Alternativa General para el Progreso de Cuenca

La noticia como comunicado (por Santiago González)

(Publicado en El blog de Santiago González, aquí)

Ayer, a eso de las 5:15, un grupo de gente con número de integrantes entre 20 y 30, según  versiones, entraron en la sede barcelonesa de UPyD y la ocuparon por un espacio de tiempo comprendido entre una y dos horas, también según versiones. Entraron, agredieron a la persona que trabajaba allí y la echaron a la calle. Colgaron una pancarta reivindicativa del balcón y salieron cuando fueron requeridos amablemente para ello por los Mossos d’Esquadra. Después de todo eran pacíficos independentistas, no los empresarios tarascas a los que hay que reducir a patadas en la cabeza.

Es curioso que un hecho grave se haya resuelto sin una sola detención. Haste que superior criterio y conocimiento de la ley del remero Carlos A. Vegas, diga otra cosa, que acataremos de inmediato, me permito incluir aquí  un artículo del Código Penal vigente que pudiera ser de aplicación al caso:

Código Penal: Título X, Capítulo 2

Artículo 203. 2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento, mercantil o local abierto al público.

La prensa escrita no se ha enterado de la noticia mayormente. Ninguno de los dos diarios de Barcelona ha recogido la noticia en su versión de kiosko. La Vanguardia lo cuenta así en su web. Las versiones que se publican, salvo en El Mundo y ABC, son exculpatorias. Merece una mención especial la de El País:

 

 

 

Un grupo de independentistas ocupa la sede de UPyD en Barcelona

Los estudiantes permanecen una hora en el edificio en actitud pacífica, según Mossos

Rosa Díez asegura que es un “ataque a la democracia” y lamenta que no haya detenidos

 

REBECA CARRANCO.-Una treintena de jóvenes independentistas del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han ocupado esta tarde durante casi una hora la sede de UPyD en Barcelona. Los jóvenes han llegado a las 17.15, y han permanecido en el local ['han llegado y han permanecido', no "han irrumpido en el local y lo han ocupado, por ejemplo. Observen que a los invasores, asaltantes se les llama 'jóvenes' cinco veces y una 'estudiantes' ] hasta pasadas las seis de la tarde, cuando han llegado los Mossos d’Esquadra. Rosa Díez ha tachado la acción de “ataque a la democracia”, a través de un comunicado.

En el interior del inmueble, en el número 437 de la Gran Vía, los jóvenes han colgado una pancarta que rezaba Defender el catalán no es ningún delito y han repetido consignas reivindicativas. Pero en ningún momento han actuado con agresividad, [sic] ni han causado ningún tipo de daño personal o material, según la policía catalana. Los Mossos han identificado uno a uno a los estudiantes, a medida que abandonaban el edificio, sin ofrecer resistencia, y darán cuenta a la autoridad judicial.

El partido sin embargo asegura que la única persona que se encontraba en el local a la llegada de los jóvenes “sufre lesiones leves en la muñeca y se encuentra con los nervios muy alterados”. Y han criticado que los Mossos no hayan detenido a nadie hasta el momento y que les hayan dejado salir de la sede “como si fuesen ciudadanos pacíficos”.

El acto de protesta [quiere decir el asalto y ocupación] es en respuesta [Rebeca Carranco transforma aquí la noticia en un comunicado, al asumir por su cuenta y riesgo la explicación de parte, la causa (justa, claro) de los ocupantes] a la imputación de cinco jóvenesindependentistas por el boicot, en 2010, a una conferencia de Rosa Díez, la líder del partido, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Díez fue zarandeada, y el decano de esa facultad, Salvador Cardús, acabó cubierto de pintura de uno de los botes lanzados por los estudiantes. [Estos hechos no pueden identificarse con  'defender el catalán', y son, con toda probabilidad constituyentes de delito. Como la ocupación de ayer].

“Un grupo de energúmenos ha invadido y ocupado con violencia la sede de UPyD de Barcelona, agrediendo y expulsando al compañero que estaba trabajando en ella. Se han instalado en la sede y han puesto una pancarta en el exterior”, ha criticado en Díez a través de la red social de Facebook.  ”Lo que sí les puedo asegurar es que nosotros, UPyD, ni toleraremos ni callaremos. Y, desde luego, no nos iremos de Cataluña”, ha añadido.

Según ha explicado a Efe el líder de UPyD en Cataluña, Ramón de Veciana, en el momento en que se ha producido la ocupación, en la sede del partido solo había un empleado, que ha abandonado inmediatamente el edificio.”Habíamos recibido algunas amenazas, pero hasta hoy no se había llegado nunca a nada; es un ataque a la democracia”, ha señalado De Veciana, que ha criticado “el guante blanco de la policía al negarse a detener a nadie, como si fuera una mera falta y no un delito flagrante”.

Este lenguaje paliativo de la violencia es conocido. Hace años, el diario Deia daba noticia de una atraco a una sucursal de una entidad financiera en la localidad vizcaína de Balmaseda. El redactor (o la redactriz) otra Carranco escribió que los atracadores, que cataron con pasamontañas y escopetas de cañones aserrados “se dieron a la fuga llevándose un botín de 300.000 pesetas, sin hacer uso de la violencia en ningún momento”.

“¿Violación?” preguntaba James Coburn en ‘Flint, agente secreto’. “Sólo ha sido un ataque con arma amigable”.

 

UPyD no se rendirá nunca a la violencia política

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Hace tres años, Rosa Díez fue agredida en la Universidad Autónoma de Barcelona. Por aquellos hechos, fueron acusados cinco individuos del entorno independentista catalán, uno de ellos concejal de la independentista CUP en Argentona. Ayer, un supuesto sindicato de estudiantes asaltó la sede de UPyD en Barcelona, lesionando a un miembro del partido que se encontraba allí trabajando. Según ellos, protestaban por el juicio en el que deben establecerse las responsabilides penales por la agresión a Díez. ¿Qué es lo que quieren? Impunidad y control. El sueño totalitario.

