Alternativa General para el Progreso de Cuenca

Canarias, Madrid y Baleares pagan el déficit de las pensiones del resto de CCAA

• Almería aporta más de lo que recibe, pero sus pensiones son de las más bajas

• Los jubilados del País Vasco, que son los que más cobran

• Los pensionistas de Lugo y Orense tienen la paga más pequeña

Europa Press | Madrid (Publicado en El Mundo, aquí)

Los excedentes de cotización a la Seguridad Social de Canarias, Madrid y Baleares pagan en este momento el déficit que arrojan las pensiones en Cataluña, Euskadi y el resto de las autonomías, según reflejan los datos de la Seguridad Social desagregados por regiones y provincias.

Según estos datos, sólo ocho provincias aportan al sistema más de lo que reciben para pagar las pensiones. Se trata de Almería, Córdoba, Las Palmas, Tenerife, Guadalajara, Gerona, Madrid, Alava y las Baleares. En el análisis de estas cifras se pueden ver paradojas como el hecho de que Almería realiza una aportación neta al sistema de Seguridad Social, pero tiene una de las pensiones medias más bajas de España, 672,5 euros.

Sin embargo, el País Vasco, cuya recaudación en cotizaciones sociales no cubre sus pensiones desde más siete años y en 2011 registró un déficit de 1.422 millones, tiene las pensiones más altas de todo el país. Los pensión media de jubilación de las tres provincias supera los 1.000 euros de media al mes.

Los vascos aportaron al sistema en 2011 por cotizaciones sociales 6.124 millones y recibieron 7.547 millones para pensiones. Alava es la única provincia de esta CCAA que aporta a la Seguridad Social más de lo que recibe de ésta para pagar a sus jubilados, 1.011 millones frente a 994, con una pensión media de 1.033 millones.

Guipúzcoa y Vizcaya, por el contrario, aportan menos de lo que reciben. En el primer caso son 2.013 millones frente a un coste global de sus pensiones de 2.489 millones de euros, siendo su pensión media mensual de 1.000, 23 euros. Vizcaya aporta 3.099 millones y recibe 4.062 y la pensión media se iguala a la de Alava con 1.033 millones.

Estas cifras, que forman parte de la caja única de la Seguridad Social, han cobrado especial interés en su forma desagregada por CCAA tras la polémica suscitada por la reinvindicación soberanista del Gobierno catalán y sus acusaciones contínuas de que sus problemas económicos provienen de España y de que esta CCAA aporta más de lo que recibe a la solidaridad nacional.

En el caso concreto de las cifras de la Seguridad Social, estas reflejan que, desde el año 2010, inclusive, las cotizaciones sociales que se pagan en Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas catalanes.

Gerona, la única con superávit

Según estos datos, durante 2010, la aportación total de Cataluña a la Seguridad Social fue de 18.422 millones de euros, pero sus pensiones costaron 18.842 millones. El desfase se acentuó en 2011, el último ejercicio cerrado, cuando los ingresos por cotizaciones de Cataluña ascendieron a 18.373 millones y los gastos fueron de 19.541 millones.

Si las cifras se analizan por provincias, sólo Gerona tiene un saldo positivo -ingresa 1.560 millones de euros y recibe 1.548-, el resto reciben más de lo que aportan para sus jubilados. Es el caso de Barcelona, con una aportación de 14.317 millones y un coste total de sus pensiones de 15.291; lo mismo sucede en Lérida, donde las cotizaciones suman 878 millones y las jubilaciones cuestan 971 y en igual situación está Tarragona, con 1.616 millones aportados al sistema en 2011 y 1.728 millones recibidos.

La pensión media también varía, siendo la provincia de Barcelona la que tiene jubilaciones más elevadas en esa CCAA, 886 euros de media al mes, frente a los 715 de Lérida; los 744 de Gerona y los 794 de Tarragona.

Las que más aportan

Por CCAA, los saldos positivos que aportan Madrid, Baleares y Canarias a la caja única de la Seguridad Social son los que ayudan a equilibrar los ingresos y los gastos del sistema de pensiones. De hecho, Madrid aporta al sistema 17.293 millones de euros y los pensionistas de la CCAA cuestan 14.241, con lo que el saldo positivo para las arcas de la Seguridad Social con esta región es de 3.052 millones, a pesar de tener una de las pensiones medias más altas de España, después del País Vasco, 979 euros.

Lo mismo sucede en Canarias, donde los ingresos netos para la caja única ascienden a 465 millones, después de que las cotizaciones recaudadas en esta CCAA ascendieron a 3.525 millones en 2011 y los pagos por pensiones supusieron 3.060 millones. Aquí, la pensión media es de 782 euros en Las Palmas y 782 en Tenerife.

Baleares es la tercera CCAA con superávit en este sentido, ya que recauda por cotizaciones 2.251 millones y gasta en sus jubilados 1.878 millones, con un remanente para la Seguridad Social de 373 millones de euros en 2011, siendo su pensión media de 756 euros.

La paradoja de Almería y Córdoba

Si el análisis se hace por provincias, son un total de ocho las que aportan más de lo que reciben. Un caso paradójico es el de Almería y Córdoba. Las dos provincias andaluzas que cuentan con pensiones medias entre las más bajas de España -no llegan a los 700 euros- y sin embargo, contribuyen a pagar las del resto del país.

En el caso de Almería, con 672 euros de pensión media, la aportación en 2011 al sistema de pensiones fue de 1.061 millones, pero sus jubilados sólo gastaron 952 millones, con lo que el remanente para la Seguridad Social fue de 109 millones de euros. Y el año anterior, fue de 136 millones.

Lo mismo ocurre en Córdoba, provincia en la que los jubilados tienen una paga media de 695 euros, pero también contribuyen a pagar la de otros pensionistas, ya que las cotizaciones suman 1.881 millones y los pagos en pensiones en esta provincia ascienden a 1.668 millones, es decir, 213 millones de remanente para la caja única.

No obstante, Andalucía gasta más de lo que ingresa para las pensiones: 13.271 millones frente a 15.230, siendo Cádiz la privincia con la pensión media más alta en esta región, 849 euros mensuales, frente a los 708 de Granada; los 703 de Jaén, los 774 de Málaga, o los 782 de Sevilla y Huelva.

En Aragón, las cotizaciones ascienden a 2.918 millones y también son deficitarias, ya que el gasto asciende a 3.527 millones. La pensión media más alta de la región es la de Zaragoza, con 895 euros y la más baja, la de Teruel, con 777.

Asturias cuenta con la quinta pensión media más alta del país, 982 euros. Esta CCAA, además, recibe casi el doble de lo que aporta, 4.189 millones frente a 2.231. Cantabria tampoco equilibra las cuentas ya que sus pensionistas cuestan 504 millones más de lo que se recauda en la región, cuya pensión tienen un coste medio de 861 euros al mes.

En Castilla-La Mancha, el desfase es de 447 millones -3.348 de ingresos, frente a 3.929 de gastos-; aunque Guadalajara -con la pensión media más alta, 873 euros- aporta más que recibe -468 millones frente a 464-.

Galicia cuenta con uno de los mayores desfases por regiones, 2.275 millones de euros, pues recauda 5.136 millones y gasta 7.411 millones, a pesar de que Orense y Lugo son las provincias con las pensiones medias más bajas de todo el país, 605 y 617 euros.

