Alternativa General para el Progreso de Cuenca

Rosa Díez: «Defiendo la unidad de España no como un sentimiento, sino como garantía de igualdad»

«El PSOE y el PP nos vetan porque tienen miedo de un discurso con el que mucha gente está de acuerdo»

L. M. A. (Publicado en La Nueva España, aquí)

Rosa Díez, ayer, en La Granda. ricardo solís

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ROSA DÍEZ Diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD)



La diputada Rosa Díez maneja un mensaje eficaz apoyado en el regeneracionismo político. Repite unas cuantas ideas claras y cada vez que esto ocurre es como si lo hiciera con mayor convicción. Líder de UPyD, el partido emergente en las últimas legislativas, su perfil es el de una heterodoxa de izquierdas rodeada de liberales de aquellos de la Constitución de Cádiz, como ella misma dice. Díez habló en La Granda de la novedad del discurso de UPyD frente a los tradicionales de la política española.

-En España hacía falta un partido para defender el Estado, entendiendo un estado fuerte con capacidad para garantizar la igualdad y la cohesión. Un partido nuevo para una sociedad distinta, dispuesto a realizar las reformas profundas que se requieren y no se atreven a hacer los partidos tradicionales.

-¿La regeneración democrática es la gran asignatura pendiente?

-Una de ellas. Con las estructuras tradicionales somos incapaces de regenerar la democracia ¿Qué es regenerar la democracia? Fundamentalmente es devolverle a los ciudadanos el control sobre la política. Los grandes partidos se oponen a ello. El ejemplo lo tenemos en el acuerdo a que han llegado Rajoy y Zapatero sobre la justicia. Llaman pacto por la justicia a repartirse el poder, a controlar el sistema judicial. A enterrar a Montesquieu.

-Algunas de las medidas requieren reformas constitucionales, otras son de tipo electoral...

-Sí, en el caso del Tribunal Constitucional significa un cambio en la Constitución. Habría que elegir hasta quince miembros para que el voto del presidente no sea decisivo y cambiar el sistema de elección para que, de facto, sus miembros no sean representantes de los partidos. Hay que modificar la ley electoral para que los cargos públicos, especialmente los alcaldes, no se puedan nombrar en un despacho tras las elecciones; y, también, establecer la duración de los mandatos para que no se perpetúen.

-¿Listas abiertas?

-Por supuesto hay que ir a listas abiertas. Ahora bien, para que las listas abiertas no bloqueadas sean un instrumento democrático hay que democratizar primero los partidos. Los que aspiran a los cargos en los partidos deben ser votados no sólo por los militante, sino también por los simpatizantes. Hablo de primarias.

-Con planteamientos tan contrarios a la partitocracia, supongo que no se asombrará de que le hagan la pinza el PSOE y el PP ¿Existe esa pinza?

-Tienen miedo, porque saben que este discurso es muy poderoso aunque venga de una persona pequeñita. Hay muchísima gente que está de acuerdo. Y si le llega a la gente la posibilidad de cambiar las cosas, las cosas pueden cambiar. Nosotros no venimos a generar una demanda de la sociedad, sino a responder a ella. Hay muchos españoles que se sienten divorciados de la política pero que, en el fondo, no quieren divorciarse. A mí se me ha vetado en Telemadrid, a propuesta del PSOE y con el apoyo del PP. En TVE no me han vetado en un despacho, pero no me llaman nunca ni se ocupan de nosotros.

-A pesar de su experiencia , ¿siente en estos momentos soledad parlamentaria?

-No. Lo mejor para sentirte bien en tu piel es poder defender con libertad las cosas en que una cree. Sé que no puedo sacar adelante iniciativas, pero mi trabajo es el discurso y la pedagogía. El parlamento funcionaría igual con siete personas ya que todos van con el voto cerrado. Nadie escucha a nadie.

-Una vez, hace ya tiempo y hablando de Nicolás Redondo Terreros, me dijo Alejo Vidal-Quadras que el PP había sido más generoso con los suyos que el PSOE con los de él. Después de lo de María San Gil, ¿habría que replanteárselo?

-A María no la podían comprar con nada. Lo suyo es muy descriptivo de lo que es una discrepancia de fondo. Ella discrepa sin precio. No había nada que darle, nada pedía. En el caso de María San Gil, además de rigor, hay un ejemplo de entrega personal.

-Rosa Díez representa una opción progresista que defiende la unidad de España. A ciertos progres de este país, eso les parece contradictorio...

-No hay nada más progresista, entendiendo el progresismo como la defensa del desarrollo humano, que la igualdad. Y no es posible la igualdad y la equidad sin defender al Estado español. Para nosotros la unidad española no es un elemento sentimental, sino la única manera de garantizar la igualdad. Lo que pasa es que hay muy poca formación democrática en este país. El PSOE, por ejemplo, llama a pactar con los nacionalistas, pacto de progreso. Pues no, no hay nada menos progresista que el nacionalismo. Yo he participado en un gobierno de coalición PSOE-PNV, pero no lo llamábamos pacto de progreso.

-Los nacionalistas han acabado, además, por perderle el respeto a la Constitución...

-El caso vasco es insólito. Los nacionalistas practican el parlamentarismo y el guerracivilismo, a la vez. Han ocupado las instituciones sin reconocer su legitimidad democrática, empezando por la Constitución.

¿Es realmente política lo que los políticos transmiten?

-La gente no se despierta preocupada porque haya que cambiar la Constitución, pero sí porque sus hijos tengan una educación de calidad y por no tener los mismos derechos de la sanidad en una u otra autonomía. A esa gente hay que decirles que para eso hay que reformar la Constitución, potenciando el papel del Estado. Vamos hacia un país inviable en términos de equidad y de cohesión. No hay un ejemplo en Europa de un país en que se que haya ido modificando la Constitución sin saber adonde encaminarse, como ha ocurrido en los últimos cuatro años, porque los estatutos de autonomía son modificaciones del texto constitucional.

-Los detractores del manifiesto en favor de la lengua común utilizan el argumento de que el español no está en peligro...

-Tampoco lo dice el manifiesto. Los que lo critican, o no lo han leído o discuten sobre algo que el manifiesto no discute. Lo que es indiscutible es que en España hay miles de familias que no pueden elegir la lengua en la que se educan a sus hijos, si esa lengua es la castellana. Y es indiscutible que hay cientos de ciudadanos que no pueden trabajar en ciertas autonomías bilingües sin el conocimiento de la lengua cooficial, aunque ésta no sea indispensable para su trabajo. Es una anomalía contra el principio básico de la no discriminación. Para eso es el manifiesto. El castellano no corre riesgos, pero sí los que no han podido educarse con él. Hay dos o tres generaciones que se han quedado por el camino.