En España existe una violencia política de frecuencia cotidiana que pasa casi inadvertida. Rara es la semana en que no aparece un cristal roto o una pintada amenazante en alguna sede de UPyD. Los hechos de ayer, aunque suponen un salto cualitativo, no son en absoluto un incidente aislado o sin importancia - como ironiza hoy la diputada magenta Irene Lozano -, sino un peldaño más en la escalada de coacción y castigo a un partido democrático. Por supuesto, no es UPyD el único que lo sufre. Hace apenas dos días, una sede del PP en Ibiza fue incendiada, poniendo en riesgo a las familias que viven en el inmueble. Ayer mismo, a una escala menor, el secretario general del PSOE sufrió el boicot de un grupo de personas que creen que la libertad de expresión es para ellos y para nadie más.

Hay que empezar a decirlo con claridad: la violencia política en España a día de hoy viene sobre todo del independentismo y de la izquierda más cavernaria. Ellos, y no el franquismo recalcitrante, son los que protagonizan la mayoría de los casos. Nunca hay que perder de vista a la ultraderecha, eso lo sabemos muy bien en España. Son un peligro latente que, de vez en cuando, como en el caso de la librería Blanquerna, emerge para ladrar y morder. Pero todas las semanas se producen actos de violencia que no vienen de la derecha, sino del nacionalismo y de eso que se llaman grupos antisistema. Tristemente, esta violencia política suele recibir un trato mucho más ligero, cuando no directamente comprensivo por parte de los medios y de las fuerzas políticas.

El tratamiento de la mayoría de los medios del asalto violento a la sede de UPyD es muy preocupante, sobre todo si se compara con el mencionado caso de Blanquerna. Diarios como El País o La Vanguardia destacan la actitud pacífica de unos energúmenos que invadieron la sede de un partido político y agredieron a un trabajador. En los informativos de las televisiones no apareció ni una mención. Sí, elfacherío de Blanquerna usó gases lacrimógenos, pero a cambio recordemos que aquello no es la sede de un partido democrático. Lo de Barcelona no sólo fue un asalto, sino también una profanación. Un ataque, como destacó Rosa Díez, a la democracia.

Todos los partidos se solidarizaron con el diputado de CiU Sánchez Llibre cuando fue agredido en Blanquerna. Ninguno ha condenado los hechos de ayer en Barcelona, aunque algunos cargos sí hayan mostrado su apoyo a UPyD a título personal. Esta asimetría es gravísima. Se está mirando hacia otro lado ante hechos muy alarmantes. Igualmente grave es el comportamiento de la policía autónoma catalana, que es capaz de apalear hasta la muerte a un empresario pero deja marchar - e insultar mientras tanto - a los asaltantes de ayer como si fueran gente de bien. El nacionalismo gobernante también es responsable de lo que ha ocurrido y de lo que pueda ocurrir.

¿Qué tiene que pasar? ¿Hasta dónde tienen que llegar los totalitarios para que algunos reaccionen? La pregunta se vuelve dramática cuando se piensa en el País Vasco: 800 muertos después algunos no han reaccionado todavía. Hay que empezar a sospechar que algunos que retóricamente rechazan la violencia sacan cierto partido de la coacción violenta. Al fin y al cabo, la democracia tiene sus inconvenientes: ¿qué es esto de que otros digan que no les gusta la independencia, que España debe permanecer unida, que hay que cumplir las leyes? Quizás si esta jauría de cachorros, estos niñatos atolondrados nos hacen el trabajo sucio, podamos quitarnos de en medio un estorbo. No sería la primera vez que alguien razona así.

Que abandonen toda esperanza. UPyD lo fundaron personas que venían de oponerse al fascismo etarra, y la resistencia democrática está en su ADN. Cataluña es parte de España, y nadie va a expulsar a UPyD de su país.

La desigualdad puede acabar con España

Editorial de UPyD (Ver aquí)

La igualdad entre españoles está desapareciendo. Nuestro país registra en estas fechas los índices de desigualdad más altos desde que entramos en democracia. Esto señala una evidencia que nunca se repite lo suficiente: es mentira que la crisis afecte a todos por igual. Y hay otra evidencia que sólo ahora empieza a mencionarse: que la crisis es primero política y luego económica. Eso explica por qué las consecuencias sociales están siendo mucho peores en España que en otros países.

El Congreso de los Diputados debatió ayer una moción de CiU sobre la pobreza infantil. Irene Lozano intervino por Unión Progreso y Democracia y se vio obligada a subrayar la hipocresía de los nacionalistas, así como del resto de los viejos partidos.Las políticas sociales son competencia autonómica. Está bien llevar al Parlamento iniciativas para que se involucre la Administración Central, pero cuando lo ha hecho UPyD - Lozano puso el ejemplo de una moción de septiembre de 2012 en la que Carlos Martínez Gorriarán pidió que el Estado permitiera a los niños llevar gratis la comida de casa al colegio - todos los grupos, sin excepción, les habían acusado de centralistas invocando el fantasma del nacionalismo español.

Además, la diputada de UPyD recordó que el Gobierno desatiende de forma sistemática los mandatos del Congreso, sede de la soberanía popular; y entre estos mandatos está la elaboración de un plan contra la exclusión social para el periodo 2013-2015 que, a estas alturas, sigue sin presentarse. Lozano resumió esta actitud con una descripción perfectamente ajustada a los hechos. Dijo: "el Gobierno, con su inacción, con su incuria y con su incompetencia agrava el sufrimiento de las personasque padecen privaciones graves en España".

Y así es. La crisis política que vivimos se refleja, entre otras cosas, en el desprecio del Gobierno al Parlamento. También en el establecimiento de sus prioridades, que dejan en último lugar a las personas que más necesitan de su apoyo. Por otra parte, el modelo territorial que padecemos, que ha llevado a un Estado residual y ha diluido las competencias más importantes para la igualdad entre las comunidades autónomas, se ha convertido en un obstáculo contra problemas que son nacionales. Los gobiernos autonómicos, por su parte, también establecen unas prioridades que ponen por encima de todo sus propios intereses. El caso del nacionalismo catalán es el más sangrante. Lozano insistió en que cualquier transferencia de fondos públicos desde el Gobierno a las CCAA debía ser finalista para evitar que su destino último sea la promoción de la independencia o el pago de exorbitados salarios a cargos afines.

