28/12/09 en Actualidad, Sociedad, Web/Tecnología, Weblogs | Enlace permanente | Comentarios (1) | TrackBack (0)
Es cierto que estamos próximos a terminar el año 2009 y no creo que haya nadie, medianamente sensato, que no desee que estos 365 días que vamos a dejar atrás queden reducidos a sólo un mal sueño, una pesadilla disparatada plagada de incoherencias, sandeces, despropósitos y demás barbaridades que, con rara persistencia, han ido jalonando el paso de los días; cayendo como una losa sobre la ciudadanía española agobiada por un cúmulo de problemas que han conseguido que, España y los españoles, estemos en la cuerda floja del desmadre económico y ante la probable descomposición del país. No obstante, seguimos a la deriva, continuamos sometidos a dos frentes antitéticos en los que se cuestiona el porvenir de nuestra nación: por una parte, el de aquellos que, como el portavoz del Gobierno, señor Alonso, parece que están viviendo en otro planeta que nada tiene que ver con éste en el que estamos ubicados, por lo que sigue insistiendo en que todo lo que ha hecho el gobierno del señor Zapatero ha sido exitoso, que todo va bien, que no se han equivocado en nada y que están decididos a continuar por la misma senda; y, por otra parte, el de aquellos que denuncian que el camino emprendido por ZP es erróneo, que con subvenciones no se recupera la economía y con el relativismo moral y ético entramos en el caos ciudadano más absoluto. No parece que, como dice Alonso, en el 2010 vayamos a mejorar, al contrario, se nos anuncia más de lo mismo, si no peor; no sólo desde dentro de España, sino desde Bruselas, del empresariado y del mismo BCE.
Por eso, cuando estamos a punto de concluir el 2009, un año “horríbilis”, y las perspectivas que asoman por el horizonte no hacen otra cosa que pintarnos un porvenir cargado de nuevos impuestos; de subidas de la energía eléctrica de un 2’5%; de más desempleo; de más presión sobre las economías particulares de los miembros de la clase media, de la posibilidad de que alguna de las autonomías, hasta ahora españolas, se lleve la parte del león, cuando otras se quedan sumidas en su pobreza a causa de una distribución injusta de la financiación autonómica; cuando nos percatamos de que, por el simple capricho sectario del señor ZP, se desmantelan centrales de producción nuclear, teniendo en cuenta que resultan ser de las que menos contaminan y las que son más rentables; cuando observamos, atónitos, que se quiere favorecer las energías alternativas y, sin embargo, las fotovoltaicas están pasando por un periodo de crisis; cuando se continúa apoyando a bancos y cajas, sin que se note una mejora en la concesión de créditos y cuando se escucha a ZP repetir insistentemente el término “paz” en su mensaje a nuestras fuerzas en Afganistán que, por cierto, ni saben el papel que les corresponde desempeñar allí ni ven el porqué deben permanecer impasibles ante los ataques de los talibanes que, por lo visto, ignoran que nuestros soldados no son soldados sino portadores de un mensaje de “paz”.
Así pues, cuando escuchamos las palabras de SM. Don Juan Carlos, y vemos que habla de “superar tensiones”, “solidaridad entre todas las autonomías” y de la necesidad de respetar y cumplir las normas constitucionales; nos preguntamos quién le habrá escrito un discurso semejante a nuestro monarca porque, si todo lo que dice está cargado de sentido común y sabiduría, no parece que ni nuestros gobernantes ni el partido de la oposición se hayan enterado de que, precisamente, esto es lo que llevamos reclamando los españoles desde hace dos años. Pero, con el debido respeto para la figura de SM el Rey, resulta sarcástico que, mientras hablan de unidad, solidaridad y respeto por la Constitución de 1978; en tierras catalanas se esté haciendo un ejercicio de independentismo, precisamente, apoyado en la debilidad del gobierno socialista, si no en su completa complicidad; por el que, tanto desde las más altas instituciones catalanas, como desde los empresarios, los medios de comunicación, una parte de la sociedad, y los partidos de izquierdas y secesionistas, sin dejar aparte la actitud beligerante que parece que está adoptando parte del clero de las diócesis catalanas, abandonando la ambigüedad que venían sosteniendo hasta ahora, para descararse y aprovechar cualquier ocasión para salir en defensa del Estatut, un instrumento que, de salir aprobado por el TC, constituiría, sin duda alguna, el medio más eficaz para esquilmar a España y, de paso, favorecer las aspiraciones catalanas de actuar por su cuenta, impartir su propia justicia y persistir en ignorar la Constitución en todo aquello, como por ejemplo la lengua castellana y su uso habitual, que les pueda resultar molesto como, por cierto, ya están practicando, aún antes de que se sepa qué artículos de dicha Ley Orgánica son constitucionales cuales no.
Si hace unos días protestábamos de unas palabras, poco afortunadas, de SE. Martínez Sistachs, arzobispo de la diócesis de Barcelona, ahora tenemos que volver a quejarnos de una nueva muestra de intromisión del clero catalán en temas políticos, muy sensibles para la ciudadanía en los que deberían abstenerse de intervenir. Del clero del monasterio de Montserrat ya estamos acostumbrados a recibir noticias sobre temas poco afines a la actividad monástica; así, no nos debe de extrañar que, esta vez, sea el señor Abad Don José Mª Soler quien, en un extenso reportaje en el rotativo La Vanguardia (uno de los firmantes del famoso “editorial conjunto”) nos haya hablado de Babilonia y de su opinión sobre el editorial de los periódicos catalanes que, al parecer, resulta sumamente favorable. Precisa el Abad que “no hay divorcio entre la defensa del Estatut y los intereses materiales de la gente”. ¿A qué gente se referirá el señor abad, a los catalanes o a el resto de ciudadanos españoles?
