Alternativa General para el Progreso de Cuenca

UPyD y su II Congreso (por Carlos Martínez Gorriarán)

Carlos Martínez Gorriarán *

El de este noviembre será el segundo congreso que celebra UPyD. Todo indica que será más tranquilo y deliberativo que el primero, celebrado el 20 de noviembre de 2009, por la ausencia de “corrientes internas” (o no tan internas, pues estaban infladas con fuelles foráneos) empeñadas en convertir un partido nuevo en algo que no quería ser cuando lo fundamos en 2007, según previó nuestro muy claro Manifiesto fundacional. Lo de confundir un partido nuevo con una pizarra en blanco donde se puede escribir lo que a uno le pete, o un recipiente sin contenido donde meter lo que apetezca, cuando no una mera marca para vender imagen y marketing de gente guapa, es una enfermedad infantil de la política que ha liquidado muchos proyectos de partido antes de que echen a andar. Por fortuna supimos preverlo y ese no ha sido nuestro caso.

En 2009 UPyD todavía era un proyecto de futuro incierto, muy ligado al solitario y gran trabajo deRosa Díez en el Congreso, y a su impagable popularidad. Pero contaba con el extenso y sólido equipo que UPyD ha sido desde el principio, aunque a muchos analistas políticos, empeñados en no querer conocernos a nadie, eso les haya dado igual y se hayan decantado por el mantra de un falaz “personalismo” promovido por ellos mismos sin mayor éxito.

Ahora somos un partido no sólo en ascenso en las encuestas, sino con una presencia institucional que se puede considerar excepcional para tener solamente seis años de vida y no haber contado con apoyos incondicionales financieros ni mediáticos, sino más bien lo contrario. Lo que, por otra parte, nos ha ganado una libertad de acción muy de agradecer en un partido: no debemos nada inconfesable a nadie, nuestras cuentas son públicas, y pagamos religiosamente los créditos imprescindibles a los bancos que quieran prestarnos.

Aunque pueda molestar al establishment -y eso espero, porque para eso creamos UPyD- somos un caso sin precedentes ni parangón en la política española actual: entre 2009 y 2011 conseguimos grupo parlamentario en el Congreso y en la Asamblea de Madrid, diputados en el Parlamento Europeo, Vasco y de Asturias (solitarios pero influyentes e incluso decisivo en el Principado), y más de 150 concejales en casi 70 municipios.

Hemos pasado de ser un experimento por el que pocos apostaban, salvo unos miles de ciudadanos y nadie en los poderes financieros y mediáticos, a constituir una alternativa real a medias respetada y a medias temida, y por eso mismo vigilada y poco elogiada. Mejor así: padecer abrazos de oso y adulación son de lo peor que podría pasarnos. En el nuevo Congreso, el segundo de nuestra breve historia, buscamos seguir dando los pasos necesarios para ser un partido de gobierno verdaderamente alternativo a la alternancia PP-PSOE, y en primer lugar un partido con el que habrá que contar para formar una mayoría parlamentaria que pueda apoyar a un gobierno tras las generales de 2015, acabando con treinta años de bipartidismo imperfecto.

Como siempre, sólo apoyaremos un programa público de obligado cumplimiento en sus reformas fundamentales, como la de la Ley Electoral, la Constitución y la regeneración de las instituciones, es decir, un programa de gobierno que avance de verdad en cosas como la separación de poderes, la racionalización de las administraciones -abriendo el debate constitucional sobre el modelo de Estado federal-, y las políticas de transparencia y gobierno abierto. Sin olvidar un verdadero cambio de modelo productivo que nos saque no sólo de la recesión, sino del peligro de convertirnos en un país de low cost económico que ha renunciado a invertir de verdad en educación, servicios sociales y ciencia.

Y para eso nos reunimos en este II Congreso, para decidir cuáles deben ser las líneas estratégicas básicas de regeneración de una democracia que no da más de sí, consagrada a proteger a élites irresponsables e ineptas, tolerantes con la corrupción y responsables de esta crisis gravísima y del avance de la pobreza. Naturalmente, sabemos que muchos no quieren creernos y que seguirán, por una parte, asegurando que somos como todos e indignos de cualquier confianza, y por otra, cultivando sueños de redención en brazos de nuevos azules príncipes o princesas mágicamente nacidos de partidos viejos, o de diseños de laboratorio publicitario que tienen logo pero no programa. No hagan caso. De verdad, hay razones para creer que lo que salga de este II Congreso de UPyD acabará dando mucho que hablar y más que hacer.

(*) Carlos Martínez Gorriarán es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de UPyD y responsable de Acción Política del partido.

Ciudadanos que cambian España: UPyD ante su 2º Congreso

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Todos los afiliados de UPyD podrán ejercer este fin de semana su derecho a votar al Consejo de Dirección de su partido. Todos han podido presentar enmiendas a las ponencias que marcarán la línea política y organizativa para los próximos cuatro años. Todos pudieron (y muchos lo hicieron) presentarse a delegados sin necesidad de avales. Los delegados, elegidos también por toda la afiliación, aprobarán o rechazarán el informe de gestión, elegirán al Consejo Político y a los órganos de supervisión y control y votarán las enmiendas y el resultado final de las ponencias. En resumen: el tipo de partido que sea Unión Progreso y Democracia a partir del próximo lunes será el que hayan querido sus afiliados.