Los informes - por ejemplo los de Cáritas - revelan que se ha disparado el número de pobres. Por el paro, sí, pero también por el deterioro de los servicios públicos, responsabilidad de los gobiernos central y regionales. Cada vez más españoles están dándose cuenta de que ellos no están tan a salvo como creían. La clase media está cargando con la factura de la crisis. Secuestrados por un sistema fiscal injusto, diezmados por el paro, los españoles que se veían instalados en una prosperidad que dieron por sentada, la ven desvanecerse mientras pagan el rescate bancario, el despilfarro público y los privilegios de unos pocos. Mientras tanto, los acaudalados defraudadores que se beneficiaron de la amnistía fiscal, invierten su blanqueado dinero en sicav y pagan el 1% de impuestos. Montoro sigue presumiendo de haber aflorado con aquella ignominia 40.000 millones. Para esto, como si hubiera aflorado 80.000.

El problema es la desigualdad, como no se cansa de repetir Irene Lozano, ni Rosa Díez, ni Gorriarán, ni Luis de Velasco, ni ninguno de los cargos públicos de UPyD. Es la desigualdad lo que puede acabar con España. La desigualdad tritura la confianza imprescindible para que cualquier sociedad funcione. Es, además, perfectamente compatible con cierta recuperación económica, incluso con el enriquecimiento general del país. Sin confianza no hay cohesión. Si nadie se fía de nadie, si vemos al otro como una amenaza, España no tiene futuro. La crisis política existía desde hace mucho tiempo, pero es ahora cuando muestra su peor cara: la del privilegio y la desigualdad.

Los castellano-manchegos no aprueban desvincular la revalorización de las pensiones del IPC, según un estudio de Caser

MADRID/TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS)

Los castellano-manchegos no aprueban desvincular la revalorización de las pensiones del IPC. En un baremo del 1 al 10, otorgan a esta medida un 4,65, según las conclusiones del 'Observatorio Caser de Pensiones 2013', presentado este miércoles por el presidente de este organismo, Manuel Álvarez, en el que se valoran las posibles medidas que podría tomar el Gobierno para modificar el sistema de pensiones.

El informe señala que el 76 por ciento desconoce qué es exactamente el factor de sostenibilidad, al tiempo que desciende la confianza en que se resuelva con éxito el problema de las pensiones.

El 40 por ciento de los encuestados califican de grave un nuevo uso del Fondo de Reserva de las Pensiones y el 50 por ciento, cuando menos, preocupante. Por contra, una de las medidas mejor valoradas es que las empresas tengan un papel más activo en la jubilación de sus empleados.

En 2013 ha aumentado sustancialmente el porcentaje de ahorradores, del 31% al 38%, convirtiéndose CASTILLA-LA Mancha en la quinta comunidad más ahorradora. Además, cae drásticamente la confianza en la Seguridad Social como motivo para no ahorrar, del 38% al 16%, su mínimo histórico. Los castellano-manchegos consideran que cada vez hay menos excusas para no ahorrar.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el 45 por ciento de los españoles se muestra en contra de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC, una de las medidas que ha tomado el Gobierno para reformar el Sistema Público de Pensiones, mientras que un 26 por ciento está a favor y un 29 por ciento se muestra indeciso.

Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio Caser de Pensiones 2013, presentado este miércoles por el presidente de este organismo, Manuel Álvarez, en el que se valoran las posibles medidas que podría tomar el Gobierno para modificar el sistema de pensiones.

Así, la propuesta de aumentar la edad de jubilación por encima de los 67 años es la medida más impopular, con una nota de 3,6 puntos sobre diez. Entre las medidas mejor vistas figuran el evitar prejubilaciones a cargo del sistema público y la posibilidad de, al jubilarse, recibir las aportaciones más la inflación como renta vitalicia.

"Esto es importante, porque quizás los ciudadanos pueden estar favorables a un cambio del sistema para hacerlo más sostenible. Quizás es el momento de acometer una reforma consensuada por todos los partidos", ha señalado Álvarez, que ha indicado que los españoles no han rechazado "drásticamente" lo que ha propuesto el Gobierno.

Otras medidas que cuentan con el visto bueno de los españoles son la necesidad de que las empresas tengan un papel más activo en la jubilación de sus empleados, ofrecer una mayor liquidez a los planes de pensiones de más de diez años de antigüedad, aumentar las ventajas fiscales del ahorro privado e informar anualmente a los mayores de 50 años de cuál será su pensión.

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

El Observatorio Caser también se centra en el factor de sostenibilidad, un concepto poco familiar para los españoles, dado que el 74 por ciento de los españoles afirma no conocer las conclusiones del Comité de Expertos creado para este fin.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno para aplicar este factor, tan solo obtiene buena nota la relativa a impedir que las pensiones tengan revalorizaciones negativas. Aprueba además la opción de poner un suelo del 0,25 por ciento a la revalorización anual de las pensiones.

La medida peor valorada es la sustitución del IPC como índice de revalorización en 2014 por otro sensible a la situación del sistema público de pensiones, seguida de poner un tope a la revalorización de las pensiones de IPC más 0,25 por ciento (que en el Senado se elevaría al 0,5%) y retrasar a 2019 las medidas que modificarán el cálculo de la pensión inicial para ligarla a la esperanza de vida.

El estudio también destaca que el 60 por ciento de los españoles tiene un grado de confianza bajo o muy bajo en que la Comisión del Pacto de Toledo y el Gobierno tengan éxito en la reforma del sistema. Además, desvela que el 59 por ciento de los ciudadanos cree que el sistema reducirá sus pensiones, pero no desaparecerá en un plazo de 20 ó 30 años, frente al 20 por ciento que piensa que sí se extinguirá. También se pone de manifiesto que el 37 por ciento de los españoles estima que las pensiones públicas son muy bajas.