O ¿a la burguesía catalana, en la que seguramente confía él o en aquellos que quieren eliminar, como ICV y ERC, la Iglesia Católica del país catalán? Y ya que hablamos de divorció, ¿a qué se debe el silencio de los católicos y ministros de la Iglesia respecto a este mal tan extendido, cada vez más prolífico, que se va esparciendo como reguero de pólvora por la península ibérica?. “Si el Constitucional se inclinase por el rechazo, habría una gran decepción” Una sola pregunta al señor Abad de Montserrat, ¿qué opina usted acerca del encaje del Estatut en la Constitución española?, ¿cree el señor abad que para contentar a una parte, un 33% de la ciudadanía catalana, el TC, debe desconocer el mandato constitucional? O ¿es que ya estamos en el mismo camino de los prelados vascos, como Monseñor Setién, a los que no les ha importado convivir con los de ETA? Me temo, señor abad, que el reino de Cristo no es de este mundo, como él mismo dijo y que, por el contrario, ustedes, los prelados catalanes, parecen más interesados en las cuestiones autonomistas que en ocuparse de que no se les vayan los fieles, cansados de ver que los ministros de la Iglesia se ocupan más de lo material que de lo espiritual.
Cuando uno escucha el discurso del Rey, tiene la sensación de que no vive en España o no sabe que este país, gracias a su Presidente, ha entrado en barrena y está cayendo a velocidad de vértigo hacia un lugar del espacio político en el que ni él, ni su hijo ni las infantas, tienen ningún papel a desempeñar y que, actuando de correa de transmisión de lo que le interesa al señor ZP, no hace más que correr al encuentro del fin de la monarquía en España. Un juego peligroso para España cuando, el 2010, se nos anuncia complicado, peligroso y, evidentemente, crítico para nuestra nación.
Miguel Massanet Bosch
28/12/09 en Actualidad, Pensamiento político, Religión | Enlace permanente | Comentarios (0) | TrackBack (0)
No hay debate real sobre la sucesión de Zapatero, pero sí un miedo fundado en el PSOE a que Zapatero sea un lastre en las próximas elecciones
El debate de las últimas semanas sobre la posible sucesión de Rodríguez Zapatero como candidato del PSOE a La Moncloa en 2012 ha sido una estrategia socialista para desactivar de antemano cualquier polémica que pudiera suscitarse, con mayor verosimilitud y sin control, cuando estuvieran encima las citas electorales de los dos próximos años.
La operación no era infundada, porque en 2009 el PSOE ha perdido dos comicios, los gallegos y los europeos. En el País Vasco, los socialistas deben el gobierno de Vitoria al Partido Popular.
Por tanto, para el PSOE no es ficticia la posibilidad de que el rechazo de los electores se afiance a medida que empeore -o simplemente no mejore- la situación económica y se consolide la imagen de agotamiento político que transmite el actual Gobierno.
En este contexto, y conociendo la tendencia de los partidos a prescindir de los líderes que no garanticen el poder, la sucesión de Zapatero ha sido un globo sonda que pinchó este sábado Leire Pajín.
Para la secretaria de Organización del PSOE «la sucesión no está en la cabeza de Zapatero en este momento».
Dando por sentado que esta «serpiente de invierno» ha sido un producto de marketing político, su mera existencia revela un diagnóstico interno en el PSOE según el cual era necesario atajar dudas y cortar el paso a quienes estuvieran pensando que las encuestas están abriendo una oportunidad para renovar el liderazgo del partido.
Motivos hay para que el PSOE considere conveniente una operación de refuerzo de Zapatero en este momento, aunque consista únicamente en decir que no es precisa su sucesión.
La profundidad de la crisis económica está dinamitando las expectativas socialistas para 2010, año en el que esperaban una exitosa combinación de recuperación de la economía y efecto planetario de la presidencia europea.
Lo segundo ha quedado mermado por la nueva estructura de poder en Bruselas y lo primero choca con las expectativas más realistas que hablan de un desempleo cercano al 20 por ciento y un déficit constante atrapado por la política de gasto público.
En efecto, no hay debate real sobre la sucesión de Zapatero, pero sí un miedo fundado en el PSOE a que pasen los meses y el presidente del Gobierno, a quien las minorías extremistas deben tanto, no remonte la ventaja que le saca Rajoy en las encuestas.
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Manel Pérez (Publicado en Reggio´s-La Vanguardia, aquí)
LA VENTANA INDISCRETA
La CEOE vive la crisis más importante desde su fundación, allá por el año 1977, y para evitar que se agrave no tiene más solución que, según marcan sus estatutos, reunir a sus 21 vicepresidentes y elegir un sustituto para Díaz Ferrán. Él es la causa inmediata de esta crisis, su gestión de la crisis de sus empresas, de la quiebra de Air Comet. Eso y la confusión con la que malgobierna sus dos responsabilidades, la de dirigente gremial y la de empresario particular.
La CEOE es un aglomerado que integra muy distintos intereses y sensibilidades, amén de dispares concepciones sobre el modelo territorial. Confluyen pequeñas y medianas empresas, quejosas con la escasez de crédito bancario, con grandes multinacionales capaces de dialogar directamente con ministros y presidentes de gobierno. También la banca, más poderosa hoy que ayer aunque menos que mañana: vive una luna de miel con el Gobierno de Zapatero, para quien la banca es un objeto de cuidado especial.
