, principalmente porque este constituye solo uno de los muchos indicadores de gestión que salpican a la que, primero, es secretaria general del PP, y, después, presidenta castellano-manchega; cuando, como demuestran los datos, debía ser al revés, dado que la gestión en esta Comunidad autónoma es incompleta, defectuosa e insuficiente.

 Juan Andrés Buedo

Mentiras encadenadas (por Rosa Díez)

(Publicado en El blog de Rosa Díez, aquí)

Dice el presidente Rajoy que 2014 será “el año de la recuperación“… ¿El año de la recuperación? ¿Acaso se van a recuperar el millón y medio de puestos de trabajo perdidos desde que está gobernando él? ¿Van a recuperar los pensionistas su poder adquisitivo? ¿Y los funcionarios? ¿Va a fluir el crédito a las familias y a las pequeñas empresas? ¿Se va a mantener el precio de la luz o hemos de agradecerle que en vez del 11% “sólo suba” en enero el 2,5% después de haber afirmado hace solo quince días que no subiría ni un céntimo? ¿Van a devolver lo que se llevaron todos los que han hundido a las entidades financieras? ¿Va a exigir responsabilidades políticas a los que en nombre de su partido contribuyeron al hundimiento de las Cajas de Ahorros? ¿Por qué llama reformas a lo que son sólo recortes? ¿Va a recuperar la inversión en investigación, en educación, en sanidad…? ¿Acaso cree que se puede sacar al país de la crisis sólo con buenas palabras?

Mientras, en Alemania se acaba de fijar un salario mínimo que duplica el de España; en Francia, 1400 euros. Quizá a eso se refiere Rajoy cuando habla de que el 2014 va a ser el año de la recuperación: la recuperación de aquello que ya creíamos superado, el viejo dicho de que España es diferente…

El salario mínimo, la tasa de paro, la tasa de cobertura de los desempleados, la inversión en sanidad, en educación, la politización de la justicia y de los órganos reguladores, la regulación del aborto… Si, somos diferentes. Y regresamos al pasado a pasos agigantados.

Cada vez se parece más a Zapatero; es como si hubiera un virus que ataca a los Presidentes en cuanto duermen en La Moncloa, llevándoles a perder el sentido de la realidad, suponiendo que lo tuvieran cuando entraron…

En fin, Presidente, que no engaña usted a nadie, que hasta los niños descubren antes de lo previsto que los Reyes son los padres… Menos cháchara y más sentido de la realidad. Y más respeto a los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de la ineptitud de su gobierno y de sus políticas de recortes.

Negar la realidad y llamar a las cosas por los nombres que no son es la mayor demostración de incompetencia y falta de respeto a los ciudadanos. Lo peor no son las medidas; lo peor son las mentiras… y la incompetencia.

Ayuntamientos de La Sagra (Toledo) piden una reunión con Cospedal para tratar "las escandalosas facturas de depuración"

TOLEDO, 26 (EUROPA PRESS)

Ayuntamientos socialistas de la comarca de la Sagra (Toledo) han pedido una reunión con la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, para tratar "las escandalosas facturas de depuración" que están llegando a los consistorios que tienen depuración con Aguas de Castilla-La Mancha.

Así, ante "la falta de soluciones por parte de la Administración regional", los municipios de Yuncler, Villaluenga, Pantoja y Alameda de la Sagra, han pedido una reunión con Cospedal, "para tratar este gravísimo problema que afecta a las depuradoras gestionadas directamente por la comunidad autónoma", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Tras la realización de diversos estudios técnicos solicitados por los ayuntamientos afectados, éstos han comunicado, denunciado y rebatido las irregularidades que se han detectado desde que comenzó a funcionar la EDAR a Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha.

Entre dichas irregularidades, han nombrado "la falta de concordancia entre el proyecto de ejecución de la EDAR y sus emisarios y la obra finalmente ejecutada; las filtraciones en los colectores; o la inadecuada ubicación de los caudalímetros para la toma de datos de media".

Asimismo, han incluido la "incorrecta liquidación de las facturas, donde existe una disparatada diferencia entre el canon de aducción y el canon de depuración", esto es, los metros cúbicos que se depuran con lo que se compran, diferencia que se hace especialmente notoria en época de lluvias debido a la falta de previsión técnica de los aliviaderos.

AFECTA A LA MAYORÍA DE LAS DEPURADORAS

Según el PSOE, este problema no sólo afecta a la EDAR Sagra Centro y a sus cinco municipios, si no a la mayoría de las depuradoras que explota Aguas de Castilla-La Mancha. "Se da la paradoja que hay ayuntamientos separados apenas cinco kilómetros entre sí que, dependiendo de quien gestione la depuradora, pueden llegar a costar el doble", han asegurado.