Bajo el lema la unión hace la fuerza, UPyD celebra este puente de Todos los Santos su 2º Congreso. El motivo de que sea este fin de semana y no otro es que la festividad del viernes facilita a los afiliados de toda España la posibilidad de trasladarse a Madrid, donde tendrá lugar el acontecimiento. Centenares de militantes, entre delegados, voluntarios e invitados, renunciarán a su tiempo de ocio para formar parte del acto orgánico más importante de cualquier partido democrático entre los que se celebran con regularidad (en este caso, una vez cada cuatro años). La diferencia entre el Congreso de UPyD y los de otros partidos es que en el primero todo está en manos de la afiliación.

El lema del Congreso hace alusión al valor de la unidad en tiempos de turbulencias separatistas, pero tiene otras lecturas. Un partido moderno y democrático es una unión libre de personas con unos objetivos comunes, un grupo de ciudadanos que aceptan unas normas, que comparten unos valores y - esto es muy importante - que renuncian a parte de sus deseos o propósitos. Unión no significa identidad, no significa compartir el 100% de los planteamientos, sino trabajar juntos para lograr un bien mayor. Tampoco significa sumisión: si la unión no es libre y crítica, no produce fuerza, sino debilidad.

La democracia - también la interna - exige valiosos equilibrios: entre capacidad de elegir y eficacia; entre lealtad y crítica; entre legítimas ambiciones personales y la imprescindible disciplina. Un partido político del siglo XXI debe confiar a sus miembros la responsabilidad última de lograr estos equilibrios. Si en lugar de lealtad hay sumisión o apatía, el partido se anquilosa; si la crítica se convierte en deslealtad, el partido se rompe; si el afán de protagonismo liquida la disciplina o si la operatividad se vuelve imposible, el partido se ensimisma y pierde el contacto con la realidad. Esto es, precisamente, lo que está ocurriendo al bipartidismo.

Por su propia naturaleza y por los tiempos que corren, es posible que UPyD nunca sea un partido de masas. Pero a día de hoy, los aspectos cuantitativos de la pertenencia importan mucho menos que los cualitativos. La cuestión no es cuántos afiliados o simpatizantes tiene una formación. ¿De qué sirve tener una copiosa base de datos si las personas vinculadas pagan cuotas irrisorias, carecen de capacidad de decisión y su participación política se limita a agitar banderas en los mítines de campaña? Un afiliado a UPyD paga 240 euros al año, tiene en su mano el rumbo del partido y, en un porcentaje extraordinario, participa en su vida orgánica.

Es por estos motivos por los que tener un carnet de UPyD supone una gran responsabilidad. Ir a votar al Consejo de Dirección o participar de cualquiera de las formas previstas en el 2º Congreso significa ejercer una gran influencia en lo que ocurra en España en los próximos años. Si UPyD ya es un referente político inexcusable se debe, en buena medida, al compromiso y al trabajo de sus afiliados. Y si en un futuro mucho más cercano de lo que cabía esperar se va a convertir en una fuerza decisiva con capacidad de cambiar nuestro país de arriba a abajo, será también gracias a la participación y al sacrificio de los afiliados.

La antropóloga Margaret Mead dijo: "nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado". Este es el estimulante reto al que se enfrentan los afiliados de UPyD entre el 1 y el 3 de noviembre: demostrar que la unión hace la fuerza.

Qué hacer y qué no hacer con el dinero de los contribuyentes

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Un año más, Unión Progreso y Democraciapresenta sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado con la intención de demostrar que, sin gastar un euro más de lo previsto y aceptando el inevitable cumplimiento del objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea, es perfectamente posible elaborar unas cuentas más justas y más favorables para el crecimiento económico del país.

Con un arco parlamentario como el que tenemos, con una mayoría absoluta que aprobará lo que le parezca, puede ser tentador para la oposición criticar los recortes y reclamar más dinero sabiendo que no van a tener que lidiar con el infernal problema de conseguirlo. Puede ser tentador, sí, pero si un partido quiere demostrar que es de verdad una alternativa, que está en condiciones de jugar un papel decisivo en España, tiene que ser riguroso. Si se pide más dinero para ciertas partidas, lo coherente es explicar de qué otras partidas se va a detraer.

Comencemos con algunos ámbitos en los que se podría lograr un ahorro importante. Las políticas de infraestructuras, que suponen ingentes inversiones públicas, se han practicado en España con objetivos claramente partidistas y clientelares. Por ejemplo, el presidente de Extremadura logró el compromiso del desarrollo del AVE a cambio de no dar demasiado la lata cuando se debatía la asignación de límites de déficit a las CCAA. Algo parecido ha pasado en muchas otras regiones. El AVE es una infraestructura muy cara, casi imposible de rentabilizar, pero muy golosa en términos electorales. 

Otra medida favorable al ahorro público sería la supresión de la dotación para las diputaciones provinciales, que reportaría 4.900 millones (medio punto de PIB) a las arcas del Estado. Las diputaciones, además de ser opacas y poco democráticas, gastan la mayor parte de sus fondos en gasto corriente, es decir, en mantenerse a sí mismas. Además de ahorrar, se podría ingresar más dinero con una reforma fiscal que equiparara las rentas del capital a las del trabajo.