Y la banca precisamente fue la primera damnificada de la nefasta rueda de prensa del propietario de Air Comet, acusada por su presidente patronal de negarle el pan y la sal, el crédito, para seguir operando. Acusación inusual en boca del presidente de la CEOE, seguramente compartida por miles de pequeños y medianos empresarios, pero que abre un abismo en las filas patronales. A esto hay que añadir, siempre en el frente interno, que muchos de los afectados por la nefasta conducción de la quiebra de Air Comet serán empresarios como el propio Ferrán, propietarios de agencias de viaje, hoteles y empresas turísticas, que pagarán sin duda la crisis y el nuevo golpe a la imagen del país.
Con ser eso grave, no agota las posibilidades de que el asunto se complique aún más. A medida que se conocen nuevos detalles, más en entredicho queda Díaz Ferrán, acercando la posibilidad de que el asunto desembarque en los tribunales e incluso en el Parlamento en forma de comisión de investigación.
La situación de Díaz Ferrán en la CEOE es ya claramente insostenible y cuanto antes abandone mejor será para él mismo y para la organización.
Violento, así como ventajoso, será para los sindicatos tender la mano a Ferrán mientras estén vivas las protestas de los trabajadores de Air Comet, que pueden perder el empleo y la indemnización. Mientras, se proyecta la amenaza sobre el resto del grupo empresarial.
El Gobierno también ha puesto la proa a Ferrán. Claramente desde el fracaso de la negociación social en el verano pasado, cuestionando su representatividad, y ahora ya juega con ventaja. Uno de sus pesos pesados, José Blanco, reforzado al haber sabido ganarse un importante apoyo y complicidad en amplios sectores empresariales, especialmente en la construcción, pero no sólo en ese ámbito, es el que más decididamente le ha saltado a la yugular.
El propio Ferrán, mientras en público defiende su continuidad, ya ha dado un paso atrás en la negociación del pacto social con los sindicatos. Son sus dos vicepresidentes, el catalán Juan Rosell y el andaluz Santiago Herrero, quienes pilotan esos encuentros.
Tal vez la ausencia de un claro relevo en una organización que ya vivió traumáticamente la retirada de su anterior responsable, José María Cuevas, y las purgas que siguieron a la llegada de Ferrán esté reduciendo la velocidad del proceso. De hecho, algunos piensan que el viejo modelo con un presidente como Cuevas, más funcionarial que empresario, pese a sus problemas, no provocaba conflictos de intereses tan agudos como los que se están viviendo estos días con Díaz Ferrán. En realidad, la crisis actual, la del elegido por Cuevas, es, en gran medida, el último episodio de la agonía del modelo Cuevas, que ocultó los grandes problemas, desde el funcionamiento interno y las cuentas de la organización al ninguneo institucional a grupos empresariales específicos, como catalanes y vascos. Tal vez habría que pensar en una refundación.
Hay quien acaricia la idea de dejar que las cosas aguanten hasta la firma del pacto social. “Si sale bien, no es un problema para nadie. Si sale mal, ante los empresarios enfadados él servirá de cabeza de turco. Será su compensación a sus compañeros a cambio del apoyo público de estos días”, señala un dirigente empresarial que no tiene prisa por que Ferrán deje el cargo.
Pero lo más razonable es el relevo. Podría hacerse de forma provisional o transitoria, si no es posible forjar ahora un claro consenso de futuro sobre el sustituto. Esta modalidad permitiría que Rosell o Herrero asumieran el cargo sin más compromisos, a la espera de que un nuevo proceso electoral aclarara las cosas.
27/12/09 en Economía | Enlace permanente | Comentarios (0) | TrackBack (0)
Hoy, el titular de la primera de uno de los diarios de más tirada en Catalunya, reza así: “El TC acelera un pacto ante el clamor pro Estatut”. Deseo y espero que lo que se afirma en dicho rotativo no sea más que una forma de expresarse del periodista, que así ha titulado su artículo, y deseo y espero que, el Alto Tribunal, desmienta rotundamente tan poco afortunada expresión; no sólo por el bien de la Justicia, sino también por el escándalo que, afirmaciones semejantes, puede provocar en la ciudadanía, ya de por sí bastante mosqueada, en España, por el comportamiento de determinadas instancias judiciales, que parece que se están empeñando en demostrar su politización, divismo y falta de valentía a la hora de contradecir las actuaciones y presiones procedentes del Ejecutivo; demostrando, con ello, que la separación de los tres poderes del Estado es más figurada que efectiva. No parece que, la prensa catalana, haya recapacitado sobre la inoportunidad, la temeridad y la evidente inconveniencia que demostró al aliarse para emitir un editorial que, a mi modesto entender, era merecedor de la denuncia inmediata de los fiscales si, en España, los hubiera lo suficientemente independientes para atreverse a saltarse las órdenes del inefable Fiscal General del Estado, señor Conde Pumpido, corre, ve y dile de quien él sabe; como se demostró en el caso de De Juana Chaos y, también, en el traslado a Madrid de un detenido, al aberzale señor Otegui, a quien se le dispensó un trato “exquisito”, cuando fue trasladado, por cuenta del Gobierno, en un avión fletado para ello, para que depusiese ante los juzgados de la Audiencia Nacional.