Los municipios de la Sagra Alta como Yuncos o Illescas, apenas pagan a 0,17 euros por metro cuadrado la concesión de la explotación por la depuradora, mientras que Yuncler o Villaluenga lo pagan a 0,42 euros por metro cuadrado, "lo que supone más del doble".

Por todos estos motivos, los ayuntamientos afectados, una vez agotada la vía administrativa, se plantean llevar el problema a los tribunales españoles e incluso los europeos, pues estas depuradoras se construyeron con fondos FEDER de la Unión Europea. Aún así, tienen esperanza que el problema se solucione "con diálogo y sentido común".

La hora de la tercera España

Editorial de UPyD (Ver aquí)

   La hora de la tercera España: 2013 en 21 editoriales de UPyD

Durante el año 2013 se han publicado en la web de UPyD 221 editoriales sobre los asuntos que han marcado el debate político en España: corrupción, paro, recortes, desigualdad, terrorismo, modelo de Estado, educación, transparencia, la estafa de las preferentes, la politización de la justicia, la quiebra del sistema financiero... Pero, del mismo modo que UPyD es, antes que unas siglas, un proyecto político inspirado en un modelo de democracia y de país, los editoriales no proporcionan respuestas puntuales a problemas aislados, sino una perspectiva completa de la grave crisis política que vive España y de las reformas necesarias para ponerle fin.

Los que aquí se recogen son una breve selección que acredita el esfuerzo de UPyD pordar sentido a los problemas que viven los españoles. Pese a su vinculación con la actualidad diaria, pretenden ofrecer un relato coherente y veraz de cómo hemos llegado hasta aquí y qué tenemos que hacer para salir. Es decir, tratan de dibujar un mapa en el que las noticias del día son puntos de referencia en un espacio mucho más amplio. Esto es algo que sólo Unión Progreso y Democracia está en condiciones de hacer desde dentro del sistema de partidos. Por un motivo muy sencillo: UPyD se creó para hacer lo que las otras formaciones no iban a hacer salvo que se vieran obligadas.

Reformar la Constitución y el modelo territorial, despolitizar la justicia y los órganos reguladores, modificar la Ley Electoral, instaurar el contrato único indefinido... todo lo que es necesario hacer para garantizar la igualdad, la libertad y la justicia -hoy en entredicho- supone un ataque a los intereses particulares de los viejos partidos y de sus élites dirigentes. Unos intereses que aparecen una y otra vez en el relato de la crisis y que la explican mucho mejor que la crisis de las subprime o la voluntad de Angela Merkel. La solución a los problemas de España, tal y como se apunta en los editoriales que aquí se presentan, pasa por devolver a los partidos al papel que les corresponde y recuperar el interés general de los ciudadanos como principal criterio político en España.

   La hora de la tercera España: 2013 en 21 editoriales de UPyD

Rosa Díez califica la reforma de la ley del aborto como un ataque a las mujeres y una afrenta a la sociedad laica y plural

UPyD (Ver aquí)

21 de Diciembre de 2013

Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha asegurado hoy que lareforma de la Ley del aborto aprobada en el Consejo de Ministros no arregla ninguno de los problemas de inseguridad jurídica de la ley actual ni para las mujeres ni para los profesionales de la sanidad sino que los empeora gravemente. "Es una reforma más restrictiva que la Ley del 85 que ni siquiera aborda la realización de los abortos por la sanidad pública", ha argumentado a la espera de un estudio más pormenorizado del texto porque, a su juicio, el "diablo está en los detalles".

Para la portavoz, la reforma aprobada es un claro ejemplo de irresponsabilidad del Gobierno y del Partido Popular que utilizan un tema tan sensible -y por tanto de tan necesario consenso-, para desviar la atención sobre los graves problemas del país como la corrupción política o la crisis económica y de empleo. "Es una reforma elaborada para sus hooligans, sin otro propósito que generar un nuevo enfrentamiento entre los ciudadanos, tratando de dividirlos en frentes antagónicos como si fuera un asunto de derechas o de izquierdas, y mostrando un absoluto desprecio a la evolución de la sociedad española y al entorno europeo en el que convivimos y al que pertenecemos".

Desde la legitimidad que nos da haber mantenido una posición contraria a la ley actual, tanto por el procedimiento utilizado (fuera de todo consenso) como por su contenido (inseguridad jurídica al mezclar de forma poco rigurosa plazos y supuestos y la autorización del aborto a menores sin conocimiento ni tutela de padres o jueces), denunciamos este despropósito perpetrado por el Gobierno de Rajoy. "Para UPyD esta norma no es sólo ni principalmente un ataque a las mujeres, es una afrenta a la sociedad laica y plural", ha argumentado.

