Alternativa General para el Progreso de Cuenca

CUANDO SÓLO IMPORTA LA APARIENCIA (por Rosa Díez)

(Publicado en El blog de Rosa Díez, aquí)

He leído la noticia de que la Unión Europea (o sea, los jefes de Estado y de Gobierno, entre otros el nuestro), han cedido ante el Presidente de la República Checa Vaclav Klaus (nada que ver con el gran Vaclav Havel) y han consentido que en su país no se aplique la Carta de Derechos Fundamentales. O sea, que para que la República Checa firme el Tratado de Lisboa los checos serán excluidos de la protección de los derechos fundamentales recogidos en la Carta.

Esto es lo que pasa cuando no se ponen límites para los acuerdos, cuando los pactos se convierten en un fin en sí mismo y no en un instrumento para el progreso de los países y de la sociedad. Esto es lo que pasa cuando quienes se sientan en el Consejo Europeo son una cuadrilla de paniaguados que sólo aspiran a tener la fiesta en paz y que no tienen otra preocupación respecto de Europa que aparentar que las cosas funcionan. Esto es lo que pasa cuando no hay liderazgo político europeo; esto es lo que pasa cuando los gobernantes que nos han tocado en desgracia están sólo preocupados por el titular del informativo. Esto es lo que pasa cuando aparentar es más importante que ser.

¿Qué sentido tiene que se haga una excepción con la República Checa en la aplicación de la Carta? ¿Cabe mayor traición a la propia idea de Europa que hacer una excepción, nada menos que  del cumplimiento de los derechos fundamentales, a uno de los países de la Unión? ¿Se  imaginan ustedes que se sometiera a votación una Constitución y se les diera a los ciudadanos la opción de quitar de ella lo que no les gustara, a elegir el menú?

No se conoce pensamiento alguno al respecto de nuestro sonriente Presidente. Él sólo se preocupa de las cosas importantes: sonreír con el logo de la Presidencia de turno de la Unión. Y buscar a un candidato, cuanto más desconocido mejor, para presidir la Unión cuando entre en vigor el nuevo Tratado. En eso se parece a la inmensa mayoría de los que se  sientan en el Consejo; todos están unidos en el afán de que el nuevo Presidente, –ese que ocupará el cargo por dos años y medio para, según nos contaron,  caminar hacia una Europa más política– les moleste lo menos posible. Por eso buscan a un desconocido, a algo lo más alejado posible de la imagen de un líder. Como hicieron con el Presidente de la Comisión, el Sr. Barroso. Se trata, al fin y al cabo, de que las cosas no cambien y de que cada cual pueda seguir mandando en su chiringuito; y pasteleando y cambiando abalorios entre ellos cada vez que se juntan ; todo para volver a su país contando a la opinión pública respectiva la cantidad de cosas que se traen para casa. Todo para aparentar que las cosas cambian sin que nada se mueva. Todo para que el nacionalismo de país avance en Europa. Todo para que cada vez nos parezcamos menos a la Europa que diseñaron los padres fundadores; esa que construye y defiende un modelo social para todos los ciudadanos y que promueve en el  mundo la democracia y los derechos humanos. ¿Cómo se puede promover en el mundo la defensa de los derechos humanos si permitimos que uno de los países miembros excluya a sus ciudadanos de la Carta de Derechos Fundamentales?

En fin, que es una vergüenza. Y que esto es lo que pasa cuando llegan a las instituciones personas más preocupadas por la propaganda que por la política. Lo dicho: una vergüenza.

Las ventajas del federalismo (V) (por Carlos Martínez Gorriarán)

(Publicado en el blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)

Esta entrega podría titularse mejor “Y los inconvenientes del federalismo vergonzante”. ¿Que por qué?: pues porque el llamado “Estado de las Autonomías” no es en realidad otra cosa que una mala federación. Un Estado federal caótico porque está mal constituido, mal organizado y peor denominado. En palabras de José Tudela Aranda en su reciente obra El Estado desconcertado y la necesidad federal (pg. 260): “Es cierto que poco hay que impida calificar al actual Estado español de federal. Desde la descentralización, nuestro Estado supera con comodidad el contraste con las caracterizaciones clásicas del estado federal. Más allá de la no descentralización del Poder Judicial, circunstancia no presente en todos los estados federales o de la retórica sobre la soberanía de los entes subestatales, lo cierto es que el llamado Estado autonómico español tiene un grado cualitativo y cuantitativo de descentralización que sólo lo puede acercar (…) al Estado federal. Ahora bien, si un examen ponderado de nuestro modelo de Estado suscita pocas dudas sobre sus condiciones federales, ninguna de las formaciones políticas ha asumido esta caracterización. Ello es importante porque de esta indefinición política, de éste no asumir la realidad, se acaban desprendiendo consecuencias que sólo pueden calificarse como negativas. Negativas especialmente para aquellos que desean un reforzamiento del Estado como estructura del poder público.”

Siguiendo el argumento de José Aranda –compartido por muchos juristas y politólogos españoles-, el problema no es si la fórmula federal nos conviene o no, sino que España ya es, de facto, un federación, pero mal articulada y, además, vergonzante. Tanto que para disimular ha adoptado el absurdo eufemismo de “Estado de las Autonomías”. Y del mismo modo en que el Estado de derecho es manifiesta y urgentemente mejorable, tenemos que mejorar con urgencia el extraño federalismo de hecho surgido de la Constitución del 78.

Ese innombrable Estado federal español está mal articulado y sumido en eterna provisionalidad porque, como hemos visto, la Constitución del 78 dejó abierta, sometida a la negociación entre partidos, la transferencia ilimitada de competencias que deberían ser exclusivas del Estado, es decir, federales. Tenemos una federación que, al carecer de un horizonte de cierre de la estructura territorial, se está convirtiendo en una confederación inviable. Una confederación con los males de la asimetría, la desigualdad y la confusión sobre soberanía nacional y competencias delegadas del Estado donde es posible imponer por la puerta de atrás la bilateralidad entre una comunidad y el resto del país, como establece el Estatuto catalán. Así pues, nuestro problema no es si federación sí o no, sino que las principales fuerzas políticas y el establishment se niegan a afrontar en público el problema de fondo: que es imprescindible una reforma de la Constitución que cierre el modelo territorial, restaure las reglas de juego de la democracia y restituya al Estado su papel de poder público.

Creo que tenemos argumentos de sobra para llegar a la conclusión de que no se trata tanto de una Constitución federal de nueva planta, cosa que no propongo, como de reformar la Constitución existente, comenzando por restaurar el rigor y la precisión del léxico constituyente. Es decir, comencemos llamando a las cosas por su nombre: del mismo modo en que una mujer con hijos se llama “madre”, un Estado unitario altamente descentralizado se llama “federación”. A partir de este imprescindible reconocimiento de la realidad y del nombre de las cosas reales, podemos comenzar a discutir cuáles serán las competencias exclusivas del Estado, es decir, las competencias federales, y cuál sería el margen de capacidad legislativa y financiera de las comunidades autónomas; sería posible restaurar el muy deteriorado principio, hoy irreconocible, de que en caso de conflicto la ley general del Estado, o ley federal, prevalece siempre sobre la autonómica; sería posible establecer sobre bases mucho más sólidas los principios de igualdad y libertad de todos los ciudadanos españoles con independencia de la comunidad donde residan, etc.