Los datos relativos al uso del fondo de reserva de las pensiones mantienen la misma tónica del año pasado, ya que el 43 por ciento de los españoles entiende que su EMPLEO es "muy grave", frente al 50 por ciento que lo ve preocupante y al 7,8 por ciento que cree que es normal.

DIFICULTAD DE AHORRO

Las conclusiones de este estudio muestran que un 66 por ciento de los españoles no puede o no quiere ahorrar para su jubilación. La edad media de inicio del ahorro baja respecto a 2012 a 34,5 años, y se incrementa sustancialmente la cuantía media de ahorro anual, que pasa a 2.416 euros anuales.

El 80 por ciento de los españoles afirma que quiere ahorrar para su jubilación, aunque solo el 55 por ciento cree que podrá hacerlo. Entre los motivos que se aluden para no ahorrar se encuentran la imposibilidad de hacerlo y la juventud del ciudadano. En cuanto al perfil de ahorrador, el 59 por ciento es conservador, el 37 por ciento es moderado y el cuatro por ciento dinámico.

"El intenso debate político y social generado en torno a la reforma del sistema de pensiones y las dudas cada vez más generalizadas sobre la viabilidad futura de la Seguridad Social, así como el temor a no disponer de una pensión el día de mañana han calado entre los españoles, que empiezan a comprender que aunque no ahorran porque no pueden, cada vez hay menos excusas que justifican no poder hacerlo, salvo la imposibilidad por falta de ingresos", apunta el estudio.

Entre los motivos que impiden el ahorro se encuentran las cuestiones laborales y la hipoteca. Asimismo, llama la atención la caída de la confianza en la Seguridad Social. conclusiones de sus primeros cinco años de existencia.

Democracia y cuchillas

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Cientos de miles de ucranianos se han manifestado contra la decisión de su gobierno de no iniciar los trámites para la admisión de su país en la Unión Europea. Los ciudadanos de Ucrania quieren pertenecer a la UE, y no es difícil entender por qué. Sólo hay que recordar cómo contemplaban los españoles de principios de los 80 a la Comunidad Europea. O los húngaros, polacos o rumanos tras la caída del comunismo. Para millones de personas Europa ha sido y es su mayor esperanza de libertad, igualdad y prosperidad. Hoy, los ucranianos ven con horror cómo pueden quedarse fuera y permanecer en la órbita autoritaria de Rusia.

Lo mismo ocurre con los africanos que se acercan a las fronteras de la Unión en Ceuta o Lampedusa. Hay quien cree que tenemos derecho a hacer lo que sea para evitar que los extraños entren en "nuestra casa". Pero ni Europa ni España son nuestra casa. Un país, un Estado, una comunidad política democrática no es una familia. Los vínculos que se establecen entre los miembros no se basan en un parentesco inexistente, sino en la mera constatación de la igualdad, de una naturaleza compartida. Los que suscriben un contrato social se reconocen como iguales, no como parientes. Las visiones familiares y esencialistas son impropias de la democracia, y terminan por justificar los abusos de un autoerigido pater familias (el tirano de turno) en el ámbito privado de los súbditos. Europa se construyó tras el trauma de dos guerras mundiales provocadas por la voracidad expansiva de unos Estados que sí se entendían a sí mismos como familias y que además se creían con derecho a reclamar las propiedades (y las vidas) del vecino.

Europa puede exigir determinados requisitos a un país para incorporarse a sus instituciones, pero los tratados impiden que se excluya a ninguno porque sí. Por eso, cuando la España democrática llamó a las puertas de Europa, nadie pudo negarse, aunque algunos franceses, italianos o alemanes pudieran sentir rechazo ante la incorporación de varias decenas de millones de pobres relativos procedentes de la península Ibérica. Los españoles teníamos ya el derecho a ser europeos, como lo tienen hoy los ucranianos. Nadie le hace un favor a nadie. Pero es que, además, la integración ha demostrado ser beneficiosa a largo plazo para todos. No es un juego de suma cero, en el que lo que uno gana lo pierde otro. Todos ganan, aunque haya que vigilar que las ganancias se repartan de un modo justo.

Desgraciadamente, Europa se ha encontrado a sí misma dentro de una paradoja. Al tiempo que derribaba las fronteras internas, ha alzado en sus fronteras exteriores vallas cada vez más altas a las que ahora ha reforzado con unas cuchillas, como en el caso de Ceuta y Melilla. Las explicaciones del ministro del Interior español al respectoson asombrosas. Dice que las cuchillas son "disuasorias" (ya lo suponíamos), y que apenas causan unas "heridas superficiales" (esto es falso). Si las heridas son tan leves, poco disuadirán, y si disuaden será porque no son tan leves. Las personas que se arriesgan a saltar las vallas están tan desesperadas que no se dejan disuadir fácilmente.

También dice el ministro que es una medida contra las mafias, pero todo hace sospechar que no son los mafiosos los que pueden morir desangrados. El recurso a las mafias resulta especialmente odioso cuando se usa, como se hace con mucha frecuencia, para disimular una política de inmigración poco compatible con el respeto a los derechos humanos. Añade Fernández Díaz que el control de las fronteras es una obligación de España en tanto que miembro de la UE, pasando así la responsabilidad de su decisión a la instnacia superior. Este es un comportamiento muy típico de nuestros gobernantes y muy dañino para la imagen de Europa: echarle la culpa de los errores y abusos de los gobiernos nacionales.

El ministro Fernández Díaz estaba acompañado de su homólogo italiano cuando hizo estas tristes declaraciones. El ministro italiano añadió que la inmigración irregular perjudica "al sentimiento europeo". Otro pobre argumento: como siempre hay demagogos dispuestos a utilizar la xenofobia contra Europa, mejor hacerles caso que combatir sus mentiras y avergonzarlos de su indecencia. Es evidente que no se pueden abrir las fronteras sin más a riesgo de crear un problema descomunal, pero el debate democrático en España y en Europa debería centrarse en el mejor modo de ampliar los derechos a quien no los tiene. La inmigración, además, no es un riesgo, sino una oportunidad para un continente envejecido que se pregunta cómo pagará las pensiones del futuro.

