Esta es la pregunta del millón en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: ¿Por qué Cospedal y su Gobierno rechaza publicar su declaración de bienes como así lo exige la ley en Castilla-La Mancha? Entre los que se hacen este mismo interrogante figuran los diputados de las Cortes regionales del único partido de la oposición ahí presentes –el PSOE-, que acusan a la secretaria general del PP de “ocultar” su patrimonio y negarse a publicar sus propiedades y millonarios ingresos que por ley tendrían que haberse dado a conocer el pasado mes de julio. Aún así, elplural.com tiene publicado que la presidenta castellano-manchega ganó en 2009 un total de 241.940,68 euros y que a 29 de julio de 2010 tenía en su cuenta corriente 508.822 euros.
En efecto, la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha señala que la declaración de bienes, rentas y actividades debe completarse durante los 30 días siguientes a la toma de posesión de un cargo. En el caso del Consejo de Gobierno, esa fecha se cumplió a finales del pasado mes de julio. Sin embargo, y a pesar de que la declaración de bienes de los nuevos diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha es pública desde el pasado 17 de octubre, a 6 de diciembre aún no ha sido enviada al Diario Oficial la correspondiente a los nuevos miembros del Gobierno, altos cargos y demás personal de confianza política nombrados por María Dolores Cospedal.
La referida contravención ha determinado que la secretaria de Comunicación del PSOE castellano-manchego, Esther Padilla, declarase a elplural.com que “el brutal recorte en los servicios públicos y en las condiciones salariales y de trabajo de los 70.000 empleados públicos de la Junta exige que ese acto administrativo, que depende de la voluntad del Ejecutivo, no puede esperar ni un minuto más”. Y es cierto, porque la dentellada pegada a los empleados públicos ha venido a realizarse por un gobierno millonario. Así, el indicado medio de comunicación digital dice saber que tres de sus consejeros, que tampoco han presentado su declaración de bienes, declararon el pasado año un total de 439.337,89 euros, sin contar propiedades, plan de pensiones, seguros de vida, etc. Así las cosas, la actual titular de Agricultura, María Luisa Serrano, facturó cerca de 200.000 euros (Pinche aquí para acceder a su declaración de bienes), mientras que el Portavoz, Leandro Esteban, ingresaba en sus cuentas algo más de 119.000 euros (Pinche aquí). Por su parte, el consejero de Educación, Marcial Marín, registró 120.000 euros, de los que 20.000 correspondían a dietas por kilometraje (pinche aquí para ver su declaración de 2010).
Ante estos datos, resulta comprensible que la dirigente socialista denunciase que “hay 70.000 empleados públicos a los que les bajan el sueldo, dos millones de ciudadanos a los que nos quita servicios y conquistas sociales, y nos pide un esfuerzo. El esfuerzo que ella no hace. Por eso no quiere hacer pública su declaración de bienes, porque no quiere que los ciudadanos comprobemos que ella no se aprieta el cinturón”, señaló a elplural.com.
La presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, Dolores de Cospedal, concretó el pasado 2 de diciembre las medidas de austeridad incluidas en el plan de recorte de 1.815 millones de euros que presentó hace cuatro meses y que se incrementarán en otros 350 a partir de 2012. Este programa, que ahora asciende a 2.165 millones, supone el 25% del presupuesto de la comunidad. El peso de las medidas de ahorro recaerá fundamentalmente en los 70.000 empleados públicos de la región -el grueso, unos 50.000, pertenecen al área de Sanidad y Educación-, a los que anunció que aumentará a partir del año que viene la jornada laboral de 35 a 37,5 horas y reducirá en un 3% bruto el sueldo, un porcentaje que se deriva de la deducción del 10% de los complementos específicos y asimilados de todos los empleados públicos.
La reducción del 3% se suma al descenso del 5% que ya soportan los funcionarios desde 2010 y a la nueva congelación en el presente ejercicio lo que, según cálculos del sindicato CSIF, se traducirá en una nueva merma del 12% de su poder adquisitivo.