-¿Qué se puede hacer para que las víctimas pueda librarse de tener como vecinos a sus verdugos etarras?

-Hemos presentado una iniciativa para que los terroristas no arrepentidos no puedan vivir cerca de las víctimas. No sólo las víctimas de ETA. La ley debe ser justa.

-¿El regeneracionismo no corre el peligro de diluirse como mensaje en medio de la tormenta económica?

-El regeneracionismo no es para mañana. Uno de los problemas es que el Estado es poco menos que anoréxico y tiene pocas oportunidades de intervenir en las cosas que nos afectan. Una de ellas es la economía. Otra, la ley de Dependencia. Pasa lo mismo con la educación. Nosotros creemos que hay que cambiar el artículo de la Constitución donde se explica cuáles deben ser competencias exclusivas del Estado y ahí tienen que estar además de la política internacional, la educación, las normas básicas en Sanidad, Medio Ambiente y Urbanismo. Las normas básicas tiene que garantizarlas el Estado. Hay que revisar las competencias sin prejuicios.

El Sello por la Libertad Lingüística (por Pilar López Marco)

Pilar López Marco, miembro del Consejo Político de UPyD

(Publicado en UPyD, aquí)

PREGUNTA: He ido al supermercado y en una estantería he encontrado el siguiente rótulo: “Queso de Burgos de oferta hasta el 10 de noviembre”; no me parece bien ¿Puedo denunciarlo? RESPUESTA: Sí, debemos denunciarlo, puesto que los carteles de carácter fijo tienen que estar redactados, al menos, en catalán. (Art. 32.3 Ley 1/1998, de 7 enero de Política Lingüística).

Esta es una de las FAQ o preguntas frecuentes que la Agencia Catalana de Consumo publica en su web para animar a los ciudadanos que cumplan su «deber cívico» de denunciar este tipo de infracciones consistentes en utilizar únicamente la lengua oficial del Estado en la empresa privada.

Este «negocio» de la Generalitat basado en la delación –por supuesto, garantizando el anonimato de los delatores- genera pingües beneficios. Si atendemos a los datos publicados por el diario El Mundo, sólo en sus primeros seis meses de existencia, las siniestras Oficinas de Garantía Lingüística, controladas por ERC, recibieron 928 denuncias que, sumadas a los procedimientos de inspección abiertos de oficio, dieron lugar a la imposición de sanciones por valor de 81.250 euros, con otros 94.950 euros en fase de resolución a finales del 2005. Según Europa Press, entre marzo de 2007 y 2008, alrededor de 4.000 ciudadanos denunciaron la no rotulación en catalán. Pero los estrategas de la imposición lingüística liderados por ERC, cultivan también la «zanahoria», con medidas que van desde subvenciones a la instalación de rótulos sólo en catalán hasta la posibilidad de suscribir convenios de colaboración con la Generalitat o las corporaciones locales.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que «las exigencias lingüísticas nacionales constituyen un obstáculo para el comercio intracomunitario en la medida en que los productos deben llevar un etiquetado diferente según la lengua o las lenguas exigidas en el Estado miembro de comercialización, lo que ocasiona gastos de envasado adicionales.» El TSJCE admite únicamente dichas exigencias lingüísticas por razones de interés general, como «la protección de la salud pública», de forma que la composición y demás datos obligatorios del etiquetaje pueda ser comprendida por los consumidores a los que se destina el producto.  (Sentencia «Schwarzkopf» de 13 de septiembre de 2001, sobre etiquetado y envasado de productos cosméticos, y sentencia «Colim»  de 3 de junio de 1999, sobre etiquetado de productos alimenticios.) Precisamente, atendiendo a la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la sanidad (art. 149.1.16 CE) nuestro Tribunal Constitucional ya declaró en su sentencia 147/1996 que resulta aplicable en todo el territorio nacional el artículo 19 del RD 1122/1988 que obliga etiquetar los productos alimenticios, «al menos en la lengua oficial del Estado», o sea, en castellano, por ser ésta la lengua común inteligible para todos los potenciales consumidores y usuarios cuya salud se protege. Claro que esa misma sentencia ya apuntaba que la Generalidad también estaba habilitada para exigir el etiquetado «al menos en catalán» de los productos alimenticios que se distribuyeran exclusivamente en el territorio de esta Comunidad, como así se hizo en el artículo 34 de la citada Ley de Política Lingüística de Cataluña; una Ley que no fue recurrida por el Gobierno de Aznar, que entonces «hablaba catalán en la intimidad», y lo que hiciera falta para granjearse el apoyo de CIU.

La libre circulación, en este caso de personas, fue también uno de los principales argumentos de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística en su comparecencia en la Eurocámara el pasado 8 de julio para defender el derecho de sus hijos a educarse en castellano. Entre otras cuestiones, la portavoz de esta asociación, que agrupa a más de 3.000 padres de familia, explicó en Estrasburgo que el Decreto sobre el currículo de educación aprobado por el gobierno de Ibarretxe en octubre de 2007, convierte al idioma en una barrera infranqueable para todo aquel que deba venir al País Vasco. Por ejemplo, si un ingeniero alemán se traslada a trabajar a la factoría que Mercedes Benz tiene en Vitoria y desea hacerlo acompañado de su familia se encontrará con que si supera el año de estancia en el País Vasco sus hijos tendrán que ser escolarizados en euskera, un idioma que sólo hablan 200.000 personas en el mundo.

Paradójicamente, el Consejo de Ministros aprobó hace tres meses su Decreto de «medidas de impulso a la actividad económica» que, además de la ya famosa medida electoralista de la deducción de 400 euros anuales en el IRPF, incluía «subvenciones para fomentar la movilidad geográfica dentro del territorio nacional de los trabajadores desempleados.» (art.10 Real Decreto 2/2008, de 21 de abril). Sin embargo, con este tipo de políticas lingüísticas apoyadas por el PSOE, no parece sencillo que un charcutero de Burgos en paro, por ejemplo, pueda encontrar empleo en Cataluña o País Vasco.