La portavoz ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas y sociales para no caer en la "trampa" y en la "provocación" del Gobierno y del PP con la aprobación de esta norma. "Esta ley, por retrógrada, por generadora de inseguridad jurídica, por haber sido elaborada sin ningún tipo de consenso político ni social, merece una respuesta serena y firme, argumentada y transversal, en la que quepan todas las propuestas y expresiones de quienes, desde distintas perspectivas ideológicas y políticas, defendemos la separación de poderes, la laicidad, el respeto a la ley, la seguridad jurídica y el respeto a la vida. No contribuiremos a generar enfrentamientos pueriles que sirvan para tapar los graves problemas que afectan a nuestros ciudadanos pero tampoco dejaremos de defender una propuesta alternativa a esta chapuza política y jurídica perpetrada por un gobierno agónico y que, francamente, los españoles no nos merecemos".

Por último, Rosa Díez ha pedido al Ejecutivo my al ministro de Justicia que expliquen el bochornoso espectáculo generado tras la entrada y registro de la sede del PP ordenada por la Audiencia Nacional ante la reiterada negativa del partido del Gobierno de colaborar con la Justicia y ante el riesgo de que destruyan pruebas. "Para eso deberían haber comparecido hoy en el Consejo de Ministros y no para generar divisiones entre los ciudadanos", ha finalizado.

El Valhalla eléctrico y el infierno del tarifazo

Editorial de UPyD (Ver aquí)

El Gobierno va a tratar de que parezca que defiende los intereses de los españoles contra un perverso oligopolio eléctrico que pretende aprovecharse de la situación subiendo la tarifa eléctrica un 11%. ¿Es cierto que el imperio eléctrico contraataca y que el ministro Soria está solo ante el peligro? En absoluto. El sistema energético de nuestro país, del que forman parte las grandes empresas, las administraciones públicas y los órganos reguladores, es una gran familia en la que se ha desatado una riña interna, una lucha de clanes tras la cual los ciudadanos terminaremos por pagar los desperfectos.

Los vikingos creían que, si cumplían con ciertos preceptos, tras la muerte ascenderían de la mano de las valquirias al Valhalla, su versión del paraíso. El Valhalla es, según la mitología nórdica, un enorme y lujoso salón que recuerda, inevitablemente, a la sala donde se celebran los consejos de administración de las empresas eléctricas. Y es que, para los expresidentes, exministros o exconsejeros que han muerto para la política, esos consejos son su Valhalla, el paraíso que se han ganado tras años de soportar a la oposición y cumplir con los diez mandamientos del buen gobernante bipartidista: fingirás que gobiernas; no harás nada contra el establishment; honrarás a los partidos viejos; ofrecerás sacrificios regularmente a los nacionalistas; no despolitizarás la justicia; capturarás al regulador y lo tendrás siempre a mano; santificarás el modelo de Estado; no reconocerás más corrupción que la del prójimo; no mencionarás las subastas eléctricas en vano; no te acercarás a menos de 500 metros de la Ley Electoral.

Pero claro, la vida del vikingo no siempre es fácil, y tampoco la del ministro. Cumplir los preceptos significa en ocasiones perjudicar a las familias, es decir, a los votantes. Si algo demuestra el deficiente funcionamiento del mercado eléctrico español es que, en plena crisis, el precio de la luz no ha hecho otra cosa que crecer. ¿No dice el abc de la economía que si baja la demanda debe bajar el precio? España es ese país prodigioso donde pasa lo contrario. Por tanto, tocaba aplicar el primer mandamiento bipartidista: fingir que se hacía algo. El ministro Soria elaboró una reforma del sector eléctrico.

El galimatías energético es fruto de decisiones políticas negligentes tomadas en los últimos veinte años. Tenemos un sistema tan malo que además de ser ineficiente (la electricidad cuesta en España más que en los países de nuestro entorno) está ampliamente subvencionado. No sólo pagamos la luz con nuestra tarifa, es que además hemos acumulado una deuda de casi 30.000 millones con las empresas. ¿Arreglaba esta disfunción el apaño de Soria? En absoluto. Pero es que, además, lo previsto en la nueva ley fue derogado por su propio partido a instancias del ministro de Hacienda, que se negó a pagar 3.000 millones a las eléctricas como forma demaquillar el famoso déficit eléctrico. Las empresas pusieron el grito en el cielo, por lo que Montoro reculó en parte. Ahora, en una coincidencia poco sorprendente, una subasta eléctrica (el confuso y opaco mecanismo que contempla la ley para fijar los precios de la electricidad) permite subir la factura un 11%.

