Alternativa General para el Progreso de Cuenca

Las lenguas son un instrumento de comunicación y una garantía de igualdad

¿Adónde vas? Manzanas traigo

XAVIER PERICAY, ESCRITOR. (Publicado en ABC, aquí)

EL pasado 8 de abril, en el discurso pronunciado con ocasión del debate de investidura, el entonces candidato a presidente del Gobierno hizo dos alusiones a la lengua. Por un lado, se refirió a la necesidad de mejorar la competencia lingüística de nuestros jóvenes, para lo que prometió programas específicos. Por otro, propuso «a todos los ciudadanos, a sus organizaciones y representantes, a todas las Administraciones y a todas las Instituciones (...) un compromiso activo (...) en la defensa y difusión de nuestra mayor riqueza: nuestra cultura, nuestras culturas, nuestra lengua, nuestras lenguas». Sobre la primera de las dos referencias, poco hay que decir. Ahí están los datos, los informes, las estadísticas, para corroborar el estado lastimoso de la enseñanza en España y lo apremiante de una reforma en profundidad, efectivamente reparadora. Otra cosa es si José Luis Rodríguez Zapatero y su partido están en condiciones de llevarla a cabo. O si son los más indicados para acometerla. La segunda de las referencias, en cambio, sí merece un comentario. Por acción y por omisión. Y no sólo de quien se hallaba aquel día en el uso de la palabra.

Centrémonos, pues, en el fragmento entrecomillado y, más en concreto, en la figura de repetición con que se cierra. Si bien se mira, se trata de una figura que el candidato a la investidura se habría podido ahorrar: con el plural le bastaba. Pero, de haberlo hecho, de haber reducido la riqueza a «nuestras culturas, nuestras lenguas», es evidente que no habría logrado su propósito. Porque ese contraste entre singular y plural, entre lo uno y lo vario, no deja de ser, en el fondo, el mismo que Rodríguez Zapatero ya había establecido desde el comienzo de su discurso entre unidad y diversidad. Eso sí, un contraste por adición, positivo, como corresponde al personaje que lo ejecuta. Y un contraste que, a primera vista, no anda lejos del espíritu de la Constitución y, en particular, de lo expresado en su Preámbulo y el artículo 3 de su Título preliminar.

Con todo, este mismo artículo de nuestra Carta Magna, en los puntos 1 y 2, además de definir el castellano como la lengua oficial del Estado y de fijar la oficialidad de las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas, habla de derechos y deberes. Entre otras cosas, porque las lenguas, más que una riqueza -la mayor, a juzgar por las palabras del candidato a la Presidencia-, son un instrumento, un instrumento de comunicación. Y porque este instrumento, en la medida en que es usado por el conjunto de los ciudadanos -como ocurre con el castellano en España-, constituye una garantía de igualdad. O, lo que es lo mismo, un derecho, un derecho compartido.

Pues bien, aunque en su discurso Rodríguez Zapatero se refirió reiteradamente a la igualdad y a los derechos, en ningún momento vinculó ambos conceptos al uso de la lengua, las lenguas. Es más, al día siguiente, cuando Rosa Díez, en su turno de intervención como miembro del Grupo Mixto, afirmó que la igualdad estaba empezando a romperse en España y que ello era debido, entre otros motivos, a la imposibilidad de que un ciudadano -en Cataluña sobre todo, pero también en otras Comunidades- pueda educar a sus hijos en castellano, con lo que se le impide ejercer los mismos derechos en todo el territorio nacional, el candidato ni siquiera se tomó la molestia de rebatir sus palabras. Apeló a la sensibilidad, a las emociones, a la preservación de la convivencia; en definitiva, echó balones fuera.

Pero si la omisión de Rodríguez Zapatero, ya por convicción, ya por interés, ya por la suma de ambos factores, era hasta cierto punto previsible, la de Mariano Rajoy no pudo por menos que sorprender a propios y extraños. Y es que el líder del principal partido de la oposición no mencionó ni una sola vez la lengua en su discurso. Como si entre los retos a los que debe hacer frente el Gobierno en la presente legislatura no estuviera el de preservar todos los derechos de todos los ciudadanos. Por lo demás, esta omisión de Rajoy era tanto más sorprendente cuanto que el programa con que el Partido Popular se había presentado a las elecciones otorgaba a la lengua común de los españoles un papel cenital, lo mismo en el orden de los derechos que en el de la enseñanza. Por no hablar, claro, de la importancia que el propio dirigente popular le había dado a lo largo de la campaña electoral y, en particular, en el segundo de los debates televisados.

Y eso no es todo. Quienquiera que se tome la molestia de repasar las hemerotecas de los distintos medios de comunicación -y muy especialmente la de este periódico- durante los treinta días que median entre la fecha de las elecciones generales y la del inicio del debate de investidura comprobará hasta qué punto la vulneración de los derechos lingüísticos sigue de actualidad en aquellas partes de España donde gobierna el nacionalismo. Aunque sólo sea para refrescar la memoria, he aquí algunos ejemplos.

En Galicia, la Xunta ha dictado una serie de obligaciones relacionadas con la organización de actos y festejos populares, entre las que destacan la imposición del himno gallego en la consagración de la misa -que también ha de decirse en gallego, claro está- y la prescripción de que al menos el cincuenta por ciento del repertorio de orquestas y músicos sea en esta misma lengua -que es la única en la que los intérpretes podrán dirigirse al respetable-. En el País Vasco, el Gobierno autonómico ha establecido que todos los estudiantes deberán pasar, al término de la escolarización obligatoria, un examen de capacitación en vascuence, lo que supone, a muy corto plazo, la práctica eliminación del modelo de enseñanza en castellano y la dilución del mixto -castellano-vascuence- en un solo modelo de enseñanza -en vascuence, por supuesto-. En Baleares, donde el faro ha sido siempre Cataluña, no pasa día sin que las formas de coacción sobre los ciudadanos que se niegan a usar el catalán progresen adecuadamente. Y en Cataluña, en fin, donde ya queda poco por laminar, la Generalitat ha resuelto que sólo otorgará subvenciones a las compañías de teatro que representen sus obras en catalán.

