Alternativa General para el Progreso de Cuenca

Los expertos dicen que la «dedocracia» aumenta las posibilidades de corrupción (por Pablo González)

Pablo González, La Nueva España (Publicado en UPyD, aquí)

El abuso de la libre designación -la «dedocracia»- para cubrir los puestos más «sensibles» del organigrama funcionarial y el poco peso que tienen los órganos de fiscalización del dinero público son los principales motivos que juristas, politólogos, políticos y sindicalistas ven tras las tramas de corrupción que aparecen en las distintas administraciones españolas. Una polémica que desde hace siete días golpea a Asturias tras la detención el pasado lunes del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre y otras cuatro personas en la «operación Marea», en la que se está investigando una supuesta trama corrupta en el seno de la Administración regional.

Los juristas consultados ayer por este periódico, todos ellos expertos en Derecho Administrativo, coinciden, de una manera más o menos vehemente, en la necesidad de que los funcionarios por cuyas manos pasan asuntos como las contrataciones logren su puesto mediante un concurso de méritos y no sean elegidos por un cargo político a través de la libre designación y así garantizar su independencia. Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León y eurodiputado de UPyD, define la situación de esta manera: «La política está avasallando a la Administración pública».

Sosa Wagner considera que «desde hace mucho tiempo la Administración se ha convertido en el botín de los partidos mayoritarios», ya que las fuerzas políticas «han puesto sus manos sucias en espacios que no les corresponden» como los empleos públicos. Esto, según Sosa Wagner, se ha venido haciendo a través de tres vías: la contratación de personal eventual, la figura del trabajador público contratado y la libre designación. «A esto se le puede poner remedio con recetas ya estudiadas: las oposiciones públicas, los temarios, los exámenes...», enlaza. En resumen, «restaurar los principios de mérito y capacidad» para acceder a los empleos públicos.

¿Y qué hay de los controles? Pues para Sosa Wagner «han fallado porque se han suprimido». En el caso del Principado pone como ejemplo la Sindicatura de Cuentas, que «muchas veces ha dicho cosas muy importantes pero nadie le ha hecho caso». Y en lo que se refiere a los ayuntamientos, señala cómo las figuras de los secretarios e interventores se han ido domesticando «con el dedo», en referencia a la libre designación.

Por su parte, para Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, la corrupción «no es un problema legislativo» ya que «en los últimos quince años la ley de contratos públicos se ha cambiado cuatro veces». Y tampoco es problema de las leyes españolas, ya que la actual «es una suma de directivas comunitarias». Tolivar entiende que «hay fallos porque el infractor es más inteligente que el legislador».

Aunque dicho esto, Tolivar reconoce que «la figura del funcionario a merced del poder existe». Por eso entiende que «el funcionario no debe cambiar de puesto tras los cambios políticos, debe existir una continuidad». Esta argumentación lleva a Tolivar a añadir que por eso hay que «restringir al máximo la libre designación para los puestos que no sean de confianza, como lo es una secretaria o un jefe de gabinete».

Javier Junceda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Internacional de Cataluña, tiene claro que «a menor independencia del funcionario, menor aplicación de la ley». Y es que Junceda señala que en las tramas de corrupción en la Administración no sólo están implicados políticos, sino también funcionarios. «Por eso un político corrupto no tiene nada que hacer cuando se encuentra con un funcionario serio», explica el catedrático.

Javier Junceda también apuesta por aumentar la transparencia en la gestión pública, como es la publicación de las adjudicaciones de los contratos menores y la creación de un sistema informático que encienda la luz de alarma en el caso de que muchos de estos contratos vayan a parar a las mismas empresas.

Por su parte, Óscar Rodríguez Buznego, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Oviedo, asegura que situaciones como la de la «operación Marea» ponen de manifiesto que «los controles no son suficientes». Buznego destaca cómo el órgano de control del Principado, la Sindicatura de Cuentas, «ha estado sometida a la discusión política, lo que indica que no se ha asumido del todo el papel que le corresponde». Este politólogo cree que se ha llegado «a una relación tan estrecha entre los políticos y los funcionarios que hace que cada uno no cumpla con su papel».

Mientras, Xabel Villa, miembro de Conceyu por otra función pública en Asturies, insiste en la «extensión desaforada de la libre designación, en la omisión de los concursos de méritos y en la constante huida del derecho administrativo a través de las empresas públicas». «Al final lo que se produce es la degeneración de la función pública que debe estar al servicio de los ciudadanos», sentencia.

Desde el PP, José Cuervas-Mons, diputado regional, abunda en los «pecados» de tener «una Administración paralela como los chiringuitos» o de no haber tenido en cuenta las denuncias de los populares y de la Sindicatura. Y Marco García, del sindicato CSI, asegura que la Administración «se ha convertido en el patio particular del Gobierno que quiere acabar con la independencia del funcionario».

 

La oda separatista del patriarca Jordi Pujol (por Antonio Fernández)

(Publicado en El Confidencial-Reggio´s, aquí)

El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol publicó en el boletín que periódicamente edita el centro de estudios que lleva su nombre un profundo artículo de opinión donde insertaba una frase lapidaria: “La alternativa que nos dejan ya sólo podría ser la independencia”. Y ello porque “desde hace unos años, se ha ido consolidando un modelo homogeneizador, de techo competencial muy bajo, es decir, un autogobierno muy limitado y sometido a un creciente ahogo financiero”. Todo esto aboca a que el ex presidente prevea que es “el final de Cataluña como nación, lengua, cultura y conciencia colectiva. No mañana mismo, pero sí a pocas décadas vista, a través de un proceso gradual de marginación y de residualización de la catalanidad”. No es la primera vez que Pujol opina sobre temas candentes. El pasado mes de septiembre, ya había advertido que “el clima de ruptura política y emocional con España va en aumento”.

Los círculos independentistas quisieron ver en su último posicionamiento un acercamiento de Pujol a las tesis separatistas, puesto que el veterano dirigente convergente reconoce que “gente que jamás había soñado hacerlo, votaría independencia”, que el “café para todos fue un error” y que “la opción independentista es de difícil realización. La otra, la que nos impone España, la de los partidos españoles y de las instituciones españolas, no es tan difícil porque equivale a rendirse. Y a aceptar la marginación y el ahogo de Cataluña”. Sin embargo, dejaba una rendija abierta a la esperanza, ya que concluía que “mientras esperamos el día de un hipotético referéndum oficial y vinculante, los catalanes tenemos un objetivo claro: reforzarnos internamente… sin esperar demasiada ayuda ni demasiada justicia”.

En círculos políticos convergentes, se admite directamente que el ex presidente “ha echado un capote a Artur Mas en su pulso con Madrid. Teniendo en cuenta la tradicional moderación de Pujol, su declaración debe invitar a la reflexión, especialmente al Gobierno de Madrid. Los catalanes son los que más pagan al Estado, los que menos servicios reciben y, encima, son mal mirados, como si fuesen ellos los que se llevasen el dinero, cuando es al revés: Cataluña es contribuyente neta a la caja común del Estado pero no recibe nada a cambio”.

El hecho de que Pujol realizase esta ajustada manifestación no es casual. Llega en un momento que los nacionalistas consideran clave en el proceso de “recentralización del Estado” y en el momento en que el recién nombrado presidente de la Generalitat reclama al Gobierno de Madrid ayuda y mano ancha para salir de la crisis, tras llegar a una Generalitat con gravísimos problemas financieros.

