Aires de La Parra

Nepal: Abusos contra los tibetanos que protestan la represión de China en el Tíbet

China recurre a Nepal para que reprima las protestas

(Nueva York, 24 de julio de 2008) – El gobierno de Nepal, presionado por China, ha detenido arbitrariamente a cientos de tibetanos y restringido su derecho a manifestarse contra la represión de marzo de 2008 en el Tíbet, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy. Human Rights Watch instó a Nepal a que respete los derechos de los tibetanos a la libertad de expresión y de asamblea, y apeló a China para que cese su campaña de presión sobre Nepal.

"Por encargo de China, el gobierno de Nepal está apretando las tuercas a los tibetanos que protestan pacíficamente", señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. "¿Cómo puede justificar un gobierno que llegó al poder gracias a una oleada de protestas públicas la represión de manifestaciones pacíficas de tibetanos?", agregó.

El informe de 60 páginas, "Appeasing China: Restricting the Rights of Tibetans in Nepal" (Apaciguando a China: Restricción de los derechos de los tibetanos en Nepal) documenta numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades nepalíes, especialmente de la policía, contra los tibetanos involucrados en manifestaciones pacíficas en Katmandú, entre ellas:

• uso excesivo e innecesario de la fuerza;
• arresto arbitrario;
• ataques sexuales a mujeres durante la detención;
• detención arbitraria y provisional;
• golpizas durante la detención;
• amenazas ilegales de deportación de tibetanos a China;
• restricciones de la libertad de movimiento en el Valle de Katmandú;
• hostigamiento de periodistas tibetanos y extranjeros; y
• hostigamiento de activistas de derechos humanos nepalíes, tibetanos y extranjeros.

Durante la preparación del informe, Human Rights Watch presenció directamente las protestas y los arrestos, las condiciones de detención y el trato en los hospitales. Human Rights Watch llevó a cabo visitas periódicas de seguimiento en las áreas tibetanas de Katmandú, entrevistó a más de 90 manifestantes tibetanos y realizó entrevistas con testigos presenciales de las protestas no tibetanas, miembros de la comunidad tibetana, líderes religiosos, personal médico y agentes de policía nepalíes, y funcionarios de las Naciones Unidas en Nepal.

Nepal, que tiene frontera con la región tibetana de China y acoge a aproximadamente 20,000 exiliados, refugiados y solicitantes de asilo tibetanos, ha sido escenario de numerosas protestas desde el 10 de marzo, "Día del Levantamiento Nacional del Tíbet" y aniversario de la rebelión tibetana de 1959 contra el dominio de China. Las protestas en Katmandú se intensificaron en reacción a la represión violenta de las protestas en el Tíbet y las provincias vecinas por parte del gobierno chino.

Las autoridades nepalíes han realizado al menos 8,350 arrestos de tibetanos entre el 10 de marzo y el 18 de julio (muchas personas han sido detenidas más de una vez). Aunque ha disminuido la frecuencia de las protestas desde mayo, se han seguido organizando regularmente manifestaciones. A muy pocos de los arrestados se le ha informado de la razón de su detención y casi todos han sido puestos en libertad sin cargos.

Human Rights Watch señaló que la policía nepalí ha hecho un uso innecesario o excesivo de la fuerza para llevar a cabo los arrestos, en ocasiones con la intención aparente de dispersar acumulaciones de manifestantes pacíficos. La policía ha golpeado a los manifestantes con bastones en la cabeza y en el cuerpo, les ha propinado patadas y puñetazos, y ha atacado sexualmente a mujeres tibetanas durante la detención. La policía ha golpeado duramente a los detenidos, especialmente en la comisaría de Boudha en Katmandú. Muchos detenidos, incluidos los que sufrieron heridas durante la detención, han recibido escasa o ninguna atención médica. Al parecer, la policía también ha empleado amenazas de violencia, intimidación sexual y deportación a China para impedir protestas en el futuro.

"Katmandú lleva décadas acogiendo a exiliados tibetanos", señaló Adams. "Esta situación se ha visto amenazada ya que las autoridades nepalíes han cedido a la presión del gobierno chino", agregó.

China ha desempeñado un papel importante, aunque a veces oculto, en la represión de las manifestanciones tibetanas por parte del gobierno nepalí. El embajador chino en Nepal, Zheng Xianglin, ha ejercido públicamente la influencia de China sobre el gobierno nepalí mediante enérgicas y frecuentes declaraciones, pidiendo el arresto de los manifestantes e instando al gobierno a que adopte firmes medidas. Por ejemplo, el 12 de mayo, Xianglin señaló: "Queremos que las autoridades nepalíes impongan duras sanciones penales contra las personas implicadas en actividades contra China en Nepal".

El número inusual de declaraciones de los dirigentes nepalíes reiterando la prohibición de las actividades "contra China" sugiere un aumento de la presión de Beijing.

"China lleva tiempo afirmando que la piedra angular de su política exterior es la ‘no injerencia’ en las cuestiones internas de otros países. Sin embargo, ha pedido directamente a las autoridades nepalíes que repriman las protestas pacíficas", señaló Adams. "Los intentos de Beijing de exportar su persecución de los tibetanos a través de su frontera con Nepal deben cesar inmediatamente y encontrarse con la fuerte resistencia del gobierno nepalí", agregó.

Casi todos los manifestantes tibetanos entrevistados por Human Rights Watch dijeron que habían sido amenazadas con la deportación a China por las autoridades nepalíes. Esta amenaza se emplea durante el arresto y contra los detenidos con el objetivo aparente de sembrar el miedo dentro de la comunidad tibetana y desalentar las protestas en el futuro. El uso generalizado de esta amenaza sugiere que se trata de una política del gobierno nepalí.

"El gobierno de Nepal utiliza la amenaza de detención y deportación a China para silenciar las protestas pacíficas", señaló Adams.

Human Rights Watch instó al gobierno de Nepal a que respete los derechos fundamentales de los tibetanos a reunirse pacíficamente y expresar sus opiniones, y ponga fin al arresto arbitrario, al hostigamiento y al maltrato de quienes lo hacen. Human Rights Watch también instó al gobierno chino a que cese sus presiones públicas y privadas sobre el gobierno nepalí para que viole los derechos de los tibetanos.