El déficit de Castilla y León también está entre los más altos, 2.092 millones, ya que recauda por cotizaciones 4.773 millones y paga en pensiones 6.865. La pensión media más alta es la de Valladolid, 925 euros, y la más baja, la de Zamora, 692.

Los jubilados valencianos reciben 1.150 millones más de lo que se recauda en la CCAA por cotizaciones -8.848 millones, frente a 9.998-. Extremadura también tiene un desfase de 759 millones; el de La Rioja es de 92 millones; el de Murcia, de 49 millones; en Navarra, de 22; en Ceuta, de 96 y en Melilla, de 93.

UPyD cumple 5 años y se ve más necesario que nunca por las amenazas al Estado

EFE.- (Publicado en diariovasco.com, aquí)

 UPyD cumple su quinto aniversario convencido de que un partido como éste, que saltó a la política para defender "algo tan revolucionario" en su momento como el Estado y la regeneración democrática, es hoy "más necesario que nunca", asegura a Efe su líder, Rosa Díez, ante los últimos pulsos nacionalistas.

No quiere hablar de expectativas, ni cumplidas ni superadas, pero sí de que UPyD va haciendo los deberes en cada nuevo reto que afronta y se ha convertido en un instrumento "imprescindible" -dice- para defender la igualdad de los ciudadanos en todo el territorio frente a las pretensiones nacionalistas de Cataluña y en Euskadi.

Cinco diputados en el Congreso, ocho en la Asamblea de Madrid, uno en el parlamento vasco y otro en el asturiano -éste decisivo para permitir la formación de un gobierno socialista en el Principado hace cuatro meses- son algunos de los resultados que exhibe UPyD desde que un 29 de septiembre de hace cinco años arrancara esta nueva formación.

También en su "haber" cuenta con un eurodiputado y cinco concejales en el Ayuntamiento de la capital, lo que pone de relieve -subraya Díez- que hay "muchas razones" para "estar muy contentos" de este cumpleaños, que celebrará mañana, sábado, en Vitoria, con un acto público.

En el balance del "debe", Rosa Díez admite que tiene flancos "débiles" en las comunidades históricas, pero piensa que es precisamente por falta de un discurso nacional y más cohesionado, "de españoles sin complejos".

De hecho, en las elecciones del 21 de octubre en Galicia, donde no tiene representación, y en el País Vasco, los sondeos no están muy de su parte. Podría incluso perder el escaño que tiene en la Cámara vasca, según éstos.

En Cataluña, el adelanto electoral al 25 de noviembre, con el desafío secesionista detrás, UPyD tampoco tiene mucho que arañar y así lo comprobó en los comicios autonómicos de 2011, donde sólo logró el 0,17 por ciento del respaldo, por debajo incluso de partidos un tanto estrafalarios, como el del travesti Carmen de Mairena.

No obstante, el hecho de reconocer estos puntos débiles en las comunidades históricas no va a apartar a Rosa Díez ni un milímetro de su discurso en clave "de Estado" y no piensa hacer concesiones programáticas de carácter territorialista.

Reivindica, de esta manera, un Estado federal, con "corresponsabilidad política", y que el Gobierno central recupere algunas competencias, como la de educación, que la considera básica por entender que "vertebra" el país desde el punto de vista de la igualdad y de la competitividad.

Pero aparte de las dificultades para hacer llegar el mensaje en algunas comunidades, la líder de UPyD, en la conversación mantenida con Efe, ve también que a su partido le cuesta "penetrar" en la sociedad al no pertenecer al "'establishment'" y no contar con "padrinos económicos ni tampoco los recursos" de otras fuerzas políticas .

Hay todavía muchos ciudadanos que "no han descubierto" sus siglas, insiste Rosa Díez, aunque su marca está "muy bien valorada" como lo reflejan las encuestas, que, además, recalca Díez, sitúan al 80 por ciento de los españoles en el espacio ideológico que ocupa UPyD.

En esta todavía corta andadura política, UPyD ha superado hasta su primera crisis interna, aunque Díez no la considera como tal sino como parte de la dinámica democrática que debe imperar en los partidos. "Unos vienen, otros se van. No ha habido ninguna crisis", afirma rotunda.

Y el que se fue y agitó las aguas del partido fue Mikel Buesa, un símbolo de la lucha contra el terrorismo, que abandonó UPyD en julio de 2009 por estar en desacuerdo, según adujo entonces, con el "autoritarismo" de la ejecutiva.

En su marcha arrastró a catorce dirigentes y militantes, expedientados por intentar crear una estructura paralela. De aquel episodio, no queda ni rastro.

Hoy UPyD, que debutó en las elecciones generales de 2008, se ve fuerte y "en alza" para ocupar ese hueco que cree que está dejando el "desencanto" que han generado los dos grandes partidos, el PP y el PSOE. EFE

Cómo el diputado Toni Cantó se convirtió en 'barón de la Albufera' (por Patricia Ortega Dolz)

• La reencarnación política del actor ha quintuplicado su estrellato en las redes sociales
• Es pasto de bromas y motes, incluso en su propio partido, UPyD, que hoy cumple cinco años
• Le acompañamos en el Congreso durante la jornada de protestas del 25-S

Patricia Ortega Dolz Madrid (Publicado en El País, aquí)

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Toni Cantó, en el Congreso, el pasado miércoles. / CRISTOBAL MANUEL

Borró dos recuerdos de su memoria. Los dos han marcado su vida. Uno fue aquel dibujo que hizo con seis años en el que pintó la puerta de un camerino con una plaquita con su nombre. El otro, el día que en su colegio de Valencia le tocó hacer de portavoz en uno de esos debates que dividen la clase en dos. Cuando su familia dio por supuesto que, como su padre, iba para médico, la imagen de aquel
dibujo infantil volvió a su memoria, y Toni Cantó soltó: “Me voy a Madrid, voy a ser actor”. Era el mayor de cuatro hermanos y con 19 años se marchó. Casi dos décadas después, tuvo otro flash que le
devolvió a aquella aula de la niñez: “Una vez quise ser político y lo olvidé”. Y se presentó a las primarias de UPyD (Unión Progreso y Democracia). Son las dos veces que ha querido ser protagonista de su propia historia. Y las dos en que más solo ha estado: “Estás loco, no lo hagas”, le dijeron todos. No hizo caso. Hoy es actor y diputado.

Son las dos facetas de un hombre guapo, que se sabe guapo, afincado en Torrelodones (Madrid). Dos caras que conviven en el mote con el que le han bautizado los de Upa dance —así conocen a UPyD en la Cámara Baja, en referencia a la serie Un paso adelante, por ir siempre juntos
a todas partes—. Para ellos, Toni Cantó es El barón de la Albufera, “porque se metió en la política para follar”, contaban entre carcajadas el pasado martes a la hora de la comida 8 de los 13 jóvenes miembros que esta fuerza política tiene en el Congreso. La media de edad ronda los 30 años. “Sí,
para follarse al bipartidismo”, continuaron, ante las risas cómplices del propio Cantó. La primera parte del apodo se la ganó el día que entró en un despacho reivindicándose con tono solemne y actuando “como un barón de cualquier partido mayoritario”. “Hasta el Rey le preguntó: ‘¿Pero tú qué haces aquí?”. La segunda parte la pusieron sus raíces: nació en Valencia en 1965.