Así las cosas, no parece que la mejor solución sea ignorar el problema y mirar para otro lado. Entre otras razones, porque el quiste ha adquirido ya tales proporciones que no admite componendas. En su discurso de investidura, Rodríguez Zapatero anunció su propósito de que esta legislatura estuviera presidida por la «voluntad de acuerdo, de consenso, de pacto» con el resto de las fuerzas políticas y, en especial, con el Partido Popular. En su respuesta, Mariano Rajoy se mostró plenamente dispuesto a alcanzar cuantos acuerdos fueran necesarios mientras tuvieran como referente «la defensa de la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan», y «la defensa de sus derechos». La perspectiva, pues, no puede ser mejor. Ahora sólo falta que la cuestión de la lengua sea abordada en toda su amplitud y dé lugar a un pacto de Estado. O, en otras palabras, que uno se atreva a preguntarle al otro «¿adónde vas?» y el otro no le conteste «manzanas traigo».

UN HOMBRE, UN VOTO (por Rosa Díez)

Rosa Díez (Publicado en UPyD, aquí)

Nos comprometimos con los ciudadanos y ya lo hemos hecho: el pasado jueves presentamos en el Registro del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley de Reforma de la Ley Electoral. Ya habíamos anunciado en el Debate de Investidura que esta sería nuesta primera iniciativa legislativa; y así ha sido. Ahora toca el debate y que cada cual se retrate con sus argumentos y con su voto.

La Proposición que hemos presentado establece que se incrementará el número de Diputados hasta 400 (máximo contemplado en la Constitución); que la circunscripción territorial sean las Comunidades Autónomas (en coherencia con la estructura territorial que de la propia Constitución del 78 dimana; y que de los cuatrocientos Diputados 200 se elijan en circunscripción nacional. O sea, que cada ciudadano tendría en su mano dos papeletas: en una eligiría los candidatos a Diputado que se presentan en su circunscripción autonómica y en otra eligiría a los que se presentan por la circunscripción nacional.

El sistema que proponemos garantiza una proporcionalidad mucho mayor que la actual, da estabilidad al sistema y permite a los ciudadanos discriminar incluso a la hora de elegir a sus representantes en una misma convocatoria electoral, puesto que les da más opciones para elegir. Nos parece una propuesta equilibrada; pero el sistema electoral es discutible. Hay otras muchas formulas y estamos abiertos a debatir sobre todas ellas siempre que garanticen igual o mejor que nuestra propuesta el objetivo: la igualdad del voto del ciudadano, al margen de la parte de España en la que viva y de la opción electoral que elija. Porque eso es lo que no es negociable.

Me interesa mucho destacar que este debate tiene como destinatarios a los ciudadanos. No somos los partidos políticos los que más perdemos con la aplicación de la Ley actual, injusta y desigualitaria. Es el voto, la voluntad de cada uno de los ciudadanos, lo que sale distorsionado por la aplicación de nuestra vigente Ley Electoral . Se trata de que se cumpla el artículo 23 de la Constitución en el que se establece que todos los ciudadanos tienen derecho a eleigir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Cuando ese derecho se vulnera (como es el caso) a los partidos políticos y/o a los candidatos se nos vulnera un derecho pasivo: el de ser elegidos en igualdad de condiciones. Pero al ciudadano se le vulnera su derecho activo a elegir en las mismas condiciones que su vecino. Lo más injusto no es que UPyD tenga un escaño mientras el PNV --con menos votos-- tiene seis; lo más injusto es que el voto de mi vecino --que vota PNV-- valga seis veces más que el mío.

Bueno, pues el debate está servido. En concreto y en el Parlamento, donde se hacen y se cambian las leyes. He aquí una buena ocasión para que los que se reclaman los "campeones de la igualdad" lo demuestren. Nada más igualitario que garantizar que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley; y si nuestro voto no vale lo mismo, pues no hay igualdad que valga. A retratarse toca, señores (y señoras, que nadie se asuste...).

Desplazando el agua del Ebro (por José María Carrascal)

 

JOSÉ MARÍA CARRASCAL (Publicado en ABC, aquí)

LA política de Zapatero se compone de un 60 por ciento de imagen, un 30 por ciento de mentiras y un 10 por ciento de chiste. Algún lector me advertirá que imagen y mentira vienen a ser lo mismo. Lo son, pero mientras la imagen conserva una apariencia de realidad, la mentira la niega, convirtiéndose en chiste o chascarrillo. Los esfuerzos para enmascarar el trasvase del Ebro semejan ya una broma. Trasvase, según el diccionario, es pasar un líquido de un lugar a otro. Pero llevar el agua del Ebro a Barcelona se ha llamado transferencia, conexión, desvío, desplazamiento del agua, y la vicepresidenta, en jarras, ha ordenado «No es trasvase», poniendo firmes a todos, Real Academia incluida.