¿Qué podríamos hacer con el dinero ahorrado en estas y otras partidas? Básicamente dos cosas: mejorar la igualdad y los servicios públicos y fomentar un nuevo modelo productivo. En cuanto a lo primero, UPyD propone, por ejemplo, destinar 1.100 millones a prestaciones por depenencia, 600 a infraestructuras sanitarias, 650 a aumentar la cobertura de los parados, 200 para cultura ó 700 para educación (sobre todo para la primaria y para la FP, grandes olvidadas de la LOMCE). Además, se propone que las pensiones crezcan el 1,25%, un punto más que lo previsto por Hacienda.

Por otra parte, UPyD ha presentado numerosas enmiendas en el capítulo de I+D+i, en el convencimiento de que es la vía para mejorar la competitividad y el crecimiento sin recurrir a la reducción de salarios, única estrategia del Gobierno. Curiosamente, no es necesario destinar una gran cantidad de recursos para convertir a España en una economía puntera en la inversión en ciencia y desarrollo. Lo cual dice mucho del desprecio de este Ejecutivo por el conocimiento y la teconología.

Por último, los presupuestos de UPyD incluyen numerosas enmiendas que supondrían un ahorro que, si bien partida por partida no reflejan cantidades decisivas, tienen un fuerte carácter simbólico. Tomarse en serio la gestión del dinero público, significa, por ejemplo, prescindir de los lamentables 'pinganillos' en el Senado, o establecer un baremo que impida que un alcalde cobre más que el presidente del Gobierno, o recortar a la Casa Real en el mismo porcentaje a los ministerios, o suprimir ciertasprerrogativas de los expresidentes, o eliminar las subvenciones por 'mailing' electoral, que además de un gasto innecesario es un privilegio de los partidos con representación. Estas medidas y otras del mismo estilo suponen todas juntas un ahorro nada despreciable, y además son ejemplos de regeneración democrática.

En cualquier caso, se trata de la alternativa de UPyD para los presupuestos de un Estado que debería ser reformado a fondo. Con un proceso constituyente como el que pide Rosa Díez, el modelo de Estado sería totalmente distinto y las cuentas de la Administración serían mucho más racionales. Se podría eliminar todo el gasto superfluo y sería mucho más sencillo lograr un país más justo y una economía más potente.

No a la impunidad retroactiva: seguirán siendo asesinos

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Las declaraciones de ayer del fiscal del País Vasco, Juan Calparsoro, afirmando que aInés del Río ya no se le puede llamar asesina ni terrorista por haber cumplido su condena, son un insulto a las víctimas, a la sociedad y a la verdad. Pero han tenido una ventaja: han mostrado de forma meridiana cuál es el desafío al que se enfrenta la lucha contra el terrorismo, al margen de la acción policial que tiene a ETA acorralada.

Si los terroristas asesinos ya no son asesinos ni terroristas, entonces la lógica impone que las víctimas tampoco sean víctimas. Porque si no, se daría el absurdo de que habría asesinados sin asesinos. El motivo principal por el que Inés del Río no puede perder su condición criminal por el mero hecho de haber salido de la cárcel es que las personas a las que ella mató no pueden resucitar. Ni, por tanto, se puede eliminar el dolor de sus familiares.

Un tercio de los asesinatos de ETA están sin resolver. En la mayoría de los casos, no se sabe quién los cometió. Las víctimas - que, recordémoslo otra vez, durante treinta años han aceptado la justicia democrática y renunciado ejemplarmente a la venganza - exigen una reparación. Reparar el daño causado, reconfortar en lo posible a las víctimas, también son principios de la justicia. Tanto como la irretroactividad de las leyes. Todas las víctimas quieren que se castigue a quien cometió el delito. Quieren saber quién es el asesino. Y mientras no lo saben, añaden al dolor de la pérdida la indignación de la impunidad.

Pues bien, lo que propone Calparsoro es una especie de impunidad retroactiva. Cancelar el crimen como quien tacha palabras en una lista de tareas pendientes. Como ha explicado Rosa Díez al Fiscal General del Estado, "Inés del Río seguirá siendo una asesina el resto de su vida". Si se arrepiente - cosa que no ha hecho - será una asesina arrepentida; al salir de la cárcel se ha convertido en una asesina libre; y si un día el Estado de Derecho permite que llegue a ser, por ejemplo, diputada, sería una asesina con escaño. Se diría que a algunos no les basta la sentencia de Estrasburgo: lo que de verdad querían era la absolución.

El fiscal del País Vasco, además, ha hablado de los "crímenes terribles" que se le han "imputado" a la terrorista. ¿Qué pretende? ¿Devolver a Del Río a un momento procesal por el que pasó hace casi tres décadas? Esa mujer fue acusada, juzgada y condenada en firme por unos crímenes que fueron probados. ¿Imputado? El lapsus es natural. El problema de que la asesina deje de ser asesina es que lleva a preguntarse por el valor de un procedimiento judicial basado en los hechos, en la verdad. ¿Habrá que quemar los archivos del caso y del juicio? ¿Habrá que eliminar las pruebas que insisten en que una persona asesinó y otras fueron asesinadas?

El desafío es combatir la mentira y defender la verdad. Y, como vemos, el desafío no va a venir sólo desde el cinismo sin límites de los comandos políticos de ETA - ayer mismo Gorka Maneiro tuvo que recordarles de nuevo lo que son frente a lo que dicen ser -, sino de del bando de los demócratas. Personas que, sin pertenecer al mundo de ETA, participan con entusiasmo en la construcción de la mentira, en la humillación de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Que la humillación venga de las instituciones del Estado es algo que UPyD no va a tolerar.