No es la primera vez que me veo obligado a denunciar, las más que notorias, presiones que por parte de la prensa, las autoridades catalanas, los mismos empresarios y la Generalitat en pleno, se están llevando a cabo para influir con amenazas, imposiciones, descalificaciones, recomendaciones y toda suerte de artilugios y artimañas, encaminadas a amedrentar a los magistrados del TC para que, olvidándose de su deber como tales y como encargados de comprobar la adecuación de todas las leyes emitidas por el Legislativo, sean de la categoría que sean y estén en el grado de desarrollo que fuere; se ajusten meticulosamente a las normas constitucionales, sin que les esté permitido, en su facultad de interpretación de los preceptos de la Carta Magna, desviarse ni un ápice de la hermenéutica del texto aprobado, en referéndum, por todos los españoles, para garantizarnos las libertades y el imperio de la Justicia. No nos valen chanchullos como el que el periodista puede querer dar a entender, en el título con el que nos ha obsequiado; no se puede permitir de ninguna manera que la interpretación de la Constitución tenga que ser objeto de acuerdos entre magistrados, de imposiciones políticas y de miedos a represalias; porque, para esto están los señores magistrados y para cumplir con su deber como guardianes de la propia Constitución.
Ya bastante mal han causado los integrantes del TC al retrasarse tres años, permitiendo que la implantación de las medidas establecidas en el contenido estatutario se hayan desarrollado en un 75% y sus efectos hayan ya sobrepasado, con creces, los previsibles perjuicios, agravios comparativos con respecto a otras autonomías e infracciones repetidas de algunos de los mismos preceptos constitucionales, como pudieran ser los derechos de los padres a elegir el tipo de enseñanza moral de sus hijos, o el derecho evidente a que sean educados y formados en castellano si lo desean o, las discriminaciones que comportan las leyes coactivas, emitidas por el Tripartit sobre los comerciantes; en cuanto los constriñen a tener que rotular en catalán y son sancionados si no lo hacen. Tampoco, los magistrados del TC, han contribuido con sus intrigas internas y sus desencuentros, no basados en verdaderas discusiones sobre el alcance de la ley, sino, más bien, pretendiendo arrimar el ascua a su sardina política; cuya trascendencia al gran público no ha hecho más que reavivar el convencimiento de los españoles de que la Justicia en España está dejada de la mano de Dios, aunque hubo alguno que lo calificó como un “cachondeo”, a lo que yo todavía no me atrevo.
Hemos tenido ocasión, los que vivimos en Catalunya, de comprobar como el gobierno socialista del señor Zapatero hacía oídos sordos a aquellos que reclamábamos que se atajasen las demostraciones que se han venido haciendo en más de 160 pueblos, infringiendo claramente las leyes, pasando por encima de autos judiciales en los que se prohibían tales actuaciones y con el evidente beneplácito de las autoridades locales y de los partidos causantes de la convocatoria a la consulta popular, en la que se solicitaba el voto positivo o negativo para una posible independencia de Catalunya de España. Si, en otra ocasión, la quema de las efigies de los Reyes, ya quedó impune siendo considerada como la manifestación de la libertad de expresión y las múltiples quemas de banderas nacionales se han convertido en algo habitual, sin que, por parte de las autoridades encargadas del orden, se haya tomado la menor acción para detener a los culpables y aplicarles las leyes vigentes; no nos quedará más remedio que aceptar que esta comunidad catalana tiene patente de corso para saltarse las leyes que, en otras comunidades del país pare que sí se respetan. ¿Es esto una consecuencia del Estatut?, o ¿debemos considerarlo como la antesala, convenida con el Gobierno central, de una futura ruptura de Catalunya con el resto de España?
Es un tema que merece ser considerado con detenimiento, porque yo estimo que los españoles tienen derecho a conocer si, este trato de favor que recibe la comunidad catalana, si esta parte del león que se le ha asignado en la ley de Financiación, o si estos millones que salen del Senado para otras ayudas a los catalanes o si las subvenciones que reciben los de la farándula catalana; están encaminadas a financiar a una comunidad española, una región que se considera parte de España y que se muestra solidaria con el resto de españoles, o, resulta que todo este dispendio, este chorro de millones de euros, este abandono de los que nos sentimos españoles en tierra extraña; no tienen otro sentido que favorecer, a cargo del Erario español, las aspiraciones independentistas de algunos catalanes que se han atribuido la representación exclusiva de todos los ciudadanos de Catalunya. Porque, señores, si se trata de una traición, subvencionada por España, con dinero de los impuestos de los españoles, para ayudar a estos secesionistas a que consigan sus fines, deberemos pensar que hemos metido el caballo de Troya en nuestra casa, en este caso disfrazado de Estatut y, si este es el caso deberemos admitir que, todos los españoles, estamos haciendo el percebe, ya saben, aquello de: “cornudos y contentos”.
Lo que ocurre es que, este pueblo español, estos ciudadanos, esta gente con la que nos cruzamos cada día en la calle, no parece reaccionar, no protesta, está aletargada como si, en España, no ocurriese nada por lo que preocuparse. Y uno, admirado de que así sea, se pregunta: ¿a qué estarán esperando? Quizá pudiéramos buscar la explicación en aquella frase de Lope de Vega. “No hay contento, a donde viven tantos desengaños”.
Miguel Massanet Bosch
27/12/09 en Pensamiento político | Enlace permanente | Comentarios (0) | TrackBack (0)
(Publicado en El Mundo - e-pesimo Auxiliar 1, aquí)

Madrid
Los representantes del Gobierno en el pasado proceso de paz esgrimieron el caso Faisán -también conocido como del chivatazo-, en las conversaciones con sus interlocutores de ETA para demostrar a la banda su compromiso con la negociación, según consta en las actas de los etarras que obran en poder de las autoridades policiales y judiciales francesas y las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia españoles.