¿Sería la panacea, el remedio milagroso a todos los males del país? Pues claro que no, pero nos libraría de algunos problemas constitucionales que impiden abordar problemas tan actuales como la crisis y el cambio de modelo productivo, el buen funcionamiento de servicios básicos como sanidad, justicia o educación, la financiación de los partidos y la corrupción consiguiente, etc. Uno se queda atónito cuando se desaconseja el modelo federal recurriendo a los problemas derivados de las diferencias legislativas y administrativas internas de Estados federales como Estados Unidos, Canadá o Alemania (o Suiza, que ha pasado de ser una confederación teórica a una federación práctica), como si en España no sufriéramos algo peor: la existencia de cinco haciendas y dos sistemas de financiación que pronto serán 17, como ya hay 17 sistemas educativos y sanitarios, y varios mercados laborales fraccionados para según qué profesiones.

En resumidas cuentas, que el problema no es si federalismo sí o federalismo no, porque de hecho nos gobernamos por una variedad propia de ese sistema pero de mala calidad, sino de cómo mejorar a fondo este sistema federal. Propongamos un gran debate nacional sobre cómo reformarlo para tener un buen Estado federal. Y para empezar, que no se avergüence de serlo. Hay que sacarlo del armario y echarle un buen repaso. Y somos el único partido que puede hacerlo.

La política también se hace en los municipios (por Luisa Auñón)

Luisa Auñón (Publicado en UPyD, aquí)

Estos días, asistiendo a las reuniones de presentación de candidatos al Primer Congreso que ha organizado la C.T. de Madrid para darnos la oportunidad a todos de conocernos, he descubriendo compañeros que han presentado enmiendas a la Ponencia Política en el mismo sentido que alguna de las que he presentado yo y estoy contenta, no por la coincidencia, sino por la sintonía. Me alegra que personas a las que no conocía sientan el municipalismo y lo Local como yo: El tercer pilar de la estructura del Estado, aunque haya sido, tradicionalmente y en la práctica, un área casi marginal de la misma y una Administración cuya situación de indefinición ha determinado que, ante las demandas ciudadanas, los Ayuntamientos se hayan sentido obligados- por la vía del hecho consumado- a asumir competencias de las Administraciones Central y Autonómica. Personas que sienten los Municipios como la administración más cercana al ciudadano y la más capacitada para atender sus necesidades reales. Compañeros que proponen medidas municipales que supongan la mejora de servicios para los ciudadanos.

Pero en estas ilustrativas reuniones siempre han habido una o varias personas que entienden que UPyD se debe preocupar sólo por la Política Nacional, como si la estructura del Estado acabara en las CCAA y los Municipios no formaran parte de la misma.

Lo mismo que ellos ha debido pensar el Partido Socialista que ha dejado la “asignatura de Financiación Local” no sabemos si para junio o septiembre del 2010. Mientras tanto se ha dejado, como desde hace 30 años, la Administración Local al albur de las circunstancias. Y las circunstancias hoy son las que son:
• Muchos ayuntamientos están en quiebra técnica o al borde de la bancarrota.
• La deuda total de los Ayuntamientos con los bancos supone el 3,1% del PIB
• Para encajar el “rompecabezas” de números surgido del crecimiento de la deuda – un 7,4% más que en junio de pasado año-, los ayuntamientos “distraen” partidas del gasto para parecer austeros y que el Estado no les imponga un plan de recesión (como informaba El Mundo el pasado domingo día 11).
• Se han creado empresas “satélite” para esconder esta deuda, evitando que figure en la contabilidad oficial de los ayuntamientos.
• Han bloqueado el plan para pagar sus deudas a las empresas y la línea ICO sólo reparte el 3,4% de los fondos, amenazando a las PYMES y a los Autónomos con no volver a contratarles si reivindican el pago de sus atrasos.
• Los impuestos municipales dan susto tras susto: Sube el IBI, se restauran viejas tasas, como la de basuras aplicada incluso a los garajes, para justificar la subida de la contribución , etc..

Mientras todo esto pasa, hay políticos, economistas y hasta sociólogos que se dedican a la “política-ficción” , la “economía-ficción” ó la “sociología-ficción” y a elaborar sus teóricos análisis de la situación delante de su ordenador. Me recuerdan a Julio Verne, que nos hizo, de niños, viajar “Cinco semanas en globo”, “Veinte mil leguas de viaje submarino” en el “Nautilus” con el Capitán Nemo, ir “De la tierra a la luna”, dar “La vuelta al mundo en ochenta días”, trasladarnos en un “Viaje al centro de la tierra”…, todo, desde la mesa camilla de su cuarto de estar del que nunca se movió. Y es aceptable e incluso loable para escribir novelas de viajes y de aventuras, porque la mayor fuerza, la que nos hace soñar y nos transporta a los rincones más exóticos que el escritor pueda crear, es la fuerza de la imaginación, pero lo que está muy bien para un escritor, para un político responsable no lo está.

La política entendida como servicio a los ciudadanos, a los vecinos, merece más seriedad y más rigor. Hay que salir a la calle- algo que hacemos con éxito en UPyD- para hablar con los vecinos ( no como los 3.000 “Hijos de San PSOE” que nos iban a explicar la necesidad de subir los impuestos) porque tenemos un gran reto por delante: Tenemos que seguir empapándonos de la realidad de nuestros pueblos y ciudades, de los verdaderos problemas de nuestros conciudadanos, para poder valorar con rigor cómo se trabaja en el mundo Local, hasta dónde llegan sus prestaciones y qué otros servicios se deberían cubrir; tenemos que discernir qué ayuntamientos se han enriquecido con el boom inmobiliario y cuáles han utilizado la venta de suelo para mejorar las prestaciones a los vecinos , que también los hay; tenemos que analizar y hacer un seguimiento de las competencias “propias”, la aplicación del principio de subsidiariedad que ha propiciado que asuman las “impropias” sin financiación, competencias que conforman servicios que los vecinos ya reciben, que alcanzan a veces un 30% del presupuesto municipal y que han supuesto 7.000 millones de euros en la factura total municipal; tenemos, tenemos , tenemos… que trabajar y llegar al ciudadano.

Esto es lo que UPyD debería hacer en el campo municipal: Proponer soluciones reales para resolver los problemas y necesidades reales de los vecinos, y esto, amigos, no se puede hacer desde una mesa camilla, ni teorizando delante de un ordenador. Hay que trabajar con y para los vecinos porque, les guste a algunos o no, los mayores retos de la sociedad del siglo XXI derivados de la globalización, la interculturalidad, el envejecimiento de la población, la seguridad ciudadana, la vivienda, el medio ambiente, la crisis económica, etc., se van a producir en los municipios y se deberán resolver en y desde los municipios.

No podemos hablar continuamente de “regeneración democrática” y no interesarnos por la “degeneración municipal” que ha propiciado el descrédito de la clase política local y repercute, negativamente, en los vecinos.

Las ventajas del federalismo (III) (por Carlos Martínez Gorriarán)

Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Comunicación y Programa de UPyD (Publicado en UPyD, aquí)

Volvamos ahora a la segunda de las objeciones más habituales enumeradas en la primera entrega de esta serie: que un Estado federal no es necesario para garantizar la igualdad y viabilidad estatal porque bastaría con devolver al Estado algunas de las competencias estratégicas traspasadas a la comunidades autónomas, como la educación, las prestaciones sanitarias básicas o la gestión del territorio. Es, además, la propuesta recogida en el programa de UPyD para las primeras elecciones generales. Y los más inseguros o medrosos dicen: “pero hombre, si ya hacemos esta propuesta de devolución al Estado de competencias, ¿por qué ir más allá y proponer nada menos que un Estado federal, que es algo que no entiende nadie en España?”.