Los nacionalistas entienden que, frente a la libertad de empresa y la libre circulación de bienes y personas que consagran los artículos 38 y 139 de la Constitución y el Tratado CE, debe primar un supuesto derecho de los consumidores no sólo a expresarse en la lengua cooficial que elijan, sino a que se les responda también en esa misma lengua (principio de disponibilidad). Y ya no sólo en el las relaciones con la administración autonómica y local, -donde la lengua se utiliza para discriminar al resto de los españoles que sólo hablan castellano en el acceso a la función pública- sino también en la empresa privada, donde es cada vez mayor la intromisión lingüística.

Así, el Gobierno de Ibarretxe acaba de aprobar el Decreto 123/2008, de 1 de julio, «sobre los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias en las relaciones con empresas o establecimientos que operen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma vasca». La norma obliga a las empresas a etiquetar y emitir toda su información en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad y a «estar en disposición» de atender al público en euskera. Como se indica su exposición de motivos, el Decreto se dirige principalmente a «empresas con demostrado potencial económico, capaces de hacer frente a los costes derivados de su cumplimiento»; compañías de telecomunicaciones, energía, transporte, grandes establecimientos, entidades de crédito o empresas promotoras de obras de edificación.

Por tanto, el Gobierno vasco es plenamente consciente de la dificultad de extender estas obligaciones lingüísticas a las pymes y los pequeños establecimientos, especialmente en esta época de crisis. Pero los nacionalistas han pensado otras opciones: el mismo Decreto crea el denominado «sello de compromiso lingüístico que se expondrá de forma visible al público en el exterior y en el interior del establecimiento o empresa que lo solicite.» Para poder exhibir el sello, el establecimiento debe asumir la obligación de atender al público y redactar en euskera sus impresos, catálogos, carteles o rótulos, ofertas, publicidad, promociones, etc. No obstante, la voluntariedad de la medida se ve bastante enturbiada puesto que se prevé la creación de un «registro de los establecimientos adheridos que tengan otorgado el Sello de Compromiso Lingüístico.» Es decir, una especie de estrella de David con la que los comerciantes habrán de mostrar su adhesión al régimen nacionalista, o podrían ver sus cristales llenos de pintadas «anti constitucionalistas»; o quizás algo peor.

Por ello, lejos de las medidas de «boicot» que algunos pedían para los productos catalanes o vascos, por qué no crear también un sello que los establecimientos de todo el país pudieran ostentar de forma visible al público, en el exterior y en el interior, o que incluso se plasmase en los propios productos, para que los consumidores y usuarios de toda España podamos saber si compramos a empresas comprometidas con el derecho a elegir la lengua en la que queremos educar a nuestros hijos, con la igualdad en el acceso a la función pública sin discriminaciones por razón de lengua, o con la libertad del propio empresario a rotular y atender a los clientes en el idioma que prefiera. En definitiva, ¿Por qué no crear e impulsar el «SELLO POR LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA»?

Rosa Díez: A ESTO LE LLAMAN EL PACTO POR LA JUSTICIA

(Publicado en El blog de Rosa Díez, aquí) La verdad es que no tienen el más mínimo pudor. Creen que la justicia ha de estar al servicio de las mayorías políticas que se constituyen cada cuatro años. No creen en la separación de poderes; no aprobarían primero de EGB de democracia. PSOE y PP se reparten los puestos del Constitucional A. D. / L. R. A. - Madrid - 29/07/2008 No habrá problemas entre PSOE y PP para la provisión de las cinco plazas vacantes del Tribunal Constitucional. Los dos partidos propondrán dos nombres cada uno y el quinto será de consenso. De esta manera culminará el acuerdo entre los dos grandes partidos, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y para el Constitucional. Del acuerdo primero participarán también CiU y el PNV, ya que cada uno tendrá un puesto en el órgano de gobierno de los jueces. No así IU, que por primera vez no tendrá en el consejo a un jurista afín o cercano a su posición política. Si nada se tuerce, los órganos quedarán renovados en la segunda quincena de septiembre. De los acuerdos tuvieron ayer conocimiento genérico los portavoces parlamentarios que pasaron por el despacho del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además de la situación económica y los Presupuestos, el presidente les informó de la política antiterrorista. La mayoría le recordó que nunca la han utilizado en la lucha partidista". No es mi caso, no estoy entre lo que dicen los periodistas de El País  le dijeron  la mayoría. Yo le recordé que la división de poderes, la autonomía entre el poder judicial y el poder político, es consustancial con el sistema democrático, tan inseparable del mismo como el sufragio universal. Le dije que esa era la asignatura pendiente de nuestra democracia; que no podemos tener un Supremo y un Constitucional al servicio de los partidos políticos, de su estrategia. Que es una vergüenza que los jueces hablaran en nombre de los que les nombraban, que constituyeran mayorías "progresistas" y/o "conservadoras. Que eso anulaba su función tuteladora de las leyes. Le dije que había que plantear una gran reforma para que esa situación dejara de producirse. Que los ciudadanos tienen derecho a una justicia eficaz e independiente; que poner la justicia a funcionar en relación con la coyuntura y el interés partidario es una perversión de la democracia. Me dijo que mi discurso era fácil, pero que la solución era muy difícil. Le dije que sí, que era difícil; pero que lo que a mí me asustaba es que a ellos les pareciera lo normal repartirse el poder. Me dijo que nadie tiene más legitimidad que aquellos que han sido elegidos por los ciudadanos... No entienden nada. O lo entienden todo; que no  sé qué es peor. Poder judicial El Poder judicial es aquel poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas, en la resolución de conflictos. Por "Poder", en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad y autonomía. Según la teoría clásica de Montesquieu, la división de poderes garantiza la libertad del ciudadano. Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo. Bajo esta separación de poderes, nace el llamado estado de derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El Poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico. El poder ejecutivo y el legislativo son dos poderes que en ocasiones también se enfrentan, las luchas de poder de los integrantes del legislativo suministran periódicamente a los nuevos integrantes del ejecutivo. Sin embargo el papel arbitral entre ambos requiere de un poder judicial fuerte y respetado como uno de los poderes fundamentales del estado cuya independencia es un valor a preservar porque de ella depende que el sistema no deje de funcionar y la democracia de paso a la tiranía. En algunos países existe también un Tribunal o Corte Constitucional. Sin embargo, la doctrina entiende que no forma parte del poder judicial, sino que es una entidad nueva que se aparta de la doctrina original de Montesquieu. En este caso, el Tribunal Constitucional tiene poderes legislativos negativos, por cuanto puede derogar normas de rango legal contrarias a la Constitución. No sé si mandárselo  a ambos dos por carta certificada...