Hay que desmontar las mentiras viejas y las nuevas, como hace hoy Fernando Savater: la doctrina Parot sigue siendo perfectamente legal. Hay que exigir responsabilidad y acción a los que nos gobiernan, como hizo ayer Rubén Múgica al recordar que los últimos ejecutivos españoles han demostrado "desidia" en el combate contra el terrorismo. Hay que seguir, día tras día, al lado de las víctimas, que se concentrarán este domingo en Madrid. Y hay que insistir sin descanso: dejarán de ser presos, pero seguirán siendo asesinos.

España, de saldo

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Tres noticias recientes han servido de chispa para encender los fuegos artificiales del Gobierno y sus palmeros respecto a la situación económica. Por una parte, las declaraciones del presidente del mayor banco del país diciendo que estamos en un momento "fantástico" porque a España llega dinero "para todo"; por otra, la subida continuada de la bolsa, que ha alcanzado los 10.000 puntos (aunque después los ha perdido); y, como traca final, la entrada deBill Gates en el capital de una gran empresa española de construcción y servicios.

Es de suponer que el ciudadano medio calificará el momento económico de España como cualquier cosa menos "fantástico", y probablemente le cueste encontrar dinero no ya "para todo", sino para casi nada. Aun así, se dirá que el interés de los inversores es el primer paso para que se recupere la actividad y se cree empleo. Si hasta Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, decide invertir parte de su patrimonio en una empresa española y si la bolsa se dispara será porque las expectativas son buenas. No van a aligerar su billetera por puro altruismo, como aquel rockero que renunció a cobrar por un concierto. Desde luego, confían en lograr un beneficio, lo que no está nada claro es que, incluso si se llega a producir vaya a revertir en los españoles.

El destrozo económico en España ha sido tal que verdaderamente se pueden hacer inversiones a precios irrisorios. Además, tal y como se ha encargado de subrayar el presidente del Gobierno, los salarios han bajado. Sí, somos más competitivos. Y si no esforzamos un poco más podremos serlo tanto como Bangladesh. Entonces el momento ya no será fantástico, sino casi sobrenatural. Lloverá el dinero. Si es tan sencillo, no se entiende cómo otros países no imitan la estrategia de empobrecer a los ciudadanos para captar capital. Por increíble que parezca hay países que prefieren ser competitivos por el trabajoso método de mejorar la educación o invertir en I+D+i.

Se nos dirá que hay que ser pacientes: la inversión traerá crecimiento, como puede comprobarse en los Presupuestos de 2014. Lo cierto es que lo que anuncian los PGE es un crecimiento imposible de distinguir del estancamiento. Nadie en este momento cree en un crecimiento sostenido que permita crear empleo. Lo cual no quiere decir que algunos no puedan ganar dinero invirtiendo en España. Al Ejecutivo no le gusta que se digan estas cosas. El ministro de Hacienda se enfada con quien cuestiona sus cuentas. Pero, como le dijo Rosa Díez en el debate parlamentario de los PGE, apoyarlas sería francamente antipatriótico.

Por útlimo está la desigualdad. Lo que se ha roto en España en los últimos años son los mecanismos que permitían una cierta redistribución de la riqueza, indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades. El deterioro de los servicios públicos, los recortes en las pensiones o en los sueldos de los empleados públicos, los millones de parados que ya no cobran ningún tipo de subsidio... Todo esto provocará que, incluso si entra capital y se recupera cierta actividad económica, la mayoría de los ciudadanos no noten efecto alguno. Muchas de las empresas españolas que cotizan en bolsa, incluida la que ha merecido la atención de Bill Gates, han trasladado el grueso de su actividad al extranjero, ante la falta de oportunidades en su país de origen. Esto no es malo en sí mismo, pero cuestiona los efectos de este tipo de inversiones sobre el empleo.

Es más que dudoso que estemos ante un periodo de verdadera recuperación económica. Pero lo que sí resulta evidente es que el bipartidismo está cambiando a peor el perfil económico de nuestro país. No hay ninguna voluntad de fomentar un cambio de modelo productivo. Lo que se ha hecho es abaratar el que teníamos. España está de saldo. Al Gobierno le falta colgar el cartel de "rebajas por liquidación", previo al de "cierre por defunción".

Rosa Díez revalida el liderazgo de UPyD en su mejor momento y sin lista alternativa (por Daniel Basteiro)

EL HUFFINGTON POST  |  Por DANIEL BASTEIRO (Ver aquí)

En julio del año 2000, cuando Rosa Díez luchó por el liderazgo socialista contra José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono, se declaraba "más del PSOE que las amapolas del campo". Trece años después, Rosa Díez lidera Unión, Progreso y Democracia, un partido que representa a la "tercera España, que es abrumadora mayoría" frente a PSOE y PP, según una entrevista publicada este domingo por El Mundo. Y este miércoles presenta al público su candidatura para seguir al frente de su partido sin que haya lista alternativa.

Las encuestas de intención de voto, favorables a UPyD, la colocan aún lejos de un lugar preponderante. Sin embargo, en el campo las amapolas están cada vez más mustias y el paseo de Díez (Sodupe, Vizcaya, 1952) es cada vez más dulce. En las elecciones generales de 2011, cuando se hizo con cinco diputados en el Congreso, logró un 4,7% de votos. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de julio, le otorga un 8,8% en intención de voto. Una encuesta de Metroscopia publicada por El País este mismo mes eleva el dato hasta el 9,1% frente al 34,1% del PP y el 29% del PSOE.