Además de en los funcionarios, los recortes se concentran en la Sanidad, que con 834 millones de euros sufre el mayor tijeretazo, y en la Educación pública (460 millones menos). La presidenta introducirá la gestión privada en varios hospitales de la comunidad y promoverá la educación concertada, siguiendo en ambos casos el modelo aplicado en la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre. Aunque Cospedal dejó claro que no habrá copago, sí advirtió de que se pondrá freno a la "demanda inapropiada" de los servicios sociosanitarios.
La presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, Dolores de Cospedal, no tarda ni un día en atender la petición que hizo a todos sus dirigentes regionales Mariano Rajoy. El próximo presidente del Gobierno instó a sus barones territoriales a que trabajaran para que España pudiera cumplir con sus objetivos de déficit. La región de Cospedal, con un desequilibrio del 4,4% y una previsión de terminar el año en torno al 9,7%, es la comunidad con una mayor desproporción en sus cuentas públicas y su Gobierno se pone manos a la obra para solventar el problema y cumplir con la promesa a Rajoy.
La dirigente popular es consciente de la dureza de las medidas que va a poner en marcha y ha pedido un esfuerzo a todos los castellano-manchegos para que “el sudor de hoy no aleje las lágrimas de mañana”. Ha recalcado que “no hay otra alternativa” para cumplir con los objetivos del déficit. Cospedal sabe que los funcionarios públicos son las principales víctimas de los recortes anunciados y a ellos se ha dirigido especialmente recordándoles que se encuentran en una situación de privilegio “por tener un puesto de trabajo asegurado”.
Ante esta tesitura, la responsable de UPyD en Castilla La Mancha, Celia Cámara, denuncia el alineamiento del PP de Castilla La Mancha con la patronal y rechaza la política de constantes recortes contra los empleados públicos y contra los servicios de salud y educación, básicos en el Estado del Bienestar.
UPyD de Castilla La Mancha considera que Cospedal se ha terminado de quitar la careta y ha comenzado a actuar como una buena alumna de Dª Esperanza Aguirre, basando su programa de austeridad en reducir aún más los salarios de los trabajadores de la Administración, llevando su capacidad adquisitiva a niveles de pérdida que superan el 30% en apenas tres años, al tiempo que ha seguido al pie de la letra las indicaciones de la patronal que, tanto a nivel nacional como regional, ha venido pidiendo insistentemente y con excesivo énfasis que vuelvan a ser los empleados públicos los que paguen la crisis, provocando la no contratación de miles de interinos.
A juicio de Celia Cámara, la política de austeridad debe dirigirse en primer lugar hacia los excesos y duplicidades de la sobrecargada administración de Castilla La Mancha, la aceleración en la supresión de empresas públicas innecesarias, el control sobre los gastos de cargos públicos mediante el establecimiento de bandas salariales, y abordando las necesarias reformas que precisa la organización territorial de España, con la supresión de Diputaciones y la fusión de la gestión de ayuntamientos, algo que el PP no quiere tratar dado que supondría dejar sin sillón, sueldo y privilegios a miles de sus más fieles afiliados. Una cobertura que, por sí sola, hace descabellado el plan de recortes de Cospedal contra los funcionarios castellano-manchegos.
Resulta repulsivo y muy preocupante, en primer lugar, que el incoherente plan no respete a los órganos de representación de los trabajadores y que los sindicatos tengan que enterarse de las medidas que afectan a los colectivos a los que representan por la prensa, sin ni siquiera dignarse a avanzarles el grueso o la filosofía de esas decisiones. Mala hechura de la Cospedal, porque sus maneras son las de gobernar por decreto; y esta no es una opción cuando ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales para debatir, o al menos informarles, de las intenciones del gobierno.
Por otro lado, como ha indicado el sindicato CSI-F la eliminación de empleos públicos, traducido en la eliminación de interinos y la falta de ocupación de las vacantes que se van generando provocará el aumento del número de desempleados y la desconfianza de los ciudadanos en una administración que en lugar de crear empleo lo destruye.