Rosa Díez: "ANTE LA CRISIS ECONÓMICA, EL OPTIMISMO ES EL REFUGIO DE LA INDOLENCIA"

En un encuentro “distendido y relajado”, la diputada Rosa Díez le ha mostrado al presidente del Gobierno su rechazo por el Pacto suscrito con el PP en Justicia y le ha apremiado “a no seguir perdiendo el tiempo para enfrentarse con la crisis económica”

(Publicado en UPyD, aquí)

En la que es su primera reunión en esta Legislatura y desde que Rosa Díez lograra un escaño como diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, en las pasadas elecciones del 9 de marzo el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y la dirigente de UPyD han mantenido una reunión de casi una hora de duración en un clima de entendimiento, distendido y muy relajado.

Como ha referido la diputada a la salida de la cita con el presidente en el Palacio de La Moncloa, aunque “acudía a la cita 'convocada y sin agenda previa', ella ha querido centrar el encuentro en tres puntos: la crítica situación económica que atraviesa el país, la necesaria reforma de la Justicia y el terrorismo.
En cuanto a la situación económica, Rosa Díez ha mostrado al Presidente “su preocupación” por la falta de reflejos del Ejecutivo ante una crisis económica que ha merecido la creación y constitución de Gabinetes de crisis en países de nuestro entorno mientras que en España se negaba la existencia de la misma e, incluso, se insistía en el argumento de que nuestro país estaba mejor preparado que el resto. A este respecto -según cree la diputada-, si bien es cierto que la crisis tiene un origen exógeno, las decisiones “que no se han tomado para afrontarla son plena responsabilidad del Gobierno”.

Además, la diputada ha expresado a Zapatero el rechazo de su formación política al conjunto de “medidas fiscales ” que el Gobierno ha puesto en marcha porque, según la diputada, “unas -como los famosos 400 euros-, son regresivas ya que no tendrán ningún efecto positivo que persiga favorecer a las familias más necesitadas y en cambio comprometen recursos que podrían haberse destinado a solventar situaciones de necesidad. Por el contrario, otras medidas favorecen a los más privilegiados -como es el caso de la eliminación del Impuesto de Patrimonio-, o 'las pagan las empresas', como la reducción del Impuesto de Sociedades”.
Por último, en este capítulo, la diputada ha llamado la atención al Presidente sobre la enorme debilidad que representa para España el creciente diferencial de nuestra inflación respecto de los países de la zona euro y el galopante incremento de las cifras del paro, “un tema en el que ni siquiera en el seno del Gobierno se ponen de acuerdo”. Así, ha dicho Díez, en el diagnóstico del paro el Ministro de Trabajo discrepa del análisis que hace el Vicepresidente Económico, por lo que difícilmente se pondrán en marcha políticas eficaces para combatirlo. “La solución no pasa por dar cobertura a todos los parados que, de momento, parece ser la única receta del Gobierno”, ha concluido.

En cuanto a la Justicia, -otro de los temas que la diputada ha abordado en este encuentro-, Díez cree que adolece de dos graves problemas: la ausencia de autonomía del poder judicial respecto del poder político y las dificultades endémicas de una justicia escasa de recursos humanos y técnicos que garantizan una adecuada administración de la misma.

Respecto al primer punto, la diputada ha expresado su decepción por el acuerdo alcanzado por el presidente con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ya que considera que dicho pacto no hace más que consolidar un sistema que garantiza que la elección de los jueces -tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional-, esté sometida a la voluntad de los partidos políticos. Según Díez, “PSOE y PP se han apresurado en repartirse el poder político en ambos órganos jurídicos cuando lo urgente es garantizar la independencia entre ambos poderes -irrenunciable en un sistema democrático-, y para lo que se debería modificar tanto el sistema actual de elección del Consejo y del Constitucional y modificar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, para que deje de ser un fiscal al servicio del Gobierno”.

En este último apartado, la diputada le ha pedido al Presidente que se tomen medidas urgentes para resolver los viejos problemas que afectan a la ineficacia en la Administración de la Justicia y que requiere de más y mejores medios técnicos y humanos. “Zapatero y Rajoy han dicho que van a hablar de ello; y lo han vendido como 'un principio de acuerdo' -apunta Díez-, pero sólo se han preocupado en garantizarse la cuota de poder”.

En lo que afecta al terrorismo, la diputada además de trasladar al Presidente las felicitaciones por el éxito de las últimas actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra la banda terrorista ETA y mostrar la oportuna y necesaria solidaridad con las personas que, según las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, han sido los objetivos de la banda, ha pedido al presidente que “revise la condena del terrorista de José Ignacio Juana de Chaos por si hubiera redimido días de condena con documentos falsos”, según ha publicado el diario El Mundo.

Rosa Díez ha mostrado todo su apoyo en una política antiterrorista que persiga la derrota de ETA y el respeto y la dignidad de las víctimas. En este sentido la diputada ha entregado al Presidente una Proposición no de Ley que su formación política ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados. “La propuesta -ha explicado la diputada-, persigue provocar una modificación del Código Penal y/o de la Ley de Víctimas para que sea obligatorio retirar todas las placas con nombres de etarras y para promover las modificaciones legislativas precisas para provocar el alejamiento de los asesinos terroristas respecto de las víctimas”. La diputada le ha manifestado a Zapatero que en UPyD estamos seguros de que esta iniciativa merecerá el mismo consenso que en la que solicitábamos la ampliación del concepto de Víctimas de Terrorismo.

Un inútil total (por Manuel Martín Ferrand)