Y este es el momento del sainete en el que Soria se disfraza de Luke Skywalker para frenar el contraataque del imperio. Pero en lugar de sable láser, tiene a mano al nuevo órgano súper-regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyos miembros han sido elegidos por el tradicional sistema de cuotas entre PP, PSOE y sus satélites nacionalistas. Una llamada y acto seguido la comisión anula la famosa subasta, tan opaca como todas las demás, por "circunstancias atípicas". ¿Han ganado los buenos? ¿Podemos respirar los ciudadanos? Nada más lejos de la realidad. Aquí no hay una guerra, sino una lucha intestina en el seno de la familia. Entre el 11% que querían las eléctricas y el 5% que pretende el Ejecutivo hay margen para la negociación. Al final, se venderá responsabilidad y el mal menor. Falso. Nada habrá cambiado, salvo el precio de la luz, que asfixiará un poco más las economías de los españoles.

UPyD no ha dejado de decirlo. El diputado Carlos Martínez Gorriarán recordaba ayer mismo que el Gobierno participa activamente en la manipulación de los precios eléctricos. Nadie en este gobierno tiene el coraje ni la independencia para afrontar este gravísimo problema como la situación requiere. Pero menos que nadie José Manuel Soria, que ha demostrado una incompetencia por encima de la media del Consejo de Ministros, que ya es decir. Ahora, él y su jefe, Mariano Rajoy, tienen la oportunidad de elegir entre el interés general de España y su futuro asiento en el banquete de Odín. ¿Cuál cree usted, perspicaz lector, que será su decisión?

Madrid 2013: un año de fracasos y escándalos

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Se diría que Madrid tiene suerte con la ofensiva secesionista en Cataluña. Hasta cierto punto, los escándalos y fracasos del gobierno autonómico madrileño y de la alcaldesa de la capital quedan en un segundo plano frente al intento del nacionalismo de romper el Estado, y con él la igualdad y los derechos de todos los españoles. Pero Madrid reúne - tanto o más que cualquier otra comunidad - todos los defectos de la España autonómica, con ese toque inconfundible que sabe darle el PP a los desastres que gestiona.

El colapso financiero - que ocupa un lugar central en la crisis económica más grave de la democracia - tiene su epicentro en Caja Madrid primero y después en Bankia. En realidad, los correos de Miguel Blesa y los enjuagues políticos que evidencian, sólo aportan cierto colorido a una realidad que nadie puede desconocer desde hace muchos meses (como poco, desde que UPyD presentó su querella contra la entidad y sus administradores). Hasta ahora, Blesa también había sido afortunado: la nefasta gestión de su sucesor, Rodrigo Rato, en la salida a bolsa de Bankia y en la debacle que terminó con la nacionalización de la entidad había hecho olvidar a los menos enterados que Caja Madrid ya tenía muchos problemas cuando Rato accedió a la presidencia. Y, en particular, que fue Blesa el que puso en marcha la gran operación-estafa de las preferentes, de la cual sabemos ahora que se sentía especialmente orgulloso.

Es la politización lo que explica el colapso de las cajas de ahorros, y en particular de Bankia. Ya sabíamos que estas entidades, en las que también influían PSOE, IU, sindicatos y patronal eran el cajero automático de partidos e instituciones. Blesa estuvo apadrinado por el actual ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, lo que no fue impedimento para que atendiera reclamaciones y ruegos de Esperanza Aguirre eIgnacio González. Estas evidencias no han sido suficientes para que el parlamento regional investigue - ni siquiera debata - lo ocurrido en Caja Madrid: el PP ha vetado todas las peticiones al respecto llevadas a cabo por la oposición, conducta que ha sido recurrida por el grupo de UPyD en la Asamblea ante el Tribunal Constitucional.

González, presidente del gobierno autonómico, atraviesa ahora un momento delicado tras la imputación de su mujer por la compra del famoso dúplex marbellí. De hecho, tal y como ha recordado el portavoz magenta Luis de Velasco, si el presidente no está imputado se debe a que es uno de los 10.000 aforados que hay en España. Urge que González explique la opaca adquisición del lujoso inmueble en sede parlamentaria, independientemente de que termine por declarar ante un juez. Para evitarlo, el Gobierno ya ha puesto a su disposición al mejor despacho de abogados para la defensa de cargos públicos implicados en casos de corrupción: la Fiscalía General del Estado.

Además de estos sonados escándalos, también está en los tribunales la privatización de parte del Sistema Madrileño de Salud, afrontada sin estudios que la justifiquen yejemplo acabadísimo del fenómeno de la puerta giratoria: no es raro - de hecho es lo común - que los responsables de la sanidad regional terminen en empresas del sector con intereses en la privatización. Al margen de la justicia, el fiasco de Eurovegassimboliza mejor que cualquier otro fracaso el estilo popular: tras echarse en brazos de un magnate que pedía privilegios de todo tipo para montar un negocio basado en el empleo poco cualificado, su espantada no ha dado lugar a la más mínima autocrítica.