El mismo sindicato considera, además, que “la nueva bajada salarial atenta directamente contra la línea de flotación de todos los empleados públicos, pues CSI·F no considera que ello contribuya a la generación de empleo, sino que más bien parece una propuesta para sanear las arcas regionales y hacer frente a las numerosas deudas contraídas. Lo que no parece en absoluto ético es que tengan que ser los trabajadores los que asuman ese coste con la reducción de sus nóminas”.
En una clara referencia a la señora de Cospedal, CSI-F exige al Gobierno de Castilla-La Mancha “que predique con el ejemplo y que los altos cargos y miembros del ejecutivo sean los primeros en reducirse los sueldos, dejar de cobrar dietas y kilometrajes y renunciar a sus prebendas especiales, como viajes y comidas oficiales, cobros por asistencias a órganos colegiados, uso de tarjetas de crédito a cargo del erario público y la limitación de pagadores en virtud de diferentes obligaciones institucionales o partidarias, que hace que muchos cargos públicos reciban más de un sueldo, en un claro y flagrante agravio comparativo e injusticia social cuando se piden sacrificios a los trabajadores y más de un millón y medio de familias no tienen ningún tipo de ingresos”.
El PP ha salido, por tanto, del túnel donde escondía las verdaderas intenciones de su programa electoral: Plan de austeridad y recorte del gasto público. En materia económica, uno de los principales presupuestos del programa del PP es poner la reforma constitucional pactada con el PSOE (incorporación a la Carta Magna de un techo de déficit para todas las administraciones) como principal vértice programático del modelo de recuperación económica y de creación de empleo. Austeridad que, si no va acompañada de recursos para activar la economía resultará tan estéril como el recorte del gasto público ya realizado en el último año por el actual Gobierno con resultados de más desempleo, menos crecimiento y menos Estado social.
Cospedal y su gente se ha puesto en evidencia, porque la decisión de sus recortes lleva consigo la reducción del sector público, mayor control del gasto y eventuales privatizaciones, con una clara y explícita decisión de achicamiento del sector público, de control del gasto de todas las administraciones y de apuesta por el ámbito privado como "gestor" de servicios públicos, con el presupuesto y el compromiso de mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales. Así, pudimos encontrar propuestas programáticas para el 20-N tan poco ambiguas como la siguiente: "racionalizaremos y simplificaremos el sector público empresarial. Los eventuales procesos de privatizaciones de empresas públicas… se harán con total transparencia".
A esto, ¿qué le contestamos los empleados públicos? Básicamente que el recorte y la austeridad por sí solos, sin una mínima apuesta por la inversión y la activación de recursos públicos, no van a ser capaces de sacarnos de la crisis. Por tanto, aunque compartamos una austeridad necesaria e imprescindible (pero no convertida en principio metafísico) y una racionalización del gasto, ambas premisas no han de ejecutarse a costa del Estado social ni estar faltas de medidas complementarias, entre otras una clara reordenación de la arquitectura fiscal y financiera para generar empleo, crédito, crecimiento y riqueza.
Soy funcionario con más de 38 años de servicio, pero, sobre todo, soy un ciudadano de los que tiene muy claro que un problema grave de las democracias en esta etapa de la historia, es que mucha gente vota sólo por las siglas sin tener en cuenta el contenido político de sus programas. Se da el fenómeno de que muchos ciudadanos votan a un partido político como si de un equipo de fútbol o concursante cantor de reality show se tratase. Y así delegan su representación a “cospedalitos” como el narrado. Entonces, al llegar a resultados como el descrito, mi consejo es que no se tiren de los pelos, sino que les demos alternativas racionales. ¡Ah!, y sobre todo, como dijo el profesor Alfonso Cortés, la próxima vez votemos con inteligencia, porque si el pueblo vota a estos ilusionistas, pues entonces nos estamos retratando todos como sociedad, seamos políticos, electricistas o periodistas.