	Un inútil total
	Manuel Martín Ferrand (Publicado en Estrella Digital, aquí)
“Ya nun m’importa que suba la vida porque más abaxo nun voy a caer y aunque la cosa se ponga difícil nada voy a perder. Porque soy un inútil total total”. (Los Berrones*) Solivianta el ánimo desayunarse con una primera página de El País en la que, con despliegue tipográfico, puede leerse: “Las multinacionales alertan sobre la gravedad de la crisis en España”. Hasta el diario que, en el pasado, tanto cantó las glorias del PSOE y sus gobiernos —incluso las que nunca existieron— nos alarma ahora sobre una situación que es, verdaderamente, grave. Al margen de las cuentas, especialmente audiovisuales, que tengan pendientes el grupo periodístico que edita “El periódico global en español” —antes “Diario independiente de la mañana”— y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, está claro que el titular que reseño es un oportuno timbre de alarma sobre la situación. España no va bien. Zapatero y su equipo, con Pedro Solbes en lugar destacado y con responsabilidad manifiesta, nos ocultaron el nacimiento y la llegada de una crisis económica muy profunda y compleja que, germinada por el precio creciente del petróleo, amenaza con producir transformaciones globales muy poco deseables y, en lo que se nos alcanza, de muy difícil tratamiento. Lo hicieron en un lamentable ejercicio de fraude electoral. Sabiendo la que se nos venía encima, ocultaron datos y síntomas para que las urnas, en el pasado mes de marzo, volvieran a serles propicias. Todavía hoy, en alarde de mentecatez, siguen mareando la perdiz y sacando a la pasarela de la opinión pública a las miembras del Ejecutivo que mejor puedan distraer nuestra atención. Incluso José Blanco, gran beneficiario de la última patada hacia arriba propinada por el líder que siempre sonríe, se ha permitido asomarse al exterior para, con burda ironía, decir que a la situación económica es lo mismo llamarla “empeoramiento, crisis, desaceleración o dificultades importantes”. Jugar con las palabras desde una tribuna pública no está bien, pero hacerlo con los contribuyentes resulta despreciable. Incluso, asegura Blanco, el Gobierno mantendrá el esfuerzo para no rebajar el nivel de gasto público —¿habráse visto contumacia semejante?— y “no paralizar áreas como la investigación y las infraestructuras”. Da la impresión, especialmente si se tiene en cuenta que el Gobierno se va de vacaciones, ¡como si tuviera algún esfuerzo del que reponerse!, de que Zapatero quiere hacerle la competencia a Los Berrones y convertir en himno y explicación personales el “porque soy un inútil total total”. ¿A qué se dedican Zapatero, su equipo y su partido? El PSOE, la responsabilidad germinal de Zapatero, que es el titular de la Secretaría General, es una formación en descomposición. Después de siglo y cuarto de ser un partido “español”, vemos cómo —con menos ruido del que resultaría lógico— sus líderes más tradicionales son arrinconados y el todo se recompone en grupos parciales, las baronías regionales, cuyas respectivas dinámicas permiten poner en duda los niveles de unidad real, sin compensación ni precio, que asisten a la formación. La depuración de nombres históricos y la marginación de cuantos, en un futuro próximo, pudieran darle sombra y palidecer su figura son el único fruto apreciable en la gestión partidaria del líder leonés.   En lo que afecta a los grandes asuntos del Estado, la labor de Zapatero es nula y complaciente con cuantos tratan de modificar su estructura y romper el espíritu constitucional que lo sustenta. En las labores propias del Gobierno, al margen de las memadas propagandísticas, asistimos a un abandono total de las más elementales responsabilidades. Una grandilocuencia sin sentido ha ocupado el lugar de la sensatez y, mientras la cesta de la compra se nos hace a todos más difícil, crece el paro, aumenta el déficit y el incremento del PIB estará este año muy por bajo de la inflación. Todos tranquilos: Zapatero sigue sonriendo y hace suya una copla del agro-rock. ¡Socorro! ___________ (*) Los Berrones, grupo asturiano de agro-rock que lideran Ramón Blanco y Olegario Méndez. En sus 20 años de historia, siempre en bable, su discografía es larga y su notoriedad, especialmente en el norte de España, es alta. “Soy un inútil total” es uno de sus éxitos.

Vuelve a casa, vuelveee, por caridad (por Félix de Azúa)

FÉLIX De Azúa (Publicado en elPeriódico.com, aquí)

Cuando lo oí por la radio era muy temprano, me estaba afeitando, y creí que me había equivocado de emisora. Pensé que se trataba de un programa humorístico. Tardé en comprender que no era otra de esas burlas cansinas con las que llenan el tiempo muerto los medios de persuasión, sino que la frase era verdadera y había sido pronunciada por el jefe de los socialistas catalanes, por el más grande socialista de toda Catalunya, para entendernos. Más tarde volví a oírla, y esa vez me fijé más en la segunda frase. De momento, sin embargo, estaba yo dándole vueltas a la primera.
La primera frase era "Te queremos mucho, José Luis". Una frase cariñosa y seductora, una frase doméstica y con suave aroma a tía solterona. Ahora bien, dicha por el más grande socialista que han logrado producir los catalanes y dirigida al socialista absoluto, al presidente de todos los socialistas españoles, me pareció algo soberbio y augusto. Jamás, durante mi triste juventud izquierdista, había yo oído nada semejante en un camarada. Es más, frases similares eran tenidas por sentimentalismo pequeño burgués, algo más bien propio del Opus Dei o de los sindicalistas verticales. Ahora por fin el amor entraba en el discurso socialista. Aquel lugar severo, de una racionalidad rigurosa, desnudo de emociones y entregado al análisis de las condiciones objetivas se ha humanizado. Los socialistas ya no son individuos que consideran la política como una ciencia, ahora son un grupo de parientes, de creyentes, de romeros, atados por relaciones amorosas. ¡Qué inmenso alivio!
Pero todavía me quedaba lo mejor. La segunda frase era algo que yo no creí poder escuchar jamás en boca de un hombre de izquierdas: "¡Pero amamos más a Catalunya!" Debo confesar que rompí a llorar. Tantos años oyendo ese tipo de frases en boca de los caudillos españoles, africanos y latinoamericanos, ¡y ahora por fin la oía en boca de un socialista más o menos europeo! Ya nunca nadie podrá acusar a la izquierda de combatir más por la lucha de clases que por la nación. ¡La izquierda ya es como los de aquí de toda la vida!

EDITORIAL: 'ETA, arrinconada'

(Publicado en elPeriódico.com, aquí)

MÁS INFORMACIÓN

• Arrestado en Francia uno de los hombres de confianza de 'Txeroki'

Causa escalofríos pensar que ETA ha estado cerca de provocar una conmoción similar a la del verano de 1997, cuando fue secuestrado y asesinado el concejal del PP Miguel Ángel Blanco. El comando Vizcaya, desmantelado esta semana, había hecho todos los preparativos para atrapar al concejal socialista de Eibar Benjamín Atutxa, presumiblemente para lanzar otro ultimátum al Estado democrático bajo la amenaza de muerte de un representante del pueblo. La tantas veces elogiada eficacia de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido en este caso providencial. Los etarras tenían dispuestos todos los detalles --incluidas inyecciones de calmantes-- para el secuestro del concejal, así como explosivos y armas para otras acciones criminales. Así lo demuestra el material hallado en los tres escondites descubiertos por la Guardia Civil. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska también era objetivo del comando.
Pero, frente al espanto por los funestos planes de unos terroristas tan novatos como sanguinarios, debemos celebrar que el Estado de derecho sigue asestando golpes cada vez más incontestables por ETA. Ayer por la tarde era detenido en Francia Asier Eceiza, considerado el máximo colaborador de Txeroki, el jefe de los comandos operativos de la organización terrorista y tal vez el etarra más buscado. La estrecha colaboración entre las policías de España y Francia está dejando sin oxígeno a los etarras, justo en el momento en que se recupera la unión del PSOE y el PP en política antiterrorista. ETA dejó pasar una oportunidad irrepetible de firmar con el Estado el final de la violencia. Ahora solo le queda ir muriendo golpe a golpe.