El Eurovegas del ayuntamiento de Madrid fueron los Juegos Olímpicos, que nada han dejado tras de sí salvo deuda y unas cuantas parodias que han dado la vuelta al mundo. Ana Botella administra desde los espaciosos despachos del Palacio de Correos la ruina que su propio partido generó. No hay semana sin una huelga - la más visible fue la de la limpieza municipal, hace apenas un mes -. Tampoco son infrecuentes los escándalos sobre contratos y adjudicaciones disparatadas (el Real Madrid y el ayuntamiento están siendo invesgitados por operaciones que ya fueron denunciadas en su momento por UPyD). En ocasiones, al escándalo se une el drama, como en el caso de Madrid Arena, en el que, tal y como ha denunciado el portavoz de UPyD, David Ortega, se confunden incompetencia y venalidad.

Sí, Madrid no tiene separatismo - aunque el propio Ignacio González recurre cada vez más a la retórica nacionalista para exigir mejoras en la financiación -, pero tiene todos los síntomas de la enfermedad del bipartidismo: opacidad, corrupción, ocupación de las instituciones, despilfarro e incompetencia. Ninguno de estos problemas es nuevo, pero el año que termina - el de los Juegos, Eurovegas, el ático, Blesa, la huelga de limpieza - ha dejado más clara que nunca la necesidad imperiosa de una renovación política que abra las ventanas y permita que corra el aire.

Cambalache en el Senado para no fusionar municipios

Editorial de UPyD (Ver aquí)

El PP está convirtiendo las "autoenmiendas" en todo un género literario y un estilo político. En esta legislatura ha adoptado la costumbre de comenzar negando cualquier posibilidad sobre cierta reforma, anunciarla a bombo y platillo unos meses después, presentar a continuación una ley que contradice lo anunciado y enmendarla en el Senado en un sentido distinto a los anteriores. No hay forma de adivinar cómo va a terminar un texto legal su trámite parlamentario. Tras el asombroso caso de la reforma eléctrica (que finalmente, y como no podía ser de otra manera, terminará reflejándose en una nueva subida de la luz para todos los ciudadanos), ahora el partido que desgobierna España se ha rectificado a sí mismo respecto a la remuneración de los alcaldes de poblaciones pequeñas: su tope salarial se ha visto generosamente ampliado en el tiempo de descuento.

Que la reforma local es un fraude en toda regla ya ha quedado dicho. No sólo no va a solucionar los problemas de nuestros municipios, sino que los va a agravar. La ley incluía un baremo para los sueldos de alcaldes y concejales, algo que, cuando lo pidió UPyD - allá por septiembre de 2012 - los populares rechazaron con rotundidad. El baremo era necesario, pero excluye a gran cantidad de cargos públicos. Ahora, tras un acuerdo con el resto de grupos, lo cambian para evitar que queden sin sueldo o con un sueldo muy bajo los regidores de pequeñas localidades.

¿Son estos sueldos el problema de los ayuntamientos españoles? No, desde luego. El problema no es que, en general, las retribuciones fueran altas. De hecho, junto a casos escandalosos como el de Alcalá de Henares (uno de los alacaldes que más gana de España, muy por encima del presidente del Gobierno) existen muchos otros con salarios muy bajos. Así que, en principio, el problema es de descontrol y falta de transparencia. Pero mirando más allá, reducir los sueldos más altos, con ser una medida necesaria de racionalización y ahorro, no va a solucionar los apuros financieros de los consistorios. Porque respecto a esta cuestión, la clave no es que los alcaldes cobren demasiado, sino que existen demasiados alcaldes.

La reforma local que necesita España pasa por la fusión de municipios y la supresión de las diputaciones provinciales. De este modo se podría mejorar la gestión municipal, garantizando los servicios mientras se reducen los costes. Pero claro, esto significaría que los partidos viejos tendrían que renunciar a gran cantidad de cargos y prebendas, a la misma base de sus redes clientelares. Es más sencillo decir que se van a reducir los sueldos, y mucho más efectivo pactar a última hora para no hacer nada. Esta es la opción del Gobierno en connivencia con el resto de partidos, entre ellos los nacionalistas que estos días dan nuevos pasos hacia la ruptura del Estado. De hecho, el PP retrasó la votación de la reforma local para poder llegar a un acuerdo con CiU.

Es muy fácil centrar el debate en los sueldos, en si son altos o bajos. Dado el desprestigio de la política y la larga crisis económica, a los ciudadanos les parecerá demasiado elevada casi cualquier cantidad. Sin embargo, una remuneración justa es indispensable para el ejercicio de responsabilidades públicas. No se trata de que tengan que ganar lo mínimo, sino de que no haya más cargos ni más estructuras de las necesarias. 

Por último, llama la atención el reciente descubrimiento del Gobierno de las ventajas del Senado para introducir enmiendas cuando cambian de opinión o cuando han metido la pata. ¿Por qué aprueban en la Cámara Alta lo que evitan en el Congreso? Puede ser por varios motivos, pero uno quizás sea que en el Senado no está UPyD, el único partido que se niega a entrar en los cambalaches que tanto gustan al bipartidismo y sus satélites.