¿EL MEJOR MOMENTO DE UPyD?

¿El mejor momento de UPyD? Según Carlos Martínez Gorriarán, diputado y en la práctica 'número 2' de la formación, "el partido está mucho más rodado, tiene más experiencia, más afiliados, más presencia en las instituciones". Gorriarán ve las encuestas "con mucho agrado, pero también frialdad", porque sabe que el votante se va como ha venido, asegura en conversación con El Huffington Post. Gorriarán explica las claves de su éxito: hablar más claro que nadie y aprovechar el espacio que dejan grandes y viejas formaciones.

Para el diputado, ha empezado a calar la idea de que UPyD es diferente mientras la crisis ayuda abriendo grietas en el bipartidismo. "El margen de crecimiento es muy alto" para el partido, confía.

 

Encuesta

¿Crees que UPyD ha tocado techo?

 No. Aún le queda recorrido. Lo hacen bien y los demás son un desastre.

 Sí. No tienen más que ofrecer y nunca serán un gran partido.

 No lo tengo claro.

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Esa euforia es amplificada a menudo por Rosa Díez, para quien "hay millones de españoles que son de UPyD y no lo saben". Según ella, su manera de hacer política "hace peligrar al establishment, que es muy poderoso y reacciona", según declaró este domingo. En este caso, reacciona contra uno de los suyos, pues Díez, cofundadora en 2007 de UPyD, lleva en política y en las instituciones desde la Transición.

¿Ha tocado techo UPyD? "Es difícil saberlo", asegura Belén Barreiro, expresidenta del CIS y fundadora de MyWord, una empresa de investigación sociológica. "UPyD ha crecido, como también lo ha hecho IU, pero lo que más crece es la abstención y el voto nulo. Uno de cada dos electores se declara huérfano", asegura Barreiro, doctora en Ciencias Políticas. Según sus datos, la mayoría de los votantes de UPyD proviene del PP y del PSOE, pero sobre todo del partido de Rajoy.

HAY VOTANTES QUE SABEN QUE NO SON DE UPyD

Que UPyD no haya crecido más puede significar que el gran sustento del partido son los votantes de los grandes partidos mientras están descontentos con ellos. En otras palabras, los que no son votantes de UPyD no es que no lo sepan aún: es que sencillamente no lo son. "Es significativo que en un momento de descontento sin precedentes con el Gobierno, la oposición o la situación económica, UPyD crece pero no deja de ser un partido pequeño", señala Barreiro.

No es sólo una impresión, sino que demoscópicamente se ve en la tasa de retención del votante. Es decir, de los electores que votaron a UPyD en las últimas generales, sólo un 43,8% volverían a hacerlo hoy, según el Observatorio de MyWord publicado en septiembre (aquí en pdf). UPyD retiene mejor a los votantes que PP o PSOE, en los que menos electores renovarían su confianza, pero peor que Izquierda Unida, donde esa tasa es del 65%.

Para Antón Losada, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, UPyD ha llegado "donde podía llegar con el actual modelo". Para él, "los votantes de UPyD son exvotantes de PP y PSOE y el reto del partido es que dejen de serlo para que sean votantes de UPyD. De lo contrario, como llegaron, se irán".

Gorriarán asume en parte el argumento. "Muchos votantes vienen y nos dicen que nos darán un voto de confianza. Y nos parece bien", asegura. A su juicio, UPyD no cree "que los votos sean tuyos, como antiguamente se pensaba que había millones de pensionistas o funcionarios asegurados" el día de las urnas.

¿POR QUÉ NO HAY LISTA ALTERNATIVA?

Para Losada, el PP "tiene una capacidad limitada de ceder voto, por lo que el desgaste ya está tocando a su fin". El modelo de UPyD también choca con otros tres factores, según el analista: "El sistema electoral, el discurso y el liderazgo". Por eso, UPyD no puede crecer mucho más sin una nueva ley electoral que le favorezca, algo improbable por el momento. Su voto tiene caladeros en grandes ciudades, pero en el resto de España está muy repartido y hace que sea difícil lograr representación en provincias más pequeñas. Lo mismo le sucede a IU, partido que ha declinado ofrecer su punto de vista para este artículo.

"UPyD no es en realidad un partido, sino más bien un movimiento construido en torno a una líder con dotes comunicativas y un gran respaldo mediático que se cuida mucho de no contar su pasado o qué pensaba y decía antes", critica Losada.

Gorriarán disiente y ensalza las dotes únicas de su jefa de filas. "La política no está sobrada de liderazgos y en lo fundamental estamos todos de acuerdo", argumenta para justificar que sólo haya una candidatura. "Lo raro sería que contra Rosa Díez se presentasen tres o cuatro candidaturas alternativas", añade.

De momento, con o sin techo, Rosa es el "establishment".

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Dejarán de ser presos, pero seguirán siendo asesinos

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Por triste que sea reconocerlo, las víctimas han ocupado un lugar marginal en la lucha contra el terrorismo y sus secuelas. Durante los años ochenta y parte de los noventa, prácticamente fueron ignoradas. Después, durante un tiempo, adquirieron cierta visibilidad y se les dio más protagonismo. Fueron los años del pacto antiterrorista y de la Ley de Partidos, los años en los que ETA y su submundo quedaron acorralados y señalados como lo que son: una banda criminal y totalitaria. Pero esos años pasaron, y llegaron los de la negociación. Y entonces las víctimas volvieron a ser, sobre todo, un incordio.