Las ideas económicas del presidente (por Mikel Buesa)

MIKEL BUESA, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (Publicado en ABC, aquí)

EL presidente del Gobierno se ha prodigado, durante las últimas semanas, en la presentación de sus ideas acerca de la economía española. Primero fue su intervención en el Consejo Económico y Social; más tarde su comparecencia ante el Congreso de los Diputados; y después sus múltiples declaraciones en actos del partido socialista. Las ideas económicas de Rodríguez Zapatero se han expuesto de una manera nítida y, por fin, después de muchos meses de tiras y aflojas en el debate económico, han dejado de ser un arcano. Pueden ser, por ello, sometidas al escrutinio del público y al análisis de los expertos. Es lo que me propongo hacer en las líneas que siguen.

El presidente establece su punto de partida en un singular diagnóstico sobre la actual coyuntura económica española. Según él, nos enfrentamos «a una fuerte ralentización, casi un frenazo, del crecimiento» que sólo tardíamente y a regañadientes ha llegado a calificar de crisis. Rodríguez Zapatero entiende que las causas de esa situación son exclusivamente externas -la crisis financiera norteamericana y la escalada de los precios del petróleo- y que a ellas se añade, forzada por las circunstancias, el «ajuste particularmente intenso y rápido de nuestro sector de la construcción». Se trata de un diagnóstico simplista y limitado que no atiende ni a la complejidad de los fenómenos monetarios que se han derivado de la pérdida de confianza en una buena parte de las entidades financieras internacionales, ni a las características de los mercados energéticos, ni sobre todo a los factores internos de la economía española que subyacen a la crisis y potencian sus efectos.

Así, Zapatero no menciona la baja competitividad de la economía española ni el déficit creciente de las cuentas exteriores. Tampoco se refiere a la mayor inflación española con respecto a los países europeos, ni al creciente diferencial entre ambas. Asimismo están ausentes los problemas de nuestro modelo energético derivados de su extrema dependencia del petróleo, que nos hace vulnerables a los aumentos de precios, y de su proclividad hacia las energías renovables, que nos conduce a producir una electricidad excesivamente cara. Y también la política monetaria del Banco Central Europeo que, al empujar al alza la cotización del euro, nos hace perder competitividad. Nada de esto es relevante para el presidente, pues está convencido de que la economía española es poco vulnerable a la crisis porque «España está mejor preparada que nunca para afrontar esta situación».

Un diagnóstico insuficiente conduce una política mal orientada. El discurso de Zapatero lo confirma plenamente. El presidente, al desgranar las medidas de política económica de su Gobierno, describe la rebaja fiscal de 400 euros en el IRPF -que sin duda es regresiva, inflacionista y tiene un coste superior a los beneficios esperados de ella-, la pretensión de suprimir el impuesto sobre el patrimonio -que ahorrará 1.800 millones de euros a los más ricos- y también la mínima rebaja del impuesto de sociedades y la devolución adelantada del IVA a las empresas -medidas éstas que se acordaron en la anterior legislatura. Asimismo, en sus intervenciones se hace una confusa mención a los planes de vivienda según los cuales se pretende añadir 150.000 unidades de protección oficial al año a un mercado saturado que, en el momento actual, cuenta con un exceso de oferta cifrado en unas 800.000 viviendas. En total, según el presidente, el Estado se va a gastar en todo esto 18.000 millones de euros; pero como él mismo prevé que la economía va a pasar de crecer un 3,8 por ciento en 2007, a menos de un 2 por ciento en 2008, resulta que ese gasto va a servir para producir un valor añadido de 19.000 millones menos que en el año anterior.

Eso no es todo. Zapatero, en un caótico inventario de medidas nuevas y viejas, ha aludido al aumento del crédito oficial a las Pymes, aunque no aclara en cuánto. También a un plan de rehabilitación de viviendas dotado con 2.500 millones para créditos. Añade, nada menos que «para reanimar el consumo», un programa de sustitución de coches viejos por otros nuevos, poco contaminantes, dotado con 1.500 millones, también para créditos pues de lo que se trata es de que al Estado, finamente, todo esto no le cueste nada. Y agrega la misma estrategia de política económica de la legislatura anterior, o sea: el plan de infraestructuras de transporte; la construcción de guarderías; las leyes de educación y universidades; una «hoja de ruta» para reformar, no se sabe cuándo, la formación profesional; el dinero para I+D y el Ministerio de Ciencia e Innovación -que todavía no ha pensado cómo resolver el problema de la insuficiencia de empresas innovadoras-; y unas «reformas estructurales» consistentes en liberalizar y, en su caso, privatizar, el transporte ferroviario de mercancías, la gestión aeroportuaria, los puertos, las telecomunicaciones de banda ancha y los servicios, así como en duplicar la interconexión eléctrica con Francia.

Según el presidente esta estrategia ya ha dado frutos. Y para demostrarlo da «un solo dato: el crecimiento de la productividad se ha multiplicado por siete en los últimos cuatro años». Alguien le ha engañado. Si acudimos a la Contabilidad Nacional podemos comprobar que, valorada a los precios del año 2000, la productividad creció entre ese año y el 2003 un 0,9 por ciento, al pasar de 36.685,4 euros a 37.016,3 euros; y entre 2004 y 2007, mientras gobernaba Zapatero, sólo un 0,02 por ciento, al pasar de 36.960,7 euros a 36.967,7 euros. O sea: con la estrategia de Zapatero la productividad ha crecido 45 veces menos que con la política de Aznar. Pero no echemos las campanas opositoras al vuelo porque, con esos crecimientos tan exiguos, en realidad lo que ha ocurrido es que la productividad permanece estancada todo lo que llevamos de siglo.