Mientras Europa diseña una política de inmigración generosa y razonable, el presidente español y sus ministros deberían procurar no decir ni hacer cosas que nos avergüencen como país. Claro, que luego va Rajoy y dice que no sabe nada.

Los cínicos nunca nos sacarán de la crisis

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Lo más grave de lo dicho por el dirigente del PP Esteban González Pons este fin de semana no es su insinuación de que todos los partidos son igual de corruptos. Peor todavía es su sugerencia de que los partidos son corruptos porque los ciudadanos (él dice "votantes") lo son. "El PP es un partido de votantes tan honrados como todos, de dirigentes tan honrados como todos, un partido tan honrado como todos, pero el único que puede sacar a España de la crisis y la va a sacar", ha dicho Pons.

El cinismo aparece cuando la degeneración política alcanza un estado terminal. Cuando los que mandan se ven acorralados por los hechos, cuando ya no se sienten capaces de mantener por más tiempo la apariencia de honorabilidad, cuando se saben descubiertos, recurren con frecuencia a esta mezquina forma de resignación: así somos todos. Es algo que se puede apreciar en todas las dictaduras y también en las democracias de peor calidad. Este fue, por ejemplo, el gran desafío que Berlusconi lanzó a los italianos: sí, soy rico, no tengo escrúpulos y hago lo que quiero, justo lo que os gustaría a vosotros. Votadme y puede que os toque un trozo del pastel.

De todas las mentiras del Gobierno y del bipartidismo, esta es la peor: que los españoles somos como ellos. ¿Sacar a España de la crisis? Los cínicos viven de las crisis, en las crisis y para las crisis. Los tiempos de penuria son los de su fortuna. Por eso redefinen lo que es la crisis. Por eso su empeño en gobernar como contables, en reducir los graves problemas de España a cuatro indicadores que, antes o después, pasarán del rojo vivo a un verde mortecino. Por eso para ellos no puede haber crisis política. Simplemente cayó un meteorito y aparecieron seis millones de parados. Pero tranquilos, que aquí estamos los cínicos, nos dicen.

No es sólo Pons. Este mensaje se está lanzando desde hace tiempo. El presidente del Gobierno negó que la corrupción fuera un problema. Cuando los hechos fueron incontestables, se negó a comparecer en el Parlamento. Finalmente, se vio forzado a hacerlo. Y lo hizo para no decir nada. Rosa Díez le lanzó veinte preguntas sobre el casoBárcenas a las que no contestó. UPyD insistió y las planteó por escrito. La respuesta del Gobierno, tres meses después, llegó cargada de cinismo: se remitía a lo dicho por Rajoy en el Congreso. Mientras tanto, el presidente insiste en que hay que hablar de "lo importante".

Su batalla política es imponer qué es lo importante. Por supuesto, será aquello que les interese. Están diciendo a los españoles que la posibilidad de que el partido en el poder robe no debe interesarles. Es natural que dos años después hayan sido incapaces de dar una explicación completa y razonable de lo que le ocurre a España. Porque en esa explicación aparecerían la justicia politizada, los órganos reguladores colonizados por los partidos, el saqueo y la apropiación de las cajas de ahorros, un modelo de Estado fracasado pero del que se alimenta el bipartidismo, una Ley Electoral injusta... todas las cosas que, según la doctrina Rajoy, no deben interesar a los ciudadanos.

Los cínicos se presentaron con un programa contra la crisis que han incumplido hasta el último punto, pero aun así aseguran que nos sacarán de ella. Sencillamente ya no hablan el mismo idioma que los demás. ¿De qué crisis nos quieren rescatar si no saben ni describirla? ¿Cómo piensan hacerlo si su palabra no vale nada? Los españoles vivimos tiempos de resistencia. Lo peor que podríamos hacer es abandonarnos al discurso de los cínicos, aceptar que somos como ellos. La primera línea de defensa ciudadana debe ser la moral.

"La hipocresía es el homenaje que el vicio tributa a la virtud", escribió La Rochefoucauld. El cinismo emerge cuando la virtud se considera tan irrelevante que no merece ni el trabajo de fingir que se practica.

El “Gobierno de Cospedal” (por Juan Andrés Buedo)

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, reivindicaba el papel de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas sociales el 3 de julio de 2013, durante su intervención en el acto  de su nombramiento como madrina de la Federación de entidades pro personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral de Toledo (Marsodeto), ya que, como recordó, "en el ámbito de los servicios sociales la mayoría de entidades que prestan un servicio, al que la Administración no ha llegado con anterioridad, son entidades privadas como vosotros, pura sociedad civil que visteis un problema y decidisteis luchar y poner los medios para sacarlo hacia adelante". Para ella, los conceptos de solidaridad, humanidad  y servicios sociales "no son patrimonio de nadie sino de todos y, fundamentalmente, de unas sociedades avanzadas como la española y la europea que son abanderadas en la defensa de los derechos y las libertades del ser humano".

Sin embargo, en su boca son simples palabras hueras e insípidas, contradictorias y discordantes, que cada día se ponen de manifiesto y que trasladan a la sociedad todos sus consejeros y los altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convencidos de que no hay gobierno de esta Comunidad autónoma para su ciudadanía, sino "Gobierno de Cospedal" –así se repiten continuamente, en todas y cada una de sus declaraciones a los medios de comunicación- para su parroquia más allegada, pero nunca encarado para implementar políticas públicas más impulsoras y diligentes que las puestas en marcha por ellos.