Comenzando por el final, eso de que nadie nos va a entender si proponemos un modelo federal me recuerda mucho a las pegas de personas muy expertas, enteradas y razonables que oímos cuando fundamos UPyD: que nadie iba a entender por qué hacía falta un partido nuevo creado por Rosa Díez y tres aficionados (esto era antes de que se hablara de los diez mil fundadores de UPyD), y por tanto iba a ser un completo fracaso. Como le pronosticó en tono conmiserativo un famoso columnista y editorialista de El País a Fernando Savater, podíamos darnos por satisfechos si en las primeras elecciones sacábamos 30.000 votos… Luego resultó que fueron diez veces más, que estos enterados no lo estaban tanto; nosotros teníamos razón y ellos no porque en la sociedad española había muchos más ciudadanos ilustrados y comprometidos de lo que sospechaban. ¿Por qué no confiar más en la capacidad crítica y comprensiva de nuestros mejores conciudadanos, en vez de fijarnos sólo en los zotes? También nos decían que lo del partido transversal era incomprensible, que “progresista” era una palabrota desprestigiada, y que el laicismo asustaría a las buenas gentes. Como nada de todo eso ha resultado cierto, no veo razón alguna para dar crédito al augurio de que asumir el modelo federal será nuestra perdición…

El problema de fondo estriba en que devolver competencias al Estado implica una profunda reforma constitucional: no es algo que se pueda hacer por decreto, ni mediante una ley orgánica aprobada en las Cortes por mayoría simple. Cuando hablamos de que las CCAA pierdan competencias e igualen las que tengan en el marco de un Estado descentralizado pero fuerte, que de eso se trata, hablamos de una reforma de la Constitución en toda regla. Y podemos rehuir la palabra federal, pero el resultado sería ese mismo, una especie de federación. Alguno dirá, “¿y qué?; si la palabra es un obstáculo, rehuyámosla, tampoco es una cuestión de principio”. Podemos discutir si es asunto de principios o no llamar a las cosas por su nombre –yo creo que sí, aunque admito que hay que tener en cuenta la oportunidad (no vas a darle el nombre que merece a un matón que puede fulminarte sólo por ser sincero, por ejemplo)-, pero me parece difícil de negar que una de las deficiencias más serias de la Constitución actual, y del sistema jurídico derivado, es su extremada imprecisión en asuntos que el tiempo ha demostrado claves. Por ejemplo, el de las competencias estatales y autonómicas.

La Constitución vigente deja abierto el grifo de la transferencia permanente de competencias incluso si ello afecta a la viabilidad del Estado. Si leemos la Constitución sin anteojeras resulta que, forzando las cosas, no hay ni una sola competencia estatal que no se pueda transferir a una comunidad autónoma: subrayo lo de ninguna. Es algo que comprendieron perfectamente los nacionalistas, o los redactores del nuevo Estatuto catalán. ¿Que no se lo creen? Pues lean: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.”(VIII, II, art. 150.2) Y a estas alturas ya hemos visto la generosidad de chicle con la que se puede interpretar esta cautela de la naturaleza susceptible de transferencia.

¿Qué ventaja podría aportar entonces la definición del Estado como federal?: pues precisamente la eliminación radical de esta ambigüedad. El catálogo de competencias exclusivas del Estado (actualmente enumerado en el art. 149) definiría éstas como competencias federales de titularidad indelegable en cualquier caso; a efectos administrativos, el Estado podría delegar la gestión para que, pongamos por caso, una Comunidad Autónoma que deseara invertir más de sus propios recursos en educación, pudiera mejorar los centros educativos, pagar más incentivos a los profesores o cualquier otra medida semejante que no rompiera el principio de que el sistema educativo y el currículo escolar fuera básicamente el mismo en todas las comunidades, al margen de la lengua vehicular en que se impartiera y garantizando el Estado la libertad de elección de aquélla en las comunidades bilingües.

¿Y no se podría conseguir esto mismo sin mentar al dichoso federalismo? Pues quizás, pero hay una última ventaja en su mención expresa que debe tenerse en cuenta. Es esta: proponer un modelo de Estado federal es una propuesta política positiva y proactiva, que no va contra nadie en particular porque propone la igualdad y la viabilidad del Estado común. Va contra la disgregación nacionalista pero no es antinacionalista, del mismo modo en que la laicidad del Estado no va contra las confesiones religiosas legítimas, sino contra su confusión con el Estado mismo. Es, por tanto, una propuesta progresista que no sólo pretende corregir los líos actuales consecuencia de la ambigüedad de modelo competencial de la Constitución del 78, sino proponer un avance y una mejora general en vez de una mera reacción defensiva frente a los excesos actuales. Parece difícil negar la superioridad política de proponer una Constitución del Siglo XXI que el recorte de la vieja Constitución del 78 y de los Estatutos emanados de la misma, que ya amenazan con devorarla como una multitud de saturnos jurídicos… En vez de un recorte y un retroceso, un avance y una ampliación de la igualdad y por tanto de la libertad: ¿no representa una gran ventaja?

Ni gobierno, ni alternativa (por Josep Ramoneda)

JOSEP RAMONEDA (Publicado en El País, aquí)

Una de las principales funciones de la oposición es estar preparada y legitimada a los ojos de la opinión pública para asegurar el relevo cuando el Gobierno desfallezca. El PSOE se lo puso extremadamente fácil a la oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. La opción del Gobierno de meter la tijera en educación e investigación ha arruinado el discurso del cambio de modelo de desarrollo con que Rodríguez Zapatero ha intentado disimular sus errores en la gestión de la crisis económica.

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Una parte importante de la derecha sigue considerando a Aznar el verdadero líder

La decisión de subir los impuestos antes de tiempo, es decir, antes de recuperar el hilo del crecimiento y, además, sin atreverse a tocar los privilegios fiscales de determinadas rentas del capital, daba argumentos para la crítica a todos los bandos del hemiciclo. Por si todo esto no era suficiente, Zapatero justificó el pacto con el Partido Nacionalista Vasco que le garantiza la supervivencia parlamentaria con el argumento de que "esto es política". Ni el más posmoderno de los ideólogos osaría confundir política con el mercadeo de votos. Y, sin embargo, Mariano Rajoy no aprovechó el regalo: se limitó a hacer un ruidoso discurso destinado estrictamente a complacer a los suyos, los que le piden en la calle que sea más macho.

El Gobierno español y el valenciano están viviendo una peculiar situación -ya conocida en el Estado autonómico- en que el desgaste de los Gobiernos pilla a las oposiciones correspondientes enfrascadas en problemas internos que limitan su capacidad para capitalizar las dificultades de los que tienen el poder. La realidad es que el Partido Popular, inmerso en la trama corrupta y en las soterradas pero constantes conspiraciones internas, ve pasar su oportunidad sin fuerzas para dar el salto hacia una victoria segura. La carrera que provocó el pasado viernes el anuncio de José María Aznar de que participaría en la manifestación contra el aborto fue de película de los hermanos Marx. A la media hora, Esperanza Aguirre ya había anunciado también su presencia, sólida contribución a la imagen de liberal que vende la presidenta de la Comunidad de Madrid. E inmediatamente, Mariano Rajoy, como si la aparición del fantasma de su padrino le hubiese provocado un ataque de pánico, ordenó a Dolores de Cospedal que se personara también en la calle. Desde luego, la política obliga a sonoros papelones: ¿qué hacía una mujer como la Cospedal en una manifestación como aquélla?