“Pujol no da puntada sin hilo. Lo que ha lanzado es un aviso a navegantes, una advertencia al Gobierno de Madrid de que la sociedad catalana está en un momento de máxima tensión y de que puede acelerarse un proceso de desafección hacia España”, explica a El Confidencial un analista político catalán.

Un ex presidente sacado de la ‘nevera’

Desde las filas socialistas se critica al presidente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En la carta semanal a la militancia que el líder del PSC, José Montilla, reanudó hace dos días, acusa: “Asistimos a notables posicionamientos públicos que nos quieren situar en la encrucijada de la independencia o la resignación, al tiempo que nos dicen que estos años de autogobierno no han merecido la pena o -en el extremo contrario- son un exceso que es preciso reconducir. Una vez más, los nacionalismos conservadores español y catalán se retroalimentan y, al mismo tiempo, se utilizan y se ayudan”.

Por su parte, el presidente del grupo socialista del Parlamento catalán, Joaquim Nadal, llegó a calificar la intervención de Pujol de “frivolidad” y su artículo de “ejercicio intelectual”, pero le recordó que, ante todo, pasó por alto su etapa como presidente de la Generalitat. Y fueron unos nada despreciables 23 años al frente del Gobierno autonómico. Otras fuentes socialistas señalaron a este diario que “a Artur Mas le faltan argumentos y peso político. Por eso, CiU ha de sacar de la nevera a Jordi Pujol, como gran pope del nacionalismo, para que le apoye”.

En Convergència se niega la instrumentalización de Pujol. “No es una persona a la que le puedes decir lo que haya de hacer”, argumentan. Y añaden: “Desde que dejó la Generalitat, ha participado en la vida pública, con intervenciones periódicas y con una actividad constante tanto en actos como en conferencias o a través de sus artículos del Centro de Estudios Jordi Pujol. Y por una opción personal, decidió no interferir en la estrategia de los partidos o en las decisiones que la propia Convergència ha tomado. En realidad, nunca se ha ido de la política, aunque participa en la política activa desde su centro de estudios. Y esto, porque la política es su vida y seguirá en ella hasta que lo fuercen a dejarla fuerzas mayores”.

Según fuentes convergentes, Pujol “no es una persona que se deje influenciar. Una de sus virtudes es el análisis estratégico que hace de la actualidad y que es respetado en todos los ámbitos. Lo que ha hecho en esta ocasión es opinar y dar su visión sobre un tema crucial, que interesa a todos y que será el punto clave para saber qué futuro tendrá Cataluña”. Por si fuera poco, subrayan que “tiene el peso suficiente como para seguir en política sin maniobrar chapuceramente como otros ex presidentes”.

En las filas de CiU, el secretario general adjunto de CDC, Oriol Pujol, lo mismo que el secretario general de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, coincidieron en señalar que las palabras de Pujol coinciden con las tesis y la estrategia de Artur Mas. Y sólo Josep Antoni Duran i Lleida se desmarcó públicamente de las opiniones de Pujol, aunque evitó discutirlas en público. En realidad, Duran siempre se ha mostrado adverso a las ideas independentistas y ello le acarreó, en determinados momentos, problemas con sus socios de Convergència. No obstante, una fuente de Unió Democràtica señala que “Pujol no se muestra partidario de la independencia. Quien diga eso, no se ha leído su artículo. Lo que hace es un análisis de la situación actual y no toma partido, sino que detalla los caminos que quedan. Somos los catalanes y los partidos los que han de elegir cuál es el futuro”.

Detractores y defensores

Desde los círculos independentistas se ha querido llevar el agua a su molino ERC y Solidaritat Catalana per la Independència (SI) se sintieron identificados con las afirmaciones del ex presidente e incluso este último partido le pidió que se afilie a él, porque sus tesis coinciden.

En cambio, en el PP todo son críticas. El eurodiputado Aleix Vidal-Quadras consideró las manifestaciones de Pujol de “desvaríos crepusculares” y que considera que “la desventurada Cataluña, después de la plaga de langosta tripartita, ha degenerado en una sociedad provinciana, ensimismada y regresiva que provocaría el horror de los prohombres de la Lliga si volviesen a la vida”. Y va más allá: “Si Cataluña se ve castigada por una tasa de paro de las peores de Europa [en realidad, está muy debajo de la media española] y sus cuentas públicas se hunden no es a causa de la cicatería del Gobierno central, sino del despilfarro provocado por la construcción de una nacioncilla inventada y por la voracidad de unas elites nacionalistas intervencionistas y corruptas”. El portavoz popular en el Parlamento catalán, Enric Millo, por su parte, denunció el doble discurso de CiU porque “por un lado, apuesta por la independencia de Cataluña y, por otro, es la UCI móvil de Zapatero, salvándolo siempre que pueden, hipotecando el futuro de los catalanes y de todos los españoles”.

Internet y la nueva política en los países musulmanes (por Carlos Martínez Gorriarán)

(Publicado en El blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)

La noticia de esta semana no es –lo siento- la dimisión de Alex de la Iglesia de esa academia que tienen los cineastas españoles para jugar a Hollywood, dicho sea con todo el afecto, sino la revuelta popular que se inició en Túnez derribando al gobierno de Ben Alí –sedicente socialista- y ayer mismo –todavía no queda claro mientras escribía esto- amenazaba con expulsar a Mubarak de Egipto. Pero entre la noticia de interés local y la mundial hay un nexo en común: el uso de las redes sociales de internet como medio de comunicación alternativo a los canales tradicionales para emprender cambios políticos significativos, incluso revolucionarios en el caso de Túnez y Egipto.

La reacción del gobierno de Egipto para tratar de frenar las protestas populares no puede haber sido más elocuente: suspender internet. Una medida desesperada que, además de autoritaria, ha sido muy torpe: primero, porque era posible seguir accediendo a las redes sociales que convocaban las protestas populares a través de la telefonía móvil –como yendo un poco más lejos hace de modo ejemplar Yoani Sánchez en la Cuba tiranizada por los Castros y el PCC- o por conexión GPRS, de modo que la desconexión total ya no es posible; segundo, porque la suspensión de internet fue en sí mismo un mensaje elocuente que, lejos de parar las manifestaciones, sirvió para reforzarlas al modo de un llamamiento inequívoco. De modo que el gobierno del anciano Mubarak ha contribuido, con su apagón digital, a propiciar su más que probable caída.

Otra cosa muy distinta, cierto, es si estas revueltas populares auxiliadas y extendidas por internet como un reguero de pólvora servirán para cambiar los regímenes corruptos y seudodemocráticos que padecen Túnez, Egipto y otros estratégicos países musulmanes como Marruecos, Jordania, Yemen o Argelia, entre otros. Sin duda llama la atención que en Egipto los Hermanos Musulmanes, un gran grupo islámico fundado a finales del siglo XIX, hayan acabado teniendo un protagonismo político que no parece corresponderles en la era digital, pero las informaciones más competentes, como las de la cadena árabe Al Jazeera, han dado por probado que las protestas comenzaron sobre todo mediante llamamientos en los foros sociales de internet. Los grupos de toda la vida, como los egipcios Hermanos Musulmanes, se han ido incorporando después a una protesta que pueden canalizar pero que no ha partido de ellos.