"Se metió en la política para follar”, bromean sus
compañeros de partido en presencia de Cantó. “Sí, para follarse al
bipartidismo”

En UPyD, que hoy celebra su quinto aniversario, el trabajo no riñe con la diversión, aunque todo el mundo toma sus precauciones con “la jefa”, Rosa Díez. A las diez de la mañana del mismo martes, antes de que las protestas del 25-S se acercaran al Congreso, El barón había sustituido sus habituales vaqueros apretados con bolsillos laterales por el traje gris, también ajustado. Era día de pleno. Estudiaba en su despacho los documentos para la primera comisión de la mañana, la de industria, cuando le interrumpió una asesora: “Diputado”. Sin levantar la cabeza del papel, arqueó las cejas a lo John Wayne y fijó la mirada en la puerta. Cantó está interpretando el papel de su vida.

Ya ha dejado de revolver las sábanas por las noches con esas pesadillas en las que se le olvidaba el guion o era incapaz de responder a una pregunta parlamentaria. En poco más de un año ha conseguido subirse al estrado del hemiciclo y articular un discurso suficientemente mediático como para convertirse en protagonista de un vídeo con más de un millón de visitas en YouTube. Siempre atizando a diestro y siniestro, las señas de identidad de su partido: “Optimizar la gestión de la Administración Pública en lugar de recortar derechos sociales, invertir en I+D”, resume. Sus claras cualidades oratorias, acompañadas de una cuidada gestualidad cultivada sobre las tablas, la tele y el cine, no le libran de los abucheos cada vez que sube a la palestra.

“Ayer propusimos desde dentro [del hemiciclo] las mismas cosas que la gente que estaba fuera”, explicó al día siguiente en referencia al 25-S. “Quitar privilegios a los políticos y que los niños no paguen por llevar el tupper”. Eso le costó otro griterío desde todas las bancadas: “¡Demagogo!, ¡populista!”. Pero en el verdadero termómetro de la popularidad va escalando marcadores.Cuando Toni Cantó solo era actor tenía 15.000 seguidores en Twitter. Ahora, infiltrado en el Congreso y
tuiteando cuanto se le ocurre, va por cerca de 76.000 (frente a los 32 seguidores de Díez en Face­book; su cuenta en Twitter ya no está operativa).

Fuego amigo

Cantó soporta con buen humor las bromas de su propio equipo de UPyD, que fue capaz de meterle fotos pornográficas en la carpeta que tenía que usar en una sesión parlamentaria: “La cerré de golpe, casi me da algo de pensar que alguno de los diputados que tengo detrás lo hubieran visto. ¡Qué vergüenza! Panda de hijos de puta…”, se ríe.

Puede que no sean 7 vidas, como la serie de Telecinco que protagonizó, pero a sus 47 años ha tenido ya unas cuantas, con más y menos fortuna. Cuatro mujeres (tres actrices y una terapeuta), un matrimonio y un divorcio (al año y medio), tres hijos (uno por cada una de las tres primeras parejas) y la pérdida de la mayor, Carlota, a los 18 años en un accidente de coche en 2011, cuando su relación con ella empezaba a normalizarse pese a no haber reconocido su paternidad inicialmente. Hoy forma parte de la comisión de Seguridad Vial y pelea desde su escaño por la custodia compartida, aun a costa de ser acusado de “maltratador” por algunas de las integrantes de la comisión de igualdad, donde es el único varón (con v). Además, trata de conciliar el trabajo con los fines de semana alternos que le tocan sus dos niños (de nueve y seis años): “Intento, con mucha paciencia, que ellas [sus ex] se pongan de acuerdo para que coin­cidan ambos”.

El barón de la Albufera reconoce que le gusta mucho su nuevo papel. Se le ve algo deslumbrado, pero cuando escucha esa palabra frunce el ceño y usa de nuevo las potentes cejas que enmarcan su expresión. Pero luego derrocha sin complejos el optimismo ingenuo del político virgen: “He descubierto colectivos muy interesantes, estoy aprendiendo muchas cosas, hay multitud de buenísimos expertos en las disciplinas más variadas a los que nadie les pregunta ni les escucha, trato de buscar rendijas para sacar adelante iniciativas con otros grupos porque solos es imposible, yo soy optimista”.

Fue esa misma actitud la que le llevó a meterse en una plataforma ciudadana para parar un campo de golf y una urbanización de chalets prevista en un parque natural de Torrelodones. Y tras eso, montar un partido (Vecinos por Torrelodones) que abandonaría para afiliarse a UPyD, donde nada más llegar
ofreció, sin complejos, su cara bonita para la campaña, ganó las primarias y se sacó un escaño por Valencia con 84.000 votos. Ese mismo optimismo, acompañado de una demostrada capacidad de trabajo, le lleva incluso a pensar que quizá pueda hacer algún bolo en el teatro “alguno de estos fines de semana”. Todo sea que no haya más recuerdos borrados de su memoria.

Sin transparencia (por Irene Lozano)

  Irene Lozano

(Publicado en El Confidencial, aquí)

España dejará pronto de ser es el único país grande europeo sin una Ley de Transparencia. Y ya que vamos a llegar los últimos a un asunto tan relevante para las sociedades modernas, sería deseable una mayor ambición del Gobierno en ponernos a la altura de los demás. En este momento en que el Proyecto de Ley se encuentra en el Congreso en fase de enmiendas, llama la atención el escaso interés de los periodistas, que contrasta con el demostrado en los últimos años por la Coalición Pro Acceso, una agrupación de asociaciones y ONGs que pelean por una buena ley.

Invitados por esa sociedad civil -en estado puro y de la buena- ayer debatimos sobre el proyecto de ley de transparencia tres diputados, Joan Josep Nuet (Izquierda Plural), Meritxell Batet (PSOE) y yo, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. El PP y CiU excusaron su asistencia.

Una idea sobrevoló el debate: el Gobierno parece inclinado a cambiar algo para que todo siga igual, para que la administración siga siendo ese ente superior que conoce mejor que el ciudadano sus intereses y aquello que le conviene saber. Si la ley se aprobara tal como está –confiemos en que se pueda mejorar- avanzaríamos algo, pero muy poco.

Cuando uno lee el Proyecto de Ley ve detrás la pluma de un alto funcionario, celoso de sus viejos papeles y el poder que toda esa información le confiere, una administración que sospecha del ciudadano interesado en saber en qué se gasta su dinero. Se ha buscado la forma de ceder información reservándose siempre la facultad de negarse a hacerlo, mediante conceptos imprecisos y arbitrarios que han sido criticados hasta por el Consejo de Estado. En la sociedad de la información y en la era digital, ese alto funcionario aún piensa en papel, y aún sueña con zonas de sombras protectoras que preserven a los gestores públicos de la crítica y el escrutinio.

Dos son los principales fallos de la ley en su redacción actual. No reconoce el derecho de acceso vinculándolo a un derecho fundamental, como la libertad de información o el derecho a la participación política. La transparencia se concibe como una molestia ineludible en estos tiempos, pero sin convicción. Nos haría falta otra perspectiva: el ciudadano es el dueño de la información pública, y la administración se limita a gestionarla. Resulta difícil negar que se trate de un derecho fundamental cuando la transparencia está tan estrechamente vinculada también a la lucha contra la corrupción, a la buena gestión, e incluso a conceptos centrales de la democracia como la participación de los ciudadanos y su capacidad para controlar al poder. Una ley de transparencia ambiciosa y profunda cambiaría la concepción misma de la ciudadanía y pasaría a considerarla como necesariamente informada, crítica, activa y exigente. Al mismo tiempo, esto contribuiría a mejorar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, algo de lo que estamos muy necesitados. Si esto no se cambia, el derecho de acceso caerá abatido en su primer duelo frente a la protección de datos, ésta sí vinculada al derecho fundamental a la intimidad.

