Defecación estúpida y contradictoria de "El País" y Branchadell contra el Manifiesto por la Lengua Común

Tiro por elevación y reducción al absurdo

Carlos Martínez Gorriarán

(Publicado en UPyD, aquí)

El País continuaba ayer su campaña contra el Manifiesto por la Lengua Común encargando una pieza de imputación a Albert Branchadell, que ya fuera consejero áulico de Jordi Pujol en la justificación de las agresiones lingüísticas catalanas. El encargo no carece de habilidad, porque el texto de Branchadell dispara por elevación y conduce a la comodidad de la reducción al absurdo: no refuta tanto lo que dice el manifiesto como adelanta la exigencia de que se consideren “lenguas comunes” todas las cooficiales en España. La pena es que el artículo no ponga a prueba su receta y no haya sido publicado en prístino y subvencionable catalán, lo que serviría para que El País pruebe su propia medicina. Pero claro, hay criterios económicos muy disuasorios para acometer esa muestra de heroísmo cívico pues, diga lo que diga Branchadell, todo el mundo razonable distingue sin la menor dificultad cuándo y por qué una lengua tiene la propiedad de ser común y cuándo no, muy especialmente los lectores y anunciantes de los papeles, aunque ello resulte insoportable a Branchadell o Suso de Toro.

Pero en fin, hagamos un esfuerzo menor por retirar el atasco conceptual y empírico sobre el que se eleva, como sobre un gigantesco coprolito de dinosaurio, la pieza branchadelliana. Veamos: dice el autor:

1 – “España es un país plurilingüe. La mayoría de españoles tiene el castellano como lengua materna o lo ha elegido como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación, pero existen también otros españoles que tienen o han elegido otra lengua. Ésta es la realidad que la Constitución de 1978, los estatutos de autonomía y las llamadas leyes "de normalización lingüística" han pretendido acomodar en los últimos 30 años. Y he aquí la realidad que el Manifiesto por la lengua común no acierta a reconocer en su empeño por encumbrar el concepto de "lengua común" y dar marcha atrás en el camino iniciado hace seis lustros.”

Ajá: un buen resumen nacionalista de la jugada; de lo que se ha tratado en estos 30 años es de acabar con la comunidad de lengua española existente, de facto, desde hace varios siglos. El regreso al Medievo imaginario. ¡Eso sí que es un flashback, y no lo nuestro!

2 – “El primer reproche que cabe dirigir al Manifiesto no es su franco involucionismo sino el concepto mismo de "lengua común". Según el Diccionario de la Lengua Española, "común" es lo que "no siendo privativamente de ninguno, pertenece o se extiende a varios". Sin duda, el castellano pertenece a todos los españoles. Pero también el catalán/valenciano, el euskera y el gallego”.

Paradigmático: el concepto de común, que deriva primariamente de lo compartido y de comunidad, trasladado al dominio de la propiedad económica; ¡es la pasta, como siempre! Y la visión nacionalista del asunto: lo mío es sólo mío, pero lo tuyo a medias.

Llegados a este delicado punto, ¿qué es una lengua común? Fácil: la que comparte, por las razones que sean, una comunidad de usuarios que es tal precisamente porque tiene en común, comparte, esa lengua que les permite comunicarse. Algo así como decir que el cristianismo es la religión común de los cristianos, o que el Mercado Común europeo era una organización de Estados que decidieron compartir y fundir sus mercados nacionales en uno transnacional (lo que no significa que el mercado no sea de nadie).

Por tanto, ¿por qué el castellano es la lengua común de España y, en cambio, no lo son el catalán, el gallego o el eusquera? Porque la práctica totalidad de españoles hablantes de ese grupo de lenguas también lo eran o son, con diversos grados de destreza (ahí está el caso Aído), hablantes o conocedores del castellano, la koiné española por excelencia. Puede no gustar e incluso cabrear, pero es así. El catalán es, desde luego, la lengua común de los catalanohablantes, pero de nadie más; no es la mía, ni lo será hasta que la aprenda. Esa es la regla de significado –común- de la expresión “lengua común”.

3 – “El plan del Manifiesto es trasladar la asimetría social a la esfera política y ordenar jerárquicamente las lenguas: el castellano debe ser la lengua verdaderamente oficial y las demás deben serlo sólo de modo secundario. El problema es obvio: este plan no está en línea con el desarrollo del bloque constitucional de los últimos 30 años.”