De manera que también las sociedades musulmanas, en las que tendemos a pensar como las más “medievales” del mundo, hay minorías emergentes que disponen y usan con eficacia de los medios de comunicación de la era digital a espaldas de sus gobiernos y de las organizaciones políticas tradicionales. Esta es la gran novedad política y social que aporta la red y la que da a su extensión una potencialidad de innovación sociocultural de consecuencias incalculables. Pues la extensión de las redes sociales tiene un efecto directo innegable: potencia la autonomía de los individuos al permitir superar el aislamiento o la filiación tradicional que imponían los viejos sistemas de comunicación manejados por gobiernos y establishment. A diferencias de otras revueltas nada raras en países musulmanes, esta vez no han sido “las masas árabes” las que han invadido las calles, es decir una multitud agitada por pasiones más elementales que políticas y dirigidas por iluminados o por nadie, sino que se han tratado de manifestaciones en las que han participado muchísimos estudiantes y profesionales cuya soltura con los medios digitales es igual que la de sus colegas occidentales y asiáticos. Y esta vez el control de la técnica va acompañado por un mayor conocimiento e información de lo que pasa por el mundo: de ese modo se ha extendido la revuelta de Túnez a la de Egipto pese a la censura gubernamental.

Por supuesto, estas revueltas populares no servirán de gran cosa si se limitan a expulsar un gobierno de rufianes para poner en su lugar otro semejante, como parece que ha ocurrido en Túnez. Hacen falta alternativas políticas organizadas y con ideas y programas de reforma constitucional claros. Pero también la extensión de internet puede ayudar, y mucho, a que surjan estas imprescindibles instituciones en esos países. Desde la edad media Europa ha recorrido un largo camino, y a veces pasado terribles calvarios, hasta que fue liberándose de la tiranía de los clérigos e iluminados religiosos para desembocar en formas liberales de democracia secularizada (más allá de la permanencia de tradiciones sagradas como la monarquía de algunos países como el nuestro, no menos democráticos por eso). Hay que observar si la nueva sociedad digitalizada ofrece a las sociedades musulmanas vías más rápidas y menos violentas de secularización y democratización desde dentro de sus propias formas sociales y culturales, es decir, sin dejar de ser musulmanes de un día para otro, algo imposible. De momento hay coincidencia en que si bien policías y manifestantes paraban unos minutos la reyerta para poder orar, en las manifestaciones no había presencia llamativa de consignas islamistas o religiosas, sino que se trataba de exigencias claramente civiles.

Y dicho todo esto no deja de ser un contrapunto lamentable que la polémica en España sobre la era digital en la que estamos inmersos guste o no siga gravitando en torno a las dichosas descargas ilegales que pretende erradicar la Ley Sinde pactada por PSOE y PP –con la rotunda oposición de UPyD a este texto- para proteger más los intereses de una industria tradicionalista, protegida y perezosa más que los intereses legítimos de los autores, y sobre anécdotas como la dimisión –por lo demás rara y digna- de Alex de la Iglesia al verse manipulado por el ministerio de Cultura. Hace unos días el político más poderoso de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, se refería muy desafortunadamente a internet como esa cosa que ha permitido la extensión del terrorismo internacional islamista. Y lo decía mientras en Túnez primero, y ahora en Egipto, la red servía para derribar regímenes inicuos e impresentables como el de Ben Alí en Túnez, por mucho que estuviera protegido por la UE y la Internacional Socialista a la que pertenecía su partido (¡qué sarcasmo!). No se me ocurre un caso más patético y elocuente del problema de fondo: ver internet como una molestia y un fastidio para cierta industria que no quiere adaptarse y exige protección a sus socios políticos, y como un peligro para la vida pacífica de los ciudadanos occidentales. No es un problema menor sino un síntoma de conservadurismo preocupante y de cerrado talante reaccionario ante los cambios que agitan al mundo y tumban tiranos intocables en Túnez o Egipto. Cuando se prefiere soportar a los tiranos antes que a los internautas algo va muy mal.

La ocasión perdida de refundar las pensiones (por Rocío Gallego Losada)

(Publicado en elEconomista.es, aquí)

Suele decirse que no hay que dejar escapar las oportunidades que se nos ofrecen, ya que una toma de decisiones errónea puede conducirnos a caminos no deseados. Y esto es lo que ha sucedido con la reforma de las pensiones públicas.

 

Era el momento adecuado, por la situación económica, por el desafío, y por el fructífero debate social establecido, para haber planteado una reforma en profundidad que revisara los cimientos sobre los que se asienta el modelo español de pensiones, de manera que buscara hacerlo sostenible a medio y largo plazo a la par que más justo, responsable y eficiente.

Sin embargo, la falta de voluntad de los partidos para asumir una revisión en profundidad, con la valentía, altura de miras y sentido de Estado que ello significa -la necesaria para afrontar la revisión de uno de los pilares más importantes del Estado del Bienestar, tal y como lo conocemos hoy en día- se ha manifestado en el resultado final.

No podemos tampoco exculpar a la sociedad civil, anestesiada y copartícipe del sistema político en el que nos movemos, que no quiere asumir la capacidad de sacrificio necesaria para cuestionar modelos difícilmente financiables.

Adicionalmente, no se ha planteado un debate fundamental que debía haberse puesto encima de la mesa, que es el de la solidaridad interterritorial del sistema de la Seguridad Social que, en principio, debe garantizar que cualquier ciudadano español cobre la misma pensión pública a la que tenga derecho, independientemente del territorio en el que resida.

Este principio, clave en la equidad y justicia del sistema, será difícilmente asumible si además las CCAA acaban también asumiendo las competencias de Seguridad Social referentes a pensiones, tal y como demandan actualmente los partidos nacionalistas, y se rompa el principio de caja única, en línea con lo asumido en otras materias, como la Sanidad y existan regímenes excep- cionales que sólo benefician a algunos por su territorialidad.

Las reformas parciales que se han planteado en torno al sistema actual probablemente no solucionarán el problema al que nos enfrentamos: cómo afrontar el coste del envejecimiento de la sociedad, uno de los mayores de las economías occidentales para este siglo.

Los últimos 15 años, en los que el sistema de pensiones públicas se ha desarrollado bajo el marco del Pacto de Toledo, no son condición necesaria ni suficiente que garantice la viabilidad del mismo modelo en los próximos decenios, aun forzando sus variables más críticas como son la edad de jubilación y los años de cálculo de la prestación, porque éste se encontrará con un entorno económico y social claramente diferente en cuanto a las variables que más condicionan al sistema por el lado de los ingresos, el más impredecible, como son la inmigración, el mercado de trabajo, la natalidad y, fundamentalmente, la actividad económica.

No todo vale para España

Entre las diferentes opciones que se planteaban, se ha optado por tratar de reducir los costes endureciendo los requisitos para cobrar la prestación y alargando la edad de jubilación obligatoria, a la manera que otros países de Europa han hecho a lo largo de estos años.

Sin embargo, no se ha cuestionado que lo que pueda servir para un país como Alemania, con unas condiciones económicas históricas radicalmente diferentes a España, pueda no ser la mejor opción para nuestro país. Lamentablemente, países que sí se han planteado la refundación de su modelo de pensiones públicas, como es el caso de Suecia, uno de los primeros Estados europeos en asumir la reforma de su antiguo sistema de reparto, similar al español, han sido desestimados.