Si no hay víctimas, no hay crimen. Si las víctimas se marginan, el crimen se diluye. Desde hace tiempo, todo el debate sobre el terrorismo gira en torno a los presos. Así se les llama, sin más: los presos. Presos ha habido siempre. El hecho de serlo ni significa ni siquiera haber hecho nada malo. Todas las dictaduras tienen presos de conciencia, presos políticos que lo son por ejercer una libertad que está prohibida. Sin duda, Inés del Río, Henri Parot y compañía son presos. Pero son algo más: convictos por múltiples asesinatos que sufren condena en un país democrático. El día que salgan de la cárcel dejarán de ser presos, pero serán criminales hasta sus últimos días. 

Sin embargo, todo la estrategia del mundo de ETA-Batasuna (los Sortu, Bildu, Amaiur, Herrira...) pasa por convertir a esos "presos" (a esos criminales) en víctimas. Víctimas de un Estado represor, de un simulacro de justicia, de un conflicto ancestral... Una vez cumplida su pena, se reincorporan a la sociedad entre homenajes y aurreskus. Y, por supuesto, no se puede admitir que se les recuerde que si estuvieron en la cárcel fue porque mataron a alguien, porque causaron verdaderas víctimas que nunca podrán volver a su casa. 

ETA y su mundo celebra todo: celebraba los asesinatos cuando los había y celebra las sentencias cuando les conviene. Hoy, tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que recordar que ellos son lo contrario a la democracia, a la justicia, y a los derechos humanos. Que simplemente se sirven de las instituciones cuando les interesa, y las socavan por medios criminales cuando no. Ellos siempre celebran, pero eso no quiere decir que debamos concederles victorias que no les corresponden. 

La sentencia habrá que cumplirla, porque la democracia, aquello que ETA ha luchado por destruir, no va a rendirse. Pero el Gobierno tiene margen de maniobra para aplicar el fallo pensando en las víctimas. Tal y como ha pedido Rosa Díez, debe actuarse sin violentarlas. Hay que hacer un esfuerzo por recordar que las personas que verán rebajadas sus penas son los asesinos de cientos de ciudadanos con nombres y apellidos. Hombres y mujeres, militares y civiles, policías y obreros, concejales y jueces, adultos y niños. Y que hay más de 300 asesinatos de ETA impunes, pendientes de resolver, sobre los cuales muchos de los que se beneficiarán de la sentencia del TEDH conocen datos decisivos.

El Gobierno debe corregir el rumbo. No se puede consentir que los totalitarios establezcan los términos del debate. ¿En cuántas ocasiones ha dicho el ministro del Interior que hay motivos para ilegalizar a los comandos políticos de ETA, para despuésno hacer nada? ¿Habrá que recordar otra vez el caso de Bolinaga, o los cambios en la política penitenciaria, o la inacción ante la estancia pública y notoria de los jefes terroristas en Noruega? Aplicar la sentencia de Estrasburgo de la forma menos dañina para las víctimas debe ser sólo el primer paso de un cambio radical, de volver al camino de firmeza democrática y claridad en el discurso, de volver a llamar a las cosas por su nombre y poner a cada uno en su lugar. Honrar a las víctimas y plantar cara a los criminales y a sus amigos.

Democracia y dinero público

Editorial de UPyD (Ver aquí)

En 2014 los partidos políticos recibirán 55 millones de euros para sufragar sus gastos corrientes, 11 millones menos que en 2013. Aparte de esto, se destinarán 29 millones a la campaña de las elecciones europeas, cuatro millones menos que en la anterior convocatoria de 2009. A pesar de estos datos, algunos han sumado 55 y 29 y han puesto el grito en el cielo porque el resultado (84) es superior en 18 millones a lo destinado a los partidos en 2013. Obviamente la comparación es muy abusiva, ya que este año no ha habido ninguna campaña electoral en nuestro país. Lo cierto es que las cantidades destinadas a los gastos corrientes de las formaciones políticas han disminuido sensiblemente en los últimos años, como es lógico teniendo en cuenta la crisis que vive España.

Se puede discutir si lo que gastan los partidos en su propio funcionamiento y en campañas electorales es mucho o es poco. Por ejemplo, UPyD ha pedido que se elimine la partida destinada a pagar el mailing electoral, que además de cara es injusta. Pero si se quiere democracia se necesitan partidos. Los que existen ahora u otros, pero partidos. Y por tanto, necesitarán dinero para poder funcionar. En otros países, la ciudadanía está acostumbrada a contribuir con sus propios fondos, bien afiliándose o bien haciendo donaciones. En España no está extendida esta costumbre - entre otras cosas porque el bipartidismo no ha hecho nada por fomentarla - y la financiación de los partidos es sobre todo pública.

Unión Progreso y Democracia tiene como empeño lograr financiarse totalmente o en su mayoría mediante las cuotas de sus afiliados, y por ese motivo cuesta más dinero pertenecer a UPyD que a otros partidos. Cada afiliado del partido magenta demuestra un compromiso político muy intenso. Además, UPyD hace públicas sus cuentas y explica en qué gasta cada céntimo que ingresa. Este afán por la transparencia es el que debería regir la vida pública española. Como decíamos, se puede discutir si se destina mucho o poco dinero a los partidos, pero parece evidente que lo de lo que se destina debería rendirse cuentas de forma nítida y detallada. Además, el esfuerzo realizado contra la financiación ilegal ha sido hasta la fecha muy escaso. El problema, en muchos casos, no es lo que aparece en los Presupuestos, sino lo que no puede aparecer. UPyD también exige medidas más duras contra la corrupción política, una lacra vinculada muchas veces a la financiación ilícita de los partidos.