El segundo gran fallo de la ley estriba en no establecer un órgano de control independiente -similar a la Agencia de Protección de Datos- y dejarlo en manos del Ministerio de Hacienda. Así, la administración se erige en juez y parte, de forma arbitraria, frente al ciudadano que quiere saber. Sin una comisión independiente, que realmente vele por un nuevo concepto de la información pública, vamos a avanzar poco. Da la impresión de que existe verdadero pavor en los dos grandes partidos –el PSOE no impulsó una ley de transparencia en la anterior legislatura, pese a llevarlo en su programa- a que los ciudadanos sepamos cómo se gestiona con nuestro dinero asuntos que nos conciernen. Y es verdad: una ley de transparencia ambiciosa dejaría a la vista demasiados cadáveres en organismos públicos, ayuntamientos, Comunidades. La cuestión es que muchos de esos cadáveres ya están saliendo a flote. Parece mentira que un gobierno tan apurado con las cifras no se dé cuenta de que el caos contable de la administración y la desconfianza europea hacia España está estrechamente relacionado con la sempiterna opacidad de la administración. En este crucial momento de nuestra historia, el tímido proyecto de ley de transparencia se convierte, aunque parezca una paradoja, en una nueva forma de seguir negando la realidad.

Antipolítica en el Congreso

Editorial UPyD (Ver aquí)

Ayer, Unión Progreso y Democracia pidió en el Congreso de los Diputados el fin de la discriminación por razón de lengua, racionalizar y hacer transparentes los sueldos públicos y prohibir que se cobre a las familias cuyos hijos lleven la comida de casa al colegio. Libertad, transparencia e igualdad. Fuera de la Cámara, algunos ciudadanos gritaban consginas contra el sistema político en su conjunto, sin hacer distinciones entre unos y otros, y olvidando que por imperfecto que sea, se trata de un sistema democrático, e ignorando lo que significa de verdad vivir en una dictadura, devaluando así el sacrificio de quienes se dejaron la vida luchando por la libertad.

Pero lo peor no fue lo que ocurrió fuera, sino lo que pasó dentro. Los partidos tradicionales, responsables de la triple crisis (económica, social y política) que vivimos, no sólo se opusieron en bloque a las iniciativas de UPyD sin aportar nada mínimamente parecido a un argumento, sino que insultaron a los diputados que las defendían y llegaron incluso a negarles legitimidad para ocupar el escaño que les concedieron los españoles. Así ocurrieron los hechos:

25/09/2012  Gorriarán: "En nombre de los falsos derechos de las lenguas, se han menoscabado los derechos de muchas personas"

16:00 - El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán defiende la Proposición de Ley para la erradicación de la discriminación lingüística. Lo único de esta iniciativa que debería escandalizar a un demócrata es que sea necesario presentarla 34 años después de promulgada nuestra Constitución, ya que lo único que reclama es que las personas que viven en una comunidad autónoma bilingüe tengan todas los mismos derechos independientemente de cuál sea su lengua materna o de si dominan más una que otra. Algo que, desgraciadamente, no ocurre en España. Era de esperar la negativa del nacionalismo, y no termina de sorprender la de PSOE e IU, pero se podría haber esperado otra cosa del Partido Popular, que no sólo anunció su voto en contra sino que lanzó las consabidas acusaciones de demagogia contra UPyD. Acusaciones que, sin duda, se aplican a sí mismos ya que en la legislatura pasada votaron, junto con el partido magenta, una iniciativa similar. Todos votaron contra la libertad.

25/09/2012 Rosa Diez: "Los ciudadanos no saben cuál es el sistema retributivo de los cargos públicos"

Poco después, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, defiende una Proposición No de Ley para la transparencia y racionalidad en los sueldos de los cargos públicos, de modo que un concejal no pueda cobrar más que el presidente del Gobierno, y que las retribuciones sean conocidas. De nuevo, lo único que puede uno preguntarse es por qué es necesario pedir algo tan común en las democracias más desarrolladas. Sin embargo, la reacción de los partidos tradicionales fue feroz, hasta el punto de que un diputado socialista cuestionó la legitimidad de los cinco diputados de UPyD y les conminó a dejar el acta, además de acusarles de practicar la “antipolítica”. Díez recordó luego que el PSOE votó en contra de la ilegalización de Amaiur. “Qué manera tan práctica y tan clara de establecer quienes son (...) sus enemigos y a quienes considera de los suyos”, escribió en su página de Facebook. Todos los grupos votaron en contra de racionalizar los sueldos públicos. Todos votaron contra la transparencia.

25/09/2012  Gorriarán: "Que se cobre a los niños por llevar el tupper es un fracaso integral del sistema"

Más adelante, Carlos Martínez Gorriarán subió de nuevo a la tribuna para presentar una moción por la que se insta al Gobierno a prohibir que los colegios puedan cobrar a los padres de alumnos por llevarse la comida de casa para tomarla en el comedor del centro. Una vez más, todos los partidos, de izquierda y de derecha, nacionalistas y nacionales (si los hubiera), votaron en contra de prohibir que se cobre por llevar la comida al colegio. Todos votaron contra la igualdad.

25/09/2012 Irene Lozano: "Corrupción, clientelismo, saqueo de las cajas... eso es la antipolítica"

Estos son los hechos. Así se van pudriendo los lazos que unen a los ciudadanos con sus representantes. No, desde luego, por defender la libertad, la transparencia y la igualdad, sino - como tuvo que explicar Irene Lozano a los diputados socialistas - por la forma en que los partidos tradicionales practican, ellos sí, la “antipolítica”.

La independencia no existe (por Xavier Vidal-Folch)

Los Estados-nación soberanos están liquidados en Europa, son residuos. El déficit fiscal catalán es excesivo, pero no un “expolio”: arréglese. Los catalanismos siempre antepusieron dirigir España a irse de ella

Xavier Vidal-Folch (Publicado en El País, aquí)

ENRIQUE
FLORES

Quiero dedicar este artículo a mis amigos independentistas.

La política. Lamento traer desde Europa esta noticia: la independencia es imposible. No porque alguien la impida. Sino porque la independencia ya no existe en la Europa real, la UE. Como no existe el Estado-nación. Ni la soberanía nacional. Aún pesan. Pero son solo residuo histórico, apariencia en estado terminal, ensoñación.

El sociólogo Daniel Bell estableció ya en 1987 que el Estado era “demasiado pequeño para atender a los grandes problemas del mundo actual y demasiado grande para encarar los pequeños problemas cotidianos del ciudadano”. Desde entonces, el declive del Estado cabalga a la velocidad de la luz. Sobre todo en Europa, empujado por las pinzas trabadas entre la federalización comunitaria y la
globalización; entre la transferencia de soberanía hacia arriba y el traspaso de competencias hacia abajo.