En su día, los partidos y la sociedad sueca decidieron cambiar el modelo de prestación definida de su antiguo sistema de caja por uno de aportación definida que buscase la estabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo, de tal forma que el valor de las contribuciones junto a las potenciales reservas del sistema fuera igual a los compromisos por pensión generados por los activos y por los pasivos.

Con ello, se buscaba reforzar el hecho contributivo de las aportaciones al sistema de pensiones a la vez que se garantizaba una pensión no contributiva o pensión mínima garantizada financiada a través del Presupuesto del Estado para aquellas personas que no hubieran tenido ingresos suficientes. No olvidemos que en España las pensiones no contributivas las siguen pagando los cotizantes.

Esta fórmula implica que el valor de la pensión a recibir se calcule en función de todo lo cotizado y que no se penalice, como en el caso español, a aquellos desempleados mayores que son expulsados del mercado de trabajo en los últimos años de su vida laboral, hecho que afecta a un porcentaje considerable de trabajadores. Se contraargumenta que esto perjudica al montante de la pensión por recibir, ya que un sistema basado en los ingresos de toda la vida conduce a una pensión más baja.

Pero lo que no se puede obviar es que debe existir una clara correlación entre lo que se cotiza y lo que se recibe a lo largo de toda la vida laboral porque, si no, haremos insostenible el modelo de solidaridad intergeneracional que, como en la actualidad, descarga todo el peso en los cotizantes actuales y futuros sobre prestaciones definidas que en pocos casos se corresponden con lo cotizado.

Además, deberían formularse, desde el punto de vista social y en determinados casos, fórmulas que buscaran compensar la reducción de las pensiones debida a la pérdida de ingresos, por ejemplo para personas, mujeres en muchos casos, que cuidan de niños o personas dependientes.

El hecho de jubilarse no debe venir impuesto ni por convenios colectivos ni por legislaciones legales. Debería avanzarse hacia modelos de responsabilidad individual donde cada uno asumiera hasta cuándo quiere trabajar, siendo conscientes que menos años de cotización darán derecho a menores pensiones. Confiemos en que no echemos de menos esta oportunidad perdida.

Rocío Gallego Losada. Profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos.

Davos alerta sobre un Mayo del 68 en España por el paro

El presidente del Foro advierte sobre el desempleo juvenil tras recordar las revueltas estudiantiles británicas

Davos 2010: el punto de partida del «annus horribilis» de Rodríguez Zapatero - Foto: Reuters

Davos (Suiza) - La Razón (Ver aquí)

El presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Shwab, aseguró ayer que la tasa de desempleo juvenil en España «no es sostenible a largo plazo» y advirtió de que la situación por la que atraviesa Europa puede provocar que se vuelva a vivir una situación similar a la de Mayo del 68. Schwab alertó del problema de la deuda de una Europa que ha vivido por encima de sus posibilidades, especialmente en los países denominados periféricos, donde se ha incrementado de forma considerable el endeudamiento de los hogares, que se ha transmitido a los bancos y al Estado. En este sentido, recalcó que este endeudamiento sigue existiendo y que la pregunta ahora es si se va a transferir a los contribuyentes o la próxima generación.

«Nos hemos enfrentado a una crisis financiera, que se ha transformado en una crisis económica y, en muchos países, en un crisis social, y que amenaza con convertirse en una guerra generacional. Es por eso que no descarto la hipótesis de un nuevo Mayo del 68», afirmó. Así, recordó que entonces la juventud se rebeló contra la estructura autoritaria de la familia y el Estado y subrayó que es probable que un día la generación actual tenga que afrontar una  revuelta por su negligencia de cara al futuro.

El presidente del Foro Económico Mundial apuntó que ya se han visto los primeros síntomas de esta revuelta en la «cólera» mostrada por los estudiantes británicos y alerta de la situación del empleo juvenil en España.

Por otra parte, el Foro Económico de Davos observa un crecimiento global, por los impulsos de las economías emergentes asiáticas y latinoamericanas, de Alemania y la recuperación de Estados Unidos, pero que todavía no ha llegado a España. El Foro de Davos, inaugurado ayer y al que asisten unos 2.500 participantes miembros de la élite política y económica, ha prestado atención  –en esta nueva reunión anual– a la crisis de endeudamiento de la zona del euro y a los problemas de los países periféricos de Europa, entre ellos España, informa Efe. Los expertos económicos reunidos en Davos coinciden en que las expectativas de crecimiento este año son positivas, si bien se mantiene un elevado nivel de incertidumbre. El profesor de Economía de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini pronosticó un crecimiento anémico los próximos tres años en EE UU, Europa y Japón y manifestó dudas respecto a Alemania, pese a que creció un 3,6% el año pasado.

Flexibilizar el fondo de rescate
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, ha reiterado su propuesta de ampliar el fondo de rescate de la eurozona y hacerlo más flexible, lo que podría implicar que el fondo pueda comprar deuda pública de los países con problemas. «Esto es parte de la flexibilidad completa», incidió el presidente del BCE en una entrevista concedida en Davos, en la que también recalcó que su intención no es «dictar medidas a los gobiernos». Trichet aseguró que la resolución de la crisis de deuda que existe en el seno de la zona euro es «un trabajo en marcha».  En este línea, afirmó que es necesario que los socios se   anticipen a la situación en el sentido de demostrar a los inversores, que están haciendo lo que es necesario.

Davos 2010
El punto de partida del «annus horribilis» de Rodríguez Zapatero
En la exclusiva estación alpina suiza y ante un auditorio formado por empresarios, académicos, banqueros y demás personalidades políticas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se defendía hace un año de las críticas y aseguró que España es «un país serio y cumplidor». Meses después de pronunciar estas palabras Grecia era intervenida y el Gobierno español aprobaba un plan de austeridad de 15.000 millones de euros. Este año no va a asistir a la cumbre económica.

 

El furor reformista (por Josep Ramoneda)

(Publicado en El País-Reggio´s, aquí)

Ya en verano de 2008 hubo en el entorno de Zapatero quien le aconsejó anunciar un par de reformas duras que pusieran a la ciudadanía en situación para afrontar la crisis. Se venía de unos años en que todo parecía posible. Era necesario que la gente se diera cuenta de que los tiempos habían cambiado y que el Gobierno estaba dispuesto a jugar fuerte. Zapatero no escuchó. Porque no se acababa de creer que hubiera llegado el final de unos tiempos en que, en sus propias palabras, “daba gusto gobernar sobrando el dinero”. Y porque todavía pensaba que había margen para tomar decisiones, más allá de las previsibles recetas ortodoxas de los que manejan el dinero en la tierra. Desde mayo pasado, Zapatero se ha puesto al frente de las reformas, primero haciéndose el remolón, prometiendo más que concretando, ahora con la fe del converso.