Y, sin embargo, la manifestación es muy significativa del estado del Partido Popular. Dejemos aparte los ejercicios de cinismo del partido de la derecha, siempre al lado de los obispos, pero intentando que no se note demasiado. La movida del pasado sábado confirma lo que ya sabíamos por movilizaciones anteriores y por el éxito de determinados predicadores: en España hay un sector social difícil de calibrar en números, pero que debe aportar en torno a un tercio de los votos del Partido Popular, que se inscribe en los postulados ideológicos de una cúpula episcopal más cerca del integrismo que del conservadurismo y que cuenta con fuerzas de choque -organizaciones como el Opus Dei o Legionarios- con capacidad de mover a la gente.

Pero, además, ratifica otra idea que es probablemente la que hace temblar a Rajoy: que Aznar es el único dirigente que ha dotado de un proyecto a la derecha española después de la muerte de Franco. Y que él fue capaz de hacer compatible, al modo de los neoconservadores americanos, un capitalismo de casino con un discurso ideológico de sacristía y de odio al llamado progresismo. Una parte importante de la derecha sigue considerándolo el verdadero líder. Por lo demás, aunque los obispos, por orden vaticana, en Roma saben muy bien que es mejor el poder que la coherencia, parecen haber abandonado el intento de crear un partido católico, la conspiración no cesa, y las presiones sobre Rajoy continúan.

Evidentemente, el caso Gürtel es el caldo de cultivo en que las turbulencias internas del PP afloran y dificultan a Rajoy centrar sus esfuerzos en la erosión de un Gobierno desorientado. Pero algo parecido ocurre en Valencia, donde con un Gobierno asediado por la trama corrupta y un partido dividido en dos, la oposición ni está ni se le espera. Tal es la impotencia de los socialistas valencianos que, en vez de hacer un poco de política para que la gente les reconozca como alternativa, no se les ocurre otra cosa que querellarse contra Camps. La judicialización de la batalla política es casi siempre el recurso del débil. Del que no se siente capaz de ganar la batalla en el terreno que le corresponde: el político.

Las ventajas del federalismo (II) (por Carlos Martínez Gorriarán)

Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Comunicación y Programa de UPyD (Publicado en UPyD, aquí)

Una de las objeciones contra la adopción del modelo federal es de tipo histórico, o mejor dicho, historicista: se alega que los Estados federales habrían nacido de entidades soberanas preexistentes que habrían ido cediendo soberanía a un Estado nuevo,al que pasan a incorporarse. Como la historia de España sería muy otra, el nuestro no podría llegar a ser un Estado federal. Objeción muy académica, pero veamos qué consistencia tiene.

Es cierto que los Estados federales suelen justificarse como surgidos de entidades políticas anteriores: así, los Estados Unidos de las famosas 13 colonias de norteamérica que se rebelan contra la soberanía británica (todas salvo Canadá). O Alemania, unificada en el siglo XIX pero con una larga historia estatal que se remonta al Sacro Imperio Romano-Germánico medieval (el I Reich). Sin embargo, es bastante dudoso que esa “cesión de soberanía” haya sido tal. Las colonias norteamericanas no se declararon independientes del Imperio británico cada una por su lado para después federarse en un acto formal, sino que los Estados Unidos surgieron de la revolución y la guerra. Es verdad que alguna colonia, como Virginia, se adelantó a proclamar la independencia y aprobar su propia Constitución (1776) antes de aprobar la federal (1788), pero ese no fue el caso de todas las colonias rebeldes. Tras la independencia y la Guerra de Secesión –que dejó claro que la soberanía radicaba en los Estados Unidos, no en sus partes- se fueron creando nuevos Estados, hasta cincuenta, sin pasar previa y obligadamente por la independencia –con la legendaria excepción de Texas-, lo que aconseja no tomar muy en serio la “cesión” de soberanía como sistema constitucional.

Respecto a Alemania, hace falta mucho amor a la leyenda para aceptar que los viejos estados alemanes de origen medieval cedieron voluntariamente su soberanía a una Alemania federal imaginaria: fue Prusia la que impuso la unificación a los demás tras derrotar a Austria en la lucha por la supremacía germánica. Y lo que nació en 1871 fue un Reich (o Imperio), el segundo, no un Estado federal, que debe esperar a la República Federal Alemana, surgida de los escombros del III Reich y de la voluntad aliada.

Es sumamente difícil encontrar en la historia fáctica un auténtico proceso de cesión voluntaria y pacífica de soberanía, de carácter democrático, a una entidad superior: lo más parecido es la construcción de la Unión Europea, hoy en un complicado atasco. Sin embargo, hay muchas entidades federales o que dicen serlo aunque sean dudosas, como Rusia o Venezuela, e incluso hay “confederaciones”, como Suiza, que en la práctica son plenamente federales.

Respecto a la supuesta incompatibilidad de la historia española, no sabría a qué atribuirla en el caso de que fuera determinante: la formación del Estado unitario español fue muy lenta y muy ambigua, y hasta las Cortes de Cádiz de 1812 no se puede hablar con propiedad de una nación española; lo que había era una suma de coronas o reinos autónomos que compartían rey y gobierno, separados por fronteras interiores, con distintos sistemas legales (con restos en el Derecho Civil actual) e instituciones variopintas (que subsisten en el País Vasco y Navarra: las diputaciones y los Conciertos económicos). Así que si alguien quiere invocar la historia de España como caso de unión paulatina y más o menos voluntaria –aunque poco pacífica- de soberanías preexistentes, puede hacerlo si lo considera imprescindible para defender la federación española.

Lo que ocurre es que desde una perspectiva democrática esto no tiene la menor importancia. El constitucionalismo ilustrado o liberal parte del principio de que quienes se federan, porque aceptan una autoridad superior, son los ciudadanos, no los Estados ni los territorios. En la emotiva y paquidérmica historia de la Revolución Francesa escrita por Jules Michelet, se subraya con fervor que una de las primeras decisiones de la Asamblea Constituyente fue abolir las divisiones internas del Reino de Francia para constituir un Estado unitario por decisión de los representantes de los nuevos ciudadanos franceses, pues entendían que sin Estado unitario no habría libertad política ni igualdad jurídica. Fueron pues los ciudadanos los que deciden federarse entre ellos, no los territorios del antiguo régimen; y en el caso de Francia en un modelo muy centralizado al que los franceses se han mantenido muy adictos.

Por lo tanto, el argumento historicista de la legendaria “cesión de soberanía” no refuerza ni debilita la opción federal. En cualquier caso, el pasado no puede determinar el presente. Si una mayoría suficiente de ciudadanos españoles considerara mejor la opción federal que el actual, caótico y centrífugo “Estado de las Autonomías”, bastaría con esa decisión para darle rango constitucional, hubiera existido o no un proceso histórico como el que se atribuye a los entes federales. En definitiva, no estamos atados a la historia, sino a nuestra capacidad para cambiar el presente con libertad. O a nuestra incapacidad, que es mucho peor.