El vaciado del Estado-nación ha sido aquí tan drástico que lo ha desnaturalizado enteramente. No conserva intacta ninguna de sus grandes funciones específicas. Ni acuñar moneda (pasó al BCE), ni guardar fronteras y aduanas (suprimidas las internas del continente por Schengen; compartidas las
exteriores), ni la de una verdadera política exterior (las diplomacias han iniciado su fusión lenta en el SEAE), ni la de hacer individualmente la guerra (salvo caricaturas como la de Perejil).

En estos años de crisis, el despojo de las competencias remanentes es de vértigo. Sobre todo en la economía, que es precisamente la motivación subyacente al independentismo catalán de nuevo cuño, posidentitario. Todos los instrumentos clásicos de política económica están transferidos o se están transfiriendo a la UE: 1) El monetario y financiero, o manejo del tipo de interés y la cantidad de
dinero en circulación, la supervisión bancaria. 2) El cambiario, o manejo del tipo de cambio. 3) El fiscal, o presupuesto e impuestos. 4) El comercio exterior, la tarifa exterior común, las decisiones comunes en la OMC. 5) Incluso el mercado laboral, la Seguridad Social y las políticas de empleo y sociales (de la edad de jubilación a las pensiones) se van equiparando a rebufo de la crisis.

Cataluña es identificable como tal; España no lo es sin
Cataluña: se resistiría con empeño numantino

Los polemistas ágiles endosan estos argumentos, pero arguyen que ya les bastaría para sí con la sombra, residuo, símbolo o apariencia de poder de los Estados, aún notable. Reclaman Estado, aunque esté desnudo. Se entiende en el corto plazo, pero no parece lúcido apostar a largo plazo por una construcción histórica en decadencia, llegar cuando todos se van, incluso aunque ignoren que se van. Ni es hábil agotarse en melancolías, cuando la nueva fisonomía de la Unión requiere de una rebeldía, esta sí, con causa de futuro: un potente combate por una unión política que ejerza el control democrático sobre los nuevos poderes, europeos. Si el poder está en Europa, controlemos Europa, no sus sucedáneos.

La historia. Si el beneficio de la independencia sería, pues, más bien marginal, ¿vale la pena pagar el alto coste que conllevaría? La historia arroja pistas sobre esa relación coste-beneficio. Cataluña es
imaginable como entidad diferenciada, objeto identificable, independiente, porque lo ha sido. Como Principado confederado en la época medieval; como país asociado a la monarquía francesa de Luis XIII entre 1640 y 1652; como un conjunto de “estructuras de Estado” específicas, salvo la Corona, hasta 1714; como región autónoma en los años treinta; como nacionalidad desde 1978. Pero España sin Cataluña no es pensable, rechina al imaginario colectivo. Con razón. No sería, porque al cabo España es una realidad integradora de muchos factores, pero muy destacadamente el producto de la fusión de sus matrices castellana y catalana.

¿Qué implica esto? Que viviría una secesión con desgarro ontológico: el de pasar de ser a no ser. Recordemos el trauma de la pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas; aún restalla en la conciencia colectiva el 98. Esos choques generan conflicto. La hipótesis de una separación blanda se trufa de adjetivos amables: “pacífica”; “negociada”; “ecuánime”; sin “cambios radicales” en el marco legal; en un “entorno de normalidad”, la sueñan Modest Guinjoan y Xavier Cuadras (SenseEspanya, Pòrtic, Barcelona, 2011) para minimizar su coste.

A la luz de la historia ese escenario idílico parece improbable. Más bien el recelo sería grande y la resistencia quizá numantina; comprobaremos los indicios en la campaña de Navidad. Una técnica habitual en otros lares para domeñar esas reacciones es la de la respuesta radical, populista. Lo que enconaría el conflicto Cataluña-España (o resto de) y dentro de Cataluña: liquidaría la unidad cívica del pueblo catalán. Un bien precioso siempre. Y en sociedades complejas y mestizas, aún más delicado.

Si el camino autonómico federal es imposible, ¿no lo es
aún más la, más ardua, vía de la secesión?

El catalanismo. Los catalanismos —de izquierda y de derecha— de vocación mayoritaria nunca fueron independentistas (más de cinco minutos). Siempre persiguieron dos objetivos, arduos de conciliar: la autonomía de Cataluña y la participación en la dirección de España. “Cataluña ha de ir a la conquista de España”, proclamaba Enric Prat de la Riba. Apostemos por “la Catalunya gran en l’Espanya gran”, le secundaba Francesc Cambó. Lluís Companys se enfrentaba al alzamiento al lema de “Catalunya i la
República dins lo cor de tots”. “Se nos asigna un papel de máquina de tren, no de maquinista”, se lamentaba Jordi Pujol. “Lo que es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña y bueno para España”, sintetizaba Pasqual Maragall.

Ahora se aduce que la vía autonomista hacia esos fines está cegada. Lo estaría por culpa de la inquina conservadora al Estatuto (que incluyó un seudo referéndum); de la sentencia restrictiva del Constitucional; del excesivo déficit fiscal; de la asfixia recentralizadora a las competencias de las
comunidades; de la cicatería en el reparto de la factura de la crisis económico-presupuestaria. Todo eso, en uno u otro grado, es cierto. Pero no predetermina que la solución sea la separación.

Se alega que la cerrazón centralista es absoluta, que apenas hay algún federalista de ocasión más allá del Ebro (aunque, albricias, empiezan a proliferar). Por partes. ¿Acaso se olvida que esa misma España aprobó en las Cortes un Estatuto catalán avanzadísimo? Con recortes, sí, pero cuyo desmoche
todos dicen lamentar, ¿o no? Pues no debía estar tan superado...

¿Es ya impracticable la vía autonómico federal? Las quejas por los retrocesos del actual Thermidor son razonables, pero si esa vía es impracticable a causa de la caverna, ¿acaso es más hacedero un camino aún más empinado? Quienes mezclan a todos y consideran que en España todos compiten en aversión a lo catalán, pueden renegar de la tradición catalanista y proyectar “nuevas ilusiones”. Pero su opción fracasó siempre. Quizá fuese más práctico no reincidir en el error. Sobre todo si al final del camino la independencia no es tal.

La economía. El último alimento de esas ilusiones independentistas está siendo el agravio financiero, el déficit fiscal —el saldo entre la contribución catalana a la Hacienda común y el flujo que recibe—,
reputado excesivo. La Generalitat de Artur Mas ha nutrido la transmutación de la lógica queja crítica contra su exceso en una protesta por un supuesto“expolio”, eso tan cariñoso del “España nos roba” que pregonan los medios subvencionados.

¿Cómo la ha alimentado? Censurando la mitad de los seis cálculos de la balanza fiscal, para concluir que en 2009 el déficit catalán fue de 16.409 millones, un 8,4% de su PIB, según el método del “flujo monetario” con una de las correcciones posibles. Algo a todas luces desorbitado, por más solidario que uno pretenda ser. Con igual método pero con la corrección que olvida, sería solo de 12.216 millones, el 6,2%, como sabe el Parlamento catalán (2 de mayo, comparecencia de la profesora Maite Vilalta). La diferencia entre el 6,2% y el 8,4% es lo que permite catapultar verbalmente el exceso hacia un presunto “expolio”.