Como han dicho los profesionales de la intervención social en sus "Consideraciones previas sobre la situación social actual y el papel de los profesionales de los Servicios Sociales en Castilla-La Mancha", la lucha contra el desempleo debe ser la variable independiente de la política económica, porque al contrario de lo que algunos dicen, piensan dichos expertos que sin empleo no hay desarrollo económico y que, por tanto, la insistencia en las políticas de austeridad en el gasto público y los recortes que suponen directa e indirectamente despidos masivos, no son las respuestas más adecuadas para salir de la crisis, sino que están siendo un importante activador de la misma, no solo por las repercusiones lamentables en su lado más humano, sino porque frenan en seco las expectativas laborales, precisamente, uno de los factores más importantes para la recuperación económica y para sacar al país de la depresión en la que se encuentra.

Las políticas de austeridad componen meras ambigüedades que se esgrimen para hablar de reducciones de gasto público, aunque en realidad tienen una gran incidencia en la disminución de los recursos a invertir en la sociedad, de ahí que exterioricen un gran cúmulo de recortes sociales y de supresión de derechos sociales adquiridos. Por lo mismo, la alusión leporina que nos traslada siempre la expresión del "Gobierno de Cospedal", repetida hasta la saciedad y con ignorancia arbitraria por sus fingidores alabanceros, encierre una locución punible, que intenta diluir o diseminar las entrañas de esas políticas tan cuestionadas, objetadas "por sus repercusiones directas en el malestar de la ciudadanía, por su cara más inhumana, por su sesgo ideológico, pero también por su propia inutilidad para salir de la crisis", como subrayan en el lado contrario los profesionales de los Servicios Sociales.

Cada día se critica más la política de la derecha en España, que, como al perderse en la falacia del "Gobierno de Cospedal", ha puesto de manifiesto esa culturilla de club denunciada por Pablo Simón en Politikon. Así se encierra en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la cual gira en torno a un único punto: la reducción del número de diputados autonómicos y nos dice mucho de los actores que están implicadas en ella. Ciertamente el Partido Popular tiene claro el texto y el subtexto; es decir, "los políticos sobran, la democracia y sus instituciones son caras. No nos la podemos permitir, hay que ajustarse el cinturón como los ciudadanos. Esperemos a crecer al 3% para aumentar diputados, recemos por salir pronto de la crisis y no terminar con uno solo", amonesta sarcásticamente Simón al abrirnos los ojos de que esta es la primera gran reforma electoral autonómica desde que arrancó la crisis. Muy clarificadora de las cosas que nos cuentan a los ciudadanos todo lo que tienen en mente las mentiras de los populares. Yendo en detrimento de la pluralidad democrática, el corrosivo "Gobierno de Cospedal" (GC en lo sucesivo) está aprovechándose de la débil imagen de las instituciones constitucionales del 78, y, conforme al estilo opresor del conservadurismo más déspota, utiliza la fórmula del "rebaje" (recorte también del número de diputados autonómicos) como un punto de apoyo para afianzarse en el poder

Pero es factible, si el conjunto de partidos de la oposición saben combatir con un enfurecido cabreo –que no pare hasta el mismo día de después de las próximas elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha- esta acción atentatoria contra la representación democrática. Pugilato que ensalive al tiempo a su desgraciadoneoliberalismo, ese que sólo tira hacia el mercado y cuya consecuencia es evidente:en el último año la situación social en España ha empeorado tanto que el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, señaló que «la fractura social se ha instalado entre nosotros». Lo dijo al presentar el informe Desigualdad y derechos sociales de la Fundación Foessa, que deja muy mal parado al país. Por ejemplo, si en el trabajo del 2012 se detectaba «una pobreza más extensa, intensa y crónica» que en ejercicios anteriores, ahora «el incremento severo de la desigualdad social nos muestra una sociedad fracturada».

Esto es más palpable aún en Castilla-La Mancha, lo que denota el tremendo fracaso del "GC", que está ahogándose en esa política donde la renta media española ha retrocedido diez años, con una caída de ingresos del 4 % frente a una subida de precios del 10 %. Quienes tienen menos ingresos ven cómo su renta cae un 5 % cada año, mientras que los más ricos son los que más aumentan sus ingresos. Es decir, la distancia entre los ricos -que están por encima de percentil 80- y los pobres -por debajo del percentil 20- ha crecido un 30 % durante esta crisis.

Según observan los profesionales en Servicios Sociales castellano-manchegos, contra el atragantado y confundido marketing de tonos políticos descompuestos del "GC", en los planteamientos económicos de éste hay un importante desconocimiento de la realidad social, de las condiciones de vida de la gente, de las terribles desigualdades, del importante capital humano desaprovechado y de las considerables potencialidades que tiene la gente para encontrar un lugar en el mundo y contribuir de verdad a mejorar la situación económica y social del país". Por eso critican el economicismo con el que se toman medidas que tienen un importante calado social, sin evaluar su impacto y sus consecuencias personales y sociales, a veces, irreparables. "Nos resulta preocupante que desde posiciones academicistas se hable de economía sin hablar de sociedad, elevando a la categoría de dogma planteamientos que reflejan cuadros macroeconómicos que sólo miden la producción y determinados datos económicos cuantificables, despreciando con cierta ignorancia aspectos fundamentales de la realidad social que tienen su peso en la actividad económica y que, posiblemente, sean los que expliquen en parte el fracaso de sus propias predicciones". Vaticinios y promesas en los que se ahoga toda la política salida del trastornado e inconsciente "GC".

Frente a las embobadas declaraciones de este último, toda su gente -como muy bien amonestan los sociólogos y los trabajadores sociales de Castilla-La Mancha- debe entender que "la realidad social existe por más que se quiera ocultar y está ahí, muchas personas la sufren directamente, otros asisten con impotencia al dolor de su gente más próxima, otros, desde planteamientos de solidaridad, hacen lo que pueden"; en definitiva, los ciudadanos de esta Comunidad autónoma tienen que aproximar sus posiciones a las de los profesionales de la intervención social, que ven como las situaciones de necesidad, pobreza o de exclusión social aumentan y se sienten desarmados por la falta de recursos. Sin embargo, la mayoría de la ciudadanía observa estas situaciones desde la distancia, ante la imposibilidad de no poder hacer casi nada, salvo la acción humanitaria que realizan algunas entidades sociales, poco ayudadas por el "GC", que está llevando a cabo la peor política social jamás vivida en la España democrática.