Rosa Díez: “Ustedes extienden el cheque y los españoles pagamos la factura”

(Publicado en UPyD, aquí)

La diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, defendió esta tarde su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del 2010 porque “no tienen otro objetivo que mantener al Gobierno en el poder, presumen de aumentar el gasto social cuando éste refleja la hecatombe social y económica que sufrimos, no se plantea reforzar la lucha contra el fraude y, lo peor, es que son unas cuentas propias de un Estado residual en el que el Ejecutivo cada vez tiene menos instrumentos para intervenir.

 

La diputada instó al Gobierno a acometer una reforma estructural del Estado de las Autonomías y la elaboración de un plan de sostenibilidad de las finanzas públicasque vincule a todas las administraciones ya que, a su juicio, el actual modelo económico y político es insostenible: “en lo económico, sólo puede durar mientras sea posible seguir endeudándose y, en lo político, está a punto de convertirse en inviable. Es hora de que blindemos lo común y no los privilegios o las prebendas”.

 

 

Martes, 20 de octubre.- Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, justificó su decisión de pedir la devolución del proyecto de Presupuestos al Gobierno porque recortan las inversiones estratégicas e incrementan los gastos superfluos. A su juicio, los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante del año, son por segundo año consecutivo, unos Presupuestos diseñados para disimular la realidad y gobernar en su contra. “Ustedes se empecinan en los errores que señalamos desde esta misma tribuna el año pasado, manteniendo una política que ha convertido a España en la única economía de las quince más importantes del mundo que seguirá en recesión en 2010”. Y, sin embargo, señaló, lo más preocupante “es que muestran con toda nitidez la fotografía de un Estado residual, que avanza en su desmantelamiento, y configura un modelo de país insostenible desde el punto de vista de la cohesión, la competitividad y la igualdad de todos los españoles”.

La diputada subrayó que las previsiones de ingresos y gastos son una pura falsificación de la realidad y puso como ejemplo cómo en las cuentas del Ejecutivo se prevé que el PIB seguirá cayendo durante el 2010 un 0,3% mientras que los organismos internacionales y los analistas independientes cifran la caída en el 0,7% o cómo el Gobierno asume que se destruirán 303.000 empleos mientras Eurostat cifra el paro en España en 4.300.000, que es la tasa que el Gobierno estima para dentro de un año. “Dada la desvertebración de nuestro país, si estas cuentas fueran realistas apenas servirían para repartir los restos del naufragio. Ni siquiera nos queda ese consuelo: el barco se hunde con un capitán al que no se le ocurre otra estrategia que pasar la fregona por la cubierta”, afirmó.

Desenmascarada la falsificación de los datos macroeconómicos, Díez analizó la partida de gastos del Gobierno. Según la diputada, a pesar de la reiterada calificación de austeridad, los presupuestos incrementan los gastos superfluos y recortan las inversiones estratégicas. Así,el gasto, comparado con lo presupuestado en 2009, se incrementa en un 17,3%, por mucho que lo maquillen. Y, sin embargo, el Gobierno presume del incremento del gasto social, que sólo refleja la magnitud de la hecatombe social y económica que estamos sufriendo. “Esta partida, que representa alrededor del 3,8% del PIB, es consecuencia del fracaso de la política del Gobierno que ha convertido a España en el líder de Europa en destrucción de empleo. Esto no es política social, son gastos sociales que destinamos a paliar las consecuencias negativas del fracaso de su política económica. Pero, claro, no podemos olvidar que ustedes pasaron de prometer el pleno empleo a prometer la cobertura del desempleo, como si la protección del desempleo fuera un regalo de Zapatero y no un derecho de los trabajadores”, afirmó.

“El Gobierno se las ha arreglado para gastar lo poco que queda de la peor manera posible", censuró Díez, quien advirtió de que mientras afirman que van a promover un nuevo modelo económico basado en el conocimiento y la sostenibilidad, el Presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología se reduce en un -15%; mientras el Ministro de Educación proclama la necesidad de sacar a nuestro país del fracaso educativo con un gran pacto de Estado las CCAA siguen controlando el 95% del gasto educativo y, mientras proclaman que hemos de exportar más a nuestros vecinos para que nos saquen de la recesión, recortan el presupuesto del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en un -17,8%”.

La diputada también llamó la atención sobre la necesidad de emprender  reformas estructurales urgentes en el sector de la vivienda, aunque el gobierno no parece haberse enterado. “La cosa está así: los ciudadanos no compran pisos porque son caros y los bancos -que se han convertido en la primera inmobiliaria de España-, no los venden porque pierden dinero respecto al valor de las hipotecas. “Caminamos hacia la economía del conocimiento manteniendo las políticas más caducas, recortando todas las inversiones estratégicas e incrementando todos los gastos superfluos. Le reconozco que es de nota, Sra. Vicepresidenta”.

En esta situación, según Díez, el Gobierno no utiliza la política fiscal como un instrumento para intervenir en la economía de manera anticíclica. “Presumen de tomar medidas coyunturales y temporales que, a la vista del mercadeo y de la total ausencia de límites con los que se comporta el Ejecutivo y del Grupo Socialista, pueden terminar siendo, además, contradictorias”, apuntó.

A este respecto, afirmó, el gobierno bajó los impuestos durante los años de crecimiento, echando más leña al fuego de la burbuja especulativa y, ahora, en mitad de una grave recesión, se ven forzados a subirlos para pagar los pufos y tapar las vías de agua que ha abierto su política irresponsable e improvisada. “La subida impositiva es claramente regresiva. La subida del IVA reducido grava el consumo de las familias, afectando más a las más pobres, que consumen prácticamente todos sus ingresos. A eso le llaman ustedes gravar a ‘los más ricos’. ¿Utilizar el transporte público, salir a comer a un restaurante, comprase unas gafas, comer algo más que legumbres y verduras les parece a ustedes propio de ricos?”

Otra grave deficiencia de estos Presupuestos, apuntó Díez, es que ni se plantean reforzar la lucha contra el fraude. “Resulta vergonzoso que sean los propios Inspectores de Hacienda los que hayan tenido que proponer un plan antifraude que recaudaría 100.000 millones de euros, diez veces más que los cálculos más optimistas de la subida fiscal”.

Además, el nuevo modelo de financiación autonómica multiplica por diecisiete las posibilidades de fraude fiscal, como se deduce de las palabras del pronunciadas por el Director General de Tributos, Jesús Gascón, en el Congreso de Inspectores del Estado que afirmó que “el nuevo modelo (al que comparó con una especie de baobá, un árbol deforme, con muchas ramas de un lado para otro, sin orden ni concierto y sin tronco) obstruirá el control del IRPF”.

Otro síntoma del fracaso de la política del Gobierno está en la partida de pago de intereses por la deuda pública, que representa el 2,21 del PIB para el año 2010. Así, la diputada auguró que la avalancha de deuda a emitir para financiar el déficit va a mermar y encarecer el crédito disponible para empresas y familias y el superávit de la Seguridad Social -que compensaba el déficit de otras administraciones-, está a punto de desaparecer para no volver, dado el envejecimiento de la población y la incapacidad del Gobierno para tomar decisiones que garanticen su futuro. Los expertos calculan que cada español carga con una deuda de 87.000 euros por cabeza. “Para que usted me entienda: una familia como la suya, de cuatro miembros, tiene, gracias a la política que ustedes practican, una deuda de 348.000 euros: un tercio más (146.000 euros) que el patrimonio que usted declara haber acumulado a lo largo de su vida. Como siempre, ustedes rompen los platos y nosotros pagamos la vajilla; ustedes extienden el cheque -a cambio de ocho votos de los nacionalistas canarios y vascos- y nosotros, el conjunto de los españoles, pagamos la factura”.