Algunas declaraciones de los manifestantes tibetanos:

"Estaba protestando pacíficamente cuando la policía me golpeó en la cabeza y me caí al suelo. Entonces tres policías me golpearon con bastones en los pies y en las piernas antes de salir corriendo, y un transeunte me ayudó a llegar a casa. Tengo los dos pies fracturados. El médico me dijo que mi pie izquierdo nunca volverá a estar igual".
– Tibetano de 25 años de edad, Katmandú, 19 de marzo de 2008

"Estamos protestando porque queremos decir la verdad sobre nuestro país y queremos justicia de la ONU y derechos humanos. Queremos mostrar a otros países la situación real en el Tíbet. Ese es nuestro objetivo".
– Nun de Swyambu, Katmandú, 29 de marzo de 2008

"La policía se llevó a mi amigo e intenté sujetarme a él. Entonces la policía intentó pegarme con un bastón y levanté los brazos y por eso ahora tengo el brazo lesionado. Después me caí al suelo y la policía me golpeó y ahora tengo este gran moratón en la espalda. Mi amigo me levantó porque no podía caminar y entonces la policía me metió en la camioneta".
– Manifestante de 25 años de edad

Más del trabajo de Human Rights Watch sobre Tibet
Más del trabajo de Human Rights Watch sobre Nepal

Los salva patrias están de vacaciones (por Lluis Foix)

Lluís Foix (Publicado en LaVanguardia.es, aquí)

Una paradoja interesante se ha revelado hoy (23.07.2008) tras la reunión de Zapatero y Rajoy en la Moncloa. Los locutores vocingleros de la mañana y de la noche han entrado en periodo vacacional y parece que el país está más tranquilo. No es cierto. Hay crisis y crisis gruesa. Pero parece que es más llevadera porque no se oyen gritos, ni insultos, ni descalificaciones.

Hay disparidad de criterios entre el gobierno y la oposición como es preceptivo. Pero todo es más racional que visceral. Se habla, se discute y se mantienen las posiciones. Pero sin empujar y sin poner a nadie en el paredón.

Zapatero y Rajoy han acordado enterrar las diferencias sobre cómo combatir el terrorismo y cómo afrontar la urgente reforma de la Justicia. Este cambio de ambiente no se va a notar de inmediato. Pero tendrá sus efectos positivos porque se trata de cuestiones de Estado.

Las diferencias entre el gobierno y la oposición se han centrado en qué políticas hay que aplicar para combatir la crisis económica. Mariano Rajoy ha resumido la reunión diciendo que "yo creo que hay crisis y el presidente no". No estoy seguro que Zapatero no comparta el diagnóstico de Rajoy. Lo que ocurre es que no le conviene aceptarlo.

Zapatero se sale por la tangente diciendo que el gobierno no abandonará a los más desfavorecidos y que ya vendrán tiempos mejores. No faltaría más. El estado del bienestar en Europa no lo inventaron los socialdemócratas en solitario sino que ha sido fruto de un pacto con los democratacristianos.

Hay que dar por descontado que los últimos en ser perjudicados más severamente por la crisis son los ciudadanos de rentas bajas, los ancianos, los enfermos y los parados. Por supuesto. Pero el gobierno tiene que tener claro lo que proclamaba el canciller socialdemócrata alemán, Helmut Schmidt, cuando decía que los beneficios de hoy promovían la inversión de mañana y el empleo de pasado mañana.

La crisis que azota Occidente no necesita tacticismo a corto plazo sino una estrategia a largo término. Para repartir la tarta, hay que tener tarta, decía el también canciller alemán de los años sesenta, Ludwig Erhard en los años sesenta.

En la depresión de los años treinta, fue el presidente Roosevelt el que afirmaba que no puede haber libertad sin justicia y sin un cierto reequilibrio de la riqueza. El "New Deal" fue precisamente este intento para salir de la crisis con un programa ambicioso que, además, tropezaría con la entrada de Estados Unidos en la guerra mundial.

La crisis ha pillado con el pie cambiado a un gobierno que tenía superávit por todas partes. Estábamos mejor preparados que otros países europeos en hacer frente a la crisis. Ahora resulta que somos igual de vulnerables que los demás, por no decir peor porque no se había previsto una caída tan dramática y tan rápida de la actividad económica.

No es hora de retóricas ni de improvisaciones. Hay que contar con el buen hacer de cualquier gobierno, con los empresarios, con los sindicatos, con la oposición, con unos medios de comunicación que se dediquen a explicar lo qué pasa y no a hacer que pase lo que ellos quieran.

Hay que pensar en la reedición de los Pactos de la Moncloa durante la transición en octubre de 1977 entre el presidente Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria, las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones Obreras,con el objetivo de estabilizar el proceso de transición a la democracia y adoptar una política económica que frenara la inflación que galopaba al 47 por ciento. Es lo que ha pedido hoy el Cercle d'Economia en un muy interesante documento.

El giro de la oposición liderada por Rajoy ha sido copernicano. De hecho, el líder popular dio un golpe en la mesa el día que afirmó que él no seguiría lo que le soplaban la Cope y el Mundo. Dijo otra cosa muy interesante: España es algo más que veinticinco personas de Madrid.

Este nuevo discurso "marianista" no tiene nada que ver con el que practicó desde el día que perdió las elecciones el 14 de marzo de 2004. Aquellos griteríos y aquellas intransigencias han dado paso a una aproximación más serena, más positiva, más real, pensando en el conjunto del país dijeran lo que dijeran los que piensan que el país es suyo porque tienen altavoces radiofónicos o periódicos que hacen marcar el paso.

Las encuestas empiezan a valorar esta nueva posición de Rajoy. Queda mucho trecho para las próximas elecciones generales y puede pasar todo. Pero me parece que la actitud de Rajoy es más inteligente y más realista hoy que hace medio año. Los salva patrias están descansando. Se nota y se agradece.

