Roberto Centeno (Publicado en Cotizalia.com, aquí)
Mariano Rajoy ha dado un giro de 180º a su estrategia inicial de control a priori del gasto de las CCAA por exigencia de los nacionalistas CiU. Mientras, estos chulos de patio de colegio -que han sacado 100.000 votos menos que UPyD-, en su línea habitual de hostilidad hacia España, han dado a conocer un nuevo Protocolo de asistencia sanitaria que parece copiado de las leyes de discriminación raciales hitlerianas de 1934 y acarrearía penas de cárcel en cualquier país civilizado. Según este Protocolo de la Infamia, solo se dará asistencia sanitaria en catalán.
El citado Protocolo prohíbe expresamente a los médicos de la Sanidad Pública catalana (todos hispanohablantes), atender a los pacientes en español, de forma que si éstos no entienden el catalán tendrán que hacerse entender “por señas o por dibujos” o no ser atendidos. Cabe preguntarse en qué hospital o centro médico del mundo civilizado se prohíbe la relación médico-paciente si hablan el mismo idioma. Es algo tan abyecto que solo puede surgir de mentes fanáticas. Adicionalmente, los médicos tienen prohibido hablar entre ellos, incluso por teléfono, en otro idioma que no sea el catalán. Una muestra más del odio ciego a todo lo español, algo que los nacionalistas de CiU están extendiendo a todos los ámbitos de la vida en Cataluña ante la inacción del Estado.
A ello se suma el hecho de que Alicia Sánchez Camacho, cabeza del PP catalán, haya superado el límite de la traición a sus votantes al proponer que las relaciones con Cataluña se desarrollen en forma bilateral, como si ésta fuera un Estado soberano, en vez de exigir a CiU que cumpla la Ley y la Constitución y retire de inmediato el Protocolo. ¿Quién habrá autorizado a esta insensata a cometer tamaña felonía? Rajoy no ha dicho ni pío, cuando, en cambio, le ha faltado tiempo para ordenar a Sáenz de Santamaría que desautorice a Montoro en su propuesta para exigir responsabilidades penales a quienes gasten por encima de lo que están autorizados –una medida que permitiría meter en la cárcel a Zapatero, a Mas, a Gallardón y a muchos más-. Una demostración más de la cobardía con que Rajoy utiliza la mayoría absoluta que le dieron los españoles para hiciera todo lo contrario.
¿Recuperar el concepto de nación dando dinero para lo contrario?
Y mientras el PP apoya y financia el ‘menos España’, la Ponencia Política de su Congreso en Sevilla habla a bombo y platillo de “recuperar el concepto de nación”. Es incomprensible, puesto que hace diez días los populares hicieron una declaración institucional acompañada por un rio de dinero justo para lo contrario: proclamaron oficialmente el “total respeto del Gobierno y del PP a la plena autonomía económica, política y financiera de las CCAA”. El colmo se alcanza al designar a Duran y Lleida -quien no cree en España- Presidente de la Comisión de Exteriores de España, como si fuéramos la colonia de Cataluña que pretende el Estatut, del mismo modo que ingleses o franceses presidían las relaciones exteriores de sus colonias. ¿Va Duran i Lleida a recuperar el concepto de una nación cuya existencia niega? Realmente el grado del fraude de Rajoy a sus votantes y a España no conoce límites.
De esta forma, mientras que en todos los Estados Federales existe la doctrina, inamovible desde mediados del siglo XIX, de que ningún Estado, Lander o similar puede ser rescatado con dinero federal -una doctrina que hasta Zapatero mantuvo intocable, al negarse a través de su vicepresidenta Salgado a avalar o respaldar la deuda de las CCAA-, llega Rajoy y eleva los impuestos sobre la renta y el ahorro al nivel más alto de la historia, deja a las Fuerzas Armadas sin capacidad operativa, al Ministerio de Fomento sin dinero para infraestructuras, a Interior teniendo que desmantelar la lucha contra el crimen organizado y Dios sabe qué más, y al resto de ministerios e instituciones del Estado sin dinero para financiar el correcto funcionamiento de España. Mientras, regala a unos gestores cubiertos de oprobio una lluvia de millones para seguir financiando la juerga autonómica.
Sin embargo, no solo está el disparate de salvar a los despilfarradores y a los ineptos. El problema es que, a cambio de tamaño despropósito, no se ha exigido contrapartida real alguna. Todos los analistas y agentes económicos esperaban la articulación simultánea de un marco claro y reglado para poner fin al descontrol del gasto autonómico y que evitase el déficit. El Gobierno no ha exigido nada. Por no exigir, ni siquiera ha exigido la menor garantía de que los 8.000 millones iniciales, y los que después sea menester, que van a recibir del ICO se empleen en pagar a proveedores. Tampoco hay mecanismo de control para asegurar que dicha cifra no se dedica a pagar sueldos de paniaguados, financiar coches oficiales, televisiones, embajadas y similares, que es en lo que se va emplear mayoritariamente.