El asunto, que por entonces ya había devenido en escándalo, es especialmente tratado en el documento que recoge el encuentro de finales de octubre de 2006, en el que uno de los enviados del Ejecutivo responde así a los reproches de los etarras: «En relación a la operación llevada por Marlaska, os diré que por dar el aviso está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE».
El autor de estas palabras trataba de acallar con esta frase los insistentes y agresivos reproches que la banda estaba efectuando contra el Gobierno por el incumplimiento de los compromisos que, según siempre mantuvo la organización terrorista, éste había adquirido como condición para el inicio de las negociaciones.
El enviado intentaba hacer ver a los terroristas que, lejos de la impresión que pretendían trasladar, el Ejecutivo había asumido riesgos cuyas consecuencias afectaban tanto a las Fuerzas de Seguridad que están a sus órdenes como al PSOE.
El contexto en el que se mantuvo la citada reunión y en el que se pronuncia la frase referida eran enormemente delicados.
La dirección de la banda terrorista llevaba meses recordándole al Gobierno en público y en privado que no cumplía con su parte en aquellos asuntos con los que sus interlocutores se «comprometieron» -es la palabra literal que ETA emplea en sus actas-, tales como la ausencia de detenciones por parte de la Policía y de la Guardia Civil.
Esa era una de sus principales exigencias en todos los comunicados a pesar de que la primera en reventar todos los acuerdos fue la propia organización terrorista que, desde el principio, mantuvo en activo, entre otras muchas coacciones, las extorsiones a los empresarios y el terrorismo callejero que antes había prometido retirar.
Encuentros secretos
A mediados del mes de agosto, ETA hizo público un comunicado en el que sostenía que el proceso estaba en «crisis» y que los incumplimientos lo estaban poniendo en grave peligro.
Como respuesta, en otoño, el PSE convocó al PNV y a los representantes de la ilegalizada Batasuna para desarrollar las conversaciones de Loyola, cuya función era abordar las exigencias políticas de la banda.
De poco sirvió este planteamiento, porque ETA no perdió ni una sola ocasión de recordar que ese no era el único flanco pendiente, y en los encuentros secretos con los enviados directos del Gobierno -iniciados por el ex fiscal y ex ministro Javier Moscoso y por el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, a quienes se unió posteriormente Gómez Benítez, el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial- insistió en su recuento de agravios.
Agravios tales como la operación del bar Faisán en Irún, a consecuencia de la cual varios de los suyos resultaron detenidos en Francia y en España, y quedó tocada una parte -aunque gracias al chivatazo, no todo- de su aparato de extorsión.
Según las actas de la banda terrorista, los etarras participantes en la negociación pusieron en duda ante sus interlocutores que la citada operación policial hubiese sido orquestada únicamente por el juez Grande-Marlaska.
Los terroristas estaban convencidos -y así lo dijeron- de que el magistrado instructor de la Audiencia Nacional y el Gobierno central estaban perfectamente coordinados y que el Ejecutivo no solamente había permitido sino auspiciado y organizado ese asunto, cuya investigación había acabado con el procesamiento judicial de 24 personas. Es después de este reproche cuando el enviado del Gobierno da esa respuesta.
Pudo tratarse de una treta para zafarse de la presión que estaban ejerciendo los etarras. Pero lo cierto es que en el mejor de los casos, el representante gubernamental permite que los terroristas pongan el caso encima de la mesa y lo empleen como una de las garantías de la continuidad de la negociación ya iniciada.
Y en el peor de los casos, el acta refleja que el enviado del Gobierno da por hecho sin sombra de duda («por dar el aviso») que el chivatazo existió -un extremo que siempre ha sido cuestionado o negado directamente por los responsables del Ministerio del Interior- y quiere hacer ver a su interlocutor que el Ejecutivo no tuvo relación con las detenciones, sino que fueron iniciativa exclusiva del magistrado Grande-Marlaska, de modo que, al ser investigada la delación, se estaba poniendo en un aprieto a algunos agentes de la Policía y al jefe se seguridad del PSOE.
«Ausencia de negociaciones»
>En julio de 2006, 'Gara' publicó que el Gobierno español estaba incumpliendo pactos a los que había llegado con ETA como no detener a ningún miembro de la banda.
>Según el diario proetarra, en febrero de 2006, y en el marco de un acuerdo más amplio, ETA se comprometió a «no realizar acciones contra personas, ni bienes» y el Gobierno a «respetar las decisiones de los vascos».
>Además, las partes marcaron ciertas «garantías» que el Gobierno debía cumplir. Y entre ellas, 'Gara' citaba la «ausencia de detenciones, la disminución de la presencia policial y la legalización de la izquierda 'abertzale'»
Garzón no ha investigado todavía el acta
Según las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional, el chivatazo se produjo el 4 de mayo, mes y medio después de que ETA declarase el alto el fuego permanente, y obligó al juez Grande Marlaska a retrasar más de dos meses una operación contra una parte del aparato de extorsión de ETA que tuvo que efectuarse en dos partes y por la que resultó detenido, entre otros, el propietario del bar Faisán en Irún, Joseba Elosua, quien venía utilizando su negocio desde hacía décadas como punto de conexión con la banda terrorista.
Ese día, poco después de las 11.00 horas, alguien entregó un teléfono móvil a Elosua. Otra persona le llamó a ese móvil para advertirle de que no efectuase uno de los traslados que tenía previsto acometer.
Se supo de la existencia de esa llamada y de que la había efectuado un policía, porque Elosua se lo contó a su yerno durante un viaje en coche a Francia. «Dice que no hable por el teléfono del bar y con esa gente menos... Que lo tengo machacado... 'Oye tú, que esto no vas a decir que te he llamado yo, ¿eh?'. Es para no fastidiar todo el proceso», le confesó Elosua a su acompañante.