Juan Andrés Buedo

Un gobierno sin honor

Editorial de UPyD (Ver aquÍ)

Es posible que al final los etarras excarcelados tengan que acreditar ciertos requisitos para acceder a la prestación de desempleo, tal y como ha anunciado el ministro del Interior. Pero también es perfectamente posible que no sea así. Si algo ha quedado claro en estos dos años de gobierno del PP es que su palabra no vale nada. Sus dirigentes y los miembros del gobierno mienten en ruedas de prensa, mienten en sus mítines y mienten en sede parlamentaria. No hay ni el más mínimo motivo para creerles. Y lo ocurrido ayer en la votación en el Congreso de los Diputados de la iniciativa de UPyD sobre el acceso de los terroristas al paro es un perfecto ejemplo de por qué.

La historia ya es conocida. UPyD registró una moción sobre este asunto, que, en principio, parecía contar con el apoyo del PP. Horas antes del debate, plantearon a la portavoz del partido magenta, Rosa Díez, una enmienda que eliminaba el requisito de colaborar con la justicia y la extensión de las condiciones al acceso al empleo público. UPyD no lo aceptó, pero finalmente se pudo acordar un texto común que - y esto es importante - no alteraba el original, sino que incoropraba nuevas disposiciones. Por tanto, todo lo que estaba en la moción de UPyD estaba también en la transaccional.

Se anunció el acuerdo, que recogieron los medios. Pero el día de la votación todo cambió. Durante el pleno, hubo charlas y corrillos entre portavoces de PP, PSOE y Amaiur, a los que se sumó el presidente del Congreso. Los proetarras, en un gesto muy poco frecuente en el Parlamento, vetó la transaccional pactada entre PP y UPyD. Rosa Díez pidió entonces que se votara el texto original. A solicitud del PSOE, que había estado visiblemente incómodo en todo el proceso, se votaron por separado los dos puntos de la moción. Y llegado el momento de la verdad, socialistas y populares votaron en contra del primer punto, el que recogía lo esencial de la petición.

      

Jesús Posada (Presidente del Congreso), Errekondo (Amaiur), Eduardo Madina (PSOE), Alfonso Alonso (PP), durante un receso en el Pleno de ayer en el Congreso de los Diputados

Cuando se pidió una explicación a Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP, dijo que veía en el texto "vicios de inconstitucionalidad". Es asombroso, porque lo que finalmente se votó había sido aceptado por su propio grupo. Y todavía más: una moción no puede ser inconstitucional. En todo caso lo sería, si estuviera mal hecha, la ley que se desarrollara a partir de la iniciativa. Por tanto, mentira sobre mentira. Poco después, el ministro del Interior anunciaba que el Gobierno legislaría para que los etarras no pudieran cobrar el paro sin haber cumplido ciertos requisitos.

Puede que el Gobierno y el PSOE no estuvieran dispuestos a soportar que UPyD liderara una acción legislativa contra ETA. La mezquindad política siempre es un móvil razonable. También es posible que el Gobierno sólo quiera ganar tiempo y que no tenga ninguna intención de hacer lo prometido. ¿Por qué? Porque Rajoy heredó la negociación de Zapatero con ETA. Este gobierno suavizó la política penitenciaria. Este gobierno facilitó la liberación del Bolinaga (que debería haber muerto hace tres meses, según las previsiones más favorables para él). Este gobierno renunció pedir a Noruega que detuviera a Josu Ternera y otros jefes etarras cuando constaba que se hallaban en Oslo. Este gobierno dice que hay motivos para ilegalizar a los comandos políticos de ETA y luego nunca lo hace.

Este gobierno miente sobre el terrorismo como miente sobre la corrupción, sobre el rescate, sobre la economía, sobre la amnistía fiscal, sobre la politización de la justicia, sobre las preferentes y sobre todo lo demás. Incluso los mayores mentirosos dicen la verdad de vez en cuando, así que quizás esta vez hagan lo correcto y eviten, como señala Rosa Díez, que los dos millones de parados que ya no cobran prestación por no cumplir ciertos requisitos, paguen con sus impuestos el desempleo de etarras que se niegan a colaborar con la justicia o a pedir perdón. Pero como la labor de la oposición no es creer al Gobierno - y menos a éste - UPyD ha registrado una nueva iniciativa con el texto pactado con el PP para votarlo en caso de que Rajoy vuelva a faltar a su palabra.

El deshonor se aprecia en la falta de respeto a los demás, pero es, antes que nada, una falta de autorrespeto. Al desprenderse de su honor, el Gobierno de España condena a todo un país a no se respetarse a sí mismo.

Huelgas, recortes y faltas de respeto

Editorial de UPyD (Ver aquí)

El presidente del Gobierno ha anunciado hoy una ley de servicios mínimos con el supuesto objetivo de hacer compatibles el derecho a la huelga con el derecho de los ciudadanos a que se los respete. El anuncio lo hace como reacción a la huelga de limpieza que ha tenido a la ciudad de Madrid sumida en la basura durante más de una semana. Todos los ciudadanos merecen respeto, desde luego. Y muchos consideran que una bajada del 40% en sus sueldos es, entre otras cosas, una absoluta falta de respeto.

Porque esto es lo que desencadenó la huelga de limpieza: los despidos y los recortes salariales hasta casi la mitad. Algo a lo que no puede sobrevivir ninguna economía familiar, salvo las de los muy afortunados. Ahora, tal y como ha denunciado el diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid, Enrique Normand, la Comunidad pretende dar otro hachazo de hasta el 40% en los sueldos del personal de la lavandería central del Sistema Madrileño de Salud. Una huelga en este sector podría poner en riesgo las condiciones sanitarias de los ya muy recortados hospitales de la región. La huelga es muy poco deseable, pero habría que ser muy cínico, si se produjera, para culpar a los trabajadores.