Esta semana está siendo el momento culminante del despliegue reformista. Y las prisas están generando improvisaciones que dejan demasiados flancos abiertos. Tenemos un ejemplo de ello en la lamentable historia de la ley Sinde. Presionado por sus lobbies familiares, el Gobierno presentó una chapuza que, después de pactar su reforma con el PP, es una chapuza y media. Por el camino se ha permitido el lujo de regalar a su adversario político la increíble imagen de ser más garantista y más amigo de los internautas que el PSOE. Con un éxito añadido para la derecha: la promesa de reconducción del canon digital, una tasa escandalosa que obliga a pagar por usos que no se han hecho. Otro ejemplo, la repentina presentación de un plan de privatización de las cajas, que antes de nacer ya se da por incompleto, y que demuestra que el presidente no ofrece resistencia ante la voluntad depredadora de los inversores. La tercera desamortización (antes fueron la de las tierras y la de las empresas públicas, después vendrá la de los servicios) está en marcha. El Gobierno -es decir, los contribuyentes- pondrán el dinero necesario para sanear las cajas en situación más delicada para que después los inversores puedan comprar limpio y barato.

A un Gobierno que va justo de pilas, le es difícil estar en todo, en pleno furor reformista del presidente. Pero, ¿qué ha cambiado en las convicciones de Zapatero para hacer ahora a toda prisa lo que no se hizo en tres años? Fundamentalmente una cosa: se ha dado cuenta de que su descrédito es tal que su reelección sería imposible aunque lloviera dinero sobre España. Con lo cual, ha decidido renunciar a la reelección y reformar todo lo que le pidan, con la esperanza de que, dentro de algunos años, la historia, o más bien su letra pequeña, reconozca que durante el segundo mandato de Zapatero se llevaron a cabo las reformas que permitieron que la economía española entrara fortalecida en una nueva etapa. Naturalmente, para que esto sea así, se necesitan tres condiciones: que las reformas se lleven a cabo; que sean realmente las que necesita el país, que no tienen porque ser forzosamente las que convienen a los mercados; y que dentro de unos años la ciudadanía las perciba como beneficiosas. Ninguna de las tres cosas está garantizada. Ahora la gente traga porque está asustada, pero un día puede decir basta.

Puesto que Zapatero no va a presentarse, lo que le ocurra al PSOE en 2012 ya no es su principal preocupación. Por eso, repite que las reformas se harán en cualquier caso, con consenso o sin consenso. Es decir, que si fracasa el pacto con los sindicatos y la patronal, habrá reformas igualmente. No hay marcha atrás para el presidente. Y, sin embargo, cualquier candidato socialista a las municipales o a las autonómicas sabe que el pacto social es condición absolutamente necesaria, aunque no suficiente, para evitar la debacle. Sin el contrapeso que la firma de los sindicatos pueda representar para un sector del electorado de izquierdas no hay posibilidad de salvación.

Pero Zapatero se va y lo que ahora le importa es quedar como el presidente reformista. Su duda es el momento de anunciar su marcha: antes o después de las municipales. Muchos barones socialistas quieren que se pronuncie ahora porque creen que esto les dará votos. Si lo retrasa, dicen, las municipales se llevarán por delante a ellos y al presidente. Pero es perfectamente posible que anuncie su partida y se los lleven igualmente por delante. Estamos en un punto en que los intereses del partido y del presidente ya no coinciden. Este quiere pasar a la historia, el partido salvar los muebles.

España, en crisis económica y política (por Francisco Sosa Wagner)

El Mundo

Francisco Sosa Wagner, eurodiputado de UPyD (Publicado en UPyD, aquí)

 

La crisis económica en Europa oculta su crisis política. Precisamente por ello no acaba de verse la necesidad de una reforma de sus instituciones destinadas a fortalecer las comunes europeas y debilitar las nacionales representadas por los Estados, esos caballos de Troya en cuya panza anidan los más peligrosos ismos, el nacionalismo y el proteccionismo, enemigos proclamados de la construcción europea. Si se caminara por la senda federal, todo lo demás, gobierno económico, política exterior, política de defensa, investigadora, etcétera, vendrían con la naturalidad con la que llegan las setas en el otoño lluvioso.

De igual manera, la crisis económica española está encubriendo la crisis política profunda de instituciones muy averiadas con las que, sin embargo, convivimos y aun vegetamos con complaciente ceguera.

Veamos. Sabemos que la democracia se nutre de unos ingredientes que han traído de cabeza a los más finos pensadores de la ciencia política moderna por lo menos desde el siglo XVIII. Entre ellos destacan la separación de poderes, que venía de Inglaterra y halló un afortunado divulgador en Montesquieu; las libertades públicas y los derechos fundamentales que consiguieron enumerar con singular acierto los revolucionarios franceses; y, por último, los mecanismos de representación del cuerpo social, una vez descartada -o desacreditada- la democracia directa que tan querida fue por algún padre fundador (J. J. Rousseau especialmente).

Quienes escribieron la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia en 1789 dejaron establecido para la posteridad que una sociedad que no garantiza esos derechos y que desconoce la separación de poderes, carece sencillamente de Constitución. Palabras escritas en material resistente pues ahí siguen, como referencias inevitables, con la lozanía y la altanería propias de quien se sabe subido en peana de compactos fundamentos.

Pues bien ¿qué queda en la España de hoy de estos ingredientes? A mi juicio, de ellos el único que se salva es el relativo a las libertades públicas. Con muchas limitaciones y con todos los desfallecimientos que se quieran enumerar, lo cierto es que gozamos de un aceptable régimen de libertades que garantiza vivir con una cierta seguridad sabiendo que quien llama a las siete a la puerta de casa es el lechero y no una banda de canallas que, amparada por el poder político, practica el secuestro o el tiro en la nuca.

Es verdad que mucho hay que avanzar en el disfrute de tales derechos pues la moderna sociedad está obligando a cavilar sobre ellos con renovadas entendederas. Ahí están -por citar algunos ejemplos- el derecho a la información o el respeto a la intimidad convulsionados ambos por el río de noticias que alimenta ese pantano que llamamos internet.

Los demás ingredientes se hallan lisa y llanamente en estado calamitoso. Listos para ser declarados en ruina, que es lo que se hace en la legislación urbanística con los edificios necesitados de reformas sustanciales.

La separación de poderes se asemeja a la calavera que describe Lope de Vega: «Esta cabeza, cuando viva, tuvo / sobre la arquitectura de estos huesos / carne y cabellos...». Hoy, el postulado de la separación de los poderes no es sino «cometa al viento» por seguir con las bellas expresiones de Lope. En efecto, un Consejo General del Poder judicial politizado, que selecciona con criterios partidistas a altos representantes de la magistratura -pronto habrá 17 Consejillos para hacer lo propio-, y un Tribunal Constitucional, picado asimismo de la viruela partidaria, se han encargado de socavar sus cimientos y de esparcir entre la ciudadanía la impureza destructora de la desconfianza.

Pero donde se ha llegado a límites que ya resultan insoportables para la credibilidad del todo es en el sistema representativo. A nuestro adulterado modelo de partidos políticos y a nuestro extravagante y ponzoñoso derecho electoral ya he dedicado atención en otras ocasiones en esta misma página. Ahora es momento de añadir algunas anotaciones, fruto de la observación de nuestra pintoresca vida política.

Hay organizaciones políticas que dedican agotadores esfuerzos a insultarse entre ellas -con poca gracia, cuando el insulto es una bella arte- y lo hacen en cuantas ocasiones se presentan, que son muchas pues no desperdician ni siquiera los fines de semana. Es de ver la cantidad de mítines que se programan los sábados o los domingos, aunque no haya elecciones a la vista, y donde no se oyen sino vulgaridades e improperios. Por cierto, ¿de dónde sale el dineral que en ellos se gasta?