Pero para Díez, “lo peor” del proyecto del Gobierno es que se trata de las cuentas públicas de un "Estado residual" en el que el Ejecutivo cada vez tiene menos instrumentos para intervenir en política económica. “La mayor parte del gasto son transferencias obligatorias en las que el Estado sólo hace de intermediario entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos que son quienes gastan y deciden en qué lo hacen. Esto no ha ocurrido por obligación. El Estado ha quedado reducido a la impotencia por las cesiones de los grandes partidos (PSOE y PP) a unas muy reducidas minorías nacionalistas, cuyos votos necesitaban para poder mantenerse en el poder: seis votos nacionalistas vascos valen más para los socialistas que la igualdad de todos los españoles”.

Este proceso autodestructivo del Estado, iniciado hace décadas, ha sido llevado a sus últimos extremos bajo el mandato del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, que sigue en la dirección del desmantelamiento progresivo, pese al escaso camino que falta por recorrer. Sirva como ejemplo la Reforma de la Financiación Autonómica recientemente aprobada que concederá –en medio de una situación presupuestaria insostenible- 11 000 millones de euros adicionales a las Comunidades, que incrementa su participación en los impuestos y disminuye la mermada capacidad fiscal de la Administración del Estado.

Este sistema de financiación de las CCAA genera, además, un incentivo perverso, según Díez, ya que las partidas de inversiones para cumplir con los nuevos Estatutos: 670 por el catalán, 300 por el de Baleares y 150 por el de Castilla y León determinan unilateralmente cómo ha de usarse el dinero común. Por el contrario, el Fondo de Compensación Interterritorial, contemplado en la Constitución como instrumento para reducir las desigualdades regionales, se dota únicamente con 1 206 millones, un 9.46% menos que en 2009. “Queda claro que el Estado, como instrumento que garantice la igualdad de todos los españoles, ha dejado de interesar a la mayoría de esta Cámara”.

No somos los únicos que creemos que la dirección correcta es justamente la contraria a la que se sigue. Edward Presccott, Premio Nobel de Economía en 2004, declaró hace apenas quince días en Sevilla que Zapatero hace “todo lo contrario de lo que debiera hacer”. La única solución, afirmó, es la reforma estructural de la política española,  reformar el llamado “Estado de las Autonomías” y elaborar un plan de sostenibilidad de las finanzas públicasque vincule a todas las administraciones, pues es imposible controlar el gasto público, el déficit o la deuda sin involucrar a las administraciones regionales, que es lo que está ocurriendo.

El actual modelo económico y político es insostenible ya que, valoró,  en lo económico sólo puede durar mientras sea posible seguir endeudándose y, en lo político, está a punto de convertirse en inviable. “Aún tenemos la oportunidad de tomar la decisión de reformarlo. Es hora de que blindemos lo común y no, como hasta ahora, los privilegios o las prebendas”.

En resumen, finalizó, estos Presupuestos son una oportunidad perdida para hacer frente a la crisis. “Ni son austeros, ni reequilibran las cuentas públicas, confunden las medidas paliativas de las consecuencias de la crisis con las soluciones que afectan a sus causas y carecen de un proyecto global de política presupuestaria. Tampoco impulsa las reformas estructurales que necesita la economía española que no tienen por qué ser costosas, pero sí requieren una clara orientación política que brilla por su ausencia en unos presupuestos que no tienen otro objetivo que mantener al Gobierno en el poder. Por tanto, si estos Presupuestos se aprueban habremos dado un nuevo paso hacia el estado residual. Ustedes, los socialistas, habrán comprado los apoyos necesarios con el dinero de todos los españoles y a costa del interés general. Razón más que suficiente para que merezcan el rechazo más rotundo de Unión Progreso y Democracia”.

Las ventajas del federalismo (I) (por Carlos Martínez Gorriarán)

Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Comunicación y Programa, (Publicado en UPyD, aquí)

Algunos compañeros del partido (y no me refiero a los cuatro gatos lunáticos., mercenarios o resentidos del “quítate tú para ponerme yo porque en eso consiste la democracia”) dicen estar totalmente en contra de la propuesta de reformar la Constitución para convertir España en lo que se conoce como un Estado federal cooperativo. Bastantes más muestran numerosas reticencias y reservas hacia la idea. Para eso haremos un Congreso, y lo mejor que podría pasarnos es que el debate político sirviera no tanto para ver quién “gana” o “pierde” cuando se vote la Ponencia Política, sino sobre todo para profundizar en el proyecto que proponemos a los ciudadanos, que es lo único importante.

Aunque no creo en las panaceas ni en las soluciones milagrosas a los problemas de la democracia –el federalismo tiene muchas ventajas, pero sin duda sus propios inconvenientes-, sí soy partidario ferviente del principio de llamar a las cosas por su nombre, y por eso apoyo la idea de que la Constitución española reformada que propugnamos pase a ser una Constitución Federal. Porque un Estado unitario descentralizado fuerte, con un núcleo de competencias centrales que no se delegan a las comunidades autónomas, donde todas éstas tengan las mismas competencias y capacidad legislativa, y donde en caso de conflicto la ley estatal (y las instituciones comunes) tenga la primacía sobre la autonómica, no es otra cosa que un Estado Federal. Aunque algunos no lo sepan: les pasa como al personaje de Molière, el Burgués Gentilhombre que se sorprende al enterarse por su profesor de que lleva toda la vida hablando en prosa sin saberlo… Pues bien, quienes defienden que España sea un Estado con competencias indelegables en educación, sanidad, fiscalidad o medio ambiente, donde todas las comunidades autónomas sean iguales, sin privilegios ni agravios, están defendiendo una concepción federal del Estado. Otra cosa es que no les guste la palabra.

Las objeciones contra la idea de Estado federal son de varios tipos:

1 – Las partidarias de un Estado unitario centralista, sin comunidades autónomas o de competencias mínimas (más bien estilo Diputación provincial).

2 – Las partidarias de una estructura de Estado como la actual, pero con devolución al Estado de algunas competencias ahora en manos de las comunidades, igualando a todas ellas.

3 – Los que consideran que el Estado federal nace de la delegación de soberanía de los entes federados al órgano federal, lo que no puede ser el caso de España.

4 – Las de quienes creen que el federalismo es una concesión a los nacionalistas y/o un concepto politológico de izquierdas, poco transversal o que ataca a la derecha.

Me propongo comentar estas objeciones teóricas en este blog y en los próximos. Comencemos por la última: que el federalismo es de izquierdas y una concesión a los nacionalistas.

La verdad es que es la refutación más fácil, porque se trata de un mero prejuicio. Confunde la tradición española de la izquierda federal –que se remonta al cantonalismo decimonónico y al anarquismo de la FAI- con el significado de federalismo como concepto universal. Para quienes padecen esta confusión, lo federal huele a Cantón de Cartagena, a Buenaventura Durruti y CNT y, ¡horror!, al Comité Federal del PSOE o al estrafalario “federalismo asimétrico” de Maragall. Pero, ¿era de izquierdas Abraham Lincoln, o lo es ahora el Partido Republicano de Estados Unidos? Naturalmente que no, y sin embargo Lincoln y los republicanos fueron los defensores de la Unión Federal frente a las tendencias centrífugas y particularistas que estallaron en la Guerra de Secesión. ¿Son de izquierdas Angela Merckel y la CDU, que han conseguido reforzar –con apoyo del SPD y demás partidos- los poderes federales del Estado alemán a costa de las competencias de los Lander, para hacer frente en mejores condiciones a los formidables retos del presente?