En septiembre, el juez Garzón que, a su regreso de Estados Unidos había asumido todas las investigaciones, recibió un informe de la Guardia Civil en el que se analizaban las llamadas telefónicas habidas en el entorno del bar durante aquellas horas y en el que constaba el contacto telefónico realizado por el jefe de Seguridad del PSOE, antiguo responsable policial, desde la Sede de Ferraz al jefe de la brigada de San Sebastián que se encontraba en el operativo contra el aparato de extorsión.
A esa situación se refiere el enviado del Gobierno en su conversación con el etarra.
El Gobierno y el PSOE explicaron que la llamada del jefe de seguridad, que se había realizado a las 10.00 horas, tenía como objeto felicitar el cumpleaños a su amigo.
La Guardia Civil fue retirada de la investigación y el equipo policial designado para la continuación de las pesquisas señaló a otros presuntos culpables sin encontrar pruebas para demostrar su vinculación con el caso, por lo que el fiscal pidió el archivo de la causa. Sin embargo, estas actas demuestran que sigue habiendo información que no ha sido investigada judicialmente en España. Están en poder de la juez Levert, pero el juez Baltasar Garzón todavía no ha accedido a ellas.
ELMUNDO.es Especial: ETA: treguas y negociaciones
27/12/09 en Actualidad, Comunicación, Pensamiento político, Política | Enlace permanente | Comentarios (0) | TrackBack (0)
(Publicado en Enfoques de la Fundación Sistema, aquí)
Gran parte de los análisis que se han realizado de las causas de la crisis se han centrado en la crisis financiera. Y de los miles de trabajos y artículos que han atribuido la crisis actual a la situación financiera, destacan los trabajos de Hyman Minsky, uno de los pocos economistas que predijo el colapso del sistema financiero. De ahí que se le considere como el analista que mejor ha definido la causa de la crisis, centrándola en el comportamiento del capital financiero. Tal como escribió Martin Wolf en el Finantial Times de Septiembre de 2008 “La respuesta a la pregunta del por qué de la crisis, ya la tenemos. Minsky ya nos la dio. Y llevaba razón”. Paul Krugman ha añadido su voz a este reconocimiento en otro artículo en el The New York Times (04.05.09), en el que subrayó la necesidad de releer de nuevo el trabajo de Minsky. Se ha desarrollado así una bibliografía larga y extensa sobre las causas de la crisis financiera y cómo ésta ha generado la crisis económica. De ahí la gran cantidad de artículos –tanto en la literatura científica, como en la prensa en general- sobre las consecuencias de la desregulación de los mercados financieros e introducción de nuevos productos de alto riesgo, que originaron la crisis financiera y, como resultado, la crisis económica. La consecuencia de este enfoque ha sido que la mayoría de propuestas para resolver la crisis han tenido como objetivo salir de la crisis financiera mediante ayudas a la banca y medidas (muy moderadas) dirigidas a su regulación, junto con políticas encaminadas a desincentivar los comportamientos especulativos por parte de los gestores bancarios, además de acciones (también muy moderadas) sancionadoras de tales comportamientos, con el objetivo de paliar el enorme descontento general hacia la banca por parte de la población.
El problema de tales intervenciones es que, aunque necesarias muchas de ellas, son insuficientes, porque no es la crisis financiera la que determinó la crisis económica, sino al revés: fue la situación económica la que creó la crisis financiera. De ahí que, aunque se resolviera la crisis financiera, el problema económico de base permanecería. Tom Palley, en su artículo “The limits of Minsky’s Finantial Inestability Hypothesis as an explanation of the crisis” (New American Foundation, Washington D.C. Nov.18, 2009) subraya lo que también otros autores (como Kotz, Foster and McChesney, y otros) han mencionado, y es que Minsky y sus seguidores ignoran la causa de que el capital financiero adquiriera una enorme importancia (tanto en su tamaño como en su poder) a partir de los años setenta y ochenta. En otras palabras, la crisis financiera es el síntoma de un problema mayor, que los trabajos de Minsky y sus seguidores parecen desconocer.
¿Qué pasó antes de que se iniciara la crisis financiera? La respuesta es que las relaciones de poder (y muy primordialmente, las relaciones de poder de clase) cambiaron en aquel periodo. El Pacto Social Capital-Trabajo que había existido después de la II Guerra Mundial se rompió, debido al poder del mundo empresarial de las grandes compañías que en EEUU se conoce como la Corporate Class (la clase empresarial de las grandes compañías). El Pacto Social había posibilitado el elevado crecimiento económico desde 1945 hasta mediados de los años setenta. En el sector industrial, el Pacto daba lugar a convenios colectivos de cinco años, inicialmente firmados por el Sindicato del Automóvil (United Autoworkers Union, UAW) y las tres compañías de automóviles de EEUU, y que se convertían en el punto de referencia para el resto de convenios colectivos en tal sector. En ellos, los salarios estaban ligados a la productividad, de manera que el crecimiento de la última determinaba el crecimiento correspondiente de los salarios. Durante aquel periodo, la riqueza creada por el aumento de la productividad se distribuyó a todos los sectores, beneficiándolos a todos ellos. Desde 1949 a 1979, el incremento de la renta de la decila inferior fue de un 116% y el de la decila superior fue de un 99%.