El Manifiesto no traslada asimetrías ni establece jerarquías, se limita a exigir que la legislación sea respetuosa con los principios democráticos –que pueden ser muy asimétricos: por ejemplo, los millonarios pagan más impuestos que los parados-, y con la realidad lingüística existente, objetiva, real y por tanto verdadera. Y para colmo, la última falacia: que el desarrollo de la Constitución justifica eliminar la libertad de elección de lenguas. ¿Debemos considerar “desarrollo del bloque constitucional” a normativas autonómicas que atropellan los preceptos constitucionales, como la totalidad del artículo 3? Pues si es así, habrá llegado el momento de rectificar.

4 – “El Manifiesto sostiene que esa normativa debe fijar que el castellano es "común y oficial" a todo el territorio y la única lengua cuya comprensión "puede serle supuesta a todos los ciudadanos españoles". Si exceptuamos el aconstitucional "común", esa propuesta ya está en la Constitución.”

Pues más arriba sostenía lo contrario. ¿Y su lógica, señor?

5 – “El Manifiesto también reclama que se establezca el derecho de los ciudadanos a ser educados en castellano. A diferencia de la anterior, esta propuesta no está en la Constitución. Lo que sí existe es una acreditada jurisprudencia según la cual el derecho a la educación no implica el derecho a elegir la lengua de la enseñanza.”

Tampoco prescribe la Constitución el derecho a dormir la siesta, ir al cine o comer jamón, y todos consideramos que son cosas muy constitucionales. Lo que no hace la Constitución, Branchadell, es prohibir lo que no prescriba expresamente. Como la escolarización en lengua materna. Y es aberrante que una sentencia judicial acepte, en una democracia –sí en una dictadura-, que alguien pueda ser escolarizado a la fuerza en una lengua que no comprende en absoluto por muy cooficial que sea, mientras se le impide elegir la otra oficial que sí comprende (y esto vale para todos: castellanohablantes, catalanohablantes, vascohablantes, etcétera).

6 – “Por lo demás, si verdaderamente son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no es claro por qué esos derechos deberían quedar circunscritos al territorio de su comunidad. En aplicación de sus principios, el Manifiesto debería abogar también por el derecho a ser atendido en cualquier lengua oficial por las instituciones compartidas del Estado.”

O sea, que Branchadell y El País no están muy seguros –“si verdaderamente…”- de que sólo los ciudadanos sean titulares de derechos lingüísticos. De ahí la presunta paradoja, que es un burdo paralogismo (es decir, un argumento mal construido). Y mira que es fácil: el derecho a elegir lengua entre las que sean oficiales sólo puede ejercerse en el territorio concreto donde haya tal cooficialidad. Es exactamente la razón por la que sólo podemos reclamar, y ejercer, nuestro derecho soberano a disfrutar del mar allí donde haya mar. Uno puede desgañitarse en Albacete o Valladolid exigiendo ese derecho, pero es que no tienen mar. De la misma manera, el derecho a la elección de lengua sólo tiene sentido donde hay lenguas cooficiales porque había la realidad previa de un bilingüismo preexistente. Por lo demás, es a Branchadell a quien hay que exigirle que dé el paso que reclama su proposición: que todas las lenguas tradicionales de España sean oficiales en la totalidad del territorio. Que una catalanohablante se instale en Sevilla y pueda escolarizar a su vástago en catalán. En ese caso, ¿aceptaría la libertad de elección en las comunidades bilingües, o tampoco?

7 – “En definitiva, el Manifiesto nos propone un viaje en el tiempo, hacia 1981, cuando el ministro Rodolfo Martín Villa, al calor del 23-F, promovía una ley para garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio, o acaso hacia 1975, cuando el último Consejo de Ministros franquista aprobaba un decreto que reconocía las lenguas "regionales" como patrimonio cultural y declaraba el castellano "idioma oficial de la Nación y vehículo de comunicación de todos los españoles".”

¿Ven?: la tarta a la cara que tira el payaso coñazo del circo obligatorio. Porque si se trata de legislar contra TODO lo que aprobaron los gobiernos franquistas, ¿a qué espera para pedir que se declaren ilegítimos los matrimonios entonces celebrados, bastardos a los nacidos esos años, derogadas todas las leyes promulgadas o reconocidas bajo el franquismo, dejados sin efecto todos los contratos públicos y privados, y disuelta hasta la última institución heredada de la dictadura –salvo, ¡ay!, la muy concurrida del tonto de guardia-, de la Guardia Civil a la Seguridad Social, pasando por la Cruz Roja y la Liga de futbol? Volver al punto cero anterior al presente real: el perfecto lugar del absurdo. Si es esto lo que se pretende, que se exprese con claridad y dejen de marear.