Un exastronauta afirma que ya ha habido contactos con alienígenas

1. Edgar Mitchell, del 'Apolo14',dice que los gobiernos han ocultado los encuentros 60 años

Mitchell, en una foto oficial de la misión Apolo 14, en 1971. Foto: ARCHIVO

IDOYA NOAIN (Publicado en elPeriódico.com, aquí)
NUEVA YORK

Los convencidos de que existe vida extraterrestre ahí fuera e, incluso más, alienígenas que han tratado de establecer contacto con los humanos tienen un importante aliado. El doctor Edgar Mitchell, un capitán retirado de la Marina de EEUU que formó parte de la misión Apolo 14 y que en 1971 dio por la Luna un paseo de nueve horas y 17 minutos que hasta hoy sigue siendo el más largo de la historia ha reavivado el debate sobre el fenómeno. Aunque sus comentarios han sido inmediatamente desacreditados por la NASA, el antiguo astronauta ha hablado con convencida contundencia.
En el transcurso de una entrevista con una emisora de rock de Birmingham, Mitchell, de 77 años, describió a los alienígenas como "pequeña gente que nos parece extra-
ña". Aseguró que la tecnología humana "no es tan sofisticada" como la de esos extraterrestres. Y defendió su carácter no hostil, al asegurar que los terrícolas "ya habríamos desaparecido" si no fuera así.

TAPADERA OFICIAL
"Todo ha sido ocultado por nuestros gobiernos durante los últimos 60 años, pero se va filtrando poco a poco y algunos hemos sido privilegiados de ser informados", declaró Mitchell, justo después de aseverar que los humanos "hemos sido visitados en este planeta y el fenómeno de los ovnis es real". El exastronauta, que tiene un doctorado en Aeronáutica y Astro-
náutica del prestigioso MIT y que fundó el Institute of Noetic Sciences para investigar fenómenos que considera abandonados por la ciencia tradicional, dijo haber recibido información de "círculos militares y de espionaje que saben que, bajo la superficie de lo que ha sido conocido públicamente, hemos sido visitados". Es más, afirmó que esas visitas han sucedido "bastantes veces".

SITUACIÓN COMPLICADA
Las declaraciones han puesto en una situación complicada a la agencia espacial estadounidense. Un portavoz envió un comunicado a la radio británica definiendo a Mitchell como "un gran americano" pero al mismo tiempo trató de desacreditar sus palabras. "La NASA no sigue ovnis, ni está involucrada en ningún ocultamiento sobre vida extraterrestre en este planeta ni en ningún lugar del universo. No compartimos las opiniones de Mitchell en esta materia", escribió.
No es la primera vez que el sexto hombre que puso un pie en la Luna defiende estas tesis. En el 2004 aseguró en un periódico de Florida que los extraterrestres llevan décadas visitando la Tierra y acusó a Washington de llevar a cabo una campaña para ocultar la verdad.

Progresismo y desempleo

(Publicado en ABC, aquí)

EL número de parados ha aumentado en 207.000 personas en el segundo trimestre, 620.000 respecto al año anterior. El aumento se produce en todos los sectores económicos, constatando que industria y servicios tienen sus propios problemas. La ocupación aumenta entre las mujeres, aunque no lo suficiente para hacer caer la tasa de paro, y disminuye entre los varones, acercando la tasa de paro entre ambos grupos. El descenso más acusado del empleo se da entre los varones de entre 25 y 29 años, lo que revela las dificultades de acceso al mercado de trabajo. Sólo en dos regiones, Asturias y País Vasco, desciende el número de parados, y en ambas ha disminuido también la población.

El presidente del Gobierno anunció solemnemente en campaña electoral que el peor dato de paro de su legislatura iba a estar siempre por debajo del mejor de la era Aznar. Poco ha tardado la realidad, una vez más, en desmentirle: la publicación de la EPA del segundo trimestre ha hecho saltar la tasa de paro ocho décimas, hasta el 10,44 por ciento, una cifra que no se veía desde finales de 2004. El Ejecutivo estimaba un 9,8 por ciento para este año, pero parece difícil que baje del 11 por ciento si se mantiene el ritmo de destrucción de empleo -la mayoría de los analistas espera que se acelere- y continúa el crecimiento de la población activa a través de la inmigración. Una cosa es ser optimista y otra, situarse al margen de la realidad. Si, como anunció el vicepresidente Solbes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo peor de la crisis llegará en la segunda mitad del año que viene, es muy posible que la tasa de paro se sitúe por encima del 13 por ciento y el número de parados supere los tres millones y medio de personas. Todo lo demás es intentar engañar y confundir a una opinión pública que ya está suficientemente preocupada con la crisis, como desvela la encuesta del CIS que se conoció también ayer.

Si los datos son malos, peor es la respuesta política. El Gobierno insiste en su práctica habitual de intentar estar en misa y repicando. Mientras el vicepresidente Solbes adopta su habitual aire profesoral y anuncia una sustancial revisión a la baja de las cifras de crecimiento para este año (1,6 por ciento) y el que viene (1 por ciento), hasta situarlas en la banda alta de las previsiones de los analistas; la vicepresidenta De la Vega se dedica a hacer demagogia y a criticar a la oposición. El cambio de actitud del ministro de Economía y Hacienda responde a la necesidad de buscar socios parlamentarios y marcar un territorio fiscal restrictivo para negociar un presupuesto complicado, aún más con la pelea sobre la financiación autonómica. Las palabras de la vicepresidenta destacando el carácter progresista de la política económica socialista es un intento persistente de estigmatizar a la oposición y desprestigiar su alternativa económica, porque todas las encuestas revelan también que los españoles confían más en el Partido Popular para salir de la crisis. La inacción política del Gobierno corre el riesgo de resucitar en los ciudadanos la asociación entre socialismo y caos económico. Vender política económica progresista el día que la tasa de paro aumenta como nunca desde 1992 es una osadía, sobre todo porque confunde progresismo con subsidio de desempleo y califica de reaccionarias las medidas activas de creación de empleo. Este discurso obliga a retroceder en la noche de las ideologías e intenta asustar a la opinión pública al afirmar que los populares quieren destruir el seguro de desempleo. De «la crisis más compleja de todos los tiempos» no se saldrá con mítines chavianos, sino con propuestas serias que confronten a la sociedad española con la necesidad de favorecer la movilidad de los trabajadores entre empleos y poblaciones, con políticas activas de productividad y competitividad. Llamar a eso política de derechas es ignorar la realidad y garantizar que la crisis, por culpa del Gobierno, será más larga y dolorosa.