La medida es tan chapucera que ni siquiera se han precisado los plazos y los tipos de interés de los préstamos ICO. Total, ¿qué más da? Si no pueden devolver -y no podrán- se hace como con los 31.000 millones cobrados de más: se amplía lo que haga falta su devolución. Y así las cosas, sin haber sido capaces de crear un marco de contención de gasto que evite el déficit, Montoro acaba de decir en voz alta lo que cualquiera que se moleste en sumar y restar conoce: tras no haber cumplido el compromiso de déficit de 2011 tampoco podrá cumplirse el de 2012. La otra gran promesa electoral de Rajoy, junto con la de no subir impuestos, se va directamente por el desagüe.
De nada sirve que dentro de esa jaula de grillos en la que se ha convertido la cúpula económica del PP, donde los mensajes opuestos y contradictorios son algo habitual, Sáenz salga en tromba a desmentir a Montoro. Si el único que conoce los datos dice que no podremos cumplir, ¿en qué se basa para decir lo contrario?
Mínimo garantizado: la mitad de la legislatura en números rojos
Como era de esperar, a la vista del hundimiento que viene experimentando nuestra economía desde finales de verano, de su desplome en noviembre y diciembre, y al hecho de que los indicadores adelantados de producción y servicios (el 80% del PIB) muestran una caída brutal que ronda el -8%, el FMI nos anuncia un nuevo bienio negro a partir del segundo trimestre 2012 en el que el PIB y el empleo caerán en forma significativa. Éste se suma a los dos anteriores. Se dice, y es verdad, que el FMI no da una a derechas. Pero lo que no se dice es que, desde que comenzó la crisis, todas sus previsiones han infravalorado, a veces significativamente, las caídas. Por ello, es muy probable que las caídas del PIB y del empleo sean superiores a las previstas.
Una caída del PIB de 2012 de entre el 3 y el 4% y un incremento del desempleo en un millón de personas (hasta superar los 6 millones de parados) a finales de año, como indica la última previsión de S&P, es más acorde con los augurios de todos los indicadores de actividad y demanda, a lo que hay que sumar la deflación que producirán las subidas de impuestos. De todas maneras, tanto en uno como en otro caso, es evidente la imposibilidad de cumplir el compromiso de déficit si Rajoy no está dispuesto, y no lo está, a recortar y controlar en serio el despilfarro autonómico y local, o a eliminar las subvenciones de escándalo a sindicatos, TVE, titiriteros, empresas públicas y mil cosas más.
Veamos las cifras: el agujero adicional reconocido en 2011 es de unos 25.000 millones, pero podría ser mucho más profundo cuando se conozca la realidad de Andalucía y el gasto trasladado a 2012. Rajoy, entre recortes a España y expolio a la clase media, consigue 16.000, pero como ha comprometido gastos nuevos por 14.000, el neto son 2.000 millones. Y debe recortar 23.000 más para cubrir el agujero adicional de 2011.
Y, después, 2012. El compromiso del 4,4% se basaba en un crecimiento del PIB que parece de ciencia ficción, el 2,3%. Si ahora fuera del -1,7% los ingresos fiscales caerían en unos 16.000 millones y el recorte debería ser de 39.000 (23+16), algo perfectamente posible en un país donde el modelo de Estado despilfarra 120.000. Pero también un recorte que la casta política no acepta, porque rebasaría sus líneas rojas de prebendas y eliminaría el enchufe de dos millones de parientes y amigos. Cada punto más de caída del PIB aumentaría el agujero en 4.500 millones, contando solo los efectos fiscales directos –después están también los indirectos, derivados del menor consumo por menores salarios, mayores impuestos, y subida de servicios esenciales-. El gasto de 2011 trasladado a 2012 más Andalucía puede superar los 10.000 millones. Como el PIB sería inferior al billón, el déficit subiría porcentualmente.
Y, entre tanto, el chico de Lehman, Montoro y De Santamaría se enzarzan a bofetadas y declaraciones contradictorias mientras reparten millones como escombros; millones para que Valencia y Cataluña no suspendan pagos, todo ello sin control, ni marco político ni financiero alguno. Todo ello sin hablar tampoco de la bomba nuclear de Bankia, un agujero de 30 a 40.000 millones, un caso sobre el que Montoro dice que ni un euro y De Guindos que sanear con dinero público y regalársela a los catalanes, como hizo Zapatero con la CAM, donde nos robó 16.000 millones para entregársela al Sabadell.
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