Asalto a las instituciones (por Elisa de la Nuez)

(Publicado en El Mundo, aquí)

• OTRAS VOCES. Elisa de la Nuez

POLÍTICA

La autora mantiene que el declive de los organismos públicos proviene de su colonización por los partidos

Intentando buscar soluciones, admite que, «quizás», el problema es que España es una democracia inexperta

CUANDO ME preguntan mi opinión por la situación de crisis institucional en España a finales de 2013 suelo responder parafraseando una frase que el presidente Rajoy ha hecho famosa en relación con el escándalo de la contabilidad B de su partido «en las instituciones todo es de mentira… salvo alguna cosa». En particular, me refiero a las instituciones que debieran proteger nuestros derechos y libertades, velar por la separación de poderes, el cumplimiento de la Ley, impedir los abusos y arbitrariedades y en definitiva controlar al poder, ya sea económico o/y político.

Mientras que unas van camino de consagrar la arbitrariedad como forma de funcionar internamente –veáse la crisis en la AEAT como último botón de muestra– otras están instaladas en el incumplimiento de la Ley o en el puro y simple despropósito –las instituciones catalanas se llevan la palma, aunque las de otras Comunidades Autónomas como Valencia y Andalucía no les van a la zaga– y otras, la mayoría, van camino de la irrelevancia, dado que no sirven para lo que se supone que deberían de servir, aunque permiten colocar altos cargos y pagar miles de nóminas a cargo del contribuyente.

Probablemente por esa razón se percibe últimamente un cierto recelo frente a los ciudadanos, lo que se traduce en una creciente endogamia en los actos que organizan, ya se trate de tomas de posesión, foros, seminarios, premios o cualquier otro de los que tienen llena la agenda. Por ejemplo, el último grito en eventos institucionales es la «responsabilidad social corporativa» de las instituciones y administraciones públicas, dado que al parecer –esto lo he oído en uno de esos eventos– a los ciudadanos «ya no les basta con que cumplamos con los intereses generales» por lo que hay que perseguir metas más ambiciosas, como las que sugiere el mágico acrónimo RSC. Sinceramente, yo creo que a los ciudadanos vaya si nos bastaría con que las instituciones cumplieran con sus fines, es más, hasta les estaríamos agradecidísimos y eso que servir con objetividad los intereses generales definidos para cada institución en las leyes es precisamente para lo que se suponen que están.

Porque la causa del presente desastre institucional no proviene tanto de un mal diseño institucional (casi todas nuestras instituciones, con alguna excepción como el CGPJ, están copiadas de las Constituciones de otros países con democracias avanzadas, ya se trate del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas, del Poder Judicial o de la AEAT), sino de su colonización y ocupación por los partidos políticos estatales, así como de su multiplicación en clones regionales que facilitan y agravan aún más su colonización por los partidos políticos regionales y locales.

Esta ocupación de las instituciones de la que empezamos a ser muy conscientes, quizá porque a estas alturas ya se están perdiendo las formas (como demuestran los nombramientos de los vocales del último CGPJ en el que se ha sustituido el reparto de vocalías por familias ideológicas por el reparto de vocales por familias a secas), ha sido posible también por la colaboración activa o pasiva de los que trabajaban en ellas y también, por qué no decirlo, por el desinterés de los ciudadanos. Muchas veces, lo que ha ocurrido sencillamente es que tanto funcionarios como ciudadanos han dado por sentado que una democracia con elecciones periódicas garantizaba por sí sola unas buenas instituciones. Que los políticos de turno iban a respetarlas sin que nadie se lo exigiera ni dentro ni fuera de ellas. Y las cosas lamentablemente no funcionan aquí, ni en España ni en ningún otro sitio.

Quizá por ser una democracia tan joven y sobre todo una sociedad con tan poca experiencia democrática, no hemos caído en la cuenta de que para que las instituciones se sostengan hace falta algo más que un conjunto de normas, por un lado, y otro de probos funcionarios o empleados públicos por otro. Lo mismo que una democracia digna de tal nombre no se reduce a votar cada cuatro años (de ésas hay varias en el Africa subsahariana) las instituciones no se reducen a realizar tareas burocráticas que nada tienen que ver con su fin último. El fin de las instituciones, su auténtica razón de ser, que son los intereses generales de los ciudadanos para cuyo servicio fueron creadas y que se concretan en las leyes que las regulan nunca se puede perder de vista, ni por sus trabajadores ni por los que las dirigen. Así la finalidad institucional de la Fiscalía es perseguir los delitos y hacer respetar el Estado de Derecho, la de la AEAT, gestionar nuestros impuestos y garantizar el cumplimiento de las lleyes fiscales respetando los principios de igualdad, generalidad y capacidad contributiva, la del CGPJ es garantizar la independencia de jueces y tribunales, la del Tribunal de Cuentas es el control de las cuentas públicas, etc., etc.