Respecto a que el Estado federal sea una concesión a los nacionalismos, nada menos cierto. Más bien lo contrario: si España fuera un Estado federal, no habríamos asistido al bochornoso espectáculo del blindaje del Concierto Económico vasco, y un Estatuto como el de Cataluña, que instaura la relación bilateral Estado-Cataluña, sería tan impensable como una ley que aprobara el trabajo esclavo o la violencia en las parejas. En una España federal, Euskadi o Cataluña tendrían, por supuesto, su lengua particular cooficial y sus instituciones tradicionales –la Generalitat se seguiría llamando así, y el árbol de Guernica seguiría creciendo ante su templete clasicista-, pero no tendrían privilegios o más competencias y capacidad de legislar que Madrid o Andalucía. Y cuando una familia española o emigrante se trasladara de una comunidad a otra, los niños no se enfrentarían a un sistema educativo diferente, ni los padres a un idioma desconocido y una administración exótica que los trataría como a extranjeros o peor. Al contrario, el sistema educativo sería el mismo en todos las comunidades porque sería un sistema federal, con las diferencias lógicas de bilingüismo optativo en las comunidades bilingües y de pequeños cambios idiosincrásicos como la enseñanza del flamenco en Andalucía o del noucentisme en Cataluña.

Esta es la situación que los nacionalistas temen, porque desmontaría todos sus argumentos victimistas y obligaría a poner de manifiesto su verdadero interés: disponer de un territorio propio donde desplegar su maquinaria de poder político y control social. Porque si fuera posible estudiar en catalán en Cataluña pero sin erradicar el castellano como lengua vehicular optativa; si fuera posible pagar los mismos impuestos y recibir los mismos servicios en el País Vasco y Madrid, ¿qué razones podrían invocar los nacionalistas para justificar su exigencia de más desigualdad y menos libertad personal en sus dominios? Por esa razón el Estado federal es, a la vez, temido y despreciado por los nacionalistas. Desde 1977 llevan a cabo una ofensiva exitosa para que España sea lo menos parecido no a un Estado centralizado como Francia –nunca lo ha sido-, sino a un Estado federal que funcione como Alemania, que es el espejo en el que nos conviene mirarnos. No se engañen: ni a Carod Rovira, ni a Iñigo Urkullu, ni a Miguel Sanz, les interesa lo más mínimo ese Estado Federal cooperativo. A la izquierda oficial y a la derecha confederada del PP tampoco, por razones oportunistas y porque se han adaptado a manejar las cosas al estilo nacionalista, como está probando la crisis del caso Gürtel. Por si fuera poco, el tipo de Constitución que proponemos se llama así en cualquier manual de teoría política: Constitución Federal. ¿Por qué someterse a los prejuicios o a la mala información en vez de optar por llamar a las cosas por su nombre? Esta también es una exigencia importante para la regeneración de la democracia española.

EL PSOE TIRA LOS PRECIOS DE LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD (por Rosa Díez)

Rosa Díez, Portavoz de UPyD (Publicado en UPyD, aquí)

Ya está: la igualdad de todos los españoles ha sido vendida por seis votos. Ese es el precio que ha puesto el PNV al PSOE para apoyar unos Presupuestos del Estado Residual que el propio portavoz nacionalista calificó como negativos para encarar la crisis. Y esta es la mercancía -la igualdad de todos los españoles, el interés general, la cohesión, la unidad de mercado, la seguridad jurídica-- que los socialistas han estado dispuestos a canjear a cambio de esos seis votos nacionalistas. Seis votos en el Congreso de los Diputados que tienen tras de sí a menos ciudadanos que los que hicieron posible que UPyD tenga una Diputada Nacional. Fíjense si es importante mantener esta Ley Electoral injusta; una ley electoral que le permite al PSOE sacar dos ventajas a la vez: verse primado a la hora de obtener un escaño (poco más de cincuenta mil votos necesitó para ello) y poder chalanear con los nacionalistas, que también fueron primados por la misma Ley (menos votos que nosotros, seis diputados frente a uno).

Resulta  tan obsceno el proceso negociador y la conclusión y consecuencias del mismo que si este país tuviera suficiente cuajo y fibra democrática hubiera sido imposible que llegaran a hacerlo. Porque no es sólo que el Congreso de los Diputados se haya convertido en un mercado persa en el que todo se compra y se vende; en el que da igual qué se vota con tal de no perder una votación; en el que lo que se dice y lo que se hace es completamente contradictorio. La cosa es más grave: en el mercado persa, además de venderse la igualdad a precio de saldo, se ha consolidado una alianza perversa entre los que no creen en la necesidad del Estado Nacional y los que tendrían la obligación de defenderlo. Porque esas y no otras son las consecuencias del pacto entre PSOE y PNV: blindar leyes injustas (para que escapen del control de los jueces ordinarios y para que no puedan ser recurridas ni por CCAA, ni por los sindicatos, ni por las asociaciones empresariales); o sea, el PSOE renuncia  a defender el interés general y modifica las leyes para que otros tampoco puedan defenderlo.

Sólo en España puede salirle gratis al partido que gobierna ceder a un chantaje similar que pone en riesgo el ordenamiento constitucional y democrático. El PSOE --que hace mucho tiempo que ha perdido el sentido de estado y el sentido de los límites-- está tranquilo y piensa que electoralmente no pagarán precio alguno. Se fija en lo que pasa en el PP, en sus escándalos, en su incapacidad para la actuación regeneradora, en el complejo con el que actúa (no hay más que recordar que el PP vasco vino a las Cortes a defender el blindaje) y concluye que con esta oposición mayoritaria no tiene por que preocuparse. Además, y por si fuera poco, el PSOE recuerda lo que pasó en la legislatura anterior: dividió a España entre dos con su proceso negociador con los asesinos de ETA, rompió todos los pactos de estado, humilló alas víctimas del terrorismo y a todos los que defendían la derrota de ETA frente a las cesiones políticas, y volvió a ganar las elecciones.

En el PSOE piensan que no deben  cambiar de estrategia porque les vaya mal a otros. Piensan que tienen impunidad, que la gente siempre les disculpará frente a esta derecha  a la que cada día descalifican por ultra y por incapaz. En el PSOE tienen muy mala opinión de los ciudadanos; consideran que nadie se va a movilizar por defender los valores positivos; consideran que la porquería, el insulto, la descalificación, resultan  rentables desde el punto de vista electoral para la izquierda. En el PSOE piensan que nadie se dará cuenta que han pactado la ley más importante del año con un partido político al que España le importa un bledo; en el PSOE piensan que nadie se percatará de que han pactado la ley de la que dependerán las políticas sanitarias, educativas, fiscales, de vivienda..., con un partido que hoy está en la calle defendiendo a Batasuna/ETA y descalificando la actuación del Estado en la persecución de los cómplices de ETA. En el PSOE piensan que a ellos sí que les permiten los ciudadanos estar en misa y repicando.