Esta situación cambió durante la Administración Carter, cuando el Gobernador del Banco Central Estadounidense, el Sr. Paul Wolcker, creó una recesión, aumentando los intereses bancarios, a fin de crear un elevado desempleo y reducir los salarios. El argumento utilizado es que había que reducirlos a fin de controlar la inflación. En realidad, significaba un cambio en las relaciones de poder de clase que dio origen a unas políticas fiscales y económicas que claramente beneficiaron a las rentas de capital y a las rentas superiores. Fue el fin del Pacto Social, y ello determinó que a partir de entonces los crecimientos de la productividad no se tradujeran en un crecimiento paralelo de los salarios. La riqueza creada por el aumento de la productividad pasó a beneficiar primordialmente a las rentas del capital y a las rentas superiores. Del periodo 1970 a 2005, el 5% de la población de renta superior incrementó su renta un 81%, el 20% de la población de renta superior un 53%, mientras que las rentas medias e inferiores vieron disminuir sus rentas (el 20% de la población con menor renta vio descender su renta un 1%) o la vieron crecer muy lentamente (el siguiente 20% por encima del anterior 20% vio crecer sus rentas un 9%). Y ello fue consecuencia de que los salarios descendieran o se estancaran durante aquel periodo, tal como han documentado los informes The State of Working America” del Economic Policy Institute. Es este descenso el que determinó el gran endeudamiento de las familias, que originó el enorme crecimiento de la banca. La financialización de la economía (es decir, la gran extensión del sector financiero en la economía) se explica precisamente por el gran endeudamiento de la población, endeudamiento que era posible por el elevado precio de la vivienda, el mayor aval de tal endeudamiento. La práctica agresiva de promoción del endeudamiento por parte de la Banca llegó también al fenómeno de las hipotecas basura que se supone que son el origen de la crisis financiera.
Por otra parte, la escasa demanda hizo disminuir el crecimiento económico, lo que forzó al Banco Central del gobierno federal a bajar los intereses, facilitando la aparición de las sucesivas burbujas, siendo la última la burbuja hipotecaria. De nuevo, la crisis financiera se originaba por la escasa demanda, resultado del descenso de las rentas del trabajo. De ahí que, a no ser que se resuelva el enorme endeudamiento de las familias, recuperando las rentas del trabajo existentes antes de la rotura del Pacto Social, no se resolverá la crisis. (Para una ampliación de este tema, leer mi artículo “Para entender la crisis. Así empezó todo en Estados Unidos”, en Le Monde Diplomatique. Junio 2004, en www.vnavarro.org, sección EEUU.). De ahí se deriva el hecho de que, aún cuando se hayan evitado los colapsos de la gran banca, la crisis no se está resolviendo, pues el problema de fondo no se está resolviendo. La escasa capacidad de consumo por parte de la población se traduce en un problema de demanda de dimensiones enormes y que no se puede resolver sin solucionarse el enorme problema del endeudamiento privado. La única manera inmediata de resolver esta situación es aumentando la demanda pública a costa, en parte, de un elevado endeudamiento público. De ahí la necesidad de mantener un elevado déficit público. Reducirlo es retrasar todavía más la recuperación económica y la creación de empleo. Tal como he indicado repetidamente, el estado debiera mantener un déficit elevado, a fin de permitir una inversión sobre todo en empleo público, que permita no sólo resolver el enorme problema de falta de creación de empleo sino también solucionar el retraso en la recuperación económica.
Vemos que, por desgracia, la Unión Europea está todavía estancada en el pensamiento liberal, que toma el Pacto de Estabilidad como su dogma, Pacto que ha sido responsable de que la Unión Europea haya crecido menos y haya creado menos empleo que EE.UU. donde tal Pacto ni existe ni se espera.
Vicenç Navarro
26/12/09 en Economía | Enlace permanente | Comentarios (0) | TrackBack (0)
FERNANDO VALLESPÍN (Publicado en Reggio´s-El País, aquí)
Seguramente a nadie le ha sorprendido que entre los principales problemas de España que recogía el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) figurara, en tercer lugar, la “clase política, los partidos políticos”. Se veía venir, después de tantos años de crispación, de los nuevos desvelamientos de casos de corrupción y de su falta de unidad ante la mayor crisis económica que hemos sufrido en décadas. Esta desafección no deja de llamar la atención, porque los políticos, lejos de tratarnos mal a los ciudadanos, se relacionan siempre con nosotros con extremado cuidado, como si fuésemos niños malcriados a los que no se les puede negar nada.
Como los padres de hoy con sus hijos, piensan que perderán el favor de sus gobernados si no están siempre pendientes de cada uno de los caprichos. Además, su gestión la presentan siempre en positivo, como si el más ligero reconocimiento de sus faltas fuera a provocar nuestra ira y, sobre todo, beneficiar al adversario. Algunos llaman a esta forma de proceder “gobernar con las encuestas”, y es la actitud que ha suplantado al más tradicional “liderazgo”.
No parece, sin embargo, que tanta desconsideración hacia los políticos obedezca a que los ciudadanos echen en falta más liderazgo; lo que ahora se añora es la unidad. Su reproche va más bien en la línea de que parecen preocuparse más por sus intereses partidistas que por el bienestar general. Y que esa persecución del interés propio, paradójicamente, ha acabado por objetivarles dentro de una “clase” o “casta” con atributos comunes a todos ellos. Lo primero sería el interés del partido, luego ya los intereses generales. Se da así la curiosa contradicción de que aquéllos que supuestamente están encargados de resolver los problemas de todos son vistos a su vez como un problema. El colmo.