Si este fin y el espíritu de servicio público que exige su cumplimiento se desvanece o se prostituye la institución se debilita y se convierte en una cáscara vacía, por muchos edificios, empleados, escudos y coches oficiales que tenga. Los mejores trabajadores (en el sentido de más leales a los fines de la institución) la abandonarán activa o pasivamente, dejando el campo libre a los más venales o más acomodaticios, con lo que se consumará el desastre. Y los ciudadanos se preguntarán, con todo derecho, para qué les sirve un Tribunal de Cuentas que no controla las cuentas de nadie o un CGPJ que no ampara la independencia del Poder Judicial.

Y claro está, si ni siquiera en épocas de tranquilidad está asegurado que los fines de las instituciones coincidan necesariamente con los intereses del partido que en cada momento gobierna, qué decir en épocas extraordinarias como la que estamos viviendo. De hecho, en estos momentos puede llegar a ocurrir que los fines institucionales y los intereses de los partidos sean incompatibles, como ocurre con la investigación de los casos de corrupción que les afectan. Si por intereses del partido o de personas poderosas e influyentes (pertenezcan o no al partido) se manipula y se retuerce una institución para que no cumpla sus fines, se la priva de su razón de ser y se la deslegitima a los ojos de la ciudadanía. Si además se la convierte en brazo armado del partido de turno, o de todos los partidos que juegan a repartírsela, los resultados pueden ser todavía peores. Y si creen que exagero, piensen cuantos de los actuales escándalos de corrupción han sido descubiertos por las múltiples instituciones de control que hay en nuestro país o cuantas veces pequeños partidos o asociaciones ciudadanas están teniendo que suplir la inactividad de instituciones supuestamente encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley.

NO SÓLO eso, es que además estas instituciones están dotadas de un enorme poder jurídico frente a los ciudadanos de a pie, reflejo de una concepción política propia del siglo XIX, según la cual si las instituciones están para defender intereses generales frente a los intereses particulares de los ciudadanos, hay que proteger sus decisiones y actos a través de una serie de prerrogativas jurídicas. Por eso sus actos tienen «presunción de legalidad» y son inmediatamente ejecutivos, es decir, se presume que son conformes a Derecho y tienen que cumplirse inmediatamente salvo que se consiga demostrar lo contrario, para lo que hay que acudir a la vía especializada para resolver conflictos con la Administración, que es la contencioso-administrativa. Y ahí la Administración juega en terreno propio. No sólo eso, para llegar hay que «agotar la vía administrativa» es decir, recurrir primero ante la propia institución y tener un «interés legítimo» en el asunto.

Es importante subrayar que la idea de que los gestores públicos conocen mejor que la sociedad a la que sirven cuáles son los intereses generales, porque están más cualificados y son más neutrales y objetivos, es la justificación última de la existencia de estos privilegios. Si eso ya no es así y los partidos ocupan las instituciones en provecho propio (ya sea el del partido o el de personas físicas y jurídicas concreta), resulta un modelo muy peligroso para nuestros derechos y libertades. Por tanto, urge liberar nuestras instituciones del control partitocrático y devolvérselas a los ciudadanos. En esto estamos.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, fundadora de Iclaves y editora del blog ¿Hay derecho?.

España y sus demonios: el nacionalismo prospera en la oscuridad

Editorial de UPyD (Ver aquí)

 

Siempre que afloran los prejuicios étnicos o nacionales, en tiempos de escasez, cuando se desafía la autoestima o vigor nacional, cuando sufrimos por nuestro insignificante papel y significado cósmico o cuando hierve el fanatismo a nuestro alrededor, los hábitos de pensamiento familiares de épocas antiguas toman el control. La llama de la vela parpadea. Tiembla su pequeña luz. Aumenta la oscuridad. Los demonios empiezan a agitarse.

Carl Sagan

La renta de los españoles ha retrocedido a los niveles de 1998 en comparación con Europa. Pero ésta no es la noticia. La disminución de la renta no es la misma en todos los niveles, porque la desigualdad se ha disparado y las clases medias y bajas han retrocedido veinte años. Pero ésta no es la noticia. La pobreza afecta a más españoles que nunca en 35 años de democracia. Pero ésta no es la noticia. El presidente de una gran entidad financiera, colocado por los políticos, se jactó sin pudor de la comercialización de las fraudulentas preferentes que arruinaron a cientos de miles de ciudadanos. Pero ésta no es la noticia.

"¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y, en caso afirmativo: ¿quiere que ese Estado sea independiente?" Estas dos preguntas manipuladoras y ridículas son la noticia del día. No vale la pena entrar a discutir qué tipo de Estado sería aquél sin independencia. Eso es lo que querrían ellos, los secesionistas, los que están en vanguardia de la guerra contra la igualdad en España. Lo único que procede es oponerse. Luchar contra este delirio de consecuencias terribles para todos los españoles. Para todos sin excepción.

Mientras nos fue bien, los nacionalistas acapararon el mérito (aunque no fuera suyo). España creció, desarrolló algunos mecanismos para fomentar la igualdad y pareció que se iba a integrar por fin en la próspera Europa. Pero el discurso, tristemente consagrado en nuestra Constitución, siempre fue el de la diferencia. Ahora, en esta época oscura en que crece la pobreza y la desigualdad, los vientos se vuelven tempestades y el odio se extiende como negro chapapote. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pactando con los sembradores de vientos y de odios, asumiendo su lenguaje, reprimiendo nuestros mejores instintos, pensando sólo a corto plazo.

No ocurre sólo en España. Los xenófobos franceses y holandeses se alían para tratar de destruir Europa. Los nazis avanzan en Croacia. Los euroescépticos crecen en Reino Unido. Vuelve el racismo que nunca terminó de irse, ahora contra los gitanos. Se dice que España es afortunada porque la ultraderecha, el populismo y la xenofobia son débiles aquí. Falso: los nacionalismos, contrarios al espíritu ilustrado y humanista que dio origen a la UE, acaparan a los descontentos. Crece la violencia política contra los que denuncian su credo intolerante. Falsifican la historia para multiplicar el odio. ¿Cuál es la respuesta de quien tiene los instrumentos para defendernos y la obligación de hacerlo?

Ayer mismo, Hacienda traspasó a la Generalitat 873 millones de euros en concepto de rescate. Es un deber del Gobierno destinar fondos allí donde más lo necesitan. Pero también evitar la ruptura de nuestro país, la ruptura de nuestra comunidad política, la destrucción irreversible de la igualdad entre ciudadanos. Es su obligación defender los principios y las ideas que justifican el Estado moderno: la igual dignidad de cualquier ser humano, la libertad que tanto nos costó ganar, los derechos de las personas (no de los territorios). Ante los ojos de Mariano Rajoy se está produciendo un robo (el de una parte de la España de todos por parte de unos pocos) y sigue traspasando dinero a los ladrones sin exigirles que cesen en su actividad.

"La consulta no se celebrará", dice el presidente. Ya se está celebrando. En lugar de hablar de la pobreza y desigualdad crecientes en España, estamos hablando de dos preguntas de sintaxis retorcida. El simposio del odio ha comenzado. El país se está rompiendo. Por eso UPyD vuelve a exigir, otra vez, que se aplique el artículo 155 de la Constitución en cuanto se dé un paso más. Que se aplique la ley en defensa de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Que se combata este discurso del odio actuando contra quienes lo promueven.

En octubre del año pasado, Rosa Díez ya pidió un gran pacto contra el secesionismo. El motivo no era sólo impedir la independencia o la consulta, sino combatir unas ideas corrosivas para la cohesión, la igualdad y, finalmente, para la democracia misma. El pacto no tuvo lugar, y hoy ni siquiera se atisba. Rajoy sigue tratando este asunto como un problema administrativo, y Rubalcaba hace el pino en el alambre mirando de reojo al PSC. Los partidos viejos están fallando a los ciudadanos a los que representan. La prueba es que la mayoría de los españoles asisten a este espectáculo como a algo ajeno, inconscientes de las consecuencias que tendría para ellos - que ya está teniendo - la ruptura de nuestro país.

La cita que encabeza este editorial pertenece al libro El mundo y sus demonios, del astrofísico estadounidense Carl Sagan. El libro es un valioso esfuerzo por explicar las raíces y los pilares del conocimiento y por desacreditar la superstición y las pseudociencias. No es en absoluto casual que en una obra así aparezcan alusiones directas al nacionalismo. Diecisiete años después de su muerte, Sagan cuenta con millones de admiradores en todo el planeta porque defendió y explicó apasionadamente la verdad y se enfrentó a los mentirosos con determinación. Dedicó a ello buena parte de su vida y así contribuyó a mejorar el mundo.

Como dice Sagan, vivimos tiempos de escasez. Que estemos hablando de dos preguntas fraudulentas en lugar de la creciente pobreza en España demuestra que la vela de la razón se ha apagado. Nadie espera que Rajoy o Rubalcaba demuestren la categoría de Sagan, pero al menos sí que asuman sus obligaciones, vuelvan a encender la vela y combatan a los demonios del pasado con la ley y la palabra. UPyD no dejará de exigírselo mientras, con toda su energía, trata de iluminar esta oscuridad.