Lo triste es que a lo peor tienen razón en el PSOE. A lo peor los ciudadanos lo único  que quieren es que --como suele decir Fernando Savater-- les dejen en paz. A lo peor tiene razón el PSOE y, escándalo tras escándalo, convenientemente adobado y divulgado, consiguen que sólo vayan a votar los más hooligans de los de cada bando. A lo peor es cierto que el desestimiento crece y que cada vez es más raro encontrar a alguien dispuesto a opinar por sí mismo, dispuesto a tomar libremente sus decisiones. A lo peor tienen razón en el PSOE y no hay apenas nadie que sea consciente de que "el fascismo es lo que ocurre cuando dejamos de prestar atención", en feliz expresión de Viggo Mortensen. Porque, sin llegar tan lejos, lo que sí es claro es que cuando los ciudadanos dejamos de prestar atención por la política llegan a las instituciones políticos que dejan de prestar atención a los legítimos derechos de los ciudadanos.

A lo peor tiene razón los del PSOE. A lo peor es cierto que la gente perdona actitudes tan claramente contrarias al sentido del decoro como ese pacto que han hecho con los nacionalistas vascos; con estos que no han tardado ni un minuto en poner en práctica el viejo dicho de "Toma el dinero y corre". Y han corrido, ya lo creo; han corrido al monte a defender, junto a la llamada izquierda abertzale, (esa que los tribunales determinaron que formaba parte de la banda terrorista era ETA) la libertad de los últimos detenidos acusados de estar montando una nueva organización al servicio de ETA. Una vez más, los nacionalistas que pactan con el PSOE han demostrado la fidelidad a sus costumbres: primero, los nuestros; después, el estado de derecho. A lo peor el PSOE tiene razón al creer  los españoles se olvidarán de lo que los socialistas han hecho en el Congreso de los Diputados en cuanto escuchen a Rubalcaba criticar al PNV por "salir a la calle" a "defender la estrategia de los que apoyan a ETA". A lo peor tiene razón el PSOE y los ciudadanos, en vez de castigarles por su impostura, les dan un premio por ser los más frikis del año.

Seguro que los que han pactado con el PSOE se van a encontrar en el monte con los que desde cuarenta y tres ayuntamientos vascos y navarros  siguen las instrucciones de esa banda de la que los tribunales determinaron que forman parte. Quizá les den noticias de que lo suyo va bien, de que el gobierno de Rodríguez Zapatero no va a utilizar las leyes en vigor para devolver la dignidad a los consistorios desde los que gobiernan. Quizá les cuenten lo que otros no sabemos pero intuimos. Aunque quizá eso que intuimos no forme parte del pacto. A lo mejor en eso (en lo de mantener a los titulares de partidos políticos que integran el entramado de ETA al frente de los municipios) es el PSOE el que ha tomado la iniciativa.

Pero bueno, a lo mejor el PSOE se equivoca. A lo mejor hay suficientes ciudadanos que no están dispuestos a perdonar esta nueva felonía.

felonía. (De felón).

1. f. Deslealtad, traición, acción fea.

Pues eso. Ahí están los socios del PSOE en alegre biribilketa manifestándose por san Sebastián con los dirigentes de Batasuna; ahí están  los que salvan los presupuestos de Zapatero, blindando con Batasuna la libertad de los terroristas a cambio de la igualdad de todos los españoles. Ahí están, disfrutando de toda la impunidad y de todo el amparo que les da la izquierda oficial, la socialdemocracia ambidiestra que nos gobierna. De veras, qué vergüenza.

Seis moralejas del caso Gürtel (por David Ortega)

David Ortega Gutiérrez (Publicado en El Imparcial, aquí)

Más allá de lo que a diario informan los periódicos del denominado caso Gürtel, cada uno por cierto desde sus propias simpatías o antipatías lo cual en determinados grados daña seriamente el importantísimo, en democracia, derecho a la información -art. 20.1.d) CE-, creo que al ciudadano le interesa algunas reflexiones de fondo sobre lo que está pasando estos últimos años con la política española, siendo el caso Gürtel un reflejo más de un problema lamentablemente de mayor calado. Las podríamos resumir en las siguientes seis moralejas:

1. Después de más de tres décadas de vivencia democrática en España, los partidos políticos tradicionales están dando claros síntomas de agotamiento en su funcionamiento y estructuras. De ello son muestra evidente los múltiples casos de escándalo con que cada semana nos sorprende uno u otro partido.

2. Aunque el ciudadano español percibe esto, las encuestas del CIS así lo demuestran (los políticos son considerados por los españoles como uno de los principales problemas que tenemos junto con la crisis, el terrorismo o la vivienda), a veces su excesiva ideologización hace que si es votante del PSOE vea en el PP todos los males aumentados, sin percibir las claras corrupciones en su partido, e igualmente sucede en el votante del PP respecto del PSOE.

3. Esta realidad de la miopía de las conocidas dos Españas es muy hábilmente manejada por ambos partidos, que tienen prácticamente preso a su electorado, pues a nivel nacional o votas PSOE o votas PP.

4. Este hecho tiene como consecuencia que ambos partidos navegan a sus anchas, ya que en el fondo saben que, hagan lo que hagan, ya lo estamos viendo, aplican el discurso de que el otro (PSOE o PP) es peor y ya está, pues su electorado más ideologizado vota más antiotro que por la ilusión que su partido le genere, todo ello hábilmente encauzado por los correlativos medios de comunicación afines a uno u otro partido, que se encargan del resto.

5. Este monopolio de la política española en manos exclusivas del PSOE y del PP y de sus medios afines, está haciendo un daño enorme a nuestra joven democracia y cada vez son más los ciudadanos que están hartos y cansados de tanta tomadura de pelo en nuestra vida pública. Tanto es el descaro del PSOE y del PP que a veces no tienen el más mínimo respeto por las Instituciones o los principales poderes públicos, pues dentro de su encarnizado enfrentamiento -con un nivel bajísimo de actitud democrática- se llevan por delante (deterioran pues) instituciones tan importantes en democracia como el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Fiscal General del Estado o incluso los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

6. Ante esta descripción de la realidad que estimo bastante aproximada, tan sólo tenemos tres alternativas: a) Hacer algo muy propio del pueblo español que es protestar mucho y no hacer nada, por tanto, que las cosas sigan como están; b) Esperar algún cambio o evolución por parte del PSOE y del PP, sería algo ciertamente deseable pero que, hoy por hoy siendo realistas, no se percibe ningún atisbo de cambio o mejora, todo lo contrario; y c) Ponernos manos a la obra, no esperar a que nadie haga los deberes por nosotros, hacer democracia desde la sociedad civil, superar con trabajo, inteligencia, generosidad y perseverancia todos los obstáculos que sin duda nos van a poner y tratar de mejorar la actual situación.

Concluyo, hoy por hoy, únicamente Unión, Progreso y Democracia (UPyD) está trabajando en la línea correcta, con tesón, seriedad y una enorme generosidad frente a unas dificultades ciertamente enormes. Si no queremos más Gürtel o similares, es importante dar oportunidades a quien intenta traer aire fresco y abandonar partidos tradicionales que se muestran claramente inoperantes y carcomidos para el buen desarrollo de la democracia española. Sé que a los votantes fieles de los partidos tradicionales esto les costará, pero será cuestión de tiempo que poco a poco vayan abriendo los ojos y asumiendo la realidad política que tenemos, por cruda que ésta sea, y traten de actuar en consecuencia para, al menos, intentar cambiar las cosas.