Los Presupuestos Generales del Estado reflejan mejor que cualquier otra ley las prioridades del Gobierno. Las cantidades destinadas a los partidos han ido decreciendo de forma significativa en estos años de crisis. Desgraciadamente, no lo han hecho tanto otras partidas que reflejan el tipo de país que quiere el PP. Por ejemplo, se mantiene el gasto en las diputaciones provinciales, unos órganos poco democráticos que gastan más de 6.000 millones al año de forma opaca y fuera de control. Lejos de suprimirlas, las diputaciones han sido potenciadas por el Ejecutivo. Es sólo un ejemplo del tipo de gasto que habría que someter a un escrutinio mucho más duro.

Por último, en el caso concreto de las elecciones europeas, pocas veces está tan claro que hace falta un esfuerzo para que los ciudadanos se hagan conscientes de lo que se decide en unos comicios. La ignorancia sobre el funcionamiento de las instituciones europeas lleva a los ciudadanos a votar más en clave nacional que continental. Y, por desgracia, esta conducta está favorecida por los grandes partidos que, hasta la fecha, han procurado utilizar la campaña a la Eurocámara para ventilar sus disputas nacionales. UPyD hará una campaña europea para ciudadanos europeos, una campaña tan política como pedagógica, dando así buen fin a los fondos públicos que se le asignen y el dinero privado que le cedan los ciudadanos.

El aviso de Duran y el artículo 155 de la Constitución (por José Antonio Zarzalejos)

(Publicado en El Confidencial-Caffe Reggio, aquí)

El miércoles pasado Duran Lleida –no se sabe si con temeridad o con realismo—espetó al Presidente del Gobierno que se “va a encontrar con una declaración unilateral de independencia que algunos van a hacer en el Parlament”. Este aviso del líder de Unió y socio de CDC parece coherente con la marcha de los acontecimientos en Cataluña: la dinámica secesionista no sólo no se ralentiza sino que se acelera. ¿Qué podría hacer a estas alturas cualquier responsable del Gobierno de España? ¿Negociar una autorización de referendo conforme al artículo 149 apartado 32 de la Constitución que versase sobre la autodeterminación de una parte del territorio de España? Ninguno lo haría. Y Rajoy tampoco.

De modo que la advertencia de Durán Lleida, que no aportó alternativas que pudieran disuadir a los independentistas catalanes a tenor de la radicalidad de ERC expresada por su líder,Oriol Junqueras, en un taxativo artículo en La Vanguardia del pasado jueves, nos conduce al peor de los escenarios posibles, al más conflicto y menos deseado por la inmensa mayoría. Porque el gran problema consiste en que la reivindicación de CDC y de ERC no aspira a estar en España de manera distinta a la actual –lo cual sería negociable y legítimo—sino a romper su vinculación y formar un Estado propio. En otras palabras: el propósito de ambos partidos, al menos de momento, no es plantear una reforma constitucional o de otras normas ordinarias, sino lograr la secesión.

Si, efectivamente, se produjese una declaración unilateral de independencia en la cámara legislativa catalana (los 14 votos de Unió podrían evitarla), se estaría dando palmariamente el supuesto más extremo de atentado al “interés general de España” (sic) y procedería, primero, que el Gobierno requiriese al presidente Mas y, segundo, en caso de que se desoyese el requerimiento, el Ejecutivo plantease ante el Senado (artículo 189 de su Reglamento) la adopción de medidas de intervención en Cataluña para la “protección del interés general” tal y como prevé el artículo 155 de la Constitución.

Este precepto constitucional es, en lo esencial, una copia del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn y tiene su correlato en constituciones europeas como la austríaca o la italiana. Se trata de una cláusula de “coerción federal” que en Alemania contempla directamente la suspensión o disolución de los órganos del Estado federado incumplidor. En el 155, sin embargo, no está prevista, como se suele mantener con manifiesta ignorancia, la suspensión de la autonomía de la comunidad que atente contra el interés general de España,sino medidas de intervención gubernamentales (remoción del gobierno autonómico, disolución de su parlamento, por ejemplo, y convocatoria posterior de nuevas elecciones)que deben ser presentadas al Senado, debatidas en un pleno en el que intervendrían también representantes de la autonomía concernida por ellas y que se aprobarían por mayoría absoluta.

Además, y a diferencia de otras constituciones de Estados compuestos, el constituyente español de 1978 incorporó el requisito previo de un requerimiento gubernamental al presidente de la comunidad infractora y la acreditación ante el Senado de que dicho requerimiento también habría sido desoído. De modo tal que queda mucho trecho para una eventual aplicación modulada por el Gobierno del artículo 155 siempre y cuando CDC y ERC flexibilicen su postura, lo que ahora no parece  probable.