Las ideas económicas del presidente (por Mikel Buesa)

MIKEL BUESA, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (Publicado en ABC, aquí)

EL presidente del Gobierno se ha prodigado, durante las últimas semanas, en la presentación de sus ideas acerca de la economía española. Primero fue su intervención en el Consejo Económico y Social; más tarde su comparecencia ante el Congreso de los Diputados; y después sus múltiples declaraciones en actos del partido socialista. Las ideas económicas de Rodríguez Zapatero se han expuesto de una manera nítida y, por fin, después de muchos meses de tiras y aflojas en el debate económico, han dejado de ser un arcano. Pueden ser, por ello, sometidas al escrutinio del público y al análisis de los expertos. Es lo que me propongo hacer en las líneas que siguen.

El presidente establece su punto de partida en un singular diagnóstico sobre la actual coyuntura económica española. Según él, nos enfrentamos «a una fuerte ralentización, casi un frenazo, del crecimiento» que sólo tardíamente y a regañadientes ha llegado a calificar de crisis. Rodríguez Zapatero entiende que las causas de esa situación son exclusivamente externas -la crisis financiera norteamericana y la escalada de los precios del petróleo- y que a ellas se añade, forzada por las circunstancias, el «ajuste particularmente intenso y rápido de nuestro sector de la construcción». Se trata de un diagnóstico simplista y limitado que no atiende ni a la complejidad de los fenómenos monetarios que se han derivado de la pérdida de confianza en una buena parte de las entidades financieras internacionales, ni a las características de los mercados energéticos, ni sobre todo a los factores internos de la economía española que subyacen a la crisis y potencian sus efectos.

Así, Zapatero no menciona la baja competitividad de la economía española ni el déficit creciente de las cuentas exteriores. Tampoco se refiere a la mayor inflación española con respecto a los países europeos, ni al creciente diferencial entre ambas. Asimismo están ausentes los problemas de nuestro modelo energético derivados de su extrema dependencia del petróleo, que nos hace vulnerables a los aumentos de precios, y de su proclividad hacia las energías renovables, que nos conduce a producir una electricidad excesivamente cara. Y también la política monetaria del Banco Central Europeo que, al empujar al alza la cotización del euro, nos hace perder competitividad. Nada de esto es relevante para el presidente, pues está convencido de que la economía española es poco vulnerable a la crisis porque «España está mejor preparada que nunca para afrontar esta situación».

Un diagnóstico insuficiente conduce una política mal orientada. El discurso de Zapatero lo confirma plenamente. El presidente, al desgranar las medidas de política económica de su Gobierno, describe la rebaja fiscal de 400 euros en el IRPF -que sin duda es regresiva, inflacionista y tiene un coste superior a los beneficios esperados de ella-, la pretensión de suprimir el impuesto sobre el patrimonio -que ahorrará 1.800 millones de euros a los más ricos- y también la mínima rebaja del impuesto de sociedades y la devolución adelantada del IVA a las empresas -medidas éstas que se acordaron en la anterior legislatura. Asimismo, en sus intervenciones se hace una confusa mención a los planes de vivienda según los cuales se pretende añadir 150.000 unidades de protección oficial al año a un mercado saturado que, en el momento actual, cuenta con un exceso de oferta cifrado en unas 800.000 viviendas. En total, según el presidente, el Estado se va a gastar en todo esto 18.000 millones de euros; pero como él mismo prevé que la economía va a pasar de crecer un 3,8 por ciento en 2007, a menos de un 2 por ciento en 2008, resulta que ese gasto va a servir para producir un valor añadido de 19.000 millones menos que en el año anterior.

Eso no es todo. Zapatero, en un caótico inventario de medidas nuevas y viejas, ha aludido al aumento del crédito oficial a las Pymes, aunque no aclara en cuánto. También a un plan de rehabilitación de viviendas dotado con 2.500 millones para créditos. Añade, nada menos que «para reanimar el consumo», un programa de sustitución de coches viejos por otros nuevos, poco contaminantes, dotado con 1.500 millones, también para créditos pues de lo que se trata es de que al Estado, finamente, todo esto no le cueste nada. Y agrega la misma estrategia de política económica de la legislatura anterior, o sea: el plan de infraestructuras de transporte; la construcción de guarderías; las leyes de educación y universidades; una «hoja de ruta» para reformar, no se sabe cuándo, la formación profesional; el dinero para I+D y el Ministerio de Ciencia e Innovación -que todavía no ha pensado cómo resolver el problema de la insuficiencia de empresas innovadoras-; y unas «reformas estructurales» consistentes en liberalizar y, en su caso, privatizar, el transporte ferroviario de mercancías, la gestión aeroportuaria, los puertos, las telecomunicaciones de banda ancha y los servicios, así como en duplicar la interconexión eléctrica con Francia.

Según el presidente esta estrategia ya ha dado frutos. Y para demostrarlo da «un solo dato: el crecimiento de la productividad se ha multiplicado por siete en los últimos cuatro años». Alguien le ha engañado. Si acudimos a la Contabilidad Nacional podemos comprobar que, valorada a los precios del año 2000, la productividad creció entre ese año y el 2003 un 0,9 por ciento, al pasar de 36.685,4 euros a 37.016,3 euros; y entre 2004 y 2007, mientras gobernaba Zapatero, sólo un 0,02 por ciento, al pasar de 36.960,7 euros a 36.967,7 euros. O sea: con la estrategia de Zapatero la productividad ha crecido 45 veces menos que con la política de Aznar. Pero no echemos las campanas opositoras al vuelo porque, con esos crecimientos tan exiguos, en realidad lo que ha ocurrido es que la productividad permanece estancada todo lo que llevamos de siglo.