Mal lo tenemos, porque la confianza, como bien sabemos por los sociólogos, es la sustancia que sirve para cohesionar las sociedades y para hacerlas más capaces de facilitar la convivencia y de encontrar soluciones a cualesquiera que sean las dificultades. Capital social se llama. Y se refiere tanto a la confianza entre las personas y grupos sociales como a la que se tiene hacia los gobernantes y las instituciones. En todo ello nos ubicamos siempre en la parte baja de la tabla de las democracias avanzadas. Si esto es así, no sólo tenemos un problema en la política, sino también en la propia sociedad. Uno de los rasgos de la cultura política española estriba, precisamente, en nuestra poca implicación en lo colectivo, en el escaso sentido comunitario, en el desinterés por todo cuanto huela a política. Pero, también, en nuestro tozudo sectarismo. ¿Cómo explicar si no que puedan salir reelegidos candidatos acusados de corrupción?
Lo fácil en las sociedades donde existe un exiguo arraigo de la responsabilidad individual es echarles siempre las culpas a los dirigentes cuando las cosas nos van mal. A nadie se le ocurre hacerse la reciente reflexión de Barack Obama, parafraseando un discurso de Kennedy, “no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país”. Cuestión difícil, porque, para empezar, no todos entendemos lo mismo por “país”; para algunos es su propia Comunidad Autónoma, sea o no “nación”, y para otros es España.
Pero no hace falta ir a la comunidad más amplia, nuestro poco aprecio por lo público se manifiesta también al nivel más local. Si las virtudes de la ciudadanía se miden por la predisposición hacia los intereses generales, nuestros privatizados conciudadanos -sólo atentos a la política cuando alguna decisión que viene de ésta puede afectar alguno de sus intereses privados-, no desmerecen de lo que ellos mismos opinan de sus políticos.
Es indudable que gran parte de las imputaciones que se dirigen hacia los políticos tienen un importante sustento en los hechos. Pero debemos considerar también las dificultades de gobernar una sociedad tan plural, corporativa y fragmentada como lo es la nuestra. Antes de proceder a descalificaciones generales convendría hacer un esfuerzo por discriminar entre unos y otros y por identificar con claridad cuáles son las causas de nuestro desapego y nuestra propia responsabilidad en este estado de cosas. Es difícil que haya políticos de baja calidad en una sociedad de ciudadanos exigentes. Exigentes no sólo para lo propio, claro, sino para la realización de aquellos valores en los que nos reconocemos todos, como la libertad, la seguridad la estabilidad. Sí, el famoso interés general, algo sobre lo que ya apenas se habla.
26/12/09 en Pensamiento político, Sociedad | Enlace permanente | Comentarios (0) | TrackBack (0)
@Manuel Muela - (Publicado en El Confidencial, aquí)
Entre las variadas mistificaciones que abundan en la política española, la más reciente se refiere a la presidencia semestral de
Es notorio que nuestro país está viviendo una crisis de dimensiones desconocidas en tiempos de paz: la economía y las finanzas, tanto públicas como privadas, se encuentran bajo mínimos como consecuencia principal de no haber hecho un uso racional y prudente de los ingentes recursos que han llegado a España desde su ingreso en
Las respuestas han llegado, como otras veces en España, de forma abrupta y dramática: desde hace dos años asistimos al declive agudo no del gobierno, sino del régimen de
Un ejemplo cercano de lo anterior lo tenemos en la conferencia reciente de presidentes autonómicos, que ha sido una muestra de impotencia y de vacío del poder público, algo muy distinto a lo que se perseguía con su convocatoria, que era vender una imagen de eficacia y unidad de acción. El polo opuesto a la dinámica centrífuga desarrollada hasta ahora por el proceso autonómico. A pesar de ello, su fiasco final, inevitable, transmite desesperanza hacia la sociedad y preocupación a los agentes exteriores sobre la capacidad de gestión del poder público en España. Y esto último es especialmente importante, dado el elevado endeudamiento de nuestra nación y las dudas que suscita el cumplimiento de sus compromisos.
Lo cierto es que, con propaganda o sin ella, la bajada de la marea, después de los días de vino y rosas, ha dejado al descubierto las miserias del tejido político y económico del país, hasta el punto de que los más conspicuos defensores de
Pues bien, en ese ambiente de zozobra llega el turno de desempeñar la presidencia europea y a la clase dirigente le falta tiempo para cerrar filas y acorazarse en la inacción: los problemas españoles pueden esperar, el tiempo no es problema y cuando llegue el verano, veremos, ya aparecerá otra excusa para la dilación. Todos están por la labor de no afrontar sus responsabilidades; y lo demuestran cada día: los presupuestos generales del Estado a los que se considera papel mojado por parte de unos y de otros van a ser aprobados con mayor número de votos que los anteriores, tal como aventuramos en un comentario anterior. Son profecías fáciles de hacer, cuando se conoce el tinglado de la farsa.
Los españoles, pacíficos y pacientes, tratamos de acomodar nuestras vidas a la realidad sin recibir el apoyo y estímulo del mundo político, ensimismado en la defensa de sí mismo y de las apetencias de poder de cada cual. Los ejemplos de este divorcio abundan, y el que nos ocupa hoy, la presidencia europea, es uno más. Vendrán otros, porque conocemos el paño. Lo malo, o quizá no tanto, es que el desprecio constante a la inteligencia de los ciudadanos termine convirtiendo el arroyuelo murmurante de gentes descontentas en ancho río que desborde los diques de lo políticamente correcto.
26/12/09 en Pensamiento político, Política | Enlace permanente | Comentarios (0) | TrackBack (0)
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posted by MonteKarmelo @ 10:20 AM