Las medidas de Cospedal son un ejemplo más de lo que otro distinguido profesor, Vicenç Navarro, emplaza en la democracia desigual e incompleta, que va acompañada de sus particulares consecuencias económicas y políticas. Son simplemente las medidas que la banca española y la gran patronal han estado deseando por muchos años utilizando el argumento de que la presión de una fuerza externa –los mercados- no permite otras políticas que las que se están realizando. Pero no queden tranquilos esos virtuosos del decreto; no, porque nos harán estallar a todos como pueblo, y no hay duda de que estas políticas se exacerbarán todavía más con el gobierno de derechas que ganó las elecciones legislativas el 20 de noviembre.
Cuando esas corrosivas medidas vengan agotando nuestra paciencia y poder adquisitivo, los empleados públicos, contra la inanidad de aquellas tenemos que enseñar a nuestros conciudadanos que “tales políticas de austeridad de gasto público, incluyendo el social, con debilitamiento de la protección social, no sólo son innecesarias, sino que son contraproducentes, llevando al país a la Gran Recesión” (Vicenç Navarro dixit). Prueba de ello es que todos los grandes recortes de derechos sociales y laborales que han ido aprobándose en las Cortes españolas (y que se defendieron con el argumento de que eran necesarios para calmar a los mercados financieros), han sido inútiles, tal como algunos de nosotros predijimos, para recuperar la confianza de tales mercados y evitar el deterioro de la economía.
Debemos estar en guardia con el mismo discernimiento del profesor Navarro: la respuesta del PP y de economistas ultraliberales -como Sala i Martín- al hecho de que la economía española no se está recuperando, es que tales recortes de gasto público (incluyendo el social) han sido demasiado pequeños y que las reformas laborales (encaminadas a facilitar el despido de los trabajadores) no han sido suficientemente duras. Tal postura carece de credibilidad científica. Es el triunfo del dogma sobre la evidencia empírica. No es extraño que los que sostienen tal dogma, nieguen también –como hace Sala i Martín- que haya un cambio climático resultado de decisiones y actividades que podrían haberse evitado o revertido. El consejo de tal economista al futuro gobierno de Rajoy es que hay que gobernar con mano dura “aplicando recortes dolorosos que crearán malestar social…ignorando el nuevo radicalismo del PSOE… y las posturas demagógicas populistas de los indignados” (La Vanguardia. 17.11.11). El dogma neoliberal y los recortes que propone, en el país que tiene ya el gasto público (incluyendo el social) más bajo y el Estado del Bienestar menos desarrollado de la UE-15, no nos llevará a recuperarnos. Antes al contrario. Y creará un número todavía mayor de movilizaciones de protesta.
En acciones como las de Cospedal y sus ricos acompañantes, la Ciencia Política –anclada en la cátedra de Vicenç Navarro de la Universidad Pompeu Fabra- aconseja que por cada recorte que se está imponiendo a la población, existe una alternativa que ni se consideró y que habría afectado a los intereses de los sectores pudientes de la población en lugar de los sectores populares. Por ejemplo, en lugar de congelar las pensiones, que permitió un ahorro de 1.500 millones de euros se podría haber anulado las rebajas fiscales –aprobadas por los partidos PSOE y PP- a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros (y que son sólo el 0,12% de todas las empresas) con lo que se podrían haber obtenido 5.300 millones, cantidad muy superior a la obtenida con la medida anterior.
En definitiva, partidos de la oposición y sindicatos democráticos, convirtamos en hechos el gran consejo del profesor Navarro y que es la “enorme urgencia de informar a la población de que hay alternativas que favorecen a las últimas en lugar de a las primeras, rompiendo con el determinismo imperante de que las que se están imponiendo son las únicas posibles. Y una alternativa urgente y necesaria es democratizar el sistema electoral español para que las Cortes españolas defiendan los intereses de la mayoría de la población, lo cual no ha estado haciendo, resultado de la enorme desigualdad existente en la democracia española, causa del enorme desprestigio de la clase política del país”.
Juan Andrés Buedo García
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