Como ciudadano de a pie y español tengo la obligación, la necesidad y el privilegio de poder pensar que detrás de la política de lucha contra la recesión por parte del Gobierno, si es que a eso que está haciendo se lo puede calificar como tal, existe un desarrollo paralelo de una serie de medidas, más o menos solapadas, puestas en práctica por el Ejecutivo que nada tienen que ver con la crisis o, si lo tienen, da la sensación de que más bien parece que se aprovecha esta circunstancia para irlas poniendo en funcionamiento. En primer lugar, choca mucho que un gobierno socialista se sienta tan proclive a gastarse el dinero de nuestros impuestos para favorecer a los banqueros, en teoría, la representación más genuina del capitalismo. No hay duda de que el señor Rodríguez Zapatero, que tanto se desgañita en sus mítines hablando de la poca sensibilidad del PP en temas sociales, cuando se sienta con los mandamases de la plutocracia de las finanzas no da la sensación de sentirse a disgusto con ellos, si es que queremos fijarnos en la forma servil con la que acepta sus sugerencias (¿o mandatos?) y los pocos escrúpulos que viene demostrando en derrochar miles de millones de euros en ayudarles a tapar agujeros en sus balances, sin que se hayan visto los beneficios de este chorro de millones en cuanto a la concesión de créditos a las empresas y a los particulares. Empezó por destinar 50.000 millones de euros para apoyarles que, por supuesto, no contribuyeron, en absoluto a mejorar la situación de las empresas faltas de liquidez ni mucho menos a detener la imparable sangría del desempleo.
Pero es que, señores, casi dos años después de iniciada la gran recesión nos encontramos de nuevo con la noticia de que el señor ZP y su gobierno han tenido que provisionar 90.000 millones de euros más, esta vez para evitar que las cajas de ahorros, aquellas, no lo olviden, que rebosaban de dinero por los cuatro costados y sus directivos se beneficiaban de sueldos astronómicos; vayan a parar, como tantas otras empresas, al montón de entidades que se han visto obligadas a declararse en quiebra. Muchos de nosotros, los ciudadanos, asistimos perplejos a este despilfarro de millones cuando, por otra parte, sabemos que nos estamos endeudando a un ritmo que, como ya se nos anuncia, puede superar el año que viene el 10% del PIB (recordemos que la cantidad máxima permitida en la UE, es del 3%) y nuestro déficit interior puede alcanzar, según las previsiones oficiales, el 8’1% del PIB durante este año 2009. No parece que esté nuestro país en condiciones de derrochar más millones, si tenemos en cuenta que, sólo para atender las exigencias de las prestaciones a los parados, ya se precisan más de 17.000 millones de euros.
No obstante, mucho nos tememos que este Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROP), aprobado por el consejo de Ministros –un nuevo organismo a añadir al cúmulo existente de oficinas burocráticas de las que se vale el Gobierno para enchufar a algunos más de sus militantes, que esperan el turno para chupar de la mamandurria pública – con el objetivo de que, al alimón con el Banco de España, sean quienes dispongan de la forma de distribuir los 90.000 millones de euros entre las cajas necesitadas, decidiendo sobre la reestructuración y fusiones de estos entes y, lo que pudiera ser un aviso para navegantes, con la autoridad para que en el caso de que las entidades que reciban la ayuda no la reembolsen en un periodo de 7 años, entonces el FROP podría constituirse en accionista de las misma; vaya que, de hecho, se convertiría en una nacionalización total o parcial de las cajas. No olvidemos que los 8 miembros del dicho organismo regulador serán nombrados por la ministra de Economía o sea por el Gobierno. Un medio sutil de empezar a controlar, desde el Estado, a las cajas de ahorros por el medio de dejarles dinero para que se salven de su mala gestión en lugar de dejarlas que quiebren y reducir de esta manera el exceso de ellas que se ha generado como consecuencia de la burbuja inmobiliaria.
Pero estamos ante otro atentado a la libertad, similar al que ya estamos padeciendo en Catalunya. Se está perpetrando, aprovechándose de la preocupación de la ciudadanía por la crisis, al amparo del anteproyecto de la Ley Audiovisual que, al menos en aquello que se refiere a la libertad de expresión de los medios, parece que pretenden tomar modelo del CAC catalán, una especie de censura dominada por las filas progresistas que militan a la sombra de la señora González–Sinde. Con la excusa del apagón analógico y la irrupción de la era digital la señora De la Vega nos ha pretendido colar de matute otro organismo fiscalizador, cuyas competencias quedarán por ver pero, a la vista de lo que sucede con su homólogo catalán, la censura de la Dictadura puede quedarse en un juego de niños. Por de pronto, quedará en manos de este Consejo Estatal de Medios Audiovisuales la potestad de controlar a aquellos medios que, por ley, precisen de la necesidad de obtener licencia o concesión y autorización administrativa previa. ¿No habíamos quedado que debían suprimirse todas las trabas para que los medios de comunicación pudieran constituirse libremente? Si dejamos aparte las posibles dificultades de tipo técnico (satélites, etc) para evitar la saturación de las ondas, no acabamos de entender el porqué de fiscalizaciones previas que, como es obvio y conociendo el percal de quienes nos gobiernan, se prestan a toda clase de martingalas, cohechos, favoritismos, abusos de poder y prevaricaciones que, naturalmente, favorecerían a aquellos de quienes dependerá este nuevo organismo de la censura.
Otra cacicada preocupante. Una muestra más de la peligrosa deriva de este gobierno de Zapatero hacia el totalitarismo del tipo soviético. Se trata del cierre absurdo, desprovisto de todo sentido y causante de graves problemas, primero a todos los empleados de la central de Garoña, a los municipios que tienen su actividad condicionada a la existencia de dicha central atómica, a las necesidades energéticas del país a cuya cobertura contribuye en un 1’8%. La tozudez tiránica de ZP, su empeño en “mantenella, sostenella y no enmendalla” puede más que todas las recomendaciones que, desde la propia comisión que analizó el estado de la central hasta todos los organismos relacionados con la energía en España, se han hecho eco en el sentido de apoyar la renovación, por un periodo de 10 años, la licencia para aprovechar la energía barata que produce( no debemos olvidar que ya está amortizada) que, por otra parte, no podría ser suplida si no es comprando más electricidad procedente de las centrales atómicas francesas de allende los Pirineos, como es obvio, más cara y dependiendo siempre de que Francia quiera seguir vendiéndola.
Tres muestras de las intenciones secretas del señor ZP y sus acólitos. Tres hechos de indudable cariz absolutista y desprecio por la voluntad de la conveniencia de la mayoría del pueblo español. Tres muestras más que añadir a la politización y desconcierto en la Justicia, a la negativa antidemocrática del Parlamento Andaluz a abrir expediente informativo en el caso Chávez, uno de estos que clama al cielo y más, si se tiene en cuenta que dicho Parlamento ya ha rechazado 101 veces abrir comisiones para investigar casos flagrantes de corruptelas denunciadas, unánimemente, por la oposición. Maneras que nos recuerdan otros tiempos de tiranía, de privación de libertades y de tiranos absolutistas. Peligrosas muestras de un “talante” poco democrático. Sí, señor.
Miguel Massanet Bosch
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