Cuando escucho las informaciones referidas a estos actos finsemaneros me pregunto si sus protagonistas no necesitan un paréntesis para reflexionar con serenidad o para limpiarse la boca y enjuagársela de estereotipos leyendo una novela. Goethe sostenía que «es imprescindible, todos los días, oír una pequeña canción, leer un buen poema, ver un cuadro, y, al menos, decir una frase razonable». ¿Cómo es posible que se haya olvidado esta enseñanza de aquel viejo, creador y soñador infatigable? ¿Cómo es posible que se desprecie el reposo de un domingo para engolfarse en un ensayo o en un libro de aventuras o en otro que se halle grávido de imágenes bellas, inútiles y temblequeantes?

Tengo para mí que quien acierte a poner en pie un discurso pedagógico pensado para ser escuchado por gentes adultas y no por estultos, acabará ciñendo el laurel del victorioso. De la victoria que merece la pena, de la que disfruta quien vence y convence. Entiendo por discurso pedagógico el que se pronuncia o difunde -hoy existen mil medios- con una argumentación sólida y alto sentido práctico. Hoy, la crisis económica nos debería obligar especialmente a ello tanto por lo enrevesado de sus enigmas como por lo inerme que la ciudadanía se halla ante ellos.

¿no ganaríamos todos si, en lugar de oír al presidente del Gobierno descalificando a su antecesor o a sus adversarios, lo viéramos sentado ante una cámara de televisión explicándonos con serenidad, olvidándose por un día de los tópicos insufribles de las derechas y las izquierdas, de los neoliberales y de los progresistas, en qué consisten sus medidas y hacerlo con modestia, advirtiéndonos que puede equivocarse? Y lo mismo cabe decir de quienes encarnan el poder desde la oposición política. O el mando sindical. Nada de mítines vociferantes a los que asiste la parroquia en nómina sino pedagogía y explicaciones maduras y solventes.

Claro que, si así se procediera, a lo mejor el votante se hacía adulto, empezaba a pensar por su cuenta y dejaba de votarles, pero la tan venerada democracia ¿no merece este sacrificio?

Porque a esa democracia se le falta el respeto con los mítines a que aludo como se le falta el respeto comprando votos con el cheque bebé o con esta o aquella maña limosnera ideada un mes antes de las elecciones. A mí me recuerda -servata distantia- algo que conozco bien y es el sistema que siguen algunos rectores de Universidades cuando han de presentarse a la renovación de sus cargos: ¡es de ver la cantidad de becarios que nacen y de secretarios y vicerrectores que se nombran! ¿En qué se diferencian estos métodos, humillantes para el ciudadano, de los que practicaba el conde de Romanones en la corrupta Restauración? Sólo en que el conde pagaba de su bolsillo y los actuales candidatos giran contra la cuenta corriente de los dineros públicos, esos que forman la deuda abultada que ahora los mercados se quieren cobrar.

A la vista de todo ello, bien podría el sistema democrático español recitar aquellos versos desesperanzados de Ronsard: «Sólo huesos me quedan, igual que un esqueleto / descarnado, reseco, macilento y escuálido...». Se advertirá que son los poetas quienes afinan y atinan.

Francisco Sosa Wagner es catedrático y eurodiputado por UpyD. Su próximo libro (con Mercedes Fuertes y prólogo de Carmen Iglesias), de inminente publicación, se titula El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica (Marcial Pons).

La vida de las ideas o ¿es malo que te plagien? (por Carlos Martínez Gorriarán)

(Publicado en El blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)

Suele decirse que una idea atraviesa tres fases en su recepción social: primero es ridiculizada, luego atacada y finalmente aceptada por todos; entonces ha triunfado (atención, hablamos de ideas verdaderas y no de majaderías que, en el mejor de los casos, experimentan una evolución en sentido contrario, aunque suelen triunfar a menudo). Claro que una idea verdaderamente exitosa es algo más que una idea aceptada en abstracto: debe ser aceptada para la acción, es decir, como fundamento de un programa práctico para hacer algo. Porque se puede dar una apariencia de aceptación que no es tal: se trata de la imitación o plagio: hago como que estoy de acuerdo con algo para desactivar su potencial, porque no tengo la menor intención de llevar la idea a la práctica, e incluso pretendo que no se lleva a cabo jamás. Hay numerosos ejemplos históricos de ideas imitadas y plagiadas para desactivar su potencial: los sindicatos verticales de Franco para desactivar el viejo sindicalismo obrero, los nacionalistas aceptando el pluralismo político para convertirlo en pluralidad de pueblos en vez de individuos, los comunistas chinos imitando la libertad de empresa económica para prohibir la de actividad política, los fundamentalistas cristianos americanos imitando la libertad de credo religioso para prohibir la enseñanza de la evolución o equipararla al creacionismo, etc.

De modo que la mera imitación o plagio de una idea no significa que esa idea haya triunfado, pero sí que ha progresado extraordinariamente hacia el éxito, tanto que alarma a los posibles perjudicados por su puesta en práctica. Tras haberla ridiculizado y haber mantenido que era imposible llevarla a la práctica, los perjudicados deciden en un momento dado que es mejor sumarse a la marea ascendente que seguir combatiendo principios que cada día apoya más gente. Pero no para realizarlos, sino para tratar de reducirlos a mera caricatura. Y entonces plagian la idea para apropiársela. Es verdad que suele ocurrirles lo que a Avallaneda con la apropiación plagiaria del Quijote de Cervantes, que obliga a reaccionar al autor hasta llevar al público a reconocer que la imitación es una birria, pero eso no siempre es rápido ni evidente. Y menos en los tiempos de la comunicación de masas: ¡todavía hay gente que cree que Hitler era alemán y Beethoven austriaco!

Veamos un ejemplo que nos afecta directamente: el descarado plagio que PP y PSOE están haciendo de propuestas de UPyD que en su día ridiculizaron en sus medios concertados y rechazaron con luz y taquígrafos en sesiones parlamentarias. Sólo el despiste colectivo y el servilismo publicitario han tratado de negar o disimular el hecho incontestable de que el PP votó dos veces en contra de la propuesta de Rosa Díez para que las pensiones de los parlamentarios fueran similares a las del resto de los ciudadanos, sin privilegios como la obtención de la pensión máxima con sólo siete años de cotización. Al contrario: los medios palmeros del PP, partido de extraordinaria pereza intelectual, han tratado de presentar como la buena nueva de su inexistente regeneracionismo el plagio descarado de una propuesta de UPyD rechazada en su día, por dos veces, en la Mesa del Parlamento que decide en estas materias para hacer más opacos los acuerdos relativos a los privilegios de sus señorías. Veremos qué vota hoy martes el PP en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de lo relativo a las pensiones, donde Rosa volverá a proponer por tercera vez lo negado ya dos veces por PSOE, PP & Asociados…