¿Respeto? Las administraciones públicas, en particular el ayuntamiento de Madrid, ha adjudicado concesiones y servicios muy por debajo del coste razonable. Algunos concursos han quedado desiertos, y otros han sido declarados bajas temerarias, al comprobarse que a esos precios no se puede prestar un servicio decente. Esa forma de actuar es una falta de respeto hacia los ciudadanos. Si la capital tiene graves problemas financieros es por el despilfarro de sus gestores, y no sólo ni principalmente de la irresponsable Ana Botella, sino también de su predecesor,Alberto Ruiz-Gallardón. Tal y como insiste en destacar el portavoz de UPyD en el consistorio, David Ortega, el problema no es Botella, sino el PP.

¿Respeto? El PP hizo una reforma laboral para bajar los sueldos. No para crear empleo, ni mucho menos para luchar contra la precariedad, tal y como se cuenta con absoluta falta de respeto. Su intención siempre fue evitarle problemas a algunas grandes empresas y ganar competitividad por la vía rápida: empobreciendo a los asalariados. La reforma laboral es el paraguas bajo el que se producen estos recortes brutales en sueldos que no son precisamente de directivos. ¿Una ley de servicios mínimos? Es mucho más urgente una ley para introducir el contrato único indefinido, o reformar el sistema de pensiones para evitar la pérdida de valor defendida por el Gobierno.

¿Respeto? Todos estos recortes de sueldo afectan a la calidad de los servicios públicos. No sólo por las huelgas - que, en estas condiciones, son casi inevitables -, sino porque no se puede pretender reducir las retribuciones a sueldos de miseria, recortar por todas partes y mantener la calidad de las prestaciones. Al final, tendremos peores servicios públicos o directamente perderemos algunos. Estos recortes de sueldos se unen a las privatizaciones de servicios esenciales, totalmente injustificadas en el caso de Madrid y en muchos otros.

Quizás crea Mariano Rajoy que los ciudadanos no se dan cuenta de lo que está pasando y de quiénes son los responsables. Por favor, un poco de respeto.

Los partidos viejos consuman el atraco de la justicia

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Hagámonos, una vez más, la pregunta más repetida del debate político español: ¿es UPyD de derechas o de izquierdas? Hay muchas formas de responder a esta pregunta, pero hoy se impone una: UPyD estáa favor de una justicia independiente. Y queda claro que es el único partido de España con esa posición. Ayer, PP, PSOE, IU y nacionalistas acordaron el reparto definitivo de la tarta judicial. El que más diputados tiene, recibe una porción mayor. Las togas de los jueces del CGPJ serán como las camisetas de los equipos de fútbol: estos, azul gaviota; aquellos, rojos como la rosa empuñada; los de allá, rojiverdes; y por último las guindas con los colores de dos banderas autonómicas. No habrá, ni hoy, ni mañana, ni nunca, togas magenta. Unión Progreso y Democracia va en serio, por si alguien no se ha dado cuenta todavía. ¿Es de derechas o de izquierdas? Esa pregunta esconde el gran fraude del bipartidismo con satélites que gobierna España como su cortijo.

Durante meses, los partidos viejos han jugado al juego infantil de las sillas con el CGPJ. De forma en absoluto inesperada, al detenerse la música todos han conseguido sentarse. Veamos en qué posición han quedado:

Punto 5.11 del programa del PP a las últimas elecciones generales: "Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías". Incluso, recién llegado al Gobierno, ésta era la postura del ministro Gallardón y así consta en las actas del Congreso de los Diputados. Ayer vimos, otra vez, lo que vale la palabra del PP. Menos que el papel en el que firman sus pactos vergonzantes con esos rivales a los que fingen odiar.

Alfredo Pérez Rubalcaba, hace diez días: "¡Hemos vuelto!" Hoy podrá añadir: "a repartirnos la justicia con el PP". El PSOE perpetró en los años ochenta la liquidación de la independencia judicial, ejerciendo Alfonso Guerra de enterrador. Aznar no hizo nada por recuperarla y Zapatero ni siquiera fingió interés al respecto. Rubalcaba anunció un recurso ante el Constitucional contra la reforma Gallardón, afectando gran indignación. Por un momento creyeron que el PP se quedaría con toda la tarta. Ahora, con la boca llena de pastel, se sienten más tranquilos.

Ayer por la mañana, Izquierda Unida criticaba la negociación "oscura y partidista"sobre el CGPJ. Igual que el comisario Renault de Casablanca, el crupier se acercó aCayo Lara mientras se declaraba escandalizado y le entregó sus ganancias: un vocal rojo con un lazo verde. Pasado el trance, Lara deja el casino, sale a la calle y sigue rebelándose contra un sistema del que forman parte él y su coalición.

Los nacionalistas son en esto los más sinceros. No se molestan en disimular. Para ellos la democracia se reduce al falaz derecho a decidir. Las leyes, la justicia, el Estado de Derecho, son fruslerías - cuando no estorbos - en comparación con la voz del pueblo, del que ellos son exclusivos intérpretes y administradores. Su afán de control es total y siempre están dispuestos a engrasar cualquier maquinaria bipartidista.

Hoy dice un conocido diario que los jueces no deben elegir a ningún miembro del CGPJ porque "un poder del Estado no debe ser un órgano corporativo". ¿Qué es este CGPJ sino, tal y como ha señalado Rosa Díez, un consejo de administración copado por los viejos partidos? ¿Qué es sino un órgano corporativo? Los jueces tendrán que tomar decisiones importantes sobre graves casos de corrupción, sobre la estafa de las preferentes, sobre Bankia y otras cajas de ahorros. Resulta especialmente conveniente en estos tiempos que los miembros del poder judicial deban su puesto a los partidos que están implicados en estos casos.

PP, PSOE, IU, CiU, PNV... ¿Son de derechas o de izquierdas? Son los que se reparten la tarta de la justicia.