¿Exceso? Comparemos con las realidades federales más homogéneas de las que hay datos (Alemania no los da). La región más rica de Australia, la occidental, tiene un déficit del 3,93%; la de Bélgica, Flandes, del 4,4%; la de Canadá, Alberta, del 3,23%. Habrá que corregir el diferencial entre esas cifras y las nuestras, por supuesto. Pero por la vía menos traumática posible.

Leve giro español: menos acritud y brotes de un federalismo sobrevenido (por Enric Juliana)

(Publicado en La Vanguardia-Reggio´s, aquí)

LA CRÓNICA

Rajoy intenta el apaciguamiento y nadie habla ya de elecciones catalanas ‘ilegales’

Un fantasma recorre España. De la margen izquierda de la ría de Bilbao al palacio de San Telmo de Sevilla, de la calle Nicaragua de Barcelona al despacho de Felipe González en la calle Gobelas de Madrid, de la mansión de Julio Iglesias en Miami a la Fundación Alternativas, del entrelineado del último discurso de José María Aznar en México al Escolta, Catalunya de Juan Luis Cebrián ayer en el diario El País. Todos lo convocan -con acentos diversos, como diversos son los humores de España- y todos quieren decir alguna una cosa distinta. Es el fantasma de Francesc Pi i Margall. Es el intento de formular una respuesta rápida e inteligente a la incierta revuelta de Catalunya. El conjuro se llama federalismo.

La idea federalista fue triturada y ridiculizada en España después del sonoro fracaso de la Primer República. El general Joan Prim i Prats ya lo había advertido: “Mientras yo viva, no habrá república en España”. Prim envió a Isabel II al exilio en 1868 y quiso entronizar una dinastía liberal. Tanteó la opción portuguesa y acabó escogiendo a la casa de Saboya. Amadeo I fue el primer rey votado por el Parlamento español. El día que el príncipe piamontés desembarcó en Cartagena, Prim, tiroteado en la calle del Turco de Madrid, yacía en un ataúd. El italiano aguantó dos años. “Non capisco nulla, siamo in una gabbia di pazzi” (”no entiendo nada, estamos en una jaula de locos”). Abdicó, regresó a Turín y en 1873 se proclamó la Primera República, bajo la advocación intelectual de Pi i Margall, federalista y proudhoniano. No había masa crítica, y al país le estallaron las costuras. Las célebres revueltas cantonales. “Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros”, dijo el presidente Estanislau Figueres antes de dimitir y coger un tren a París. Nicolás Salmerón y Emilio Castelar intentaron reanimar el muerto y no pudieron. Volvió Isabel y desde entonces la palabra federalismo está maldita. Es sinónimo de algarabía. ¡Viva Cartagena!

Siglo XXI. Diez días después de la gigantesca manifestación del Onze de Setembre en Barcelona, comienza a salir gente del armario federal. Felipe González y Julio Iglesias; José Antonio Griñán y Patxi López, Juan Luis Cebrián y algunos de los articulistas de la prensa de Madrid que no se han echado al monte de la indignación. González, el hombre que ve crecer la hierba. ha desempolvado la expresión federalismo asimétrico, que hace años rechazó con gesto abrupto. Barcelona, marzo del 2002. Auditorio de la Pedrera: “Pasqual, esto que nos estás diciendo no, no puede ser”. Pasqual Maragall, piedra, cuchara y manzana, ayer sonrió.

También se mueven el Gobierno y el Partido Popular. Alguien ha mandado bajar los decibelios. La secuencia es fascinante. El jueves, un diario de Madrid, citando fuentes gubernamentales, sugería una posible anulación de las elecciones catalanas si estas se convocaban en clave de plebiscito o con la intención de dar pie a una legislatura constituyente en Catalunya. Suspensión electoral. Un atropello y un disparate que colocarían a España por debajo de Bielorrusia y de las repúblicas autoritarias de Asia Central. Rauda como un tuit, Alicia Sánchez-Camacho se apuntó de inmediato al mensaje de las “elecciones ilegales”. Piscina sin agua. Horas después, Mariano Rajoy interpretaba desde Galicia los compases de la nueva partitura: “En España es posible crear puntos de encuentro”. Después del educado portazo en la Moncloa -que Artur Mas esperaba y en buena medida necesitaba-, la mano medio tendida. Esbozo de estrategia electoral en clave perfectamente marianista: bajar el tono, no movilizar al adversario. Los institutos de opinión han comenzado a trabajar a destajo.

Retóricas de apaciguamiento. Los huesos del viejo Pi i Margall, enterrados en el cementerio Civil de Madrid, se estremecen. El PP comienza a planear sobre el cielo del Empordà, y se esperan novedades de Alfredo Pérez Rubalcaba, que en el último GPS todavía aparece “enfrente”. Carme Chacón, 725.700 votos en la circunscripción de Barcelona en las últimas legislativas, mantiene un stendhaliano silencio.

El gasto por intereses de la deuda superará al de personal en 2013 (por Jesús Sérvulo González)

• La partida destinada a financiar los préstamos será mayor que la del empleo público por primera vez desde, al menos, 1995

• GRÁFICO El aumento de la partida de intereses
  

Jesús Sérvulo González Madrid (Publicado en El País, aquí)

El próximo jueves el Gobierno aprobará, por segunda vez este año, unas cuentas anuales. Convocará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Un encaje de bolillos que tiene visos de ser el más complicado de los últimos tiempos: la economía seguirá en recesión, lo que afectará a la recaudación fiscal. Y para terminar de cerrar el círculo de lo imposible, además, se estrecha el límite de déficit permitido y suben los intereses de la deuda acumulada. ¿El resultado? La partida reservada para pagar esos intereses por la deuda será mayor que toda la partida destinada a pagar al personal de toda la Administración del Estado consolidado. Es la
primera vez, al menos desde 1995, que ocurre.

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EL
PAÍS

El aumento de la deuda pública y el alto nivel en el que se sitúa la prima de riesgo impulsan los gastos por intereses, la partida que más crecerá el próximo año, 9.114 millones más que en 2012 (cuando
fue ya de 28.913 millones de euros), casi un punto del PIB. En total, esta carga será de más de 38.000 millones de euros. Los gastos de personal consolidados (de la Administración Central, Seguridad Social y organismos autónomos) presupuestados para este año estuvieron ya por debajo de esa cifra, ya que fue de 33.151 millones de euros. Así pues, la previsión de gastos que realiza el Gobierno para pagar los intereses superará por primera vez a lo que dedica a pagar la nómina de los funcionarios y empleados públicos, al menos desde 1995, último año sobre el que aparecen registros de los Presupuestos Generales en la página del Ministerio de Hacienda. Los gastos financieros en 2013 serán el doble que los presupuestados en 2009 por la crisis e incluso superarán también por primera vez a lo que destina el Gobierno a pagar las prestaciones por desempleo.

El Gobierno deberá realizar un ajuste adicional de unos
25.000 millones

El objetivo principal de las cuentas de 2013 pasa por cumplir con el sacrosanto objetivo de déficit comprometido con Bruselas. La Administración central y la Seguridad Social tienen fijado un tope conjunto de déficit del 3,8% del PIB, lo que supone que el año próximo la desviación entre gastos e ingresos presupuestarios no podrá ser mayor de 40.778 millones, unos 7.000 millones menos que en 2012. La tarea es complicada porque están previstos que los gastos públicos de la Administración central crezcan un 9,2% hasta los 126.792 millones, según el techo de gasto aprobado por el Gobierno a mediados de julio. La aportación del Estado a la Seguridad Social también aumentará en unos 4.300
millones, para asumir los complementos de mínimos de la Seguridad Social y hacer frente al mayor gasto en pensiones.