Respecto al Gobierno y la bancada socialista, el plagio más llamativo, compartido por el PP, se refiere a la limitación de las competencias de gasto de las CCAA y la eliminación de las duplicidades administrativas. También aquí UPyD planteó, a través de Rosa Díez y de Gorka Maneiro (en el Parlamento Vasco), numerosas iniciativas parlamentarias de racionalización que merecieron el rechazo unánime de las cámaras. Es más, Rosa Díez ha tenido que escuchar toda clase de vituperios y burlas por plantear reformas que, según diversos vicepresidentes del gobierno (María Teresa Fernández de la Vega y Manuel Chaves), eran disparates jacobinos imposibles dentro de la Constitución. Numerosos portavoces del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se han apuntado a esa tesis: el Estado de las Autonomías es intocable, no es posible ni que el Gobierno controle su gasto ni reordenar el caos de competencias y administraciones. Rematando el veredicto condenatorio, PSOE y PP se pusieron de acuerdo en diciembre –para que se diga que nunca lo hacen- para votar en el Congreso un nuevo Estatuto de Extremadura, que otorga a esta comunidad competencias estatales en materia internacional y judicial, entre otros dislates. Pues bien, llevamos algunas semanas escuchando a Zapatero y sus ministros que ha llegado el momento de prohibir a las CCAA que hagan nuevas emisiones de deuda pública -¡algo imposible, según ellos!-, y a González Pons cuantificando en 24.000 millones de euros el sobre costo del Estado Autonómico, cifra descaradamente sacada de la única publicación que hay al respecto, la de la Fundación Progreso y Democracia. No sólo esto: oímos la urgencia de adoptar medidas para recuperar la deshecha unidad de mercado española, un grave problema negado hasta ayer, o para despolitizar las Cajas de Ahorro. Medias ambas, como otras muchas, contra las que han votado juntos PSOE y PP, y demás partidos con raras excepciones.

Pero, ¿puede creer alguien que PSOE y PP tengan la menor voluntad genuina de convertir en el eje de su acción de gobierno las ideas políticas que han ridiculizado, negado y combatido? Es como confiar en que el PNV se ponga a la cabeza de la derrota de ETA. Todo invita a pensar que ambos partidos se apresuran a apropiarse de la autoría de ciertas políticas bien para minimizar sus efectos –en el caso de medidas exigidas por la UE y otras instancias internacionales- bien para paralizarlas sine die –como la reforma a fondo del Estado de las Autonomías.

Hay dos razones convergentes que explican el desaforado plagio de PP y PSOE: uno es la presión de los socios europeos con Alemania a la cabeza, reclamando el saneamiento de las Cajas de Ahorro y la racionalización administrativa para frenar el déficit público (dos problemas muy ligados); pero el otro es el extraordinario cambio de la opinión pública respecto a este conjunto de temas ligados. En los últimos años ha ido creciendo el apoyo a propuestas de UPyD como la devolución de ciertas competencias al Estado (educación y sanidad, por ejemplo), la delimitación clara de competencias y el fin de las duplicidades administrativas, el adelgazamiento drástico de la trama descontrolada de entes y empresas públicas, etc. A pesar del boicot activo y pasivo de los medios de comunicación a UPyD era cosa de tiempo que esa misma opinión pública conozca que ese es el partido empeñado en hacer las reformas que piden, precisamente porque nació con un ideario muy claro al respecto. La prisa de PSOE y PP por invertir ese reconocimiento público intenta que se les adjudique a ellos, y no a UPyD, la paternidad de las ideas que ridiculizaban o impugnaban a la totalidad hace nada. Pero no porque tengan la menor intención de llevarlas a la práctica, sino para impedir que eso ocurra. Como un propietario avaro, lo que intentan es hacer el mínimo de reformas capaces de mantener en pie la casa que amenaza ruina en lugar de levantar una mejor y adaptada a las necesidades de sus habitantes.

El filósofo americano pragmatista Charles S. Peirce –difícil y poco conocido en España (donde se han admirado más los galimatías de Heidegger) pero uno de los grandes de la filosofía moderna- definía magistralmente las ideas como operaciones mentales (lógicas y simbólicas) capaces de producir cambios prácticos (pragmáticos). Tener la idea de un negocio nuevo, por ejemplo, es el primer paso para ponerlo en marcha; la de igualdad del género humano sin excepciones, indispensable para abolir la esclavitud. Aceptar de verdad una idea es eso: permitir que libere su capacidad de transformación. El plagio es, por el contrario, el intento de apropiarse de una idea ajena para congelarla o esterilizar su potencial. De modo que nada de conformarse con que el plagio del PP-PSOE es un progreso. El suyo es un reconocimiento incompleto que busca el efecto contrario de lo que la idea propone o contiene en sí.

Luis Orgaz acusa de hipocresía a socialistas y populares por plagiar el discurso político de UPyD con objetivos meramente electoralistas

El Coordinador de UPyD en Castilla La Mancha y candidato a las Cortes de esta comunidad, Luis Orgaz, ha manifestado el malestar que existe dentro de las filas de UPyD debido a al “oportunismo malintencionado y claramente electoralista” del que están haciendo gala los dirigentes de PP y PSOE durante estos últimos días.

Toledo, 24 de enero de 2011. El Coordinador de UPyD en Castilla La Mancha, Luis Orgaz, afirma que son demasiadas ya las ideas y propuestas de este partido que han sido descaradamente plagiadas por los líderes de la “clase política”. Las últimas declaraciones de Mariano Rajoy, apoyando la limitación de los privilegios de los parlamentarios, a las que se han unido las de José María Barreda dándole la razón, son, para Luis Orgaz, una muestra inequívoca de que <<se están plagiando desde el cinismo y la hipocresía las propuestas de UPyD>>.

El dirigente de UPyD afirma que <<hemos venido observando cómo ahora se utilizan expresiones como “regeneración democrática”, un término acuñado por UPyD desde su fundación, o cómo ahora sí  quieren reformar las Cajas de Ahorros, limitar los poderes de las Comunidades Autónomas y aprobar la intervención del Estado en el gasto de las autonomías. Y, en el caso concreto de Castilla La Mancha, observamos cómo Barreda, ahora sí, se apunta a reducir la Administración, fusionar empresas públicas, o restringir el presupuesto de la TV pública, todas ellas propuestas anunciadas por nuestro partido desde nuestros inicios>>.

Pero para el Coordinador de UPyD C-LM la gravedad no estriba en el plagio del discurso político o de las propuestas del partido magenta, sino en que se trata de <<ideas que fueron ignoradas y consideradas como descabelladas cuando UPyD las puso sobre la mesa, pero que ahora, dadas las circunstancias electorales, se convierten en las piezas básicas de sus programas>>. Esta forma de actuar es, para Luis Orgaz, <<simple oportunismo e hipocresía política>>, más si cabe cuando<< todos sabemos que son propuestas que no van a cumplir y que tan sólo hacen de cara a la galería. Si de verdad las considerasen y fuesen honrados con los ciudadanos, ya las habrían puesto en marcha. Como gobernantes, han tenido años la potestad para llevarlas a cabo. Qué casualidad que sea ahora, cuando le ven los cuernos al toro, con las elecciones a la vuelta de la esquina y la ciudadanía concienciada de su descaro y sus vergonzosos derroches, cuando toman en cuenta nuestro discurso>>.