Mientras se llega –y ojalá no suceda- a la hipótesis que con tanto énfasis anunció Duran –la declaración unilateral de independencia-, el parlamento de Cataluña se propone aprobar unaley de consultas y establecer los términos de la pregunta. Contra ambas decisiones el Gobierno dispone de recursos paralizantes ante el Tribunal Constitucional que a estas alturas debiera ya haberse pronunciado sobre la declaración parlamentaria soberanista del pasado mes de enero votada por 85 diputados (CiU, ERC, ICV, CUP) y rechazada por 41 (PSC,PP, C´s), cuya suspensión prorrogó el TC indefinidamente el pasado mes de agosto.

La eventual aplicación del artículo 155 no comportaría ningún tipo de ejercicio de la fuerza. El Estado dispone de mecanismos financieros y de competencias en Cataluña que la evitarían de modo absoluto y terminante. Esta hipótesis, indeseable por completo pero no descartable si el pronóstico de Durán Lleida es certero y se incumple la palabra de Masque aseguró que no habría en ningún caso declaración unilateral de independencia, podría no ser especialmente dramática para algunos (muchos) en la propia Cataluña. Una intervención del Estado para evitar la secesión permitiría a sus mentores presentarse como víctimas de un patriotismo que, de nuevo, España habría hecho inviable. Sería así el propio Estado el que les libraría de un compromiso independentista que, sin duda, saben no puede prosperar.

La utilización de la habilitación que al Gobierno y al Senado otorga el artículo 155 de la Constitución es una última ratio que comportaría una grave crisis constitucional y, seguramente, un punto de inflexión a partir del cual no podría ya reiniciarse la normalidad institucional porque desencadenaría una cascada de reacciones y la necesidad de configurar el modelo territorial de manera distinta al del Título VIII de la Constitución. De ahí que parezca verosímil que en Cataluña, las posiciones más radicales observen sin especial preocupación una intervención gubernamental. Son los independentistas que –en simetría con otros fuera de allí- apuestan a lo peor como lo mejor para sus intereses.

Reflexión ésta, sin embargo, que no haría eludible la máxima respuesta constitucional a una declaración unilateral de independencia ante la que Rajoy no podría permanecer instalado en la inacción porque el tiempo, lejos de haber solucionado el problema, lo habría agravado hasta exigirle una contundencia que pudo evitarse de haber previsto en su momento las consecuencias de una situación en Cataluña que se valoró, en su gravedad y efectos, demanera claramente errónea.

El país burbuja

Editorial de UPyD (Ver aquí)

Los hábitos de consumo de los españoles han retrocedido 20 años. Así lo asegura un estudio independiente recién publicado. Sencillamente, hemos vuelto a principios de los noventa. Es una fecha significativa, porque entonces vivíamos una crisis económica a la que sucedió un periodo de crecimiento que duró hasta el año 2007, en el que la forma de gastar de los ciudadanos se alteró sustancialmente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tenían un dinero que ya no tienen. El hecho de que hayamos retrocedido dos décadas demuestra hasta qué punto el crecimiento fue fruto de una persistente burbuja.

El discurso oficial (que ahora parece felizmente arrinconado) culpó a los españoles en general de la creación de la burbuja: "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades", se nos decía. Falso. Los españoles vivieron de acuerdo con las posibilidades que se les ofrecían. Y, en cualquier caso, están pagando con creces los años burbujeantes. No sólo tienen que pagar lo que deben con ingresos que ya no tienen, sino que además pagan el desastre ocasionado por otros: pagan con impuestos los agujeros de las cuentas públicas y pagan el rescate a las cajas de ahorros quebradas. En cambio, los que deberían pagar el doble, no pagan nada.

España debería estar preparándose para crecer de forma sana, quizás no con tanta velocidad pero sí con más solidez. Debería estar haciendo las reformas necesarias para evitar nuevas burbujas en el futuro. ¿Lo está haciendo? Todo lo contrario. La recién aprobada Ley de Cajas es incapaz de garantizar que no se reproducirá la politización de las entidades, una de las raíces de la burbuja inmobiliaria. La reforma de la Administración Local no sólo evita imponer mayores controles al gasto de los ayuntamientos, sino que les reserva las competencias en urbanismo (otra de las fuentes de la crisis) y traslada la mayor parte de las decisiones a las antidemocráticas e incontroladas diputaciones.

Ayer mismo, todos los partidos rechazaron una iniciativa de Unión Progreso y Democracia para evitar en el futuro otra burbuja pública menos conocida pero también muy cara para el contribuyente: la hospitalaria. Al calor del dinero fácil y en pos de los réditos electorales inmediatos, muchas comunidades autónomas construyeron hospitales que no respondían a necesidades reales de la población. No se estudiaba que realmente existiera una demanda por número de pacientes o por estado de salud. Simplemente se construía la infraestructura y se inauguraba con la mayor pompa, en algunas ocasiones dos o tres veces. Hoy, muchos de estos carísimos hospitales están sin terminar, sin abrir o claramente infrautilizados. Rosa Díez pidió que se establecieran rigurosos mecanismos para evitarlo. Todos los partidos se opusieron.

El bipartidismo fomenta las burbujas porque vive en una. Blindado gracias a la ley electoral, al poder acumulado, a las redes clientelares, al amiguismo mediático y a la inercia de las cosas, sólo da la batalla cuando se trata de frenar las reformas que harían de España un país ejemplar. Después de negar que este tipo de reformas institucionales fueran necesarias cuando las pedía UPyD, el PP tuvo que afrontarlas cuando se las exigieron desde el extranjero. Pero el Gobierno usó sus mejores energías en descafeinarlas con el fin de no tocar su propio entramado. Todo con el fin de mantener la burbuja en la que viven.