A todo eso se añade que la crisis sigue haciendo estragos y las perspectivas no son nada halagüeñas. Las últimas previsiones del FMI estiman que la economía española se contraerá un 1,2% el próximo año, lo que podría obligar al Gobierno a modificar el cuadro macroeconómico —las cifras de referencia para calcular el presupuesto— en el que contemplaba una caída del 0,5% del PIB.

Otra vuelca de tuerca a las cuentas

Si suben los gastos y los ingresos tienen un contrapeso a la baja, ¿cómo se podrán cuadrar las cuentas? El Gobierno ya ha adoptado numerosas subidas de impuestos y de ahorro cuyo efecto se prolongará hasta 2013, pero aún tiene que dar una vuelta de tuerca más a las cuentas públicas si quiere cumplir con la meta de déficit. Porque el año que viene, además del alza de los intereses, debe afrontar una subida del gasto en las pensiones y en las prestaciones por desempleo por el mal comportamiento que se espera en el mercado de trabajo. En total, el Gobierno deberá afrontar un ajuste adicional de cerca de 25.000 millones, según los expertos consultados.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, señaló ayer que, pese a lo delicado de la situación, el rescate bancario que llegará de la Unión Europea, de hasta 100.000 millones, será solo para la banca. Si, como Guindos espera, solo se gastan 60.000 millones, el resto no irá a otros fines.

Mariano Rajoy junto al ministro de Economía, Luis de Guindos / ÁLVARO GARCÍA

“El presupuesto de 2013 será más difícil porque cada vez hay menos margen, con unas condiciones de recesión y con menos instrumentos para actuar”, concede Miguel Ángel García, director del gabinete de estudios de CC OO. El Ejecutivo de Rajoy ha aplicado este año medidas que será difícil que use en 2013, como la supresión de la paga de Navidad de los funcionarios (aunque en caso extremo podría volver a eliminarla) o la amnistía fiscal. “Los grados de libertad en el ajuste del gasto son muy limitados, el Gobierno no tendrá más remedio que tocar las pensiones”, considera Luis Caramés, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago. “En los presupuestos hay partidas con carácter dinámico como las pensiones, el desempleo y los gastos de personal, y en el resto de
capítulos queda muy poco margen”, coincide García.

Aumentar la recaudación

Entre lo aprobado por el Gobierno en los sucesivos planes de ajuste e incluido en el plan bienal 2013-2014, hay un importante paquete de medidas fiscales. Como la subida del IVA, con la que se espera recaudar 7.834 millones más en 2013 que en el ejercicio actual, aunque la mitad irá a parar a las arcas de las comunidades por el sistema de financiación autonómica. La subida del IRPF sumará otros 1.925 millones, a compartir con las autonomías, por la supresión de la deducción por compra de vivienda a partir del año que viene y la revisión de otras deducciones. Las modificaciones en el impuesto de sociedades de este año supondrán un ingreso adicional en 2013 de 2.450 millones. Entre las novedades fiscales del próximo año está el nuevo impuesto sobre las plusvalías que anunció el presidente Mariano Rajoy a principios de mes. También se espera que se aprueben nuevos impuestos medioambientales, según admitió Rajoy.

El coste financiero en 2013 doblará al presupuestado en el
año 2009

A pesar de que ya no se podrá aplicar una nueva amnistía fiscal, uno de los ases que se guarda el Gobierno en la manga es el endurecimiento de las penas por fraude fiscal y laboral. Así se limitan las operaciones en efectivo y se excluyen del régimen de módulos determinadas actividades que pueden ser fraudulentas con el fin de reducir la economía sumergida e ingresar más.

Los expertos consultados consideran que apenas queda margen para más medidas fiscales aparte de estas. “Parece que el recorrido de incrementos de la presión fiscal está casi agotado”, opina Caramés, quien apuesta por eliminar deducciones y bonificaciones fiscales. José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, señala: “En el corto plazo es imprescindible eliminar deducciones del IRPF. Por
ejemplo, quitar definitivamente la deducción por vivienda a todos los ciudadanos serían 5.000 millones, quitar la deducción por los premios de loterías, 1.800 millones”.

Otro tajo a los trabajadores del sector público

El gasto de personal, el que recoge el coste de pagar las nóminas de los funcionarios, no ha dejado de disminuir durante la crisis. Es una de las partidas más relevantes del Presupuesto y el Ejecutivo está exprimiendo las posibilidades para ahorrar en este capítulo. En 2012, año en el que hay presupuestados 33.151 millones para personal, se suspenderá la paga extra de Navidad a los funcionarios. Además, ha eliminado los días de libre disposición del personal que trabaja para la Administración pública. Se han suprimido tanto los moscosos como los canosos (por la antigüedad). También ha recortado las condiciones económicas de la incapacidad temporal. Cuando un empleado público esté de baja, cobrará menos. La última novedad ha sido la congelación de la oferta de empleo público, que supondrá un ahorro de 1.800 millones para el conjunto de las Administraciones. Y es más que probable que para 2013 se vuelva a congelar el sueldo a los funcionarios

El recorte de las prestaciones se nota en las arcas públicas

El decreto de recortes de julio reducía las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes para los nuevos beneficiarios. Es decir, que en el nuevo año, quienes perdieran su empleo en julio y por tanto lleven medio año sin trabajo cobrarán menos: el 50% de su salario en lugar del 60% como ahora. No fue la única medida que el Gobierno tomó para rebajar el gasto en la protección para lo que en 2012 ya se presupuestaron 28.805 millones de euros. También endureció mucho las condiciones para acceder a subsidios asistenciales y eliminó bonificaciones a la contratación. Con todo el paquete, según los números de Hacienda, el ahorro total en 2013 será de 5.750 millones de euros. El objetivo
principal del Gobierno es embridar la partida presupuestaria que más ha crecido con la crisis, una partida que, como se está demostrando este año (ya hace añicos las previsiones oficiales), sigue fuera de control.

Adiós a las ayudas fiscales para comprar casa

El año próximo se acabará la ventaja que supone la deducción en el IRPF por adquisición de la vivienda habitual. En un giro copernicano, el Gobierno decidió suprimir esta deducción después de que en enero la recuperara —el anterior Gobierno socialista la había eliminado en 2011—. Otra de las medidas que encarecerá la adquisición de inmuebles consiste en la subida del IVA de la
vivienda desde el 4% actual (IVA superreducido) hasta el 10%. El anterior Ejecutivo socialista lo había rebajado para reactivar el sector inmobiliario. Hasta julio esta rebaja ha supuesto un coste de 710 millones de euros para las arcas públicas. También este año se acaba la exención del 50% de las plusvalías por la nueva compra de vivienda que aprobó el actual Gobierno en mayo. Supone que solo el que compre una casa hasta diciembre tendrá una bonificación del 50% en el impuesto de plusvalías si la vende.

El debate sobre un impuesto a las operaciones busátiles

El Ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa un borrador para aprobar un impuesto sobre determinadas transacciones financieras con el que se podrían recaudar 2.000 millones. El documento gravaría las operaciones bursátiles. “Está en estudio implantar un cobro en algunas operaciones, pero no a los movimientos financieros internacionales (como las divisas o los derivados) que es propiamente la Tasa Tobin. Se estudia para la compraventa de acciones”, explicaron la semana pasada desde el Ministerio.