El colofón del discurso presidencial es aparentemente ortodoxo, pues apela al «rigor y austeridad», al «objetivo de estabilidad, de equilibrio presupuestario para el conjunto de las Administraciones Públicas» bajo el compromiso del «mantenimiento de las políticas sociales». Los hechos, sin embargo, le desmienten, tal como se comprueba en la propuesta que ha presentado en el Parlamento con relación al límite de gasto presupuestario para 2009, cifrada en 160.158 millones de euros. Ese límite se ha calculado partiendo de la idea de que el PIB crecerá un 2,3 por ciento el año próximo. Pero Zapatero ha dicho que, en realidad, la economía crecerá por debajo del 2 por ciento. Pongamos el 1,9 por ciento. Con esta rebaja, resulta que la recaudación fiscal se reducirá en 627 millones de euros; y entonces no existirá el superávit del 0,02 por ciento del PIB que ha previsto el Gobierno, sino más bien un déficit del 0,06 por ciento. No obstante, Zapatero tiene respuestas para todo; y para esto también. Por ello, dice que va a establecer «un plan de austeridad centrado en la contención de los gastos corrientes de la Administración», de manera que se va a ahorrar 250 millones de euros. Si, en efecto, es así, el déficit será de sólo el 0,03 por ciento del PIB. Pero como le falle la previsión del crecimiento de la economía, por cada punto menos de variación del PIB, el déficit aumentará en 0,027 puntos. Esto quieredecir que si, como ya se está avanzando en las previsiones, la economía crece sólo en un uno por ciento, el déficit del Estado se aproximará al 0,3 por ciento del PIB; y si se entra en recesión puede llegarse rápidamente a un déficit que supere el 1 por ciento del PIB.

Resumamos. Las ideas económicas del presidente, además de simplificadoras, confusas y desordenadas, no parece bien ajustadas a la gravedad de los problemas que afrontamos en España. Sus medidas coyunturales son de escaso impacto, cuestan más que el valor de la actividad productiva que se prevé generar e introducen un sesgo de desigualdad, al favorecer más a los ricos que a los pobres. Sus medidas estructurales reproducen una estrategia que no ha funcionado en la legislatura anterior y no ha reasignado los recursos económicos hacia las actividades más competitivas y de mayor contenido tecnológico. Y su política presupuestaria se ha formulado sin el rigor requerido y oculta, en la maraña de sus números, una tendencia deficitaria carente de justificación.

Desafección (por Jorge M. Reverte)

Desde su voto en Europa a favor de la 'directiva de retorno' de inmigrantes hasta las continuas concesiones a la derecha y la Iglesia, los socialistas de Zapatero están decepcionando a ciudadanos que les votaron el 9-M

JORGE M. REVERTE  (Publicado en El País, aquí)

Ya suman mucho los detalles que conducen a bastantes ciudadanos a replantearse el funcionamiento de algunas instituciones políticas. Porque en lugar de acercarles, les alejan del sistema democrático vigente. No de la democracia, sino de su manifestación concreta en España.

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Tomás Gómez y los suyos no hacen nada contra el desguace de Aguirre en la enseñanza pública

Socialistas catalanes de origen charnego asumen el discurso victimista del nacionalismo local

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En los últimos meses, los síntomas de que hay algo enfermo en la construcción de la democracia en España y en Europa se multiplican. Sin ánimo de ser exhaustivo, cabe referirse a dos recientes decisiones del Parlamento Europeo: la aprobación de la jornada de 65 horas semanales y la directiva sobre el internamiento de inmigrantes. No hace falta discrepar de la ferocidad de su contenido para estar en desacuerdo. Basta con observar el procedimiento.

Los que se sienten heridos por esos debates y sus resultados no son ninguna excepción, sino todo lo contrario, cuando manifiestan su escándalo por el hecho de que unos parlamentarios elegidos se atrevan a votar un texto como el del internamiento. Insisto, al margen de su contenido. Porque no había nada en el programa electoral con el que se presentaron que les habilitara para ello.

¿Quiénes entre los votantes de la lista socialista al Parlamento estaban y están a favor de semejante directiva? Pues me temo que pocos. Pero, sobre todo, a ninguno de estos votantes le ha sido consultada, le ha sido brindada la oportunidad de manifestar su acuerdo o su desacuerdo, o ha podido seguir un debate al respecto. Y eso sobre un texto que altera gravemente el espíritu de la construcción de la Europa de las libertades y la democracia. De las 65 horas se podría decir algo semejante, aunque en ese caso se añade el agravio de que quienes lo han decidido con sus votos europeos viven como rajás, con jornadas laborales y prebendas sin cuento mientras discuten esa brutal propuesta que jamás les afectará a ellos.

Es grave que no sean situaciones excepcionales. Y esto hace pensar en que quizás estamos asistiendo a una deriva, una corrupción severa del sistema de representación política. Por ejemplo, en el terreno doméstico, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero nos avisaba, en la entrevista que concedió al periódico EL PAÍS unos días antes de las elecciones generales, de que él no iba a aplicar la mejora de la ley del aborto porque, aunque estaba en el programa electoral, jamás le habíamos escuchado defender el sistema de plazos.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, nos obsequió días después con un argumento parecido diciendo que no había demanda social para corregir un sistema que otras mujeres, sobre todo las afectadas, consideran humillante y mentiroso, porque obliga a las mujeres que recurren al traumático proceso del aborto a esgrimir desequilibrios psicológicos para ejercer lo que muchos consideramos un doloroso derecho, que tienen que practicarles en clínicas privadas porque el Gobierno no tiene el valor de hacer que se aplique en el sistema público.

Más doméstica aún es la decisión de los socialistas madrileños, que parecen asistir tranquilos al desguace de la enseñanza pública en la comunidad que preside Esperanza Aguirre, y se apuntan a la enseñanza concertada en lugar de exigir que se ponga en pie de una vez la financiación suficiente para que el Estado cubra una exigencia social. Ya sabemos todos que el deterioro tiene su origen en que los institutos se saturan de inmigrantes con un bajo nivel educativo, y sabemos todos que eso sólo se arregla con más inversión y contrataciones de profesores de apoyo. Pero la federación que preside Tomás Gómez ha optado por la solución fácil: enseñanza concertada para los niños españoles y acercamiento facilón a quienes votan a la derecha para intentar quitarle apoyo al Partido Popular por ahí. ¿Ha votado algún elector a los socialistas madrileños para que dejen de lado la enseñanza pública?