Un claro ejemplo de lo manifestado por Orgaz es la propuesta para acabar con los privilegios de los parlamentarios, firmemente defendida en solitario por Rosa Díez en el Parlamento Nacional, y que hace apenas unos días fue tachada de demagógica, pero que, ante la necesaria búsqueda del voto, acaba de resucitar Mariano Rajoy, desdiciéndose de sus propias palabras en apenas unas horas.  Y a esto se suma la reacción de José María Barreda, comentando fríamente que esta medida “no está de más”, algo del todo contradictorio con la posición que el Grupo Socialista, que él mismo dirige, mostró hace tan sólo unos días, manteniendo todos los privilegios económicos de los diputados de las Cortes de Castilla La Mancha, aún cuando cerca del 30% de  los castellano-manchegos se encuentra ya bajo el umbral de la pobreza.

Luis Orgaz ha afirmado finalmente que <<la hipocresía y el cinismo que con tanta soltura exhiben estos líderes políticos debe ser atajada en las urnas de una vez por todas, y las próximas elecciones municipales y autonómicas son un magnífico momento para poner a cada uno en su sitio>>.

Para más información, ponerse en contacto con:

Luis Orgaz

Coordinador Territorial de UPyD de CLM

638 24 31 86

El paso de autonómico a federal (por Jordi Sevilla)

(Publicado en Mercados de El Mundo-Reggio´s, aquí)

LUCES LARGAS

Llevamos mucho tiempo sin atrevernos a hacer lo único sensato que podemos hacer en España con nuestro Estado de las Autonomías: dar un salto adelante hacia una cooperación de tipo federal. Mientras tanto, las disfunciones existentes en el sistema actual lastran la recuperación económica y dan paso a demasiadas ocurrencias.

Tenemos un Estado a medio construir. La previsión autonómica constitucional daba respuesta a una realidad: la existencia de hechos diferenciales. Sin embargo, el desarrollo concreto del Estado de las Autonomías, uno entre los muchos posibles dentro de la Constitución, ha planteado una realidad diferente cuyos problemas funcionales debemos resolver asumiendo que, a estas alturas, ni es posible, ni sería deseable, una marcha atrás hacia un modelo neocentralista cuyas ventajas diferenciales no se aprecian si comparamos la evolución de, por ejemplo, Francia (centralizado) y Alemania (federal).

En los últimos 20 años, hemos puesto en marcha el reparto de qué es lo tuyo y qué es lo mío entre el Gobierno central y los nuevos gobiernos autonómicos (estatutos de autonomía) donde ha primado la lógica de la confrontación, al plantearse en un marco de suma cero (competencias y financiación). Pero ahora ha llegado la hora de abordar cómo gestionamos mejor lo que es de todos o aquello que ningún gobierno puede abordar en exclusiva, consiguiendo que prime una lógica de la cooperación que es de suma positiva. Y ese paso hacia la madurez federal del modelo autonómico exige, al menos, cuatro cambios fundamentales:

Primero. Debemos llegar a un doble pacto explícito según el cual, por una parte, el Gobierno central asuma que las comunidades autónomas son, según la Constitución, tan Estado como él y, por tanto, tiene que negociar con ellas, de igual a igual, aquellos asuntos que corresponden al Estado en su conjunto. Pero por otra parte, las CCAA asumen que no son miniestados y que el Gobierno central tiene también sus competencias exclusivas y, para que el modelo funcione, debe poder cumplirlas.

Segundo. Necesitamos un espacio político en el que realizar estos debates. Donde el Gobierno central y las CCAA puedan discutir las cosas comunes, limitando la necesidad de utilizar los recursos al Tribunal Constitucional. Ese lugar debe ser un Senado territorial, constituido a partir de un modelo mixto, ya existente en la Comisión General de Comunidades Autonómicas. El Senado asumiría así la función constitucional de representar los intereses territoriales, dejando la última palabra a un Congreso expresión de la soberanía nacional.

Tercero. Hay que conseguir lo que la tecnología ya permite: una administración electrónica única. La vigente Ley de Administración Electrónica permite interconectar a todas las administraciones, creando un portal unificado de acceso para el ciudadano a cualquier trámite que tenga que hacer con cualquiera de ellas. Trabajar en esa línea, junto a los compromisos de reducción de cargas administrativas, fortalecería la coordinación y la eficacia de las administraciones, sin afectar competencias.

Cuarto. El impulso a un modelo cooperativo requiere la configuración de instituciones administrativas comunes para gestionar lo común, lo compartido o lo que nadie puede hacer solo: desde incendios forestales hasta los impuestos compartidos o la promoción exterior. La figura del consorcio puede dar respuesta a esta necesidad.

Quinto. Ese estado autonómico reconstituido debe diseñar instituciones para facilitar la cooperación: la Conferencia de Presidentes, así como las conferencias sectoriales, deben regularse para evitar que sean, como ahora, instrumentos unilaterales del Gobierno central. Igualmente, debe abrirse un espacio reglado de encuentro horizontal para favorecer la cooperación entre CCAA en asuntos de interés mutuo, como ya existe en su participación en los órganos de la Unión Europea.

Donde existe un modelo federal, nadie discute que el Gobierno federal central tiene su campo propio de actuación, ni que tiene la última palabra en algunos asuntos. En España, la Constitución le encarga, entre otras, dos cosas: asegurar la igualdad, lo que hace regulando las bases mínimas en determinadas materias esenciales y facilitando la coordinación en otras, y, en segundo lugar, garantizar la solidaridad territorial, por lo que no cabe hablar de solidaridad tributaria de unos territorios respecto a otros.

Donde existe un modelo federal, tampoco se discute que los estados federados, nuestras CCAA, tienen sus competencias exclusivas que gestionan libremente dentro del marco democrático establecido. Por tanto, pueden existir diferencias entre unas y otras en los servicios que prestan y en cómo los financian. Lo contrario, estaría reñido con la autonomía constitucional.

Donde existe un modelo federal, no se discute que hay ámbitos de cooperación comunes para tratar aquello que es de todos, con mecanismos establecidos para superar las discrepancias en caso de no llegar a acuerdos.

Donde existe un modelo federal y no funcionan adecuadamente alguno de los tres puntos anteriores, o los tres, se debate para corregirlo y mejorar, pero sin reabrir cada vez la esencia del modelo. Alemania ha tenido una profunda reordenación competencial (en ambos sentidos) entre estados federales y Gobierno central, sin que nadie haya cuestionado, con seriedad, la estructura federal.

La dinámica de los estados compuestos, como la cuestión social o la confrontación generacional, nunca llega a un punto ideal en el que se acabe las discrepancias. En España, por tanto, tendremos debate con contenido territorial siempre, pues siempre habrá nuevas cuestiones y nuevas maneras de ver las mismas cosas. Lo importante es que se produzca en un marco estable, reglado y transparente respecto a las responsabilidades de los participantes. Un marco en el que, por ejemplo, plantear la necesidad de armonizar aquellas regulaciones autonómicas o locales que limitan la unidad de mercado sea legítimo y necesario, pero utilizarlo como argumento para ocurrencias de revisión involucionista del modelo constitucional lo sea menos.

Todas estas ideas, tuve ocasión de exponerlas, algunas literalmente, en el Congreso y el Senado durante la pasada legislatura, impulsándolas, cuando fui ministro de Administraciones Públicas. No tenemos mucho tiempo que perder para dar este paso federalizante y que la solución a nuestro problema territorial siga siendo impulsora de convivencia y bienestar, en vez de petrificarse como argumento para confrontar.