Mentir es una adicción más profunda que la del fumar o la droga, ya que el mentiroso crónico acaba creyendo sus mentiras, al tiempo que se ve obligado a seguir mintiendo para que no se le venga encima el cúmulo de falsedades que ha levantado. Lo que le convierte en paria social, al no creérsele ni las pocas veces que dice la verdad. Pero cuando es un Gobierno quien se instala en la mentira, la entera sociedad sufre, perdida la confianza en sus instituciones, mientras suena el grito de «¡Sálvese quién pueda!», característico de los países en decadencia. El cómico cinismo con que nuestro Gobierno niega el trasvase del Ebro mientras lo firma, nos hace temer que el segundo mandato de Zapatero sea parecido al anterior, sólo que más hipócrita. No importa quién haya salido ni entrado. Todos tendrán que mentir porque la mentira llega de arriba. España no ha llegado aún al «sálvese quien pueda», pero con otros cuatro años de mentira institucionalizada posiblemente llegue, e incluso podremos saber cuando ocurrirá: cuando Rubalcaba abandone el Gobierno. Y ha estado ya a punto de hacerlo.

Vienen estas reflexiones a cuento de las negociaciones que se traen PP y PSOE. Nada celebraríamos más que la colaboración de los dos grandes partidos en los temas de Estado, siempre que sea amplia y sincera, no un mero reparto de poderes. Ojo, por tanto, el PP. El presidente todavía no nos ha pedido perdón por haber dicho que se había acabado el diálogo con ETA cuando seguía hablando con ella, ni por haber permitido que entrase en los ayuntamientos vascos una ANV que ahora quiere echar, ni por haber calificado de turbulencia pasajera la crisis económica que se nos venía encima. Lo que autoriza a sospechar que piensa seguir engañándonos. Aunque repito, nada me agradaría más que equivocarme y que el cambio de clima político no sea una estratagema gubernamental para continuar lo mismo, ahora con el apoyo del principal partido de la oposición, como antes lo hizo con los pequeños.

Pues a la realidad no se la engaña tan fácilmente como al PP y a los españoles. Una mentira, por mucho que se repita, no se convierte en verdad, como un trasvase no deja de ser trasvase por más sinónimos que le busquen.

Trasvase, elusión del lenguaje e idioteces políticas

Privatizar el lenguaje para desfigurar la realidad (idioteces)

Carlos Martínez Gorriarán (Publicado en UPyD, aquí)

¿Cómo llamar al envío de agua del Ebro a la sedienta Barcelona? Hay sin duda muchas formas elusivas y más o menos ingeniosas de llamar a esa transferencia del líquido vital, pero la mejor porque es la más clara es… esa palabra tabú: ¡trasvase! No es necesario recorrer ahora los intríngulis de las excusas invocadas por la clase política para llamar de modos estólidos, ridículos y tramposos un sencillo trasvase como el que disfrutan Bilbao o Tarragona, entre otras ciudades necesitadas por la naturaleza de su emplazamiento y la potencia de su demografía. Los recursos no siempre están –muchas veces no lo están- donde vive la gente que los necesita, y ese evidente desajuste es el origen, nada menos, del comercio, el transporte y la economía a gran escala. Hace falta padecer de ecofundamentalismo o alguna atrocidad intelectual parecida para tratar de ignorar algo tan evidente; o de pertenecer a la izquierda conservadora y nacionalista española, también.

Hay otro aspecto de lo que se cotorrea en torno al trasvase del Ebro para Barcelona –que eso es, y no otra cosa- que tiene su importancia: me refiero a la privatización del lenguaje para ponerlo al servicio de la estolidez partidista. La lengua, en efecto, es esencialmente algo compartido, una institución social según la célebre y brillante definición de Ferdinand de Saussure que inaugura la lingüística moderna. Y es una institución social porque, no perteneciendo propiamente a nadie (ni siquiera, y sobre todo, a la Real Academia), pertenece propiamente a todos nosotros porque nos sirve para comunicarnos y tratar de la realidad en la que vivimos. Lo contrario de la lengua común, compartida, es el idiolecto, que podríamos describir como un lenguaje personal. Mejor, como un intento de lenguaje personal paradójico, porque nada hay más impersonal que la lengua, por muy personal que sea el uso que hagamos de ella (¿interesante, no? Y también libidinoso…) El idiolecto es interesante si da productos poéticos; de hecho, sólo es tolerable y productiva en el terreno de la creación estética, erótica y mística. Pero ahora nos interesan los aspectos políticos del idiolecto o, mejor, de su imposición.

¿Es posible la privatización política, partidista, de la lengua? ¿Es posible, por tanto, el ideolecto de partido? Posible lo es, vaya que sí: la negativa a usar la palabra trasvase para describir un trasvase es un magnífico ejemplo de esto, y evita que debamos remontarnos a los ejemplos clásicos de origen totalitario. Negarse a pronunciar la palabra trasvase para nombrar la gruesa tubería que llevará agua del Ebro a los grifos barceloneses es, propiamente dicho, toda una idiotez lingüística, un ejercicio de idiolecto de partido o lengua privada de gente interesada en que los demás –pues nos toman por idiotas- no entendamos qué cosas nombra el lenguaje, la parla de los políticos, periodistas y expertos a su servicio. La cosa tiene enjundia: idiotés es el término griego clásico para designar a los ciudadanos que no se interesaban por la política, es decir, por lo común y compartido con todos sus semejantes, concentrados sólo en lo suyo. Término emparentado, obviamente, con idiolecto (que, en sentido genérico, es el modo personal de usar la lengua común). Diríamos que el idiotés tiende inevitablemente al idiolecto, porque su desprecio de lo público y de la realidad también afecta al lenguaje. El idiota político es, como no podía ser de otra forma, un aficionado a la imposición de su idiolecto. Lo necesita para desfigurar la realidad, hacerla irreconocible y despistar a los ciudadanos que tratan de entender las cosas públicas tratando de ellas con el lenguaje común. Como los Gobiernos español y catalán y los partidos que lo sustentan, en Madrid y Barcelona: una panda de idiotés. No nos convirtamos en idiotas siguiendo sus modos discursivos.