El colofón del discurso presidencial es aparentemente ortodoxo, pues apela al «rigor y austeridad», al «objetivo de estabilidad, de equilibrio presupuestario para el conjunto de las Administraciones Públicas» bajo el compromiso del «mantenimiento de las políticas sociales». Los hechos, sin embargo, le desmienten, tal como se comprueba en la propuesta que ha presentado en el Parlamento con relación al límite de gasto presupuestario para 2009, cifrada en 160.158 millones de euros. Ese límite se ha calculado partiendo de la idea de que el PIB crecerá un 2,3 por ciento el año próximo. Pero Zapatero ha dicho que, en realidad, la economía crecerá por debajo del 2 por ciento. Pongamos el 1,9 por ciento. Con esta rebaja, resulta que la recaudación fiscal se reducirá en 627 millones de euros; y entonces no existirá el superávit del 0,02 por ciento del PIB que ha previsto el Gobierno, sino más bien un déficit del 0,06 por ciento. No obstante, Zapatero tiene respuestas para todo; y para esto también. Por ello, dice que va a establecer «un plan de austeridad centrado en la contención de los gastos corrientes de la Administración», de manera que se va a ahorrar 250 millones de euros. Si, en efecto, es así, el déficit será de sólo el 0,03 por ciento del PIB. Pero como le falle la previsión del crecimiento de la economía, por cada punto menos de variación del PIB, el déficit aumentará en 0,027 puntos. Esto quieredecir que si, como ya se está avanzando en las previsiones, la economía crece sólo en un uno por ciento, el déficit del Estado se aproximará al 0,3 por ciento del PIB; y si se entra en recesión puede llegarse rápidamente a un déficit que supere el 1 por ciento del PIB.

Resumamos. Las ideas económicas del presidente, además de simplificadoras, confusas y desordenadas, no parece bien ajustadas a la gravedad de los problemas que afrontamos en España. Sus medidas coyunturales son de escaso impacto, cuestan más que el valor de la actividad productiva que se prevé generar e introducen un sesgo de desigualdad, al favorecer más a los ricos que a los pobres. Sus medidas estructurales reproducen una estrategia que no ha funcionado en la legislatura anterior y no ha reasignado los recursos económicos hacia las actividades más competitivas y de mayor contenido tecnológico. Y su política presupuestaria se ha formulado sin el rigor requerido y oculta, en la maraña de sus números, una tendencia deficitaria carente de justificación.

Una reunión bien escenificada, pero… (por Miguel Massanet Bosch)

Cuando después de una reunión entre el Presidente del gobierno y el Jefe de la oposición, ambos salen con rostro de satisfacción y  se felicitan por el acercamiento conseguido en sus respectivas posturas, los ciudadanos de a pie deberíamos empezar a temblar.Es obvio que el señor Rajoy, con la que tiene organizada en el seno de su partido debido al cambio de rumbo –que, por mucho que quieran presentarlo como la gran bicoca y por mucho que se esfuercen, desde Génova,  en dar la sensación de que todas las bases hacen piña con la cúpula del partido; lo cierto es que muchos de los afiliados no comparten la nueva orientación que se le ha dado al PP ni aceptan como buenas a las personas que han entrado en la dirección en sustitución de los pesos pesados del partido que, de una forma incomprensible, han sido relegados al olvido; utilizando, para ello, el método característico de eliminación de todo aquel que te pueda hacer sombra –; necesita dar la sensación de que su nueva política es un éxito y que su labor de acercamiento al Gobierno le está dando buenos réditos, y por ello, estaba obligado a sacar algo positivo de su encuentro con Zapatero o, al menos, dar a sus seguidores la impresión de haberlo conseguido.

Zapatero, por su parte, tenía que evitar el presentarse ante la ciudadanía como un intransigente que no quisiera aceptar la rama de olivo que le tendían desde el PP. Por otra parte, la situación económica del país ha entrado en un tal grado de descomposición que precisaba con urgencia demostrar, al menos de cara a la galería, que busca el apoyo de la oposición para, en el caso de no conseguirlo, poder decir que lo ha intentado, pero que la cerrazón del PP no le ha permitido conseguirlo. Si no se ha podido conseguir el acuerdo en lo económico ( donde las posturas están muy distanciadas) al menos en terrenos como el terrorismo, la Justicia, las víctimas del terrorismo ( la china en el zapato que tanto lo incordia) y algunos otros temas, como el endurecimiento de las penas a los pederastas y a los violadores, en los que sabía que iba a lograr la plena colaboración de su oponente, se ha conseguido apuntar el tanto. Nada, por supuesto, del aborto, nada de la eutanasia, nada de los derechos de los ciudadanos en cuanto al uso del castellano para la enseñanza, nada de política internacional, nada de los temas de homosexualidad, nada del separatismo catalán, gallego, vasco y mallorquín y, por supuesto nada de llegar a acuerdos de Estado para sacar a la nación del agujero en el que se encuentra.

Suena a hueco el que, a estas alturas de nuestra democracia, se tengan todavía que pactar las formas en las que Ejecutivo y oposición se repartan a los magistrados que han de integrar el Tribunal Constitucional o quienes deberán ser los componente del CGPJ y cuántos tiene que presentar cada partido. Sin duda, por lo poco que ha trascendido de la reunión, el que mejor tajada ha sacado de el tema de la Justicia, ha sido ZP que tenía las espinas del TC ( hay que nombrar a cinco) y del CGPJ ( que lleva tiempo en funciones) y ha conseguido de Rajoy que, al menos, se muestre dispuesto a ceder aunque, recuérdenlo ustedes, cualquier acuerdo sobre esta materia estaba condicionado, por el PP, a que se consiguiera un entendimiento en cuanto a la forma de enfrentar la recesión económica, lo que nos hace pensar que ya han renunciado a dicha condición. Y, precisamente, ha sido en este tema donde ambas partes han puesto de relieve que las posturas no se habían acercado. Es obvio que Zapatero está explotando (sin que se haya dado una respuesta contundente por parte del PP) lo de la defensa a ultranza de las prestaciones sociales y la falta de contención del gasto público (medida desde todo punto necesaria si se quiere paliar el peso fiscal sobre las empresas) alegando la, tan demagógica, imputación  al PP de tender, en sus propuestas, a ir en contra de los intereses de los trabajadores para favorecer a los empresarios a costa de aquellos.