Se puede seguir, porque vale mucho la pena. ¿Qué decir de los socialistas catalanes de origen charnego que asumen el discurso victimista del nacionalismo, con las balanzas fiscales por medio, para ganarse el aprecio de los votantes catalanistas? El expolio pasa a ser un argumento y la solidaridad una estupidez, incluso un crimen, que pesa sobre los hombros de la explotada Cataluña. ¿Ha votado algún elector catalán a los socialistas para que digan que ya está bien de alimentar a los parásitos extremeños?

La sobreabundancia de ejemplos, que afectan a casi todos los partidos políticos y a muchas instancias de distinta índole, obliga a plantearse que no se trata de hechos aislados, sino de una bien asentada tendencia que marca una distancia enorme entre las decisiones de los ciudadanos y las de los políticos que teóricamente nos representan. Y resulta lamentable que eso sea aceptado sin apenas (muy honrosas, pero pocas) excepciones entre los políticos que las aplican. Por volver al primero de los ejemplos, salvo Josep Borrell (ya le han castigado) y Raimon Obiols, que votaron en contra, y la abstención de otro eurodiputado, los demás componentes del grupo socialista se inclinaron por dar su sufragio a la propuesta de internamiento sin juicio de personas que no han delinquido.

Yo conozco a algunos de estos eurodiputados, a algunos les respeto y les tengo aprecio. O quizá les respetaba y les apreciaba. ¿Por qué votaron eso, que me consta que va contra su conciencia? Por orden del partido. Esa institución que les garantiza el cargo y les manda con severidad que cometan lo que Santos Juliá ha definido como una infamia. Los rocambolescos argumentos que se sueltan desde el poder para justificarlo se parecen a los que Chamberlain hizo para justificar la entrega de Checoslovaquia a Hitler en 1938: hay que calmar a la bestia, que en este caso es Berlusconi.

Está la tendencia y está el sentido. Porque en todos los casos, sin excepción, se atisba un retroceso en las libertades o en los principios. Hay un discurso que lleva dentro la idea de calmar a la derecha, política o social. Pero a los votantes no nos han preguntado si queremos hacerlo al precio de que no haya ley de plazos para el aborto, que la educación pública se vaya al cuerno, que se abra una brecha xenófoba entre autonomías ricas y pobres o que se pueda meter en la cárcel a los negros miserables.

Y siempre el eterno mecanismo: lo que conviene se borra del programa, o se abordan soluciones que no estaban en el mismo. En función de la legitimidad que los elegidos han obtenido con el voto. Una vez que el voto es suyo, el contenido de las propuestas pierde sentido. El argumento fundamental es el de actuar para ganar elecciones o, más miserable, para mantener el privilegio del cargo. Al margen de la voluntad de quienes les hemos dado nuestro voto, insisto.

Los partidos políticos pueden hacer eso con impunidad porque aún se mantiene incumplido el mandato constitucional de aplicar sistemas democráticos a su gestión. Pero todos sabemos quiénes tienen que votar las leyes que rigen sus mecanismos: los propios interesados, los jefes y los que les obedecen porque les deben el puesto. Es así de sencillo, y de viciado.

Yo tengo que confesar una gran vergüenza: uno de los argumentos que barajé para decidir mi voto en las últimas elecciones fue el miedo a la derecha, que traía consigo un tono y un explícito mensaje capaz de poner los pelos de punta a cualquiera. Pero la mínima decencia me obliga a negarme la posibilidad de incurrir de nuevo en algo así. Porque la democracia y la libertad me importan demasiado.

Sé que lo que digo no responde a un caso aislado. Cada vez hay más ciudadanos que se preguntan sobre su voto. Ciudadanos que, por estar a favor de una democracia solidaria, de derechos y libertades, están más al borde de la desafección.

Jorge M. Reverte es escritor.

La crisis económica afectará al desarrollo de la Ley de Dependencia

ACUERDO

Las comunidades rechazan alargar los plazos de la ley de dependencia

Mercedes Cabrera reconoce que el Gobierno tendrá dificultades para cumplir los compromisos

El consejo territorial repartió ayer entre las autonomías la mitad de los fondos previstos para este año

Sara Carreira (Publicado en La Voz de Galicia.es, aquí)

La ministra de Políticas Sociales, Mercedes Cabrera, aceptó ayer tras la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia que la crisis económica afectará al desarrollo de la ley. Cabrera explicó que se ha hecho balance del año y medio de desarrollo de la norma, período «en el que se han empleado enormes recursos y empeño por parte de todas las Administraciones», y aunque el Gobierno garantizará la continuidad de los compromisos en las políticas sociales», «eso no quiere decir que la coyuntura económica que atravesamos actualmente no tenga algún tipo de influencia en el despliegue de la ley».

De hecho, tal y como había denunciado el martes la Xunta, el Gobierno del Estado redujo un 25% las previsiones de gasto para este nuevo derecho ciudadano. Además, durante la reunión celebrada ayer en Madrid con los consejeros autonómicos de bienestar, altos técnicos del ministerio propusieron ralentizar el proceso de implantación de la ley para ahorrar costes. La idea fue rechazada por los presentes, que quisieron hacer suya la frase de Zapatero de no aceptar ningún recorte social.

La reunión se centró en el reparto de dinero. Hay dos partidas fundamentales en este ejercicio para la ley: por una parte, el montante que se distribuirá según el número de expedientes resueltos (la gravedad de los casos y otros factores, como el envejecimiento poblacional o la dispersión geográfica, hacen variar la cuota dependiendo de los casos); por otra, el que se entregará para ofrecer los nuevos servicios, y es en este capítulo donde ha habido un recorte de la mitad (de más de 400 millones de euros previstos se pasó a 241).

Según los datos ofrecidos por la Xunta a última hora de ayer, Galicia recibirá en total algo más de 70 millones de euros, frente a los 80 previstos. Debido al recorte en la segunda partida, la comunidad obtendrá en este capítulo menos de 20 de los 40 millones esperados; sin embargo, de la primera partida quiere obtener casi 55 millones, frente a los 40 con los que contaba, gracias al número de valoraciones hechas.

Malestar general

Todas las comunidades recibieron menos dinero del esperado, lo que provocó malestar incluso en comunidades gobernadas por el PSOE. Según trascendió, otro de los aspectos que más han molestado es la desaparición de otros programas sociales, que el Gobierno ha decidido integrar casi sin decirlo en esta ley.

La reunión de ayer dio paso a otra para el próximo otoño, en la que se analizará el importantísimo sistema de copago (en qué casos y en qué cantidad el beneficiario tiene que participar del coste del servicio) y los requisitos exigibles a los centros para atender a los dependientes.