Supresión práctica del bilingüismo y ruptura de la igualdad en España

¿Quién tiene un problema serio de falta de fundamentos teóricos?

Pilar López Marco, miembro de la Coordinadora de Aragón (Publicado en UPyD, aquí)

España se romperá si se rompe la igualdad –dijo Rosa Díez en su intervención en el debate de investidura–. Y añadió que ya «se ha empezado a romper, porque la supresión práctica del bilingüismo en Cataluña, imitado en País Vasco y Galicia, y la exigencia abusiva de conocimiento de la lengua cooficial (frente a los criterios de mérito y capacidad), impide la libre circulación de las familias y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad».

En su réplica, Rodríguez Zapatero alegó que «las críticas que hemos oído a la política lingüística, específicamente catalana, y la posición del Estado al respecto se refieren a concretos y limitados casos».

Por el contrario, las denuncias que han llegado al Defensor del Pueblo y a los tribunales demuestran que determinadas administraciones autonómicas practican una política de limpieza lingüística en detrimento del castellano, lengua española oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar (art. 3.1 de la Constitución). Lo grave es que en muchos de estos casos los ciudadanos se ven abocados a emprender costosos y largos litigios contra la propia administración autonómica, es decir, para defenderse frente a quien, en teoría, vela por sus derechos. Veamos sólo algunos ejemplos:

En su Recomendación 6/2005 de 12 de enero, el Defensor del Pueblo denunciaba que los ciudadanos de Cataluña que desean utilizar el castellano en sus relaciones con el Servicio Catalán de Salud se ven obligados a solicitar caso por caso la traducción a esa lengua oficial de todas y cada una de las comunicaciones que les dirige el servicio, inicialmente en catalán. Se obliga así a los interesados a reproducir permanentemente su solicitud inicial de traducción al castellano de comunicaciones, traducción que, por su propio carácter —concesión de citas médicas en fechas determinadas, etc.—, llegaría en muchas ocasiones a poder de los interesados en momentos en que ya carecería de interés para ellos disponer del texto de la comunicación en castellano. Ello constituye, a juicio del Defensor del Pueblo una restricción sin base normativa alguna del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración de la Generalitat Cataluña en la lengua oficial del Estado.

Por su parte, la Recomendación 19/2006, de 10 de febrero, acredita el incumplimiento del ayuntamiento de Tarragona de su obligación de entregar la documentación administrativa en castellano a petición de los interesados. Como justificación, el ayuntamiento alega que la reciente creación del Servicio de Atención al Ciudadano no permite atender este tipo de solicitudes «al no haberse iniciado todavía el proceso de normalización de documentos administrativos que conllevaría la elaboración de versiones de los mismos en lengua castellana». Como denuncia el Defensor del Pueblo, «La explicación revela un entendimiento inadecuado del concepto de Administración pública, aparato constituido para servir con objetividad los intereses generales y a los ciudadanos, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho y cuyos condicionamientos organizativos no pueden por ello erigirse en obstáculo para la efectividad de estos últimos».

Pero los casos más graves afectan al derecho a la educación básica en castellano. Hay que recordar que el actual presidente del gobierno de España replicó a la portavoz de UPyD que «el Tribunal Constitucional ha establecido una jurisprudencia nítida a este respecto, que ha confirmado que los niños en las comunidades autónomas donde existan lenguas cooficiales han de ser escolarizados en la lengua propia hasta que puedan entender la vehicular general». Y añadió: «eso lo respetan las normas autonómicas en todos los casos».

Sin embargo, como suele decirse, hecha la ley, hecha la trampa. Cabe entender que las normas autonómicas contemplan tal previsión, pero, en la práctica, además de producirse su reforma por normas de rango inferior (Decreto del Gobierno Vasco 175/2007 de 16 de octubre), se vienen arbitrando sistemas para hacer lo menos eficaz posible el derecho a la educación básica en castellano. Así, en su Recomendación 11/2006, de 20 de enero, el Defensor del Pueblo constata que según una encuesta oficial de la comunidad autónoma de Cataluña (Encuesta de usos lingüísticos en Cataluña 2003) el número de ciudadanos mayores de 15 años que declararon que el castellano era su primera lengua ascendió a 2.929.100, siendo 2.424.700 el número de los que declararon al castellano como lengua propia y de 2.410.300 el de los que declararon al castellano como lengua habitual.
Frente a esta realidad, «parece ser –afirma el Defensor del Pueblo- que el número de alumnos que ejercitan su derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual es muy escaso (menos de 50 según declaraciones al diario El Mundo, del jueves 12 de enero de 2006 de un alto cargo del departamento de educación de la Generalitat), lo que induce a pensar que, o bien los alumnos no son conocedores de su derecho, o bien encuentran trabas o dificultades para ejercitarlo».

En efecto, algunas de las trabas consisten en que en los impresos de preinscripción se omite cualquier información sobre el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual. Tampoco se incluyen espacios adecuados para que los padres informen a la administración educativa de cuál es la lengua habitual del alumno y cuál la lengua por la que optan para que éste reciba la primera enseñanza”. De hecho, como señala el Defensor del Pueblo, «cinco años más tarde de la primera recomendación, -y sin que el parecer antes expresado por esta Institución hubiera tenido reflejo alguno en la práctica administrativa del ese Departamento– se iniciaron nuevas actuaciones, ya que esta Institución fue informada de que los impresos de preinscripción seguían adoleciendo de las mismas carencias, y ello a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia 1062/2004 ya estableció la obligación de esa administración educativa de adoptar las medidas necesarias –un par de casillas- para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos, antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza».