Por supuesto, aunque parezca hoy una utopía que se consiga, lo verdaderamente útil sería que se establecieran acuerdos para que ni el Gobierno ni la Oposición pudieran meter cuchara el tema de la Justicia, salvo en lo referente al tema de su financiación y dotación de medios propios para que los jueces y los fiscales no tuvieran que depender para nada del Ejecutivo ni del Legislativo, una de las maneras de garantizar su imparcialidad. Es de cajón que todos los nombramientos que se debieran hacer en los organismos rectores de jueces y fiscales debieran ser de exclusiva competencia de cada uno de los colectivos, en función de los principios de excelencia, honorabilidad, independencia y democracia. El restablecer la separación de poderes en nuestra Nación puede que sea una de las tareas más urgentes para lograr garantizar a todos los españoles la igualdad ante la Ley, el cumplimiento de los principios constitucionales y la vigilancia sobre las actuaciones del Gobierno, a fin de controlar cualquier posible desviación respecto a la legalidad que se pudiera producir en el ejercicio de sus competencias. En cuanto al TC creo que su implantación fue una de las grandes equivocaciones de la democracia. Este órgano ha dado claras evidencias, durante su trayectoria, de haber actuado más para crear confusión y problemas que para su función exclusiva, que es la defensa de la Constitución.

Sus continuas intrusiones en temas de la competencia del Tribunal Supremo y su más que evidente politización sólo han servido para escandalizar a la ciudadanía, que ha tenido que presenciar, entre estupefacta e indignada, como sus “señorías” luchaban entre sí a brazo partido para imponer sus tesis políticas a los del otro bando, sin que ninguno de ellos, incluida, especialmente, la señora Presidenta, señora Casas, haya tenido el pundonor y la vergüenza de dimitir para permitir que otro, de espíritu independiente, ocupara su lugar. A la vista de lo sucedido, parece bastante razonable que las funciones del TC fueran asumidas por el Tribunal Supremo, con lo que se lograría evitar solapamiento de competencias al tiempo que se evitarían espectáculos tan denigrantes de ver como ambos tribunales se han descalificado mutuamente.

Estamos donde antes. Nada ha variado. La crisis sigue in crescendo y las esperanzas de que alguien tome las riendas de la nación, para intentar mitigarla, se van diluyendo a medida que pasan los días, quiebran las empresas, aumenta el paro, los ciudadanos no llegan a final de mes y las hipotecas han conseguido poner contra las cuerdas a más de un infeliz propietario. Los unos para que no les llamen “crispadotes” y los otros porque no tienen puñetera idea de por dónde coger la patata caliente, poco a poco, estamos llevando a España al borde del precipicio. Que caiga en él o no, sólo está en manos del Sumo Hacedor o de la casualidad, para los ateos.

        Miguel Massanet Bosch

Gobierno rebaja al 1,6% la previsión crecimiento este año y al 1% la de 2009

(Publicado en ABC, aquí)

El Gobierno ha rebajado en siete décimas, hasta el 1,6 por ciento, la previsión de crecimiento para este año, y también ha revisado a la baja, en 1,3 puntos, la de 2009, que sitúa en sólo un 1 por ciento, debido a la crisis económica que atraviesa el país.

Además, calcula que el empleo sólo crecerá el 0,2 por ciento en 2008 y caerá en medio punto en 2009, con lo que la tasa de paro estará en el 10,4 por ciento este año y se elevará hasta el 12,5 el próximo.

Un ajuste más intenso y rápido de la actividad económica de lo previsto y del sector de la construcción han sido los motivos que han llevado al vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha realizar una segunda revisión de las previsiones macroeconómicas en sólo tres meses.

La última actualización del cuadro macro, que realizó el Ejecutivo el pasado mes de abril por primera vez de forma extraordinaria, estuvo también motivada por el progresivo empeoramiento de los datos macroeconómicos que han provocado la "crisis más compleja" de la historia, en palabras del propio Solbes.

La crisis económica afectará al desarrollo de la Ley de Dependencia

ACUERDO

Las comunidades rechazan alargar los plazos de la ley de dependencia

Mercedes Cabrera reconoce que el Gobierno tendrá dificultades para cumplir los compromisos

El consejo territorial repartió ayer entre las autonomías la mitad de los fondos previstos para este año

Sara Carreira  (Publicado en La Voz de Galicia.es, aquí)

La ministra de Políticas Sociales, Mercedes Cabrera, aceptó ayer tras la reunión del Consejo Territorial de la Dependencia que la crisis económica afectará al desarrollo de la ley. Cabrera explicó que se ha hecho balance del año y medio de desarrollo de la norma, período «en el que se han empleado enormes recursos y empeño por parte de todas las Administraciones», y aunque el Gobierno garantizará la continuidad de los compromisos en las políticas sociales», «eso no quiere decir que la coyuntura económica que atravesamos actualmente no tenga algún tipo de influencia en el despliegue de la ley».

De hecho, tal y como había denunciado el martes la Xunta, el Gobierno del Estado redujo un 25% las previsiones de gasto para este nuevo derecho ciudadano. Además, durante la reunión celebrada ayer en Madrid con los consejeros autonómicos de bienestar, altos técnicos del ministerio propusieron ralentizar el proceso de implantación de la ley para ahorrar costes. La idea fue rechazada por los presentes, que quisieron hacer suya la frase de Zapatero de no aceptar ningún recorte social.

La reunión se centró en el reparto de dinero. Hay dos partidas fundamentales en este ejercicio para la ley: por una parte, el montante que se distribuirá según el número de expedientes resueltos (la gravedad de los casos y otros factores, como el envejecimiento poblacional o la dispersión geográfica, hacen variar la cuota dependiendo de los casos); por otra, el que se entregará para ofrecer los nuevos servicios, y es en este capítulo donde ha habido un recorte de la mitad (de más de 400 millones de euros previstos se pasó a 241).