Pero el tira y afloja que mantienen Economía y Hacienda ha frenado el proyecto impulsado por Cristóbal Montoro, titular de Hacienda. Fuentes gubernamentales explican que el Ministerio de Economía se opone a aprobar este nuevo impuesto. No obstante, se mantiene el pulso entre los dos departamentos ministeriales y habrá que esperar a la próxima semana para saber si finalmente
se incluye en los Presupuestos para 2013.

Hacen falta otros políticos y más democracia (por Carlos Fonseca)

Carlos Fonseca (Publicado en ElConfidencial.com, aquí)

Este país se merece otros políticos y mucha más democracia. Las recientes entrevistas en televisión del presidente Mariano Rajoy y del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, han sido la confirmación de que sus declaraciones son un cúmulo de lugares comunes y de falsedades. Mariano Rajoy ha hecho en diez meses lo contrario de lo que dijo que iba a hacer estando en la oposición, y Alfredo Pérez Rubalcaba dice que hará lo que no hizo cuando estaba en el Gobierno. Que no se extrañen de la creciente desafección de los ciudadanos, que cada día se sienten menos representados.

Rajoy sigue, erre que erre, con su obsesión de reducir el déficit, aunque sea a costa de recortan derechos, sin que su receta haya surtido ningún efecto. Ha rescatado a una banca indecente a cargo de los ciudadanos, a los que, en cambio, ha abandonado a su suerte. Tampoco su reforma laboral ha conseguido generar empleo; al contrario, las cifras del paro siguen desbocadas y cada vez son más las familias condenadas a la exclusión social, mientras María Dolores de Cospedal les dice a los indignados con los recortes que al final “lo van a agradecer”, como si los ciudadanos fueran niños sin capacidad para discernir lo que es un sacrificio y una tomadura de pelo.

Rubalcaba, por su parte, promete y promete lo que no hizo el gobierno del que formó parte. Suprimió el impuesto de patrimonio (que graba a quienes más tienen), no se atrevió a sacar adelante una tasa para las transacciones financiera, ni a aumentar la fiscalidad de las Sicav, ni el impuesto para las grandes fortunas y los beneficios de la banca, sin olvidar que protagonizó el mayor recorte de derechos laborales de la democracia y prolongó hasta los 67 años la edad de jubilación. Una tarea que Rajoy ha completado ahora con creces.

Tras las multitudinarias manifestaciones del 15M en 2011 unos y otros dijeron que eran una llamada de atención a los políticos, que tomaban nota, y se mostraron dispuestos a trabajar por una democracia más participativa. ¿Qué ha sido de la reforma de la ley electoral para acabar con el bipartidismo?, ¿y de la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica cámara territorial y no en un apéndice sin utilidad?

Ni Rajoy ni Rubalcaba han hecho lo que dijeron que harían, con el consiguiente desprestigio de los partidos y de la propia democracia, que deja mucho que desear si la participación ciudadana se limita a votar cada cuatro años y a callar, como si el voto al PP o al PSOE supusiera la aceptación borreguil de sus decisiones. O acaso cree Rajoy que todos sus votantes están de acuerdos con sus recortes de salario, los despidos baratos, el copago sanitario, el incremento del IRPF y del IVA, los recortes en Sanidad y Educación, la amnistía fiscal para los defraudadores, el desinterés por acabar con los paraísos fiscales para recuperar los 75.000 millones de euros anuales en los que se calcula el fraude fiscal, la mayor parte del cual corresponde a las grandes empresas. Enfrente, una clase trabajadora en la que un 40% paga más impuestos que sus jefes; impuestos que el Gobierno emplea en rescatar a un sistema financiero corrupto, que a cambio pone en la calle a miles de familias a las que la crisis ha dejado sin trabajo y sin posibilidad de hacer frente a sus hipotecas.

Hace falta darle la vuelta al calcetín de la política, hacen falta otros líderes políticos cuya prioridad sea el bienestar de los ciudadanos y no perpetuarse en el escaño; otros políticos que no conviertan la política en una profesión plagada de canonjías para ellos y sus familias.

Van a venir más recortes y más sufrimiento. A la criminalización del parado, acusado de ser un parásito que no quiere trabajar porque vive muy bien de los subsidios del Estado, y el recorte del desempleo ya acordado, vendrá otro en breve que reducirá la duración de la prestación; y vendrá un recorte de las pensiones, que ya han sido recortadas de hecho al obligar a los pensionistas a pagar un 10% del precio de los medicamentos, en esta ocasión por la no regularización con el IPC (este año se subió un 1% con cláusula de revisión según cierre la inflación este año), mientras exdiputados y exsenadores cobran pensiones parlamentarias y otras ayudas económicas graciables, al igual que sus viudas.

Rajoy y sus ministros volverán a justificar las medidas en la necesidad de reducir el déficit, que no se puede gastar más de lo que gana, cuando la economía se sostiene en el crédito y el endeudamiento de empresas y particulares, cuando en realidad estamos ante una pérdida de soberanía en beneficio de la Comisión Europea, fundamentalmente de Alemania y Francia, que imponen a los demás los sacrificios que deben hacer sin que nadie les haya votado.

Zapatero justificó sus recortes en la necesidad de evitar la intervención, como ahora Rajoy, aunque no lo diga. Lo hemos perdido todo, y aún así tengan por seguro que vamos a ser intervenidos, aunque lo intenten disfrazar con eufemismos, el disimulo de los mentirosos.

Nota a pie de página: Cuando un político se marcha a casa por su propia voluntad, cosa bastante rara, hasta sus detractores glosan su figura política. Ocurre como con los fallecidos, que todos son buenos, y si no lo eran se pasa página. Es lo que ha ocurrido esta semana con el cese de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, que hasta el PSOE ha alabado su capacidad política pese a las diferencias ideológicas.

Simple corporativismo de una clase política endogámica. Esperanza Aguirre es una política prepotente, soberbia y maleducada que ha despreciado por norma a aquellos que no piensan como ella y discrepan de sus decisiones. Su cese no puede ocultar tantos y tantos insultos, la manipulación informativa de Telemadrid y su política liberal, en el peor sentido de la palabra, que aspira convertir al Estado en algo residual y traspasar sus servicios públicos a la iniciativa privada según el axioma falso de que todo lo privado funciona mejor que lo público. Su marcha es la mejor noticia para Madrid en mucho tiempo.

 

 

Rosa Díez: "El control y la transparencia en la gestión de servicios públicos son imprescindibles"

(Publicado en UPyD, aquí)

Intervención de Rosa Díez, portavoz del Grupo Parlamentario UPyD, en el Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.  La diputada de UPyD se ha mostrado de acuerdo en la toma en consideración de la Proposición de Ley puesto que considera necesaria una mayor transparencia y un mayor control sobre los órganos de gestión privados o púbicos dedicados a la prestación de servicios públicos, dado que le control público de estos contratos es prácticamente nulo. Considera también que la titularidad de la gestión, privada o pública, no garantiza la eficiencia y eficacia y que por tanto es necesario este mayor control y análisis que pueda garantizar la prestación del servicio.18/09/2012