Por otra parte, la nítida jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que aludió el Sr. Rodríguez Zapatero, también explicita sin ambages lo siguiente: «Aun cuando la finalidad a alcanzar sea el dominio de la lengua castellana y de la lengua propia de la Comunidad Autónoma al término de los estudios, es evidente que los casos de quienes se incorporan al sistema educativo en una Comunidad Autónoma donde existe un régimen de cooficialidad lingüística, habiendo cursado estudios en una Comunidad Autónoma donde sólo el castellano es materia obligatoria, exigen a los poderes autonómicos medidas de carácter flexible en la ordenación legal de las enseñanzas para atender estas especiales situaciones personales. Pues, de lo contrario, es claro que podría quedar afectada la continuidad de los estudios en todo el territorio del Estado por razón de la lengua, con evidente vulneración del derecho a la educación garantizado por el artículo 27 de nuestra Norma fundamental». (STC núm. 337/1994 de 23 diciembre).

Finalmente, el Tribunal Constitucional tiene también declarado que el hecho de que las autoridades del País Vasco y Cataluña tengan entre sus deberes el de arbitrar y regular las medidas y medios necesarios para el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunidad, no sustrae a los órganos centrales del Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, entre los cuales se encuentra el de conocer la lengua del Estado (artículo 149.1.1.ª en relación con el artículo 3.1. CE). El ejercicio de esta competencia ha de dar lugar necesariamente a la promulgación por el Estado de las normas aplicables en la materia». (Sentencia núm. 6/1982 de 22 febrero).

Por todo ello, a la vista de su respuesta sobre la cuestión lingüística, cabe pensar que el presidente del gobierno no conoce esta otra nítida jurisprudencia del Tribunal Constitucional ni las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que no se refieren precisamente a casos aislados. O quizás es que no le interesa lo que pueda decir una Institución independiente, que no está sometida a mandato imperativo alguno y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Ello explicaría que a la propuesta de la portavoz de UPyD de que el Fiscal General del Estado pase a ser elegido por mayoría de tres quintos en las Cortes Generales, como el Defensor del Pueblo, el Sr. Rodríguez Zapatero contestase que «es conveniente que el Ministerio Fiscal, sea nombrado por el Gobierno, puesto que tiene un papel radicalmente diferente del Defensor del Pueblo».

Como se desprende del artículo 54 de la Constitución, el Defensor del Pueblo tiene la misión de velar por los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos españoles. ¿Y el Ministerio Fiscal? ¿Acaso velar por el interés del gobierno que lo nombra?

Bibiana Aído, la igualdad y el adanismo (por Carlos Martínez Gorriarán)

Carlos Martínez Gorriarán (Publicado en UPyD, aquí)

Antiguamente se consideraba que un ministerio era un puesto de excepcional importancia reservado a personas de amplio recorrido profesional, experiencia en la vida y dilatadas perspectivas sobre su especialidad. No es que siempre se procediera eligiendo a los “mejores”, qué va, pero al menos se aparentaba que se procedía de esa manera. Ya se sabe: la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud.

Zapatero también ha cambiado eso. Audacia no le falta. En su convicción, exitosa en términos electorales, de que el arte de gobernar es sobre todo asunto de tono, talante, retórica, gestos y marketing, lo que le preocupa es premiar a los amigos en deuda, alejar a los rivales potenciales, tener a raya y domesticado al partido, y promocionar a personas de méritos desconocidos y, por lo mismo, vinculadas a su persona por una dependencia totalmente clientelar. Un indicio del éxito de este modo de proceder es el hecho, resaltado el otro día por Santiago González, de que la totalidad de la prensa nacional y extranjera contara el número de ministros y ministras del gobierno… sin incluir al Presidente Zapatero, que ya parece habitar una órbita muy superior a los ministros y no digamos a los ministrables.

La política zapateril ha vuelto a mostrar su preferencia por sus propios descubrimientos, entre los que descuellan las mujeres jóvenes. Quizás el epítome de esta categoría sea Bibiana Aído: tiene 31 años. En su blog personal Amanece en Cádiz, que según se dice ha jugado un papel importante en su promoción política –aunque, a primera vista, le sobran la mitad de las comas-, Bibiana Aído ha colgado un curriculum vitae de enternecedora sinceridad. En total la chica, si se me perdona la confianza, ha trabajado un total de 14 meses y medio en dos empresas locales, en puestos menores con aroma a prácticas. Después pasó a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, y sobre todo a tutelar y dirigir la competencia exclusiva mundial de esa institución, a saber, la vigilancia y cultivo del flamenco en la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Huelgan comentarios: esta mujer con esta experiencia es la que va a dirigir un ministerio en el Gobierno de España, el de Igualdad. Lo cierto es que su perfil biográfico es muy parecido al de su mentor, José Luis Rodríguez Zapatero, sólo que más meteórico. Un bólido, vaya. Se afilió a las JJSS a la edad de 16 años, y luego, pues todo directo hacia arriba subiendo por el Partido en vez de por la vida, tan dura (dicho sea de paso: evitar estas carreras “meteóricas” es una de las razones por las que UPyD no quiere tener Juventudes). El zapaterismo adora el adanismo, la creencia (que resulta palurda y arrogante) en que todo comienza con uno y de que el mundo acaba de inventarse para que uno lo disfrute. Y Bibiana Aído parece un consumado ejemplo de adanismo.