Según los datos ofrecidos por la Xunta a última hora de ayer, Galicia recibirá en total algo más de 70 millones de euros, frente a los 80 previstos. Debido al recorte en la segunda partida, la comunidad obtendrá en este capítulo menos de 20 de los 40 millones esperados; sin embargo, de la primera partida quiere obtener casi 55 millones, frente a los 40 con los que contaba, gracias al número de valoraciones hechas.

Malestar general

Todas las comunidades recibieron menos dinero del esperado, lo que provocó malestar incluso en comunidades gobernadas por el PSOE. Según trascendió, otro de los aspectos que más han molestado es la desaparición de otros programas sociales, que el Gobierno ha decidido integrar casi sin decirlo en esta ley.

La reunión de ayer dio paso a otra para el próximo otoño, en la que se analizará el importantísimo sistema de copago (en qué casos y en qué cantidad el beneficiario tiene que participar del coste del servicio) y los requisitos exigibles a los centros para atender a los dependientes.

Empate entre Zapatero y Rajoy en su entrevista

Combate nulo

Pablo Sebastián (Publicado en Estrella Digital, aquí)

Al inicio de la legislatura, José Luis Zapatero declaró que había aprendido de los errores pero sin enumerarlos. Durante el valenciano congreso del PP Mariano Rajoy anunció el regreso al centro político y a la moderación. Y estas dos premisas son las que podrían explicar el encuentro que, a primera vista, ha discurrido con cierta normalidad y capacidad de diálogo entre los dos primeros dirigentes políticos españoles y con algunos acuerdos sobre la lucha antiterrorista y los órganos de gobierno de la Justicia, aunque estos últimos están pendientes del listado de las personas que se integrarán en el nuevo Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, donde está por ver si se ha recuperado, si no la independencia de la política, al menos el equilibrio y la equidad.

Naturalmente, sobre la crisis de la economía no hay acuerdo, porque de haberlo estaríamos hablando de una virtual coalición entre el PSOE y el PP como la que debería enmarcar un nuevo periodo constituyente con vistas a la regeneración democrática y a la implantación en la Constitución y en la vida pública de unas nuevas bases del sistema político español que eliminen el rancio aroma de la partitocracia, que es el pecado original de muchos de los males y de los problemas que dañan la vida política española, aquí incluido el deterioro de la cohesión nacional por causa del protagonismo, más bien desmesurado y desproporcionado, que los nacionalistas tienen en nuestro país, lo que obligaría de una vez por todas a la reforma de la ley electoral.

Pero ahora la prioridad está en la crisis económica, donde no hay ni puede haber acuerdo porque cada partido tiene sus propias recetas, y el PSOE la grave responsabilidad —que decir asumir Zapatero, pero sin decir cómo— de haber negado la crisis y de llegar tarde con su medicina, la que dice ser de izquierdas. Mientras que el PP está a favor de hablar con la mayor crudeza y claridad y de adoptar medidas de choque, por impopulares que sean, a fin de buscar una pronta salida a ese túnel que Solbes dice que es más corto de lo que en realidad parece.

El combate nulo que se ha escenificado en la Moncloa ya veremos lo que va a durar porque, además de las diferencias económicas, está de por medio otro asunto de mayor calado, como es el de la España territorial, donde los socialistas y el propio Gobierno de Zapatero han desarrollado en los últimos años un discurso confederal, imposible de aceptar por el PP, y del que muy difícilmente se podría zafar el presidente socialista sin poner en peligro su estabilidad parlamentaria.

Y, a caballo entre la crisis económica y el debate territorial, está el desafío de los catalanes sobre la reforma de la financiación autonómica, donde las Comunidades ricas gobernadas por el PP tienen la tentación de entrar, lo que sería un grave error, como error fue el pacto político sobre el Estatuto valenciano que dejó en pañales la unidad y cohesión de la Justicia en toda España, lo que tendrá sus consecuencias, salvo que este disparate pueda ser rectificado por el Tribunal Constitucional, lo cual está por ver.

En realidad podría decirse que la montaña ha parido un ratón, por cuanto el pacto sobre terrorismo era una realidad y la renovación del poder judicial ya estaba madura desde hace meses. Aunque la novedad esta vez está en el tono y en el mutuo interés de Rajoy y Zapatero por aparentar moderación y una cierta tranquilidad, al menos hasta después del verano, que es la fecha en la que se espera que se reanuden las hostilidades políticas entre los dos. Siguiendo el símil del boxeo, podemos decir que hemos asistido a un primer asalto donde no ha salido vencedor ninguno de los dos.

Naturalmente, los puños y las espadas quedan en alto con la economía de por medio. Convencido Rajoy de que el tiempo y las dificultades le darán la razón, y esperanzado Zapatero de que su estrategia de ganar tiempo y de desmitificar la crisis le beneficiará. Veremos, de momento —algo es algo— se ha desactivado el clima de la crispación de los pasados años. Crispación que provocaban, esencialmente, los disparates territoriales y la negociación con ETA de Zapatero, y la ruidosa y callejera respuesta de las huestes de Rajoy. Todo esto parece haber quedado definitivamente atrás, entre otras muchas cosas, porque Rajoy y Zapatero saben que a los ciudadanos lo que más les interesa es la crisis económica que afecta de lleno a su vida laboral y familiar.

Tuvo que ser Estrasburgo quien hiciera justicia (por Miguel Massanet Bosch)

Señores, quizá ustedes puedan pensar que lo más trascendental que está ocurriendo en España sea la grave recesión económica por la que estamos pasando o que la amenaza sea  que el nivel de vida de los españoles descienda a cotas insospechadas, por lo menos para todos aquellos ciudadanos que no tuvieron ocasión (afortunadamente para ellos) de vivir las vicisitudes y las hambrunas posteriores al fin de la Guerra Civil española. Pero, a mi modesto parecer, peor incluso que el nefasto gobierno del señor Rodríguez Zapatero, peor que esta fiesta abracadabrante con la que nos han obsequiado los del PSOE con motivo de los 100 días del nuevo gobierno, como si estuvieran viviendo en otro país donde todo fuera prosperidad, entendimiento y motivos de jolgorio; pues mucho peor que todo esto es, señores, la constatación del estado de la Justicia en nuestro país, del grado de corrupción política al que ha llegado y de las escasas defensas de que disponemos los ciudadanos ante un Estado de Derecho que tan influido anda por el intervencionismo del Gobierno de la nación y tan poco se deja influenciar por los principios del Derecho, la equidad y la seguridad jurídica que garanticen la igualdad de los españoles ante la ley y el derecho a exigir de los tribunales que impartan la justicia con independencia, honestidad, rapidez y ética.

Si ya llevábamos años con la mosca detrás de la oreja, teniendo la percepción de que la separación de poderes propugnada por Montesquieu se haya convertido, al menos en nuestra tierra, en algo meramente utópico, como se ha venido demostrando a través de las actuaciones de los más altos tribunales del país en ciertas cuestiones en las que se ponía en cuestión el proceder del Ejecutivo, como en el caso de las ilegalizaciones de los partidos separatistas vascos; las luchas internas dentro del TC para conseguir la mayoría, antes de resolver sobre la constitucionalidad del famoso Estatut catalán; la ley “ad hoc” dictada por el  Parlamento para prolongar el mandato de Mª Emilia Casas como presidenta del TC, a fin de asegurarse su voto en la sustanciación de los recursos del PP ante dicho tribunal; la sentencia, más que discutible por la forma en que fue instruido el sumario y por el desarrollo de la vista ante el juez Bermúdez, referente al juicio sobre el 11-M; la pasividad de la fiscalía con relación a la falta de la enseñanza en castellano en determinadas comunidades, como Catalunya, País Vasco, Baleares o Galicia; la descarada actitud de algunos jueces, como el juez Garzón, procesando a unos peritos que sólo habían hecho su trabajo y dejando en libertad a los que pretendieron falsificar sus informes ( caso ácido bórico); la negligencia en la ejecución de las sentencias etc.; ahora parece que ha llegado la noticia que ha acabado de confirmar la primera sensación, el hecho de que, nuestras sospechas, estaban más que fundadas y que, a pesar de las admoniciones legalistas de la señora De la Vega y de las rotundas afirmaciones del irascible Fernández Bermejo, podemos llegar a la conclusión de que, en España, el tema de la Justicia se ha convertido en una merienda de negros.

En efecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que el Juez Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando fue condenado por el Supremo, en 1999, por prevaricación en el caso Sogecable. Les hago memoria: la empresa Sogecable pertenecía al grupo del señor Polanco y fue el juez Gómez de Liaño quien levanto la liebre al aceptar una demanda contra el consejo de administración de dicha sociedad, acusado de un presunto delito de estafa, apropiación indebida y falsedad. La demanda fue presentada por un grupo de personas entre las que se contaban don Jesús Cacho de El Confidencial y don Jaime Campmany. Hubo una guerra mediática protagonizada por El País, que defendía a los acusados y apoyaba al grupo Prisa y El Mundo que denunciaba la campaña de acoso contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño. Los “malos” ganaron y consiguieron que se tachara a Riaño de prevaricador, lo cual supuso su expulsión por 15 años de la carrera judicial. Recurrida la sentencia ante el TC este la confirmó. El recurso se había formulado en base al hecho de que los magistrados del Supremo que lo condenaron, Bacigalupo y García Ancos, los mismos magistrados de la Sala Segunda de lo penal del Supremo que previamente habían confirmado su procesamiento y abierto la vista oral. A ello se opuso tenazmente el fiscal José Maria Luzón. La incompetencia para que el instructor pudiera formar parte de la Sala que juzgó a  Gómez de Liaño era pues evidente y ambos deberían haberse abstenido para evitar ser juez y parte en un mismo juicio.

El Tribunal de Estrasburgo, al que recurrió el juez Liaño, ha dictaminado que el juicio estaba “contaminado” por la presencia de los jueces incapacitados para juzgar al juez perjudicado debido a su participación en el sumario. Pero lo que, aparte del aspecto legal, resulta más escandaloso es el hecho del apoyo que recibió el grupo del señor Polanco y la recusación de Juan Luis Cebrián contra el magistrado, por toda la prensa pública y el ensañamiento con que cebaron en la figura de Liaño por “haberse atrevido” a meterse con aquel poderoso grupo mediático. El Tribunal de Estrasburgo, pues, ha condenado a España, por unanimidad, por haber violado el derecho de cualquier ciudadano a ser juzgado por un tribunal “independiente e imparcial”. Un fuerte varapalo al Gobierno pero, al mismo tiempo, un severo correctivo para nuestros dos altos tribunales por haber actuado ilegalmente a sabiendas de que estaban infringiendo la legalidad vigente. Y este mismo TC va a ser el que tendrá que decidir sobre la constitucionalidad del Estatut ¡preparémonos para lo peor! Pero, entre tanto, sería conveniente que alguien me explicase quién va a poner remedio al entuerto, ¿qué va a ocurrir con estos tres magistrados que prevaricaron para culpabilizar a alguien que era inocente?, o, ¿acaso los van a dejar sin sanción alguna porque trabajaron siguiendo la voluntad del gobierno de entonces?

Alguien, de mis innumerables detractores, me acusaba de pretender ser más enterado, más listo o más sabio que los señores magistrados de tan altos tribunales; debo contestarle que no, por supuesto que no; pero puede ser que sí sea más honrado. Por otra parte, desde mi posición de ciudadano de a pie, he podido comprobar que la sabiduría del pueblo llano, en ocasiones, vale más que varias carreras universitarias que, en ocasiones, pueden impedir a determinados personajes que atiendan a algo tan simple y sencillo como es el sentido común. A él apelo yo y, vean ustedes por donde, tengo la suerte de atinar alguna vez, como en este caso en el que, los “intocables”, reciben su merecido aunque la enmienda al error nos llegue de fuera de nuestras fronteras. ¡También es importante el factor suerte en la vida para compensar, en algún caso, la falta de inteligencia!

Miguel Massanet Bosch