¿De qué va el ministerio de Igualdad? Como era presumible no tiene nada que ver con la vigilancia y tutela de las medidas y el sistema métrico, sino con el concepto zapateril de igualdad, cuyas dos facetas brillaron en el discurso de Investidura: igualdad entre los territorios, e igualdad de género o sexual. El nuevo ministerio se ocupará de este aspecto del asunto: chicos y chicas. La flamante ministra ha anunciado, como uno de los nortes de su administración, que “trabajará sin tregua” para aislar a los maltratadores. No sé, pero suena a desconfianza en las posibilidades de la rehabilitación de delincuentes e incluso terroristas. Porque hay maltratadores condenados que se rehabilitan. ¿Debemos entender las palabras de la ministra y de su jefe como que, sin embargo, deben perder toda esperanza? ¿Que no hay rehabilitación ni vuelta al redil para ellos?

En tal caso convendrá que nos expliquen por qué un maltratador condenado, y creo que rehabilitado a juzgar por las apariencias, ocupa un cargo fundamental en su partido y ha contado con la confianza personal del Presidente del Gobierno para negociar con ETA, nada menos. Me refiero, claro está, a Jesús Eguiguren, presidente del PSE. Fue condenado en 1992 por un juzgado de San Sebastián por pegar a su mujer. Ahora negocia con terroristas si se presenta la ocasión, y su partido está encantado con sus habilidades, aunque los demás no veamos su utilidad. Esperemos que esta historia no llegue a oídos de doña Bibiana Aído. Debería aislarlo y no es eso, se vería con claridad de qué manera el vicio sigue rindiendo homenaje a la virtud mediante la práctica de la hipocresía, aunque sea de género.

La hibernación de los nacionalismos (por Urtica Dioica)

Urtica Dioica (Publicado en Estrella Digital.com, aquí)

Al analizar los comportamientos públicos de la gente no conviene olvidar que, al igual que en la naturaleza se pueden observar con claridad los ciclos biológicos de algunos seres vivos, en la política se pueden identificar sin dificultad los ciclos electorales de los partidos. Esta realidad cíclica es especialmente significativa en la vida de los partidos nacionalistas que completan el mapa parlamentario español.

En las elecciones generales está en juego quién es el presidente del Gobierno de España y, por eso, hay más ciudadanos que dan la espalda a los candidatos nacionalistas que no tienen posibilidad alguna de lograrlo, para dar su voto directamente a los candidatos nacionales que sí las tienen. En esta época, los partidos nacionalistas entran en hibernación, tanto más intensa cuanto más hayan colaborado y se hayan confundido con el partido del Gobierno. Esto, sumado a las mofas de Carod-Rovira —sobre coronas de espinas o sobre banderas españolas en la tintorería— impropias de un líder, explicaría la espectacular caída de ERC en beneficio de los socialistas catalanes, o los 10 puntos de diferencia entre elecciones autonómicas y generales que caracterizan al BNG.

La bajada del PNV, lo mismo que la de CiU del 2004, de la que no se recuperó en estas últimas, tienen mucho que ver, además, con sus problemas internos de liderazgo y de estrategia. El PNV no ha digerido los relevos de Ardanza en Ajuria Enea y de Arzalluz en el EBB, con todo lo que ello conlleva. El lehendakari Ardanza lideró un pacto de todas las fuerzas políticas vascas para luchar contra ETA, y eso fue un gran activo político —insuficientemente aprovechado— que su sucesor Ibarretxe sustituyó por un plan propio de un iluminado —disfraz común de los mediocres— para destrozar la herencia recibida de unidad exterior, y acabar afectando gravemente a la unidad interior del PNV. Los resultados electorales lo corroboran.

El mal de CiU nace de la pérdida de liderazgo que se derivó de la diferencia de talla política existente entre Jordi Pujol y Artur Mas: 17/18 escaños en los años 90, frente a los 10/11 actuales. El amor zapateril y la estrategia suicida de un Artur Mas, jaleado por unos pocos fans, para descalificar sistemáticamente los innegables logros del Gobierno del PP en Cataluña, conseguidos precisamente con el apoyo de CiU, ha acabado por regalar el partido a su adversario socialista, José Montilla, sostenido por ERC, a pesar de los esfuerzos encomiables de Durán y Lleida para impedirlo.

Pero, a partir de ahora, con la llegada de las elecciones autonómicas en Galicia, País Vasco y Cataluña, los nacionalistas irán saliendo de su letargo. Vienen tiempos favorables para ellos. Pero todos presentan dolencias graves en su musculatura política y está por ver si las podrán superar antes de las citas con las urnas.

Esperanzas políticas puestas en UPyD

La enorme responsabilidad de UPyD

(Publicado en Voto en Blanco-periodistadigital.com). Archivado en Política, Democracia, Corrupción

Visto el deprimente espectáculo del debate de investidura y ante la valiente, democrática y tajante intervención de Rosa Díez, a los demócratas españoles, angustiados por el bipartidismo mediocre y asqueados ante el deterioro de un sistema sin ciudadanos y secuestrado por partidos políticos que no respetan las reglas basicas de la democracia, no les queda otra opción que contemplar a UPyD como la única gran esperanza.

Ha sido recibido con hostilidad mezquina por los partidos políticos tradicionales y por la prensa sometida, pero Unión, Progreso y Democracia (UPyD), a pesar de que sólo ha obtenido un diputado en las últimas elecciones generales, ha despertado admiración y esperanza entre los cientos de miles de auténticos demócratas que, esparcidos por las tierras de España, se habían divorciado de la democracia española por el terrible deterioro del sistema y la degradación política.

Cada demócrata español, incapaz de sentir admiración o respeto hacia los grandes partidos, se ha convertido en un admirador expectante de ese partido, lo que proporciona a UPyD una valiosa red capilar en todas y cada una de las autonomías, una base solvente que le permitirá crecer y presentarse con esperanzas de éxito en las próximas citas electorales.

Pero UPyD, con un sólo escaño en el Congreso, el que ocupa Rosa Díez, apenas tiene hoy algo más que "crédito" entre los demócratas españoles, un pequeño capital basado en sus declaraciones y movimientos orientados a la regeneración democrática, a la condena de las prácticas autoritarias y corruptas de los viejos partidos y, sobre todo, a la promesa de hacer todo lo posible por una democracia más limpia y auténtica, lo que significa acabar con las listas cerradas y bloqueadas, con la bastarda usurpación de los poderes básicos del Estado por parte de los partidos políticos, con el casi invencible poder del nacionalismo, con la invasión política de la sociedad civil, con la corrupción y con otras irregularidades y marrullerías hoy vigentes en la política española.

Con poco más de 300.000 votos, UPyD no tiene más capital que la adhesión y la esperanza de los demócratas que le han votado y la de otros muchos que, sin haberse atrevido a votarles, les vigilan con ilusión contenida, algo que representa una riqueza de gran potencial y futuro.

El gran desafío de UPyD es transformar ese "crédito" en un auténtico capital político avalado por la defensa de la auténtica democracia en un país que, desgraciadamente, está dominado por las élites oligárquicas de partidos políticos apalancados en el poder y en el privilegio.

Pero UPyD, además de soportar la esperanza, tiene también una enorme responsabilidad con la democracia y con los demócratas. Frustrar la ilusión que han sabido despertar, contaminarse como un partido más y olvidarse de sus exigencias de limpieza y regeneración sería el más sucio de los crímenes y una verdadera tragedia para la democracia española.

El fracaso de UPyD representaría el fin de la única esperanza actual de una democracia española que ha caído demasiado pronto en la corrupción y que, en secreto y con alevosía, ha sido convertida por los grandes partidos en una sucia y podrida oligocracia sin ciudadanos e infectada de políticos profesionales privilegiados, inútiles e ineptos.

FRM

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UPyD es el único partido que asume sin complejos ni cálculos electoralistas la defensa de la unidad de España y la igualdad entre españoles

Sin la ambigüedad de Rajoy

(Publicado en minutodigital.com, aquí) en la sección Elecciones2008 |

Será porque la nueva diputada de UPyD, Rosa Díez, lo tiene todo por ganar y nada que perder, pero el caso es que tras el debate de investidura, ha conseguido transmitir la imagen y la idea de que su partido es el único que asume sin complejos ni obtusos cálculos electoralistas la defensa de la unidad de España y la igualdad entre españoles.

La ambigüedad del nuevo discurso de Rajoy sin duda está propiciando que el   recién estrenado UPyD sea más creíble que el PP a la hora del “estamos y estaremos en defensa de la igualdad de los españoles, de sus derechos y de la unidad de la nación española”, que decía Rajoy.  Y es que el ciudadano de la calle no acaba de confiar en el PP  para defender esos principios.

Rosa Diez fue al grano y al meollo  de lo que nos estamos jugando, denunciando  en el debate de investidura que situaciones como las que se viven en Cataluña, donde no es posible estudiar en castellano en los colegios públicos, están generando discriminaciones y «rompiendo la igualdad» entre los españoles, lo que provoca que la España constitucional «se esté empezando a romper».

Mientras el PP se pierde en querer quedar bien con todo el mundo y poner velas a Dios y al diablo, con propuestas contradictorias sobre el uso del español en las regiones con lengua propia, predicando en mítines la libertad de elección pero incorporando a su programa el sistema de porcentajes, Rosa Diez ha lanzado una idea clara: esta en contra de la discriminación del castellano en Cataluña, Galicia y el País Vasco y la imposición de las lenguas cooficiales en la educación. Así de simple. Y así de directo se llega al ciudadano.

Mientras Rajoy  se “olvido” de la cuestión lingüística, Díez, canto la verdades del barquero: «la supresión práctica del bilingüismo» en Cataluña en perjuicio del castellano «impide la libre circulación de las familias». Además, denunció que «la exigencia abusiva del conocimiento de la lengua cooficial para concursar a puestos públicos» supone una «discriminación para todos los españoles». De nuevo un mensaje claro y contundente.

«UPyD defiende la unidad de la nación» porque es «el único instrumento capaz de garantizar la igualdad», dijo. A continuación denunció que «España, la España constitucional que a nosotros nos interesa, se romperá si se rompe la igualdad y eso se ha empezado a romper». Otro mensaje claro y directo para el ciudadano.

A ver si algunos se van enterando de que a muchos españoles de pie, lo que nos interesa de verdad es eso, la defensa de unos principios sin ambigüedades,  y muy poco que el PP sea marianista o esperanzista.

Otra legislatura (por Ogsmande Lescayllers)

Ogsmande Lescayllers

Publicado en Xornal.com, aquí)

Hace un mes que finalizaron las Elecciones Generales y las urnas le abrieron nuevamente las puertas al Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Durante cuatro años, que parecían interminables, dado el estado de crispación que se produjo durante la pasada legislatura, se hicieron muchas cosas y otras tantas quedaron por hacerse, sin embargo, el país no se rompió, los españoles, no dejaron de ser españoles, salvo aquellos que no se comportaron como tales. España creció, sin necesidad de que Zapatero se arrodillara delante de George Bush. Los pobres siguieron siendo pobres y, los ricos, quizás, un poquito más acaudalados. Los enjuiciados por el 11-M recibieron una sentencia ejemplar. ETA cayó en su propia trampa, al no entender el juego democrático y las exigencias de los ciudadanos libres. El PP que auguraba el Apocalipsis o el fin de España, sólo pudo anunciar el parto de una niña, que según dicen aún está por nacer, porque la que han sacado a la palestra ya está mayorcita y con ganas de dar caña, para no demeritar a su progenitor. Las víctimas del terrorismo no fueron bien orientadas en sus aspiraciones y en algunos momentos, algunos, pasaron del dolor a la ira y de esta a la venganza, sus razones a veces pueden ser entendibles, pero los derechos frente a la violencia, se reclaman desde la serenidad y por medio de la justicia. Los precios de los productos básicos subieron una barbaridad: el pan, la gasolina, el agua, la leche, la luz y todo aquello que se vende han disparado sus precios, sin que los salarios compensen. Y las hipotecas, ni se diga. Una inmensa cantidad de inmigrantes sigue indocumentada, deambulando por las calles de los pueblos de España, desorientada, al ver cómo se le diluye el sueño que traían de convertirse en ciudadanos libres y poder trabajar para enviarles dinero a sus familias para que se alimentaran. El paro sigue llenándose de parados. La economía, a nivel internacional está a punto de caer en recesión. En el mundo siguen habiendo guerras; la Unión Europea fortalece la OTAN y los gobiernos siguen mandando hombres a Afganistán, a Irak y a otros puntos calientes del planeta, ya no por el cambio climático, sino por el clima de tensiones provocado por las desigualdades sociales que padecen esos pueblos. La Antorcha Olímpica se ha convertido en una antorcha política, que se enciende y se apaga, de acuerdo al país por donde pasa. En política, desde los tiempos de las polis, para que sus efectos sean productivos, se necesitan cambios. Todo aquel que ha intentado maquillar un sistema o a un partido, ha caído en su propia trampa. El buen político es el que sabe que nada es para siempre y, que ese siempre, también significa ahora. Porque a veces, pensando que mañana lo hará mejor, lo que hace es retrazar el proceso del que han de surgir los cambios para que las ideas se conviertan en realidad. Una nación, grande o pequeña, no se hace sólo por la voluntad de un partido. En política, como en casi todas las cosas de la vida, la soledad no es recomendable. De ahí que, este nuevo gobierno debe buscar la unidad de todos y trabajar con todos, en aquellas tareas donde todos hagan falta. El diálogo debe primar en todas las cosas. Diálogo abierto, sincero, sin tapujos, porque si alguien sabe lo que quiere y cuándo lo quiere, ese el pueblo, pero también se hace necesario saber orientarlo, para no caer en el disparata y la anarquía, sobre todo, cuando sabemos, que existen muchos malintencionados que se ocultan detrás de las pancartas, la bandera y el falso patriotismo y siempre andan buscando la forma de figurar a cualquier precio. Los políticos deben hacer política, no politiquería. La prensa, radial, escrita y televisiva, debe informar con claridad y objetivamente, no desinformar, o andar creando conspiraciones y alentando cazas de brujas. Los ciudadanos han de ser informados sin andarse con tantos sensacionalismos, en un lenguaje claro, preciso y si es posible educador. Asimismo, la educación para la ciudadanía debe llevarse a buen puerto, clarificando aquí, los puntos oscuros, allí las partes dudosas, porque es una buena manera de formar ciudadanos. Porque, como se sabe, la educación de los pueblos ha de hacerse con arreglo a lo que demandan los tiempos y estos son para hombres libres, para las ciencias, la democracia y la abolición de las fronteras geográficas y mentales, que tantos daños les han hecho y les hacen a la humanidad. La iglesia, ahora tiene tiempo para salir a buscar sus a “ovejas descarriadas”, pero no sólo fuera de las iglesias, sino, y eso en primer lugar, dentro de la iglesia misma. Porque no sirve a Dios quien miente, quien cabildea desde el púlpito y cierra los ojos frente a las realidades que existen en su entorno o en el mundo. El gobierno tendrá que luchar sin descanso por poner fin al terrorismo de ETA y a todos los demás, y, como es natural, ETA tiene que mirar hacia las instituciones, abandonar, de una vez por todas, la violencia, si en realidad quiere a un país vasco en paz, grande, fuerte y próspero. Sabiendo, además, que ya no valen más comunicados anunciando treguas unilaterales, que su única tregua es el abandono definitivo de las armas, Porque esa será su mayor o su única victoria. El diálogo, el acuerdo, la solución de los problemas, han de resolverse a través de la palabra y no con la violencia o las armas. Esa ha de ser la tónica que debe primar en España, en estos tiempos cuando las fuerzas se han de repartir con uniformidad, para luchar contra el cambio climático, la pobreza, el hambre y todas las demás tareas que nos demanda el siglo XXI. Un mes después de la tormenta, se impone la calma. Los políticos han de ser el ejemplo y el modelo a seguir en todos los órdenes de la vida, para que los ciudadanos sigan creyendo en la política y en sus realizaciones necesarias. El pueblo soberano ejerció su derecho, ahora los políticos han de retribuir al pueblo, con paz, solidaridad, bienestar, atención a sus demandas y sosiego, para que sea verdaderamente soberano el mandato que les han dado. Esperemos que no se repitan los mismos guirigay y desencuentros de la legislatura pasada; que el parlamento sea la casa de la concordia, y el espejo de la nación, donde se reúnen los representantes electos por los ciudadanos, para que, civilizadamente, defiendan sus derechos y demandas, sobre la base de la lógica y la razón que les dieron los sufragios. Esperemos, que no olviden de nuevo, que el pueblo, aunque no lo parezca, toma notas.